Miércoles, 18 de enero de 2017

| 2005/06/12 00:00

¿Para qué echar a la guerra los desastres?

Gustavo Wilches-Chaux alerta sobre un proyecto de ley que al asimilar las emergencias causadas por el terrorismo con las provocadas por un desastre natural podría arruinar el Sistema Nacional de Prevención de Desastres.

La avalancha de Armero significó la muerte de más de 20 mil personas. Un precio demasiado alto en vidas humanas y pérdidas materiales, pero que por lo menos sirvió para que el país entendiera que teníamos que contar con nuevos enfoques, estrategias y formas de organización para responder y, en lo posible, evitar o reducir el impacto de futuros desastres

Con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y como resultado de un proceso de reflexión y planificación se creó el Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres  (SNPAD), que se ha venido consolidando en Colombia en las dos últimas décadas. A lo largo de estos 20 años, como cualquier proceso "vivo", ha tenido múltiples retrocesos, pero también varios avances.

El Sistema Municipal para la Prevención y Atención de Desastres (SIMPAD) de Medellín, por ejemplo, es una buena muestra de cómo en una ciudad grande es posible  "tejer" una red para la gestión del riesgo, que comprometa a actores públicos como  la Alcaldía y sus instituciones, privados, no gubernamentales, organismos de socorro y a los líderes que conforman los Comités Barriales del Sistema.

En Manizales la Alcaldía ha organizado, con participación de la Corporación para el Desarrollo de Caldas (un organismo privado), el programa "Guardianas de la Ladera", a través del cual mujeres cabeza de familia se encargan del cuidado de las obras de infraestructura construidas con el fin de controlar los deslizamientos que antes eran "obligatorios" en cualquier temporada invernal.

En Cundinamarca se realizó con éxito la reubicación del casco urbano de San Cayetano, un pueblo amenazado por un fenómeno de "reptación" o flujo lento de tierra. En Bogotá la Dirección para la Prevención y Atención de Emergencias del Distrito, se encuentra embarcada con el PNUD en un proyecto tendiente a preparar a Bogotá para evitar que un terremoto se convierta en un desastre.

Estos son apenas algunos de los logros del Sistema, cuya Dirección está en Bogotá (adscrita al Ministerio del Interior), pero cuyos actores, con capacidad decisoria en los niveles regional y local, están dispersos en todo el territorio nacional. Podríamos mencionar muchos más, pero el problema con la prevención es que cuando tienen éxito, pasa inadvertida. Sólo es noticia cuando no logra evitar el desastre.

Con base en el sistema colombiano y también con el apoyo del PNUD, se han establecido sistemas similares en varios países latinoamericanos y, a pesar de que siempre será susceptible de mejorarse, el nuestro continúa siendo "modelo". No sólo desde el punto de vista de su formulación teórica, sino sobre todo porque, en la práctica, las instituciones y demás actores que lo conforman han logrado generar diálogos y establecer mecanismos de coordinación que faltan en otros países. Por esas y otras razones sería una vergüenza que el Senado le diera al Sistema un entierro de tercera. 

Esto sucedería si se aprueba el proyecto de ley numero 254 de 2005 "por medio de la cual se expiden normas sobre la Movilización Nacional para atender situaciones de emergencia causadas por conflictos que afecten la seguridad y defensa nacionales, como por actos terroristas, calamidades públicas, desastres naturales o producidos por el ser humano...".

Dicho proyecto ya había sido archivado en la legislatura del año 2002, pero recientemente lo volvió a presentar el senador Manuel Ramiro Velásquez, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Defensa y Seguridad Nacional del Senado. El proyecto y la exposición de motivos que lo sustenta merecen una serie de comentarios, especialmente porque, de aprobarse, en la práctica suplantaría al Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres  (SNPAD).

Cuando uno lee el proyecto necesariamente se tiene que preguntar por qué, en varias partes, meten dentro del mismo costal todas las "situaciones de emergencia por desastres naturales, orden público, actos terroristas, emergencias que afecten la seguridad y defensa nacionales o calamidades públicas."

Unas y otras situaciones responden a causas y procesos distintos y exigen tratamientos diferentes. De lo contrario no vamos a entender por qué suceden los desastres y, en consecuencia, tampoco vamos a poder generar las respuestas adecuadas y mucho menos evitarlos.

Una prueba de que quienes elaboraron el proyecto no entienden integralmente el problema es que en la exposición de motivos hacen referencia a "esa naturaleza impredecible que abraza nuestra geografía nacional", a pesar de que no es difícil demostrar que la gran mayoría de los desastres que han afectado al país en los últimos 30 años tienen carácter de repitentes. Así, por ejemplo, fenómenos similares a los que produjeron los desastres de Popayán (1983), del Atrato Medio (1992), de Tierradentro (1994) o del Eje Cafetero (1999), o la avalancha de Armero (1985), o los desastres que está provocando la actual temporada invernal en Colombia,  ya se habían presentado antes en los mismos lugares. Si generan efectos más catastróficos es porque ahora hay más gente, y porque las condiciones de vulnerabilidad son mucho mayores. Pero no hay tal que la naturaleza sea impredecible.

Por ejemplo, si en lo que llevamos de la temporada invernal en este año no se han visto en Bogotá grandes y prolongadas inundaciones, como las que ocurrieron en años anteriores, no es porque haya llovido menos sino porque con anticipación las instituciones del Distrito (y en muchos casos las comunidades) tomaron las medidas necesarias para evitar los taponamientos de alcantarillas, ríos y quebradas, y porque se han realizado algunas obras de infraestructura que reducen el riesgo.

Como el espacio es corto, voy a citar solamente algunos de los muchos aspectos que preocupan de este proyecto que podría convertirse en Ley de la República. Uno, la concepción bastante peculiar que revela el artículo noveno sobre la participación ciudadana. "Todos los colombianos, ajustado en lo determinado por la Constitución y la ley, tienen el deber solidario y la obligación ciudadana de acudir a la Movilización cuando el Presidente de la República la decrete."

Más adelante, en su artículo 16, el proyecto clasifica los grados de Movilización y establece que ésta "podrá ser total o parcial". Para el caso de la total, afirma que "no tendrá más limitaciones que las impuestas por la necesidad de respetar los derechos que no resulten afectados por el decreto de Movilización." Debemos preguntarnos: Y los derechos que sí resulten afectados, ¿qué? ¿Quién y con qué criterio determina cuáles sí resultan afectados? Dejo las posibles interpretaciones y consecuencias en manos de lectores y lectoras.

Por último, mientras la Comunidad Andina (de cuyas instancias directivas y ejecutivas forma parte el Gobierno de Colombia) está trabajando en la definición de una estrategia andina para la prevención y atención de desastres para que los países de la región puedan -sobre unos parámetros comunes- cooperar entre sí para evitar los desastres o responder cuando ocurran, el proyecto de ley establece que "El Presidente de la República, dentro de los treinta (30) días siguientes a la sanción de esta ley, podrá convocar al alistamiento de ciudadanos colombianos entre oficiales y suboficiales en uso de buen retiro y profesionales de la reserva, con el fin de fortalecer la vigilancia en las fronteras con Panamá, Venezuela, Brasil, Perú y Ecuador".

Este es apenas un ejemplo de los problemas que acarrea equiparar los desastres de origen natural con una (¿posible?) guerra fronteriza. Darles tratamiento exclusivamente militar a los desastres resulta simplista y equivale a eliminar de un tajo la complejidad e integralidad de la gestión del riesgo. Esto  no quiere decir que los militares no tengan un papel muy importante que cumplir en los desastres, como es, por ejemplo, lo que en los planes de emergencia se llama "asegurar el área". Precisamente cuando eso no se cumple de manera adecuada y oportuna, se abren las puertas a situaciones de ingobernabilidad como las que se apoderaron de Armenia y Calarcá después del terremoto de 1999. 

Por más fallas que le reconozcamos al Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres, el hecho de que todos los días no seamos testigos de más y mayores desastres, en buena medida se debe a su presencia, existencia y operatividad en distintos lugares y niveles.  La gestión del riesgo es un derecho ciudadano y el sistema forma parte de nuestro patrimonio colectivo. "Movilicémonos" sí, pero para defenderlo.

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