Jueves, 8 de diciembre de 2016

| 2003/05/26 00:00

"Para recuperar el control de parte del territorio nacional no es necesario el Estatuto de seguridad"

Los últimos acontecimientos y medidas tomadas por el gobierno Uribe han puesto en evidencia la vulnerabilidad de los derechos humanos en Colombia. Semana.com habló con el defensor del Pueblo, Eduardo Cifuentes, sobre el intercambio humanitario, el estatuto antiterrorista y las zonas de rehabilitación.

Semana.com: ¿Qué piensa de un eventual intercambio humanitario?

Eduardo Cifuentes: El derecho internacional humanitario, que hace parte del bloque de constitucionalidad, ofrece posibilidades en ese sentido. Lamentamos que a la hora de la verdad haya faltado voluntad política. Si antes de formalizar y poner en ejecución un esquema de diálogo directo entre las partes, éstas anticipan públicamente condiciones irrazonables, no será posible avanzar. Debe quedar claro que los civiles tomados como rehenes y los civiles secuestrados, deben ser liberados de manera incondicional, puesto que la privación de su libertad constituye una de las más graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario. El intercambio se circunscribe, en estricto rigor, a las personas retenidas en relación con las hostilidades (militares, policías, guerrilleros).

Semana.com: El presidente de la Cámara, William Vélez, propuso un canje de secuestrados por madres guerrilleras y adolescentes. ¿Qué tan viable sería?

E.C.: Sobre los secuestrados y rehenes civiles no cabe acuerdo alguno: deben ser liberados unilateralmente por la guerrilla. Si no se da este presupuesto, el acuerdo humanitario relativo a soldados, policías y guerrilleros difícilmente puede llevarse a cabo.

Semana.com: ¿Cómo evalúa la gestión del gobierno Uribe frente al secuestro, liberación y al canje?

E.C.: Los datos de la Fundación País Libre indican que el secuestro, desde agosto de 2002 ha disminuido. Hasta ese momento, el número de secuestros en el país era en promedio de unas 250 personas cada mes. En los últimos ocho meses, este promedio ha sido cercano a las 200. Lo anterior es positivo, aunque todavía estamos muy lejos de controlar esta tragedia humanitaria. La posición del gobierno sobre el acuerdo humanitario ha sido errática y expresada a través de diferentes funcionarios. Comprendo, sin embargo, que el asunto es complejo. El Estado no puede aceptar condiciones irrazonables ni está en capacidad de poner en libertad a los guerrilleros que hayan incurrido en graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario.

Semana.com: El gobierno está en la obligación de rescatar a los secuestrados, pero teniendo en cuenta lo peligrosos que resultan estos operativos, ¿debería el gobierno tener en cuenta la opinión de los familiares para tomar la decisión?

E.C.: El gobierno tiene el deber de perseguir el delito y a sus autores. Los rescates están comprendidos dentro de las funciones de protección de los derechos, asignadas al Estado. No se requiere la anuencia de los familiares, aunque ella siempre sería deseable. La acción de rescate debe adelantarse bajo pautas de diligencia y profesionalismo, con el objeto de no poner en peligro la vida de los secuestrados y no generar responsabilidades a cargo del Estado y de sus agentes.

Semana.com: El estatuto antiterrorista ha sido fuertemente criticado por algunos sectores de la sociedad. ¿Cree usted que es una herramienta necesaria y efectiva para combatir el terrorismo?

E.C.: El estatuto antiterrorista es necesario y conveniente. Pero no puede ser cualquier estatuto antiterrorista el que se imponga a los colombianos y colombianas. Podríamos reducir a cero todos los derechos y libertades de las personas, a fin de concentrar en el Ejecutivo todos los poderes de persecución de este fenómeno. Salvo que estemos dispuestos a vivir bajo un Estado totalitario con tal de librarnos del terrorismo, pocos aceptaríamos pagar un precio tan exagerado por esto último. Aunque el proyecto del gobierno no llega a este extremo, sí se orienta en esa dirección. Pese a las cautelas de todo orden introducidas por el Congreso, los riesgos de abuso de los poderes dados al Ejecutivo son enormes cuando, sin previa orden judicial, éste puede disponer de la libertad de cualquier persona, ingresar a su domicilio, registrar su correspondencia e interceptar sus comunicaciones, a lo que se agrega la facultad que se da a los militares para acopiar pruebas como órganos de policía judicial. Téngase presente, de otra parte, que la fuente de estas competencias que pueden radicalmente vaciar el contenido de todos los derechos relativos a la esfera más privada e íntima de las personas, está vinculada a la actividad terrorista, cuyos contornos difícilmente pueden definirse con claridad y precisión, como quiera que los actos pertenecientes a esa esfera delictiva se configuran a partir de la intención de los agentes criminales. Lo que se discute no es que el estatuto restrinja derechos y libertades -esto es inevitable-, sino el desequilibrio que comporta y las oportunidades infinitas que ofrece a la arbitrariedad. A partir de su aprobación, los derechos fundamentales tendrán la medida que le impongan el Ejecutivo y los agentes de seguridad, y no la que surja de la Constitución y de los tratados internacionales.

Semana.com: Las medidas contenidas en el estatuto eran parte de la conmoción interior que fue revocada por el Congreso. ¿El estatuto de seguridad podría ser la fórmula para retomar el control de zonas donde hay problemas serios de orden público?

E.C.: Para recuperar el control de parte del territorio nacional, no es necesario el estatuto de seguridad. La Constitución y las leyes ofrecen al gobierno suficientes facultades y mecanismos para hacerlo. En lo que se refiere a las facultades de policía judicial en cabeza de las Fuerzas Militares, el gobierno sí pretende que ellas se consagren en la propia Constitución, dado que hasta ahora la Corte Constitucional ha declarado inconstitucionales las leyes que otorgaban esos poderes.

Semana.com: La Defensoría del Pueblo y la Procuraduría presentaron un informe sobre el balance de las zonas de rehabilitación en el que concluyen que aumentó la resistencia de los grupos guerrilleros por el aumento de presencia de la fuerza pública, las inversiones sociales previstas no se hicieron, las muertes violentas se incrementaron así como la violación de los derechos humanos por parte del Estado. ¿Quedó algo rescatable de la medida?

E.C.: En las zonas de rehabilitación se ha hecho un esfuerzo muy grande del Estado incrementando el pie de fuerza y el número de agentes de la Policía. Esto es muy positivo puesto que el Estado debe ejercer control sobre todo el territorio nacional y, finalmente, ser soberano significa garantizar los derechos humanos de la población. En el informe sobre Arauca se anota, sin embargo, que no se consiguieron otros objetivos esenciales a los que específicamente se enderezaba la conmoción interior, tales como los de asegurar la gobernabilidad local -seriamente amenazada por las Farc-, reducir las muertes violentas y canalizar "nuevo" apoyo del Estado a proyectos de desarrollo social y económico. El restablecimiento del orden público está lejos de lograrse -razón de ser de los poderes excepcionales derivados de la conmoción interior- y, en adelante, se espera que ello se logre a través de la persistencia de dos políticas íntimamente ligadas entre sí: la seguridad y el desarrollo social. Ahora, el Estado debe profundizar su presencia en Arauca ofreciendo lo que el Estado debe ofrecer a todos, seguridad (para el goce y ejercicio de los derechos humanos, comenzando por la vida) y oportunidades de desarrollo social, en el marco de una gobernabilidad local no interferida por ningún actor armado. Las zonas de rehabilitación han cesado, pero eso no le pone término al cumplimiento de los deberes a cargo del Estado. El Estado debe hacer toda la tarea y la debe hacer bien.

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