Viernes, 9 de diciembre de 2016

| 2007/10/20 00:00

‘Parapolítica’ llega al Consejo de Estado

Después de la Corte Suprema y la Fiscalía, el escándalo llega al ente encargado de definir si los congresistas involucrados pierden o no la investidura. Ya hay once demandas, todas ellas por el ‘pacto de Ralito’.

Alfonso Campo y Eleonora Pineda son dos de los once políticos cuya investidura fue demandada ante el Consejo de Estado por haberse reunido, en 2001 con cuatro jefes paramilitares, entre ellos Salvatore Mancuso.

Hace dos años, cuando la ex concejal Clara López le pidió a la Corte Suprema de Justicia que investigara si era cierto que los paramilitares controlaban el 35% del Congreso, como aseguró Salvatore Mancuso, pocas personas en el país pensaron que la demanda surtiera algún efecto. La razón central de dicho escepticismo era la imagen de corrupción con que el país solía asociar a la justicia, especialmente en casos relacionados con la violencia paramilitar, muchos de los cuales habían sido denunciados tiempo atrás por congresistas como Gustavo Petro.

En solo un año el tema pasó de una anónima demanda a convertirse en la investigación más importante de los últimos años contra la corrupción política. Otro año después la Corte ya ha puesto tras las rejas a 16 congresistas en ejercicio y recaudó testimonios contra medio centenar de políticos. La Fiscalía, ente al que le corresponde investigar a los políticos salpicados que no son congresistas en ejercicio, también adelanta averiguaciones contra más de 20 ex legisladores. Algunos, como Eleonora Pineda, ya aceptaron los cargos por paramilitarismo.

Lo curioso del caso es que, a pesar de los avances en las investigaciones penales, nadie había iniciado acción contra las investiduras de los congresistas y ex congresistas salpicados. En este tema la autoridad es el Consejo de Estado, que en instancia única decide si los políticos cuestionados deben o no ser despojados de su condición de legisladores, situación en la cual quedarían inhabilitados también para ocupar otros cargos públicos.

En un caso como el de la parapolítica la iniciativa para instaurar la acción de pérdida de investidura ante el Consejo de Estado en nombre de las víctimas de los paramilitares la tienen, en principio, entes como la Procuraduría y la Defensoría. Sin embargo, la demanda fue instaurada apenas el viernes anterior por la Red de Veedurías Ciudadanas, que ha ganado acciones semejantes en casos como el del escándalo de corrupción del “pomaricazo”, hace ocho años.

La demanda de la Red de Veedurías involucra a 11 congresistas y ex congresistas que firmaron el “acuerdo de Ralito”: Eleonora Pineda, Freddy Sánchez, José Luis Feris, José de los Santos Negrete, José María Imbett, Luis Carlos Ordosgoitia, Reginaldo Montes, William Montes, Alfonso Campo, Juan Manuel López Cabrales y Alfonso de la Espriella. Los últimos cinco eran congresistas en ejercicio al momento de su captura.

Según los demandantes, los citados políticos violaron el régimen de inhabilidades e incompatibilidades de los congresistas e incurrieron en tráfico de influencias al votar leyes que favorecían a los paramilitares desde 2002, pese a que un año antes se comprometieron a “refundar la Patria” en asocio con las autodefensas.

Los abogados de los políticos han sostenido que sus clientes son inocentes y que si acudieron a la cita con Salvatore Mancuso, Don Berna, Ernesto Báez y Diego Vecino fue porque éstos los obligaron. Si logran demostrar dicha teoría, creen ellos, evitarán que los políticos sean condenados penalmente o que pierdan sus investiduras.

En teoría la pérdida de investidura puede darse de manera independiente al carcelazo o la condena penal, como ocurre cuando a un legislador se le demuestra que tiene una profesión remunerada distinta a su oficio como congresista de manera paralela a su actividad pública. Este caso, creen los demandantes podría darse también en el tema de la parapolítica si al político no se le puede demostrar que era socio de los paramilitares pero sí que incurrió en una violación al régimen de incompatibilidades.

La demanda está desde el viernes en la secretaría general del Consejo de Estado, que podría tardar hasta medio año en resolverla, teniendo en cuenta que su investigación necesitaría la recepción de testimonios a personajes como Mancuso. Además, deberá atender a las particularidades de caso. No pesan lo mismo, por ejemplo, el de la ex representante Pineda, quien confesó su pertenencia al grupo armado y es hermana de un desmovilizado, que el de López Cabrales, quien todo el tiempo ha asegurado que asistió a la reunión porque había una amenaza de por medio contra su vida.

Si la demanda es admitida, es muy probable que volvamos a ver a los jefes paramilitares y a los congresistas salpicados en procesión por el Palacio de Justicia. El Consejo tiene la palabra.

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