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| 5/13/2008 12:00:00 AM

Y la parapolítica...

¿Qué va a pasar con las investigaciones de los parapolíticos y cuáles son los nuevos retos de la justicia colombiana para conocer la verdad?

Algunos de los testigos principales de las alianzas fraguadas por políticos con grupos de autodefensas fueron sacados sorpresivamente de sus cárceles esta madrugada para ser extraditados masivamente a los Estados Unidos. Los ex jefes paramilitares, que serán juzgados en cortes estadounidenses por los delitos de narcotráfico y lavado de activos, están entre las fuentes más importantes del proceso de investigación llevado a cabo en Colombia por la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía, conocido en los medios como parapolítica.

El escenario que se vislumbra no es el más favorable para seguir conociendo la verdad sobre cómo los paramilitares se aliaron con concejales, alcaldes, diputados, gobernadores, congresistas y otros funcionarios públicos, en una estrategia conjunta, para controlar territorios y rutas de narcotráfico, obtener rentas del Estado e incidir en las elecciones.

La extradición de los 14 ex paramilitares se da cuando la crisis del Congreso, de mayoría uribista, había llegado a su punto más álgido tocando las fibras más cercanas al Presidente: 67 congresistas son investigados por parapolítica, de los cuales 31 están en la cárcel; la Fiscalía había dictado medida de aseguramiento al primo segundo del Presidente, el ex senador Mario Uribe; y la Corte abrió investigación a Carlos García (presidente del Partido de la U, que promueve la reelección) y a la presidenta del senado, Nancy Patricia Gutiérrez.

Es incierto cuánto más algunos de estos ex paramilitares, principalmente Jorge 40, Don Berna, el Tuso Sierra y Hernán Giraldo, le hubieran contado a la justicia sobre sus vínculos con los políticos si  hubieran seguido en el proceso de Justicia y Paz en Colombia. También es incierto saber si lo que irían a contar ahora sería la verdad, o serían simplemente versiones cuidadosamente seleccionadas para atacar a uno u otro político.
 
Sin embargo, es innegable que, si en algún momento del proceso quisieran revelar nuevos episodios sobre sus cómplices políticos o empresariales y contar la verdad, con la extradición esa posibilidad quedará gravemente obstaculizada. Por eso algunos analistas han reaccionado muy negativamente a la decisión presidencial.

“Yo creo que hoy, 13 de mayo la verdad sobre la parapolítica se enterró”, fue lo que dijo la analista e investigadora Claudia López, quien con sus denuncias contribuyó en buena parte para que el proceso de investigación se abriera. López explicó que los paramilitares extraditados eran muy importantes para el proceso, pues de sus testimonios dependía la absolución o condena de congresistas incursos en este proceso.

La investigadora admitió que la decisión del Presidente de extraditar a los paramilitares fue muy difícil de tomar, pero dijo que era más difícil pasar a los paramilitares a la justicia ordinaria si se comprobaba que continuaban delinquiendo desde las cárceles.

El senador Gustavo Petro dijo en entrevista con Semana.com que con la extradición de los paramilitares el proceso de investigación de la parapolítica se queda sin los testigos importantes, y se dificulta la consecución de otros. “Esta decisión es un duro golpe contra la Verdad. No se impide el acceso a la verdad, porque existen mecanismos para acceder a ella, pero sí es mucho más difícil”.

Con la decisión, el Ejecutivo hizo expresa su facultad de postular y revocar postulaciones a la Ley de Justicia y Paz, en la que estaban los paramilitares. Esta facultad fue reclamada el pasado 25 de abril, cuando expidió el decreto 1364, mediante el cual ratificó su convicción de que tiene el derecho de retirar la postulación a los desmovilizados que incumplan con los compromisos de no volver a delinquir.
 
El decreto fue la reacción a la tutela fallada por el Consejo Seccional de Cundinamarca a favor del movimiento de víctimas Movice para impedir la extradición de Carlos Mario Jiménez, alias Macaco. Éste tribunal consideró que los derechos de las víctimas estaban por encima de los reclamos por delitos de narcotráfico que son los que reclama la justicia estadounidense.

El Ejecutivo demandó la tutela y el Consejo Superior de la Judicatura (organismo judicial que tiene la mayoría de magistrados nombrados por el gobierno), falló a su favor considerándola improcedente. En cuestión de horas se efectuó la extradición de Macaco.
“La mayoría de los magistrados le deben su cargo a Uribe. Angelino Lizcano, el actual presidente, es amigo cercano a los parapolíticos, que fueron quienes lo eligieron. Con esto se demuestra que el gobierno capturó el Consejo Superior de la Judicatura e interfirió en los procesos penales contra sus amigos. Estamos frente a un endurecimiento del régimen que tiene por objetivo la reelección del presidente Uribe y detener los procesos que estaban develando los paramilitares con sus versiones libres”, dijo Petro.
 
El decreto que es una reglamentación de la Ley de Justicia y Paz contraría además la jurisprudencia que al respecto han sentado la Corte Suprema. La Fiscalía en varios casos le ha solicitado que le permita retirar un postulado del gobierno al proceso de Justicia y Paz, como sucedió en el caso de Torregrosa, extraditado en el grupo de esta mañana. En este y otros casos, la Corte ha respondido que no pueden ser retirados de Justicia y Paz, salvo por un fallo de un Magistrado de Justicia y Paz, sólo hasta cuando el proceso inicie la etapa de juicio.
 
En otras palabras, la Corte ha dicho que el gobierno no puede hacer justicia y decidir con base en algunas pruebas acusatorias que alguien es culpable y por tanto sacarlo del proceso de Justicia y Paz. Este es un terreno gris aún por definirse. Pero mientras tanto, y con el decreto vigente, el gobierno actuó en su derecho.
 
¿Qué hacer?

Los analistas coinciden en que la dificultad para avanzar en las investigaciones por parapolítica va a ser mayor. Los trámites de la justicia, debido a la distancia y a que hay intereses encontrados en la agenda de los tribunales colombianos y estadounidenses (en Colombia la justicia daba prioridad a las investigaciones por los crímenes de lesa humanidad, en Estados Unidos la prioridad la tendrá el narcotráfico), van a ser más costosos y van a tener más trabas.

Para el investigador León Valencia, de la Corporación Nuevo Arco Iris, este escenario que se abre para las investigaciones por parapolítica implica nuevos retos a la justicia colombiana pues tendrá que arreglárselas para tener acceso a los paratestigos.
 
La analista López recalcó en que los ex jefes paramilitares no tienen ningún incentivo para colaborar con la justicia colombiana y la justicia de Estados Unidos no tiene la obligación de exigir delaciones sobre las alianzas con políticos.

Sin embargo, Valencia no cree que el proceso se haya enterrado, como lo auguró la investigadora, pero sí que va a ser más difícil. Por esa razón sugirió: “Debemos alentar los mecanismos de cooperación de la justicia, en lugar de ser pesimistas. Las cortes, la Fiscalía y la sociedad civil tienen un nuevo reto, pues el obstáculo se multiplicó”.

Otro elemento que podrá ayudar a que éstos paramilitares extraditados sigan confesando sus vínculos con cómplices de sus regiones desde Estados Unidos es el hecho de que si no lo hacen, y salen de Justicia y Paz, la suerte que les espere después de cumplir condena en las cáceles gringas sea aún peor. La justicia colombiana puede imponerles toda la pena por los delitos de lesa humanidad que alcanzaron ya a confesar. En su defecto, la Corte Penal Internacional puede juzgarlos como criminales de guerra que son.
 
Quedan abiertas muchas preguntas sobre qué va a pasar con la parapolítica. Si bien, el proceso en Colombia estaba muy lento, y los testimonios de los paramilitares sobre sus alianzas con políticos eran manejados de acuerdo a las intereses de los primeros, la actuación de los hoy extraditados podía ser importante para conocer la verdad.
 
 





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