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| 8/23/2007 12:00:00 AM

Paso a paso, se inicia un ambicioso plan de reparación colectiva

La Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (Cnrr) empezó a trabajar en 10 puntos distintos del país para recuperar el tejido social y sanar las heridas tras los duros años de la violencia. La iniciativa es complementaria a la reparación individual.

Después de 146 años de la abolición de la esclavitud en Colombia, los paramilitares del Bloque Montes de María reinstauraron esa práctica en el corregimiento Libertad jurisdicción de San Onofre, Sucre. Llegaron a este caserío en 1997, desde entonces y hasta cuando se desmovilizaron en 2005, sometieron a sus pobladores a todo tipo de abusos y vejámenes. Impusieron a los habitantes trabajos forzados y aterrorizaron a la comunidad con cerca de 70 asesinatos. Los hombres fueron obligados a entregar una cuota semanal para el sostenimiento del grupo armado. Los que no pagaban debían ver cómo los paras se llevaban a sus mujeres por varios días para regresarlas después violadas y ultrajadas.

El corregimiento Libertad, de 5.000 habitantes y a 104 kilómetros de Sincelejo, es uno de los 10 casos que la Cnrr incluirá en el plan piloto de reparación colectiva. Este plan complementa la reparación individual que recibirán por vía judicial las 70.000 víctimas que se han inscrito en la Fiscalía. La necesidad de reparar a grupos y no sólo a personas surge porque la Comisión tiene claro que la violencia destruyó los valores y el tejido social de muchos de estos grupos. Es el caso, por ejemplo, de los indígenas kankuamos, que prácticamente quedaron al borde de la desaparición como etnia después de sufrir la violencia. O los sindicalistas, que no sólo han sufrido la muerte sino el estigma y ver debilitadas sus organizaciones.

La Comisión seleccionará comunidades que siguen siendo muy vulnerables y que representen la diversidad del país. Habrá tanto grupos urbanos como rurales; de distintas etnias y regiones.
Lo novedoso de este modelo de reparación es que se negociará con las propias comunidades e incluirá medidas no sólo económicas, sino también simbólicas. Hasta ahora el abanico de peticiones que han hecho las víctimas va desde monumentos, planes educativos, proyectos productivos, servicios de salud, hasta construcción de sedes para sus organizaciones.

Las Madres de la Candelaria y las centrales sindicales son dos de los grupos con los que la Comisión viene trabajando. Las madres antioqueñas que sufren el dolor por la desaparición o la muerte de sus hijos ya presentaron su propuesta. Quieren la construcción de una sede para la organización y un monumento en memoria de los desaparecidos, así como la producción de un libro que recoja las tragedias de las más de 300 mujeres que agrupa esta organización. Obviamente, también solicitan auxilios económicos y sociales para quienes perdieron los hijos que sostenían el hogar, y han quedado desamparadas. “Estamos esperando la respuesta, ojalá nos cumplan al menos con algunas de las solicitudes”, dice Teresita Gaviria, presidenta de la organización.

Menos optimistas parecen estar los dirigentes de las centrales sindicales, quienes en los últimos seis años han visto caer asesinados a 539 de sus miembros, según sus propios registros. “No hemos avanzado mucho”, admite Carlos Rodríguez, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia. Hasta ahora sólo han tenido una reunión con la Comisión de Reparación, pero la CUT ya tiene lista su propuesta. Quieren que se cree una comisión de la verdad independiente que elabore un informe sobre la violencia que han vivido los trabajadores. Solicitan que el Estado haga un acto de desagravio público, que se cree una ‘Cátedra laboral’ en los colegios y las universidades, que se construyan monumentos en las principales ciudades del país y que se instaure un día nacional conmemorativo del sindicalismo.

Para este plan de reparación colectiva ya hay un primer millón de dólares que aportó la comunidad internacional. Para financiar muchas de las obras y los programas que piden estas comunidades, la Comisión buscará el apoyo del gobierno, y establecer acuerdos con los ministerios encargados de cada tema, bien sea este de educación, cultura, protección o agricultura.

Álex Segovia, asesor internacional de la Comisión de Reparación, asegura que en Guatemala y Perú las reparaciones colectivas fracasaron porque técnicos desde sus oficinas diseñaron los planes de reparación, sin escuchar a las comunidades que se iban a beneficiar de ellos. Por eso el modelo de negociar con las organizaciones es tan importante. “Este es un plan modesto pero integral. Hay que tener claro que la idea no es solucionar todos los problemas de la comunidades seleccionadas”.

El éxito de estas reparaciones dependerá en buena medida del apoyo que den el gobierno y la comunidad internacional, y de que haya suficiente voluntad política para lograr acuerdos realistas. Que estas primeras experiencias salgan bien es muy importante para el país. Pueden dar un mensaje de que la reparación sí es posible, y que no depende de los recursos ni de la voluntad de los victimarios. Las reparaciones individuales, que sólo se harán efectivas después de que terminen los juicios a los paramilitares, se pueden demorar años, mientras éstas se deben concretar en algunos meses.

Adicionalmente, las reparaciones colectivas son clave para cumplir con uno de los mandatos de la Ley de Justicia y Paz: la no repetición de la violencia. Y que no ocurra como la esclavitud, que rebrotó siglo y medio después de ser extinta, precisamente en el corregimiento que lleva por nombre su antítesis, Libertad.
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