¿Patatús en la Justicia?

El fiscal general Mario Iguarán debe estar está haciendo fuerza para que le aprueben un proyecto de ley que radicó en el Congreso el año pasado. De lo contrario, tendrá que salir de unos 4.000 empleados suyos. Si eso pasa, la justicia podría volverse más lenta de lo que es hoy, y según la agremiación de funcionarios judiciales, se afectaría el 40 por ciento de las 50 mil investigaciones que hoy existen en Colombia.

Todo comenzó con la sanción de la Ley 938 de diciembre de 2004 que firmó el Ministro del Interior. Entre otras cosas, la norma ordena de manera gradual la reestructuración de la planta de personal en la Fiscalía General de la Nación hasta 2008, con el fin de reducir el número de funcionarios como consecuencia del cambio de sistema penal inquisitivo a sistema penal acusatorio, con el argumento de que se necesitan más investigadores que fiscales para acusar.

En la primera etapa de supresión de cargos, durante el primer año del ex fiscal Luis Camilo Osorio, se eliminaron 1.300 empleos que se encontraban vacantes. Por tal razón, no hubo traumatismos.

La segunda etapa, que corresponde a 2005, aún no se ha cumplido, pero se espera la supresión de 572 cargos en toda la Fiscalía (no todos ocupados), que hoy cuenta con 17.980 empleados en todo el país. En esa supresión, 118 cargos pasarían al Consejo Superior de la Judicatura, entre asistentes fiscales, fiscales delegados ante jueces municipales y técnicos judiciales y promiscuos, empleados que hoy tienen en sus manos el sistema antiguo y el nuevo sistema penal acusatorio.

Pero un fallo a favor de una tutela que interpuso la Asociación Nacional de Funcionarios y Empleados de la Rama Judicial, Asonal, salvó del despido a estos funcionarios a finales del año pasado.

Pero la decisión fue impugnada por el Ministerio de Hacienda y revocada en segunda instancia, y por tal razón, la supresión de cargos hoy puede continuar sin problema. Sin embargo, el fiscal general, abierto opositor del recorte, presentó un proyecto de ley el año pasado para desviar la poda.

“Con la vigencia del nuevo sistema penal acusatorio y del sistema inquisitivo, esos cargos deben volver al seno de la Fiscalía para que sean utilizados, pues hacen falta para que el curso del sistema penal acusatorio no se entorpezca”, sostuvo Eduardo Henríquez, de la Comisión Primera de la Cámara y quien aprobó en primer debate la iniciativa.

A su turno, uno de los ponentes del proyecto, el también representante Zamir Silva, asegura que con el nuevo sistema se aumentó el número de denuncias de carácter penal. “Si se hace la reestructuración se van a congestionar los despachos de la Fiscalía y por eso es necesario, como mínimo, mantener la planta actual”, puntualizó el legislador.

¿Quiénes se irían?

De acuerdo con un estudio que sobre el tema hizo la Universidad de Los Andes hace cuatro años, era mejor suprimir algunos cargos que ya no se iban a necesitar en la transición de dicho sistema.

Por tal razón, un comité integrado por el fiscal, el vicefiscal Jorge Armando Otálora y la Jefe de Personal entre otros funcionarios, es el encargado de tomar la decisión de quién se queda en la entidad y quién se va.

En primer lugar hay criterios legales, es decir que no se despedirán a las madres cabeza de familia, a los funcionarios que estén próximos a pensionarse, ni a las mujeres que estén embarazadas. Se prescindirá además de cargos que hoy están vacantes en las áreas de servicios generales, asistentes judiciales y “cargos de bajo rango” que aún están por definir.

“Hoy el fuerte nuestro debe ser el Cuerpo Técnico de Investigación porque lo que necesitamos es más gente para investigar y menos gente para acusar”, explica uno de los miembros del Comité.

En últimas, todo se resolverá en la próxima legislatura del Congreso, cuando la plenaria del Senado decida si se debe o no hacer el recorte. De lo contrario, un patatús amenazaría nuevamente la Justicia colombiana.