Martes, 17 de enero de 2017

| 2007/10/12 00:00

Perfil: Luis Alberto Gil - Partido Convergencia Ciudadana

Perfil: Luis Alberto Gil - Partido Convergencia Ciudadana

En Piedecuesta (Satander) fue durante su juventud uno de los líderes del magisterio en la región. Por eso insiste que en aquellos tiempos era macartizado como de extrema izquierda, en una situación contraria a la de hoy, cuando lo acusan de extrema derecha. ¿La razón? En su lista encontraron abrigo figuras como el general retirado Rito Alejo del Río o personas que tienen línea directa con los paramilitares, como Eleonora Pineda.

”En mi lista también está Rosemberg Pabón Pabón", dice para defenderse. Se refiere al famoso 'Comandante Uno' del M-19, el mismo que en 1980 mantuvo en vilo al país durante 61 días cuando, al mando de un grupo de insurgentes, secuestró una veintena de diplomáticos que asistían a una recepción en la sede de la embajada de la República Dominicana, en Bogotá.

Gil Castillo fue uno de los muchos cuadros que reclutó el ‘Eme’ y muy pronto empezó a brillar con luz propia en las artes de la conspiración. Por aquella época estudiaba en la Universidad Industrial de Santander. Después de graduarse como químico, el M-19 lo envío a la Libia de Kadafi, donde se preparó durante seis meses en las tácticas de acción y sorpresa.

Al volver al país centró su lucha contra el bipartidismo. Dice que fue leal con la causa revolucionaria. Pero Gustavo Petro, el dirigente del Polo Democrático, opina que desde aquellos tiempos Gil era un hombre sin principios. Fue él quien lo traicionó y lo entregó al Ejército. Por eso a Petro no lo sorprende que Gil hoy esté al frente de lo que llama "una de las mafias políticas más grandes del país".

Después de la desmovilización del grupo guerrillero, Gil pasó a la asamblea departamental entre 1992 y 1997. Desde allí lideró a los maestros para que el sindicato tuviera sus propias empresas en salud y lo logró. Sus críticos aseguran que su gestión no fue gratuita, sino que lo hizo con el interés de controlar los hilos tanto de la empresa promotora de salud solidaria Solsalud EPS y la Administradora de Régimen Subsidiado Solsalud ARS que con más de 100.000 afiliados le permite ingresos millonarios. "Por mis manos nunca ha pasado un peso de allí", afirma.

Luego abrió su propio movimiento, Convergencia Ciudadana, con el que aspiraba a extenderse por todo el país. Se lanzó al Congreso en 2002. A pesar de su condición de novato, barrió. Ganó su primera curul en el Senado y obtuvo dos escaños en la Cámara, y, al poco tiempo, su movimiento se hizo con la gobernación de Santander, a través del ex comandante del Bloque de Búsqueda, el coronel Hugo Aguilar Naranjo. Para las elecciones de 2006 al Congreso, logró armar una de las listas más votadas.

Sus actividades políticas vienen siendo cuestionadas desde hace varios años. La primera vez que se habló públicamente sobre el ingreso de dineros calientes a su campaña fue en 2002, pero el tema no pasó de un par de versiones atribuidas a envidias de rivales políticos.

Luego vino lo más fuerte: Hugo Serrano, uno de los congresistas mejor reputados de Santander, denunció en el Capitolio Nacional que Gil tenía nexos con actores armados. El también congresista Gustavo Petro lo mencionó en sus debates sobre la parapolítica. El senador Germán Vargas Lleras lo acusó de repartir dinero sospechoso en la campaña electoral de 2006. El presidente Álvaro Uribe lo expulsó del uribismo y le pidió a la Fiscalía investigar el origen de sus recursos. Y hasta la ex congresista Yidis Medina declaró ante la Corte Suprema que presenció encuentros de Gil con alias ‘Ernesto Báez’.

Fuera de ellos, el Observatorio Nororiental de Desarrollo y Derechos Humanos, documentó que su estructura era fachada del paramilitarismo. "Los señalamientos más fuertes de vinculación política electoral y de gobierno con los paramilitares recaen sobre el movimiento Convergencia Ciudadana", dice esta ONG en su informe de 2005 sobre el conflicto armado en la región.

Gil "logró estructurar una sólida maquinaría política que combina la administración pública con los intereses empresariales de su grupo y que, según se afirma de diferentes fuentes, cuenta además con la fuerza paramilitar de la región", señala el documento.

“En Colombia el paramilitarismo se acabó. Apenas queda el grupo de Martín Llanos, donde yo no tengo ninguna injerencia, pero en el resto del país el paramilitarismo no existe. Y no lo digo yo, sino lo dice nuestro presidente Álvaro Uribe", responde Gil, con tono calmado, pasivo, como suele hacerlo cada vez que habla.

En la pasada legislatura, sólo presentó dos proyectos de ley, aunque, eso sí, defendió el proyecto de Ley de Justicia y Paz y fue un vehemente defensor del presidente Uribe, al que ahora critica por lanzar al escarnio público a las figuras que lo apoyan como Eleonora Pineda y Rocío Arias y los expulsados de la U y de Cambio Radical.

Menos de 20 meses después de las elecciones de marzo de 2006, su situación es completamente distinta. Tres congresistas de su partido -él incluido- fueron llamados a indagatoria por la Corte Suprema de Justicia, que investiga sus supuestos vínculos con paramilitares de Santander y el Magdalena Medio.

Era tal la cantidad de testimonios, que muchos se preguntaban por qué tuvo que pasar casi un año entre las primeras investigaciones sobre la para-política y la vinculación de Gil al proceso.

El aparente lento paso de la justicia contrastó con su rapidez a la hora de tomar determinaciones. En menos de dos meses llamó a versión libre a los congresistas Gil, Riaño y Reyes, y ahora no sólo los cita a indagatoria -paso que generalmente deriva en orden de captura-, sino que la Fiscalía vincula a otros cuatro importantes cuadros de Convergencia Ciudadana: Hugo Aguilar, gobernador de Santander; Édgar Cotes, alcalde de Barrancabermeja, y los diputados Nelson Naranjo y Luis José Arenas Prada.

Aun cuando a Gil se le asignó el 19 de octubre como día para la indagatoria, sus abogados informaron que éste renunciaría el 11 de ese mismo mes a su condición de senador, con lo cual su caso pasará a manos de la Fiscalía.

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