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| 6/1/2006 12:00:00 AM

¡Piñata en el uribismo!

Después del éxito en las elecciones de Congreso y Presidente, la bancada de gobierno está en pleno rifirrafe por la torta burocrática y la definición del sucesor de Álvaro Uribe.

Las diferencias sobre la repartición de la burocracia estatal causaron la primera crisis en la triunfante bancada uribista. Después del éxito en las elecciones de Congreso y Presidente de la República, los partidos y movimientos que respaldaron a Álvaro Uribe no se han puesto de acuerdo sobre la distribución de los cargos del Estado en los que habrá relevos durante el próximo cuatrienio.

La puja entre uribistas es por el nombramiento de ocho magistrados (en las cortes Constitucional, Suprema de Justicia y el Consejo de Estado), Registrador Nacional, Contralor General, Consejo Nacional Electoral y las mesas directivas del Congreso.

De todos estos cargos, el de la Contraloría es el más apetecido, dado que tiene un millonario presupuesto y un amplio poder político nacional y regional. La Contraloría General tiene cerca de 4.000 empleados (120 de ellos de libre nombramiento) y un presupuesto anual de $180.220 millones. Los candidatos para ese cargo son la abogada independiente Mery Luz Londoño, el ex senador liberal Julio César Turbay Quintero y el ex ministro Carlos Medellín. Turbay (hijo del ex presidente liberal del mismo nombre) es muy cercano al presidente Álvaro Uribe y al Partido de la U, que orienta Juan Manuel Santos. Medellín es cuota de Germán Vargas Lleras, presidente de Cambio Radical. La pelea es tan dura que, ante la falta de consenso, los miembros de dichos movimientos acudieron a una guerra de desinformación en la que cada partido dice tener el respaldo de los demás miembros de la coalición uribista.

Durante la semana que concluye hubo por lo menos seis reuniones de uribistas. En cada una, los movimientos políticos expresaron su preocupación por la supuesta ventaja que estaban tomando sus compañeros de coalición en materia burocrática. En medio de esta gazapera, los jefes de esas agrupaciones uribistas acordaron que respaldarían la candidatura del abogado conservador Nilson Pinilla para remplazar al magistrado Alfredo Beltrán en la Corte Constitucional.

El jefe conservador, Carlos Holguín, salió el martes a presentar la noticia ante los medios como un gran avance en el proceso de unidad del uribismo. Sin embargo, dos días después, tuvo que retractarse y reconocer que “no hay acuerdos, sino reuniones exploratorias”.

La verdad es que Holguín sí había logrado el apoyo de Juan Manuel Santos (jefe del Partido de la U) y Germán Vargas Lleras (de Cambio Radical) para la candidatura de Pinilla, pero dicho respaldo le estaba saliendo caro al conservatismo. Tan pronto como Holguín divulgó el acuerdo a favor de Pinilla, los congresistas de Cambio Radical señalaron que ese respaldo era parte de un acuerdo en el cual la Contraloría le correspondería al partido de Vargas Lleras y la próxima presidencia del Senado al partido de la U.

Comprendiendo lo desigual del supuesto “acuerdo”, los congresistas del Partido de la U convocaron para el próximo miércoles una junta de parlamentarios en la que reclamarán a Santos por haber pactado el respaldo a Pinilla sin consultar con ellos. “Es que no podemos dejar que esa tesis haga carrera porque la Contraloría es el premio mayor y no se puede comparar con la presidencia del Senado, que además es sólo por un año”, dijo un congresista de la U que exigió el anonimato.

Los conservadores sacaron cuentas y vieron que tampoco era conveniente dejarle la Contraloría a Cambio Radical a cambio de un puesto en la Corte Constitucional. Entonces Holguín salió nuevamente a los medios a decir que había acuerdo sólo sobre la elección de Pinilla. Pinilla ya fue elegido como nuevo magistrado.

Vargas Lleras no descarta que el conservatismo lo apoye para la elección de Medellín, pero para evitar sorpresas debe también contar con el del Partido de la U, con el cual tiene dos problemas: su rivalidad con Santos y las resistencias de varios de los legisladores que conforman la bancada. La pelea de fondo entre Vargas Lleras y Santos es por el derecho a ser el sucesor de Uribe dentro de cuatro años.

¿En qué va la puja?

Aunque en principio, la elección de Contralor parecía definida a favor de Turbay, la candidatura de Medellín ha cogido fuerza en los últimos días. Turbay estuvo este jueves en la Casa de Nariño pidiendo la bendición del presidente Álvaro Uribe para su candidatura.

Tanto la U como el partido Conservador –que no tienen candidato propio para el cargo- anunciaron que pueden apoyar a cualquiera de los candidatos.

Como si todo esto fuera poco, los otros socios de la bancada uribista (Alas-Equipo Colombia, de Luis Alfredo Ramos y Álvaro Araújo, y Colombia Democrática, de Mario Uribe) no aparecen en los acuerdos por ser los que menos congresistas aportan a la coalición, pero pueden ser los que definan quién se queda con el cargo, en caso de persistir la división.

Falta también por aclarar a quién le corresponde la Registraduría Nacional, hoy a cargo de la liberal samperista Almabeatriz Rengifo. Los conservadores están perfilando las candidaturas del magistrado electoral Guillermo Reyes y el ex magistrado electoral Jorge Ignacio Pretelt. Pero la U también quiere ese cargo.

Los partidos uribistas sostendrán reuniones internas la próxima semana y, de persistir las diferencias, acudirán al presidente Uribe para que sea él, como jefe de la bancada, quien defina los cargos que le corresponden a cada uno.

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