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| 7/4/2004 12:00:00 AM

Pónganse serios con la reforma pensional

Me parecieron muy interesantes las apreciaciones de monseñor Pedro Rubiano sobre la propuesta del ministro Carrasquilla de reducir la pensión mínima a 162.000 pesos, con el objetivo de incrementar el nivel de cobertura del sistema. Monseñor tiene razón en argumentar que 162.000 pesos no ayudan casi nada. Pero la crítica al ministro Carrasquilla es injusta. El Ministro no tiene la culpa de la estupidez del sistema pensional colombiano. Él no fue su creador. Al menos el Ministro está tratando de dar alguna clase de salida a la encrucijada en la que se encuentra hoy el sistema, que en mi opinión es la máxima expresión del nivel de injusticia social existente en Colombia.

Lo cierto es que la culpa de que toque hablar de una pensión irrisoria de 162.000 pesos la tenemos los votantes que no nos ponemos serios con la necesidad de la reforma pensional, y que no forzamos a nuestros representantes, con cartas, llamadas, e-mails, o el método que sea necesario para que estos velen por nuestro interés. La culpa la tenemos nosotros los colombianos que por culpa de nuestro egoísmo, con tal de que no nos tocaran el bolsillo, así fuera por el bien de nuestros hijos, no votamos el punto ocho del referendo de Uribe.

A mí todavía se me hace increíble que, en pleno siglo XXI, exista gente en Colombia que le dice a uno neoliberal, títere del Fondo, apátrida, etc., porque defiende la reforma pensional. Es increíble que la gente no entienda que es una falta de respeto con los contribuyentes y con los pobres en Colombia que en 2006 el gobierno central se vaya a gastar 10,4 billones de pesos de sus recursos en pagarles las pensiones a 180.000 colombianos privilegiados, mientras que se gastan solo 2,6 billones de pesos para pagarles a los otros 720.000 jubilados. Más absurdo aún, que existan 2,7 millones de personas de la tercera edad que no reciben un solo peso del sistema de seguridad social.

Si eso no fuera suficiente para convencer a la clase política de que toca arreglar este problema, esos 10,4 billones de pesos que se gastan en mantenerles la pensión a esos 180.000 jubilados equivalen al 43 por ciento de la totalidad de los recursos que invierte el gobierno central en educación, salud y en la seguridad de todos los colombianos. Hay nueve millones de personas que utilizan servicios de salud, existen seis o siete millones de niños que dependen de los recursos del gobierno para estudiar la primaria y la secundaria, y la mayor seguridad beneficia a más de cuarenta millones de compatriotas. Solo hay que hacer una regla de tres para darse cuenta de que la relación de costo-beneficio de la dinámica actual del gasto público no tiene cara.

A mí la verdad me da depresión cada vez que cuento esta historia tan traumática. Y más depresión me da cuando me dicen neoliberal porque defiendo el postulado más lógico de cualquier sociedad: la necesidad de que las políticas de gasto sean dirigidas a fortalecer el bien común. Mantener el sistema actual es un error garrafal, y toca tomar las decisiones necesarias, así el costo político sea alto. Los colombianos no podemos seguir creyendo la demagogia de algunos que argumentan hoy en día cuando el sistema está peor que nunca, y que argumentaban durante la época del referendo, que hacer algo sobre las pensiones especiales es ilegal e imposible porque se tocan derechos adquiridos.

Es más importante respetar el derecho adquirido de los niños en Colombia a poder estudiar que respetar una pensión de 15 millones 14 veces al año. Pongámonos serios de una vez por todas.

* Economista Jefe para América Latina, Ideaglobal

abernal@ideaglobal.com
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