Viernes, 9 de diciembre de 2016

| 2006/03/08 00:00

Por fin se completó la Comisión

País Libre y la Corporación Nación son las dos organizaciones elegidas entre 23 grupos postulados. Su desafío es representar a todas las víctimas en la Comisión de Reparación y Reconciliación

Por fin se completó la Comisión

Con la elección de los dos representantes de las víctimas que a partir de hoy integran la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR) parece que, por fin, comenzará en forma el trabajo de reparar el daño moral y material causado a todas las víctimas por los grupos armados ilegales que se sometan a la ley de Justicia y Paz.

Patricia Perdomo estará a nombre de País Libre, organización que trabaja desde 1997 en la lucha antisecuestro, y Régulo Madero, actuará como líder de la Corporación Nación, creada a mediados de 2004 y que representa a los desplazados, a las víctimas de minas antipersona y a algunas víctimas de desaparecimiento forzado y crímenes del Estado.

La elección no fue fácil. Las dos organizaciones que estuvieran en la CNRR debían tener una trayectoria considerable, experiencia en el manejo de derechos humanos y haber sido escogidas democráticamente. Pero la mayoría de las 23 organizaciones que postularon eran poco conocidas y no llevaban mucho tiempo de creadas. Incluso la Corporación Nación tiene la representación de los familiares víctimas del genocidio de la Unión Patriótica en Norte de Santander, pero no su representación nacional.

Los familiares de las víctimas de la UP, como muchas otras organizaciones de derechos humanos y de izquierda, se negaron a participar en la conformación de la Comisión. No creen que la Ley de Justicia y Paz sea una ley que de verdad repare a las víctimas, sino que por el contrario será una ley de impunidad.

“No consideramos que esta ley haya sido construida de cara a las víctimas. No contiene una verdad verdadera, ni justicia de acuerdo a los crímenes causados, ni una reparación integral. Es una ley nefasta para el país, y el estar allí, es avalar todos los niveles de impunidad”, señaló la directora de Asfaddes, que agrupa a los familiares de personas desaparecidas.

Varias de estas organizaciones de víctimas decidieron no participar porque la Ley de Justicia y Paz no reconoce a las víctimas del Estado, como serían los desaparecidos, algunos desplazados y víctimas de homicidios y masacres realizadas por los paramilitares con connivencia con miembros de la Fuerza Pública.

“Toda aquella persona que sufre un daño por cuenta de grupos armados ilegales no reconoce que existen víctimas de agentes estatales. Tampoco reconoce que la acción de los paramilitares ha sido regularmente amparada y acompañada por miembros de la fuerza pública. Entonces, ¿de qué reparación hablan?”, señala Alfonso Castillo, secretario de la Asociación Nacional de Ayuda Solidaria, Anda, una de las organizaciones más grandes de desplazados.

La respuesta de la Comisión

“Esa actitud no ayuda a la democracia y por eso organizaciones como Asfaddes no se van a sentir representadas. Es igual a cuando se elige a un alcalde: gana la mayoría y el resto no se va a sentir representado. Lo importante es que el país entienda que su voz adquiere legitimidad en la Comisión, y que además no es para avalar la ley, sino sus derechos”, explica Patricia Buriticá, uno de los miembros de la Comisión.

Eso cree Olga Lucía Gómez, directora de País Libre. “Creemos que la ley tiene muchas fallas, y compartimos con muchas organizaciones las críticas que le han hecho a la esta norma (...) pero este es un escenario muy importante y una oportunidad para proponer la forma de aplicar la verdad, la justicia y la reparación”, asegura..

Patricia Perdomo, hija de la congresista Consuelo González de Perdomo, secuestrada hace cinco años por la columna ‘Teófilo Forero’ de las Farc, dice que no va a pelear sólo por las víctimas del secuestro, sino por todas las que han sido golpeadas por los delitos que han cometido todos los grupos ilegales. “Todo lo que dice el papel es muy bonito, pero la preparación y el trabajo que hagamos tiene que ser superior a eso para que no haya impunidad”, dice.

Régulo, un contador público que desde 1990 ha trabajado en Barrancabermeja por la defensa de derechos humanos considera que una gran dificultad es que las víctimas de este país no están organizadas. “Para eso existe la Comisión, para que nos fortalezcamos y trabajemos para buscar la verdad, la reparación y hablar por todos”, explica Madero.

Los retos

La violencia en Colombia ha dejado todo tipo de víctimas: de desplazamiento, de desaparición forzada, de secuestros, de asesinatos, de masacres, de genocidios, de crímenes de Estado, de torturas y de otros delitos que nunca antes, en la historia de este país, han sido reparados.

Es por esto que el desafío mayor de País Libre y Corporación Nación es representar a estas víctimas en la Comisión de Reparación que hoy conforman Eduardo Pizarro (delegado del Vicepresidente de la República); Ana Teresa Bernal, Patricia Buriticá el padre Nel Beltrán, Gustavo Villegas, el Procurador General, los ministros del Interior y de Hacienda, el Defensor del Pueblo y el director de la Red de Solidaridad Social.

Ahora vienen las reuniones, los debates, las discusiones y las conversaciones sobre cómo reponer los daños. El país, y sobre todo sus víctimas, tendrá los ojos encima de la Comisión de Reparación. Todos se preguntan cómo lo van a hacer.

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