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| 11/21/2006 12:00:00 AM

¿Por qué la Corte le cree a Pitirri, el testigo que puso a temblar a los políticos de Sucre?

Se llama Jairo Castillo Peralta. Es considerado como el Pallomari del 2006, el hombre que sabía todos los secretos del Cartel de Cali. ¿Qué es lo que sabe Pitirri? ¿Cuáles otros secretos guarda de los paramilitares? ¿por qué decidió contar la información que ahora tiene en vilo al país?

La vida de Jairo Castillo Peralta se parece mucho a la de cualquier malhechor arrepentido de esos de las películas de vaqueros. Uno de esos que, por razones del negocio, dejó de ser el hombre de confianza del rufián del pueblo para convertirse en su más peligroso adversario. Un hombre cuyo nivel de peligrosidad no depende de su poder para crecer en el negocio, sino de sus conocimientos sobre la estructura delincuencial a la que perteneció y que, por razones del negocio, está dispuesto a desvertebrar.

Como en las películas, Castillo llegó al corazón de las estructuras paramilitares de Sucre por pura casualidad. Tenía 28 años y ya había fracasado en varias empresas comerciales por razones ajenas a su habilidad como negociante. Fue boleteado y perseguido por la guerrilla -que lo obligó dos veces a cambiar de pueblo- y terminó como chofer de los políticos del grupo paramilitar de Salvatore Mancuso, con quienes tuvo buenas relaciones hasta que desobedeció la orden de comandar un grupo de autodefensas. Sus antiguos amigos se convirtieron en sus perseguidores e intentaron silenciarlo primero con dinero y luego con las armas.

Tras sobrevivir al atentado y a innumerables argucias que pretendían hacerle perder la protección como testigo, Castillo –conocido con el alias de Pitirri- salió del país y juró que relataría a las autoridades todo lo que conoce sobre los vínculos de la política y el paramilitarismo en la Costa Atlántica. Hoy su testimonio ha causado tanto revuelo como el que en su momento hiciera Guillermo Pallomari, el ex contador del cartel de Cali que prendió el ventilador contra los políticos beneficiados con dineros de la mafia durante el llamado proceso 8.000. Y aunque a primera instancia las diferencias entre ambos saltan a la vista, es innegable que hay cierta similitud entre los dos casos.

Pallomari era un chileno experto en temas contables e informáticos cuyos secretos computarizados se convirtieron en pruebas contra 10 congresistas, en 1996, que terminaron presos por nexos con Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela. Según él, el 30% de ese Congreso estaba bajo las órdenes de los barones de la droga. Castillo Peralta, en cambio, no tiene idea de cómo se prende un computador y cada vez que recibe correspondencia debe asistirse por uno de sus hijos para saber qué contiene. Sin embargo, como casi todas las personas analfabetas, goza de una memoria más sólida que la de muchos letrados. Su cabeza es un disco duro en el que guarda con exactitud lugares, fechas, nombres, rutas y mil secretos que comprometen a congresistas, gobernadores, ex gobernadores y diputados con jefes paramilitares como Mancuso, el mismo que dijo que las autodefensas controlaban el 35% del Congreso elegido en 2002.

¿Qué tanta información posee Castillo y qué tan confiable es? Durante dos años la Fiscalía le hizo un detallado seguimiento a quien hoy es el Pallomari de las autodefensas y comprobó la veracidad de sus palabras. El resultado de esas averiguaciones está consignado en las investigaciones sobre amenaza y riesgo como la radicada el 16 de octubre de 2001 y clasificada con la referencia 10013 en la Coordinación de Investigación y Seguridad, CIS. Dicho documento, que hace parte de las pruebas estudiadas hoy por la Corte Suprema de Justicia, concluye sobre Pitirri que “sus intervenciones procesales han demostrado eficacia y desde luego su peligro”.

Y es que desde hace seis años, cuando tuvo contacto por primera vez con la Fiscalía, a Pitirri sólo se le ha descubierto una mentira, que casi le cuesta la vida. Fue el 30 de marzo de 2001, cuando intentó hacer pasar a Clara Castillo como su esposa para que accediera a los beneficios del programa de protección de testigos. Ingrid Méndez, su esposa real, había abandonado el hogar dos meses atrás y él comenzó vida en unión libre con Clara Castillo. En vez de relatar la novedad a las autoridades y ante la inminencia del traslado de su familia hacia Medellín, el testigo intentó hacer pasar a su nueva compañera como la madre de sus hijos, pero fue descubierto y perdió los beneficios legales de protección durante un mes, tiempo en el cual se escondió en el hotel Ritz de Sincelejo. Allí, encerrado en una pequeña habitación, Castillo Peralta rogaba para que sus enemigos no se enteraran de que seguía en la región.

Aunque el antecedente tenía el trasfondo de buscar protección para su nueva familia, la CIS investigó en detalle cada una de las denuncias del testigo contra paramilitares y políticos de la región y terminó por darles crédito. No obstante, la Fiscalía General encabezada por Luis Camilo Osorio desestimó sus versiones, que son las mismas que la Corte Suprema de Justicia considera válidas hoy.

Su contacto con las AUC

A Castillo Peralta su cumpleaños número 12 lo sorprendió en 1980 como canoero en La Mojana, Sucre. Un año antes de cumplir la mayoría de edad ya había sido amenazado por la guerrilla y huyó hasta Bremen (jurisdicción de Sincelejo) en donde se casó, creó el estadero “La Palma Mojanera”, se empleó en la finca Polonia, del reconocido ganadero Marcos Jane y fundó la gasolinera El Pitirri. Ese negocio también cerró ante el “boleteo” de la guerrilla. Se dedicó entonces al cultivo de arroz en San Marcos (Sucre), rentable por esa época, hasta que nuevamente huyó quebrado hacia Sincelejo, esta vez por diferencias con los paramilitares.

Desempleado y sin dinero, fue contactado por el Ejército de Sucre en calidad de informante y terminó como escolta de Joaquín García, hoy investigado por conformación de grupos de autodefensas, considerado como uno de los fundadores del paramilitarismo en Sucre. Esa fue su ficha de ingreso a la organización delincuencial, en la cual estuvo desde 1996 hasta 1998. Trabajando con García conoció a Salvatore Mancuso (entonces comandante de las Autodefensas Campesinas de Córdoba), Rudolf Panfel (el alemán que manejaba las finanzas de los paramilitares), Víctor Guerra de la Espriella y un grupo de políticos hoy investigados por paramilitarismo, entre los cuales figuran Salvador Arana (por quien hoy la justicia colombiana ofrece una recompensa de $50 millones), el senador Álvaro García Romero (hoy preso) y el ganadero Miguel Nule Amín. Con todos ellos, asegura Pitirri, se reunía en el conocido restaurante Carbón de Palo, de Sincelejo.

Castillo Peralta asegura que en 1997 Arana le ofreció la dirección de un grupo paramilitar y que hasta le garantizó que no tendría problemas legales en Sucre, porque tenían infiltrada la Fiscalía seccional con funcionarios como Marina García (pariente de Joaquín García), Wilson Coe y “Muscus”, quien pasó de funcionario de la Fiscalía a secretario general de Arana cuando éste llegó a la gobernación del departamento.

Castillo prefirió montar un lavadero de carros que se volvió sitio de reunión de los paramilitares y terminó convertido en sitio de mensajería de Arana. La luna de miel se les acabó en 1998, cuando Mancuso ordenó la muerte de Pitirri por desobedecer la orden de conformar el grupo de autodefensas. Castillo comprobó que las amenazas eran en serio cuando supo del homicidio de Jhon Zapata y Antonio Ponce, otras dos personas incómodas para la organización. Fue entonces cuando decidió colaborarle al CTI de Sincelejo y sus informaciones resultaron claves para varios operativos exitosos en los cuales no recibió beneficio alguno. Su información fue corroborada por la justicia y coincidió con denuncias como la que el 27 de marzo de 2000 hizo el paramilitar Pablo Martínez, quien además reveló que fue encomendado para hacerle inteligencia a Pitirri y preparar su crimen.

En ese momento histórico apareció en escena una mujer valiente que a la postre trabajaría con Pitirri y cuyas investigaciones terminaron por costarle la vida: la fiscal especializada Yolanda Paternina. A ella le correspondieron la diligencia por el homicidio de Antonio Ponce y la investigación por la desaparición de Pablo Martínez, desaparecido y muerto mes y medio después de denunciar el plan para matar a Pitirri. Martínez no solo avisó a las autoridades sino que informó a Castillo Peralta sobre un plan contra él y contra un miembro del CTI. El miembro del CTI era la fiscal especializada.
Motivos políticos

Al parecer, la urgencia de asesinar a Pitirri se debía a que era un peligro para las aspiraciones políticas de Arana, quien se posesionaría como gobernador el 1 de enero de 2001. Desde junio de 2000 corrió la voz en Sucre de que habían pagado 12 millones de pesos por la cabeza del testigo, pues Arana ya se había enterado de sus informaciones al CTI. El 24 de octubre de 2000, Pitirri salió vivo de un atentado ocurrido a las 4:20 p.m. en su residencia en Sincelejo. Tras un mes de convalecencia comenzó a aumentó las denuncias contra sus ex aliados desde una clínica de Sincelejo y ante la fiscal Paternina. Sus primeros trabajos con ella fueron en el esclarecimiento del crimen de Antonio Ponce y algunas investigaciones sobre paramilitarismo en La Mojana. En enero de 2001, cuando Arana ya era gobernador, Castillo solicitó protección de la Fiscalía e hizo nuevas denuncias, esta vez contra funcionarios de la Fiscalía, el DAS y el Ejército vinculados con los paramilitares.

Después de esa colaboración fue cuando Castillo se separó de su esposa (a la que ya había denunciado por abandono de hogar) y usó un tiquete a nombre de ella para viajar con su nueva compañera a Medellín, que le costó su expulsión del programa de protegidos el 29 de marzo de 2001. Como sus ex aliados lo presumían protegido por la Fiscalía, enviaron a la Procuraduría un fax en el cual Castillo supuestamente se retractaba de sus denuncias. Lo que no sabían era que ese mismo día Castillo había hecho sus denuncias contra Arana y había perdido la protección debido a las incongruencias en la información sobre su esposa. La investigación del CIS en 2001 señala que “la desesperación de sus enemigos ante la inminente revelación de sus secretos por Castillo Peralta, a quien no pudieron matar y que ahora suponían protegido por la Fiscalía, y ante la acuciosa investigación de la doctora Paternina provoca contra ella las primeras manifestaciones de amenazas”.

Por esta razón el programa de protección de testigos ordenó reevaluar su caso y el director del CTI, Pablo Elías González, autorizó el 4 de mayo de 2001 su protección con un nivel de supervisión en Bogotá. En Sucre, el panorama estaba cada vez más agitado. Arana atribuyó las declaraciones en su contra a una venganza política. El hombre que le avisó a Pitirri sobre el atentado contra su vida denunció un intento de soborno. La Procuraduría recibió otro falso documento de retracto supuestamente firmado por Pitirri. Y el abogado Oswaldo Ochoa (defensor de los enemigos de Castillo Peralta) consiguió la información que tanto había solicitado sobre el paradero y la calidad de protección del testigo. En cambio, la fiscal Paternina no fue escuchada pese a que desde el 10 de mayo solicitó ser oída en la Procuraduría para aclarar lo dicho en el falso documento de retracto.

Luego la Fiscalía se enteró, por testimonio de algunos declarantes, que Arana estaba buscando a Pitirri en los registros del Sisbén. Como ex director de Dassalud en Sincelejo, el entonces gobernador sabía que el programa de protección inscribía con nombre propio a los testigos protegidos en el sistema de salud subsidiada.

Al mismo tiempo los implicados por las denuncias de Pitirri le hicieron llegar a su familia un nuevo documento que éste debería firmar, en el cual señalaba que sus denuncias contra Arana y los demás políticos fueron hechas por presiones políticas. El documento, que no fue firmado por el testigo, aparece en el proceso penal 960 de la unidad de derechos humanos.

Al ser denegada su solicitud de prórroga, Arana rindió versión libre el 28 de agosto de 2001 y negó conocer a Castillo Peralta. Un día después la fiscal Paternina fue asesinada, tras recaudar las pruebas de Pitirri contra los políticos vinculados con los paras. Meses después Pitirri fue sacado del país con protección de la Fiscalía.

Los procesos en que declaró Pitirri

Masacre de Chengue: Declaró ante la Procuraduría contra el coronel Rodrigo Quiñónez, ex comandante de la Primera Brigada, y contra siete oficiales más por omisión de funciones al permitir que los paramilitares cometieran la masacre.

Conformación de grupos de justicia privada en Sucre: Declaró en calidad de testigo ante la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía y menciona que supo de órdenes para asesinar a varias personas.

Masacre de Chengue: Declaró ante la UDH y delegada ante la Corte Suprema de Justicia contra el coronel Rodrigo Quiñónez y Rodrigo Mercado Pelufo, alias Cadena, por la masacre del 17 de enero de 2001 en la cual fueron asesinadas 24 personas.

Homicidio de Yolanda Paternina: Acusa a Salvador Arana de ordenar el crimen y dice que Rodrigo Mercado Pelufo, alias Cadena, envió los falsos documentos de retracto en los cuales Jairo Castillo Peralta supuestamente se retractaba de sus denuncias, entre ellas la que prevenía el asesinato de la fiscal. El proceso fue abierto en la UDH.

Conformación de grupos paramilitares: El 26 de marzo de 1996 declaró como testigo contra Salvador Arana por promoción, formación e ingreso de grupos armados ilegales. Relacionó nombres, lugares y hechos que conoció gracias a que fue mensajero de Arana antes de que éste llegara a la gobernación.

Tráfico de armas: Su denuncia del 23 de noviembre de 2000 contra tres integrantes de un grupo paramilitar permitió incautar elementos, pertrechos y armas privativas de las Fuerzas Militares en Sincelejo.

Asesinato del personero de Guaranda (Sucre) Antonio Ponce: El 10 de enero de 2001 Castillo pidió ser oído en declaración y aportó una fotocopia del cheque con el que se le pagó al sicario que mató al funcionario.

Asesinato de Pablo Martínez: El 19 de febrero de 2001 Pitirri declaró como testigo en el proceso contra David López (de quien dijo que es paramilitar) por el crimen del hombre que le avisó sobre el plan para matarlo.

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