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| 5/13/2008 12:00:00 AM

¿Por qué el gobierno tomó la súbita decisión?

La extradición masiva no herirá de muerte los procesos de Justicia y Paz ni de parapolítica, pero sí se puede obstaculizar la verdad que empieza a aflorar.

La primera razón y la más obvia del por qué hasta ahora el gobierno se hastió con estos jefes paramilitares y los extraditó tiene que ver con el simple y llano hecho de que, a su juicio, seguían delinquiendo desde la cárcel. Eso sólo es motivo suficiente para extraditarlos porque incumplieron el requisito básico de la Ley de Justicia y Paz.

Y por la misma razón el primer efecto práctico de la extradición de los 14 paramilitares es que dejarán de delinquir en Colombia. Y en ese sentido hay aplauso general al presidente Álvaro Uribe. No deja de resultar paradójico, sin embargo, que el gobierno de la Seguridad Democrática, que se precia de tener control sobre todo el territorio nacional, revele con esta medida que no era capaz de controlar a estos jefes en las propias cárceles.

Pero ese no fue el único motivo. Dijo el presidente Uribe en su alocución que también consideraba que los ex jefes paramilitares no habían colaborado en nada con la reparación a las víctimas, pues habían sido reacios a entregar bienes y a revelar sus testaferros. En efecto, los avances en esa materia han sido muy escasos. La otra razón que adujo el Presidente fue el hecho de que no estaban contando la verdad o la estaban contando distorsionada, salpicando inocentes y culpables a la vez.

Es también realista decir que no todos estaban colaborando con la justicia. El proceso de Justicia y Paz, creado a partir de una controvertida ley aprobada hace tres años, cojeaba en muchos aspectos y uno de ellos era la poca colaboración de algunos jefes paramilitares. A pesar del esfuerzo casi titánico de la Fiscalía por hacerlo avanzar (ya van alrededor de 1.300 versiones libres recibidas y más de 5.000 hechos delictivos esclarecidos en esas audiencias), muchos de los jefes ahora extraditados duraron meses echando discursos vacíos, tratando de justificar sus crímenes atroces, e intentaron contar la menor verdad posible.

También sabe la opinión pública que no todos los que quedaron finalmente cobijados bajo Justicia y Paz eran realmente jefes paramilitares. Personajes como Manuel Torregrosa (vinculado al narcotráfico en el Magdalena y Guajira) y Juan Carlos Sierra, alias El Tuso, era narcos pura sangre y la Fiscalía siempre consideró que al postularlos en Justicia y Paz, el gobierno les metió un embuchado. Por eso estos narcos no podían colaborar con el esclarecimiento de la verdad del paramilitarismo en Colombia ¿Cómo podrían si nunca pertenecieron a este? Y la otra paradoja: para qué el gobierno los postuló a Justicia y Paz, a sabiendas que eran narcos, y ahora en cambio ordena extraditarlos?

Que siguieron delinquiendo, que no estaban colaborando con justicia y paz, que no estaban entregando bienes, que estaban contando verdades manipuladas… todas son razones valederas. La pregunta que surge es si todo esto venía pasando desde hace meses ¿por qué hasta ahora, en pleno escándalo de la parapolítica, decidió el Presidente tomar esta sorpresiva y radical medida?

Una razón puede ser simplemente que el gobierno no pudo controlar más sus actividades delictivas, que estas se salieron de madre y la decisión tenía que ser tajante. La segunda, que era una manera de poner distancia con el paramilitarismo, justo después de que los voceros oficiales propusieran disolver el uribismo, hoy tan manchado por posibles vínculos con paramilitares. La paraextradición masiva lanza el mensaje de que el Presidente nada les debe y tampoco les teme.

La tercera razón es más suspicaz. De un solo golpe maestro, el gobierno mata varios pájaros: los que siguen delinquiendo, los que pudieron tener vínculos demasiado cercanos con uribistas connotados y los que querían ahora sí hablar. El caso que deja más dudas es el de Jorge 40, quien había anunciado hacía dos o tres semanas, que en su siguiente versión libre iba a contar lo que sabía sobre crímenes a sindicalistas, a indígenas y sobre masacres. Algo similar estaba pasando con Don Berna, que sólo en las últimas semanas había empezado a colaborar.

¿Se acaban la parapolítica y la Justicia y Paz?

A primera hora de la mañana se oyeron voces en el sentido de que con la masiva extradición se le ponía un freno significativo al proceso de la parapolítica que ya tiene a 67 congresistas investigados y a 31 de ellos en la cárcel. También que la verdad que estaba conduciendo a las víctimas a encontrar a sus seres queridos y a conocer por qué los mataron y dónde estaban, quedará truncada y el valioso proceso abortado prematuramente.

Los gobiernos de Colombia y de Estados Unidos salieron a decir que el proceso con los paramilitares no se iba a truncar porque Estados Unidos prestaría total colaboración para que se siga el proceso de Justicia y Paz; es decir, los fiscales podrán viajar a Estados Unidos a escuchar sus versiones libres, y si entregan o les decomisan bienes estos irán a dar al Fondo de Reparación de víctimas.

En este caso, del dicho al hecho habrá trecho. Los costos de seguir con las audiencias, y luego con el juicio, serían altísimos, y salvo que Estados Unidos resuelva asumirlos en su totalidad, no se ve cómo se van a solventar. Hoy la Fiscalía se ve a gatas para conseguir el dinero para transmitir una audiencia en Medellín vía microondas a un salón de víctimas que está en Caucasia.

Tampoco es fácil reproducir a la distancia y con fiscales estadounidenses, la dinámica que se estaba dando en el proceso colombiano en la cual, por el enorme conocimiento de cada bloque que tenían los fiscales y por la presencia física de las víctimas en las audiencias, los acusados terminaban contando más de lo que estaba en sus planes. Y eso que hasta ahora la mayoría estaba en versiones libres. Era de esperar que en la etapa de juicio contaran bastante más.

El incentivo central de la Ley de Justicia y Paz, salir libres en corto tiempo, pierde ahora gran parte de su eficacia. Ya no saldrán libres sino después de muchos años. ¿Entonces para qué colaborar con la justicia?

Con todo y eso, los 15 que extraditaron, incluyendo a Macaco, no van a hacer tan grande diferencia. Falta aún recibirles en versión libre las confesiones a 2.000 desmovilizados, y falta también finalizar el proceso con los otros 1200 que ya han dado sus versiones libres. Por eso la búsqueda de fosas continuará (los que en realidad tienen la información son los mandos medios), la gran mayoría de las audiencias podrán continuar y la reparación –que es lo más débil del proceso — no cambiará demasiado para mal o para bien.

Es decir, el proceso de Justicia y Paz continuará tal vez ni mejor ni peor, sino con las fallas con las que nació. Se trató de un proceso de dejación de armas, con el único interés de bajarle la fiebre a la violencia que producía una federación de autodefensas y se logró reducir el número de masacres y desactivar el poderoso cartel de la muerte de las Auc. Pero en términos de desmotar las máquinas delictivas detrás de estos personajes se fracasó, y el gobierno ahora tuvo que darse por vencido y entregar a casi todos los principales jefes con los que firmó el acuerdo de paz de Ralito a que sean juzgados por Estados Unidos.

SEMANA dialogó con fuentes de la Fiscalía y de la Corte Suprema para determinar el impacto que la extradición puede tener sobre los procesos de parapolítica, y en ambos organismos consideran que la extradición no trunca lo que están adelantando. En el caso de la Corte, por ejemplo, los paramilitares extraditados ya han dado sus respectivas versiones sobre los políticos. Y cualquier otra declaración podría tomarse en Estados Unidos, tal y como se ha hecho con testigos como ‘Pitirri’, el primer ‘ventilador’ de la parapolítica, a quien los magistrados visitan en Canadá para ampliar su declaración.

Lo que sí deja al descubierto la masiva extradición es la verdad de este proceso: el Gobierno al extraditarlos de cierta manera admite que no se negoció con paramilitares que actuaban en comunidades agobiadas por la guerrilla, sino con narcotraficantes que armaron sus ejércitos para su beneficio particular. Con el agravante, además, de que en la mesa de negociación no se trató para nada el tema del narcotráfico.




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