Por qué Minambiente ordenó la suspensión del puerto de Dibulla, en La Guajira

El ministro de Ambiente y Vivienda, Juan Lozano, suspendió las obras de construcción del puerto multipropósito de la empresa Brisa S.A. en Dibulla, La Guajira. El ministro fue categórico al anunciar que se suspenden todas las obras en el puerto hasta que “se restablezca la condición de un humedal fundamental en la zona y que cese cualquier intervención hasta tanto se termine la concertación con los pueblos indígenas”.

La decisión se tomó porque en el proceso se incumplieron varios puntos de la licencia como el de la concertación entre la empresa y los grupos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta que realizan sus rituales de pagamento en la zona.

Los miembros del Ministerio también encontraron que se removió tierra de un terreno que conecta dos humedales, lo que altera el equilibrio ecológico.

Precisamente, por estos temas con los indígenas y con el ecosistema, el puerto ha sido controversial desde el comienzo. La idea de construir el nuevo puerto comenzó a mediados de los 90, pero solo hasta junio de este año el ministerio de ambiente y vivienda otorgó la licencia ambiental necesaria para comenzar las obras.

Las voces en contra han sido más que las que se han manifestado a favor. Dicha licencia no despejó las dudas sobre la conveniencia del puerto, varias organizaciones ecológicas e indígenas sostienen que el puerto afecta el equilibrio de la zona.

De hecho en la resolución de la licencia el Instituto Alexander Von Humboldt e Invemar, insisten en que el puerto es inconveniente para el ecosistema, pues se verían afectadas especies animales que están en vía de extinción, la flora y el lecho marino.

Del mismo modo, se insiste en la importancia de lograr un acuerdo con las comunidades indígenas “con el propósito de acordar los mecanismos que garanticen a dichas comunidades, que puedan continuar con las prácticas culturales que realizan tradicionalmente en el sitio donde se va a construir el proyecto”, señala la resolución.
Aunque las obras solo están suspendidas hasta que se solucionen estos temas, la sensación es que el ecosistema y la situación para los indígenas en Dibulla va a cambiar.

Una situación similar están empezando a vivir los habitantes de la isla de Barú. La idea es construir un puerto carbonífero en una parte de la isla que colinda con el Canal del Dique. El proyecto es de la Sociedad Carbones del Carare y hasta el momento se están adelantando los estudios para conseguir las licencias.

Las organizaciones comunales y de preservación del ecosistema han hecho saber que desde ya se oponen al proyecto pues tendría un impacto negativo en la isla y sus habitantes. Además echaría para atrás el gran proyecto de convertir a Barú en gran centro turístico.

Aunque el asunto del turismo deja la sensación de que la discusión es entre empresarios que verían afectados sus intereses, la verdad es que los lideres comunales son los más preocupados, pues ven en el turismo una mejor salida que en el carbón.

Eleuterio Rodríguez, de la Corporación de Comunidades de la Isla de Barú, señala que la isla “tiene vocación turística y la construcción del muelle terminaría por restarle proyección, ¿quién querría venir a pasear a un sitio contaminado por un puerto carbonífero?”.

Esta preocupación la comparte el edil de Cartagena, Hermógenes Cota, quien insiste también en el daño ecológico que habría no solo sobre Barú sino sobre las islas del Rosario. El carbón no es biodegradable y todos los residuos de las maquinarias terminarían contaminando el suelo, el aire y el mar, el daño ecológico sería irreversible y se verían afectadas las especies nativas y las reservas de coral.

Los habitantes de la isla viven en su mayoría de la pesca, una actividad que no es muy lucrativa y que depende definitivamente de lo que dé el mar. Por eso un proyecto como el del carbón terminaría siendo nefasto para los nativos, a pesar de que los empresarios prometen generar unos 2.500 empleos directos en el muelle.

Los líderes también tienen sus dudas sobre este tema. Según Marlon Yánez, abogado de la Corporación de comunidades negras de la Isla de Barú, “hay una confusión total en el asunto. Es necesario explicar la inclusión de las comunidades en el proyecto, porque a pesar de que ellos prometen todos esos empleos, la verdad es que estos muelles funcionan con gran maquinaria que no requiere tantas personas trabajando”.

La voz del progreso ilusiona a muchos, pero el precio que terminan pagando las comunidades suele ser más alto que los beneficios que obtienen.
En el caso de Dibulla por ejemplo, la promesa es que el puerto generará 1.300 empleos directos y 11.500 indirectos. Este punto tiene enfrentados a los habitantes de los corregimientos vecinos con las comunidades indígenas, pues ¿cómo frenar el desarrollo de toda la comunidad por las tradiciones de unos pocos?

Y en el caso de Barú, la discusión apenas comienza, pues como señala el abogado Yánez, “los pescadores no quieren que sus hijos sean pescadores. Ellos quieren mejores oportunidades para sus hijos, que puedan estudiar y progresar”. Por eso, muchos ven la construcción del puerto de carbón como una salida de la pobreza. La pregunta es ¿qué pasará si no alcanzan los puestos en el puerto y ya no hay más peces para pescar?