Por qué el pueblo u’wa se niega a la exploración petrolera en su territorio

Descalzo, y con los pies hinchados, el viejo cacique Luis Buanu bajó las escaleras del bus que lo trajo de su territorio al frío asfalto de la terminal de transportes de la ciudad de Bogotá. Allí, en medio de la niebla, vio morir la madrugada, mientras esperaba que alguien lo recogiera para llevarlo de gira por varias organizaciones y embajadas de la capital. Vino en compañía de Siracubo (Luis Tegría, el presidente de Asou’wa), con una única misión: buscar apoyos para impedir la exploración y explotación petrolera en su territorio.

Y es que desde hace ya varios años, el gobierno y Ecopetrol por un lado, y los indígenas por otro, han venido adelantando campañas diplomáticas e informativas alrededor de la exploración petrolera de los bloques Sirirí y Catleya, el proceso de consulta previa que requiere y las graves afectaciones que puede sufrir la vida y la cultura del pueblo u’wa.

Ha sido una confrontación fuerte y las posiciones se han movido en polos opuestos de sí o el no a la actividad petrolera en este territorio, augurando la reproducción de un prologado conflicto, similar al vivido hace casi una década, cuando la transnacional Occidental Oil and Gas Corporation (OXY) trató de explorar la zona sin tener en cuenta los derechos de las comunidades que viven en ella. En ese entonces, las consecuencias fueron nefastas para el gobierno y la empresa que, al violar los procedimientos de consulta previa establecidos por la Ley 21 del 91, afectaron seriamente su imagen y propiciaron la movilización de importantes sectores de opinión en Estados Unidos y Europa, así como demandas en su contra.

Por ahora, un balance parcial de la estrategia gubernamental deja cierta sensación de fracaso porque la controvertida consulta, donde según el gobierno “se buscó aplicar el más alto estándar proteccionista en el nivel nacional e internacional”, no logró un diálogo abierto con el pueblo U’wa para identificar los impactos del proyecto, y en ella sólo participaron los indígenas de Ascatidar -Arauca, quienes luego objetaron la buena fe del proceso. Tampoco logró convencerlos de la importancia que según el gobierno tiene este proyecto para la economía del país, y las dos asociaciones, Asou’wa y Ascatidar, finalmente, dijeron no a la exploración petrolera en su territorio. Sin embargo, todavía están por verse los efectos de la campaña diplomática y jurídica del gobierno, tendiente a lograr un clima de opinión pública favorable al proyecto.

El meollo del asunto

Los argumentos han girado en torno a temas como la consulta previa, su procedimiento y el ejercicio de un derecho fundamental como la participación; a la necesidad del Estado de asegurar fuentes de financiación y recursos energéticos que eviten un posible desabastecimiento en 2015; han versado sobre los derechos al territorio, la cultura, la autonomía y la pervivencia de los pueblos indígenas, y sobre los impactos ambientales y sociales negativos que históricamente han dejado los proyectos petroleros en Colombia y en el mundo. En estos aspectos existen contradicciones muy profundas que, ante la falta de acuerdos, han desencadenado en acciones unilaterales por parte del gobierno y la empresa, tales como el inicio de las actividades sísmicas “en zonas externas del resguardo”, según han dicho fuentes estatales.

En este contexto, el episodio con la OXY parece tan sólo el primer round de una larga disputa que no se resuelve porque el tema de fondo no se relaciona con el procedimiento, ni con la metodología de la consulta, como pudiera deducirse de las intervenciones del gobierno. Por un lado, se aprecian visiones de mundo y perspectivas del desarrollo completamente distintas, que involucran posiciones, expectativas y actitudes divergentes sobre el papel del Estado, la inclusión y la pervivencia de los pueblos indígenas, el diálogo entre culturas y la interpretación de las leyes, que hacen muy complejo el problema y cuestionan hasta el mismo modelo de un Estado que, pese a los preceptos constitucionales, no termina de hacerse multicultural.

Pero, por otro lado, según se desprende de la opinión de algunos expertos consultados, fundamentalmente se contraponen fuertes intereses económicos, políticos y hasta geoestratégicos, intereses colectivos e intereses generales y particulares que entran en conflicto, aun dentro de la misma perspectiva de Estado.

Es evidente que las partes ya tenían sus decisiones tomadas, y en ese escenario no había diálogos posibles. Tal vez por esto, gobierno e indígenas no lograron un punto de encuentro que les permitiera construir confianzas, gestionar sus intereses y llegar a ese tan anhelado “entendimiento” real entre culturas, del que habla la antropóloga jurídica Esther Sánchez, o ese “poder vivir juntos” del que habla Touraine, y que tanto necesita este país fragmentado, étnicamente diverso y políticamente convulso.

¿Qué es lo que hace tan diferentes a los u’wa, y por qué tienen una visión radical frente al tema petrolero? ¿Etnocentrismos o conflictos de intereses? ¿Cómo establecer un diálogo constructivo, que aporte al entendimiento entre culturas, a la negociación y concertación de intereses, y beneficie la acomodación de las minorías étnicas en un Estado pluricultural? Si hay que sacar petróleo, ¿por qué buscarlo precisamente en territorio u’wa, cuando lo único que han encontrado es gas? He aquí, algunos elementos de juicio a considerar.

¿Quiénes son los u’wa?

Los u’wa son una expresión de esa maravillosa diversidad étnica que todavía tiene Colombia para aportar al mundo, y que se expresa en 87 grupos étnicos indígenas diferentes. Son un pueblo conformado por unas 6.000 personas, distribuidas en 22 comunidades, que todavía conserva con celo la esencia de su espiritualidad, su lengua, y algunas prácticas culturales y religiosas propias que los ligan a una visión integral y particular de su territorio o “madre tierra”.

Su territorio ancestral abarcaba zonas de los departamentos de Norte de Santander, Santander del Sur, Boyacá, Casanare, Arauca y se extendía hasta Venezuela. Era un territorio extenso de caza y pesca, que medía cerca de 1.400.000 hectáreas, y del cual hoy sólo poseen unas 200.000, es decir el 14 por ciento.

Historia trágica

Según Francisco Salazar, un antropólogo y abogado que conoce bien a los U’wa porque convivió con ellos varios años, “entre todos los pueblos aborígenes colombianos éste ha tenido una historia particular y violenta de contacto, que desde la temprana conquista les mostró el carácter inmisericorde de los descendientes de Colón.

Entre 1635 y 1650, los indios “tunevas”, como se les llamaba, desarrollaron un movimiento de resistencia en la región de Servitá, actual departamento de Santander, y terminaron huyendo de la encomienda hacia las montañas de la Serranía de los Infieles, al grito de “no tenemos ni dios ni rey, y nos han de conquistar de nuevo”.

Por casi 200 años, los U’wa se refugiaron en la serranía de Chita y Cocuy de la cordillera Oriental, en territorios agrestes que los protegían de la dominación y el exterminio español.

Ya en la época republicana, su resistencia los llevó a cometer un suicidio colectivo, en el lugar conocido como la Peña de la Gloria, municipio de Cocuy, Boyacá. Este hecho que marcó su historia, lo explica Salazar diciendo que “cuando los U’was han sentido que se ha ido perdiendo su último refugio sobre la tierra, su estrategia ha sido renunciar a vivir, siguiendo de esta manera la suerte de la Madre Tierra… y así renuncian también a ver su agonía”.

Dicha explicación pareció compartirla en 1997 el sacerdote jesuita Javier Giraldo, quien en su artículo ‘Los u’was por el derecho a no ser vendidos’, interpretó las dimensiones biológica, de sentido y ética de este episodio tan dramático de la vida de los u’wa. Según el sacerdote, aquí el suicidio no significó un rechazo al don de la vida sino más bien el respeto a dimensiones aún más sagradas de la vida misma.

La realidad y los sueños

Hace rato que el desarrollo viene siendo percibido como la búsqueda de un modelo que nos acerque a la felicidad, entendida como bienestar y realización de las necesidades humanas. Y es que para los u’wa el cuento del desarrollo es el sentido de la vida, mediado por los sueños y la cultura, algo tan concreto y a la vez tan abstracto, que sólo su sabiduría parece comprender. “La espera del desarrollo de nosotros es que nos entreguen lo que nos han quitado, lo que nos debe el Estado desde hace 500 años”, dice Siracubo en su reducido español, cuando se le pregunta por el tema. “Nosotros no necesitamos dinero, tenemos comida, necesitamos nuestro territorio. A nosotros no nos mandaron (nuestro Dios) a tener puentes, buenas carreteras, buena educación. Esa no es la ley de nosotros. No nos permite eso nuestra ley”.

Y es que la felicidad para un u’wa, “son los territorios saneados, ahí tenemos medicinas y salud. ¿Qué pasa en la atmósfera y el mundo con esa contaminación, si se acaban el río y el agua?”. Así lo ratifica el Plan de Vida de Ascatidar, una de sus dos organizaciones, al señalar que “una de las visiones más claras para los pueblos indígenas consiste en tener un territorio con garantía jurídica y de propiedad colectiva.

Así por ejemplo, para los pueblos de cultura de río, de selva, de lagunas, de sabanas, su anhelo es poder cazar y pescar diferentes especies –chicos y grandes– en todos los tiempos climáticos y de acuerdo con el calendario ecológico hacer actividades de recolección que se complementa con la convivencia desde lo social y cultural”.

Según este enfoque, el ser humano tiene una relación umbilical con la naturaleza. Su visión del territorio integra el espacio donde tienen lugar las actividades políticas, sociales, económicas y sagradas que constituyen su cultura, y no se reduce al concepto de resguardo, o espacio delimitado por el Estado como propiedad colectiva indígena. Allí la cultura y la identidad cultural sirven como referentes para autorreconocerse frente a otras culturas, y dan la trama en la cual deben trazarse las políticas públicas en contextos interculturales.

La lógica del hermano menor

Uno de los exponentes de nuestras políticas económicas, Salomón Kalmanovitz, ha señalado en una de sus obras que la clave del desarrollo económico es el avance del proceso de acumulación de capital: los aumentos del ahorro con que financiar la inversión dentro de un marco estable de reglas de juego, lo que conduce a un círculo virtuoso de crecimiento económico en el largo plazo (Lewis, 1954; Rodrik, 1999).

En ese sentido, al definir la acumulación como la clave del desarrollo económico, la sociedad debe producir grandes cantidades de bienes y servicios para cubrir la demanda, los costos de producción y obtener excedentes, en una lógica donde la producción masiva y a gran escala es la mejor alternativa.

Dentro de esta perspectiva, la explotación de hidrocarburos se ha convertido en uno de los pilares de la economía colombiana, pues por concepto de transferencias el país recibirá 7,3 billones de pesos, que de acuerdo con el diario La República provienen, además de las utilidades, de regalías sobre la producción de crudo (2,9 billones de pesos). Esto es consecuente con el Plan de Desarrollo del gobierno, una de cuyas estrategias principales es la producción de hidrocarburos, desarrollada a través del fortalecimiento comercial del sector minero en mercados internacionales de alto valor agregado, como la industria del carbón y la producción de petróleo y sus derivados.

Según el Dane, entre enero y julio de 2006, las exportaciones del país se incrementaron en 15,2 por ciento con respecto del mismo período de 2005, al pasar de US$11.847,7 millones a US$13.650,5 millones. Dicho resultado obedeció, fundamentalmente, al incremento del 16,4 por ciento en las exportaciones de productos tradicionales, del petróleo y sus derivados. No obstante, según la Fundación Social, en el país más de la mitad de los colombianos vive bajo la línea de pobreza, y la inequidad, tanto en el ingreso como en las condiciones de vida, es una de las más altas de América Latina; lo cual evidencia una de las grandes contradicciones de nuestro modelo de acumulación / distribución.

En su consulta a la sala del Consejo de Estado, el Ministro del Interior y de Justicia sostuvo: los resultados de la exploración de los pozos Gibraltar 1 y 2 fueron “tan positivos”, que la existencia de dos pozos produciendo hidrocarburos y en etapa de evaluación obliga a asegurarse de que la información geológica esté completa, con el fin de determinar el tamaño de las reservas allí depositadas. Para esto deben realizarse pruebas extensas y trabajos adicionales no sólo en Sirirí, sino en la zona aledaña de Catleya, región del Sararé, donde respectivamente se involucrarán territorios del resguardo Unido U’wa y del resguardo U’wa de Ascatidar.

Según el Ministerio, la negativa de los u’wa a la exploración petrolera implica un costo social y económico de alcance inconmensurable, porque en Colombia la explotación petrolera, “como parte de una actividad estatal, no es un recurso de mera capitalización sino fuente de generación de una porción importante de inversión social y desarrollo humano”.

Está demostrado que entre 2006 y 2010 se producirá un desabastecimiento de petróleo que “tendrá efectos inminentes en las finanzas públicas, si no se inician actividades inmediatas de exploración y explotación de nuevos yacimientos”. Una fuerte expectativa de incursionar en proyectos de exploración exitosa es la sísmica prevista a realizarse en territorios u’wa.

El desencuentro

Hace algún tiempo, Armando Tegría, un líder U’wa esbozó su percepción de los impactos de nuestro modelo de desarrollo en su manera de ver la vida, y develó algunos elementos importantes de su manera particular de concebirla, al señalar que “…la presencia de estas compañías nos ha traído una descomposición social… El primer temor del pueblo U’wa es tanto el medio ambiente y la tierra que en ella existe. En tiempo pasado los animales, las plantas, estuvieron en una tranquilidad que nunca ni nadie molestó, y como nosotros también tenemos ese derecho, y esperamos que la naturaleza también tenga el mismo derecho que nosotros, por eso nosotros decimos que no queremos que el territorio nuestro se vuelva en un desierto”.

En 1997, el jesuita Giraldo también aportó importantes elementos para comprender las lógicas que se contraponen en estos proyectos de explotación petrolera, al señalar que “la tierra, o mejor, los territorios, con su connotación de soportes de las especies biológicas que los habitan y de las complejas y ricas relaciones que se traban entre territorio y especies, lo que hace de cada territorio un santuario específico de la vida, sólo cuenta, para las multinacionales, como un factor de producción y rentabilidad; esencialmente como un medio, que no tiene valor en sí mismo, sino el valor que le confiere el fin al cual es sometido: aportar combustibles fósiles, de manera lucrativa, para capitales transnacionales”.

Para él, entonces, no era difícil visualizar el proceso destructor de las exploraciones, y que ese territorio virgen de los u’wa sería surcado por maquinarias que abrirán vías de penetración. Que detrás de éstas afluirán, “atraídos por la posibilidad de un salario aceptable o privilegiado, contingentes humanos trashumantes, moldeados por décadas de relaciones obrero / patronales temporales, desarraigados de tierras, comunidades y familias acostumbradas a las prácticas compensatorias del alcohol, la prostitución y los juegos de azar”.

Según su pronóstico, la población U’wa se vería invadida por los valores de otra cultura, que identifican la propia dignidad humana con un valor-de-cambio o mercancía, y “no habría, entonces, que amenazar, como lo han hecho los u’was, con un suicidio colectivo, pues el etnocidio sería un proceso incruento, sutil e irreversible”.

¿Intereses generales en conflicto?

La antropóloga jurídica Esther Sánchez, Consultora de Ecopetrol y de la DET para el tema de consulta previa, considera que “efectivamente hay un concepto de desarrollo, hay una visión del desarrollo distinta. Un desarrollo extractivista, en este caso, un modelo que permite extraer de la naturaleza recursos no renovables, y una visión proteccionista de la naturaleza que no la modifica, que busca sostener a la naturaleza para generaciones futuras”. Pero que ambas visiones representan un aporte en torno a la pregunta de fondo: ¿Cómo proteger la naturaleza y los pueblos o comunidades que se sienten parte de ella, con un modelo que permita extraer recursos naturales, considerados necesarios?

Al respecto, piensa que un pueblo indígena, como colombiano que es, puede generar una contribución y “participar de un acuerdo para explorar el petróleo, pero a través de unas nuevas reglas construidas entre las partes. Y eso se logra mediante la Consulta Previa, entre otros medios”. Desde su perspectiva, “el gobierno nacional, tiene dos intereses que defender: uno es la integridad de los pueblos, y otro el de generar capital. Los U’was defienden su derecho a la integridad étnica y cultural; entonces la pregunta es: dado que el gobierno tiene que proteger la integridad étnica y cultural de un pueblo, ¿por qué no acercarse a definir eso de manera formal?”

Tras reconocer que los U’wa han sido un pueblo muy tradicional, que ha vivido los efectos negativos de una calamidad como la explotación de Caño Limón, que hace 25 años no tuvo consideraciones de nada, señala que hoy las condiciones son distintas y hay un desarrollo de las instituciones, de los organismos de control y de las organizaciones indígenas, que han mejorado sus posibilidades de exigir derechos como pueblos.

Según los indígenas, la actividad petrolera ha producido daños irreversibles en la pervivencia de algunos pueblos, porque precisamente ha destruido su entorno vital y el medio natural que permitía la subsistencia y la vida de estas culturas. Esto lo han observado claramente los U’wa de Arauca, los Macaguanes, los Sicuanes, los Cuibas, los Kofanes y otros, que se han convertido en pueblos muy pobres y culturalmente frágiles como resultado de explotación petrolera.

Héctor Mondragón, un especialista en temas agrarios e indígenas y actual asesor de la Convergencia Campesina, Negra e Indígena, comparte la idea de que el problema de fondo es que los indígenas tienen el interés de conservar su integridad cultural, social y económica, y el Estado un afán de solucionar el futuro de combustibles y enfrentar el posible déficit fiscal en los próximos años. “Entonces, entre estas dos necesidades es que se genera el conflicto actual”. “Desde el punto de vista del Estado hay una urgencia, sin embargo, yo la veo un poco limitada en el caso concreto del territorio U’wa, debido a que los posibles yacimientos petroleros parecen no ser tan importantes como se creía…”.

En relación con la explotación petrolera en territorio U’wa, el Consejo de Estado ha señalado que existe un conflicto de intereses en el Estado, porque se contraponen el interés general de proteger la pervivencia de una cultura indígena y un “interés general de mayor categoría” de garantizar los recursos del Estado. Sin embargo, Mondragón considera que “no es el interés nacional lo que se está jugando aquí sino el interés de la explotación petrolera. Si el interés nacional se quiere proteger, se protege con una política petrolera que beneficie el interés nacional… Y es por eso que el discurso del gobierno y del Consejo del Estado, resulta vacío”.

Intereses diversos

El gobierno ha dicho que se han surtido todos los esfuerzos de su parte por hacer de la consulta un proceso diáfano de interlocución y diálogo que permitiera identificar los impactos del proyecto sobre la pervivencia del pueblo U’wa, sin encontrar una respuesta positiva de éstos. Que en consecuencia, actuará según su criterio y en defensa de los intereses mayores de la Nación, para asegurar la disponibilidad de recursos económicos e hidrocarburos que necesita el desarrollo del país.

Según Esther Sánchez, “seriamente hubo un espacio para negociar, bajo una cuestión clara, y es que la empresa quiere desarrollar ese proyecto. (…) No sé si estoy engañada, pero me parece que efectivamente ha existido una oportunidad seria para generar argumentos de fondo distintos no sólo para beneficio de los U’wa sino para beneficio de todos. La integridad étnica y cultural de los U’wa no es un problema exclusivo de los U’wa, es de todos. La necesidad de obtener petróleo es de todos los colombianos, incluidos ellos mismos”.

Sin embargo, los U’wa, y algunos analistas consultados, han cuestionado esta visión del interés general, porque como hace algunos días lo planteara a Actualidad Étnica el ex magistrado de la Corte Constitucional Eduardo Cifuentes, éste no es valor per se sino una categoría que se construye, y se construye participativa y consensuadamente. Además, han cuestionado que lo que el Estado llama interés general, es en realidad el interés particular de las transnacionales que han incidido en la transformación de nuestra normatividad para favorecer el interés de inversionistas privados, mientras que los pueblos indígenas reivindican un derecho colectivo, no sólo como pueblos sino como especie humana, de tener una naturaleza en equilibrio y un ecosistema sano, expresando aspiraciones universales de vida.

Lo que el gobierno ha considerado una consulta, ha sido entendido por los indígenas como un acercamiento de conocimiento mutuo, o la imposición de aceptar una decisión ya tomada, como es la de explorar y explotar su territorio. Y tienen toda la razón, pues el gobierno ha sido claro en manifestar que su perspectiva se basa en la decisión de ejecutar el proyecto, y se fundamenta –según un documento interno de trabajo–, en que “dado que puede haber argumentos constitucionales para fallar a favor de uno u otro interés, la salida a de ser política”. Según esta metodología de tratamiento del conflicto, “primero se decide y luego se buscan los argumentos.”

Así las cosas, es claro que cada una de las partes ha aplicado esta lógica de negociación, tomar una decisión y buscar luego sus argumentos para “convencer” al otro con su verdad. ¿Cómo entienden U’was y gobierno el concepto de diálogo entre culturas diferentes y la concertación de intereses?

Según Francisco Salazar, “los U’wa, como tantos otros grupos étnicos del planeta, entienden que lo humano está texturado por diversidad de creencias y palabras, y que el mundo no tiene una única versión. De hecho, la lengua u’wa posee una ductilidad que permite que los adjetivos se tornen verbos y de esta manera las cosas hablan de sí mismas. El mundo está lleno de interlocutores. Hay humanos que “verdadean” y quienes no. Es sólo hablando y percibiendo al interlocutor que se conoce la profundidad de sus palabras. Hablar con quien habla otra lengua y tiene otra cultura es siempre un asunto de sabiduría y de poder. Hablar con los descendientes de Colón, con “los Colonos”; implica tener la paciencia para comunicarles, como a hermanos menores, la sabiduría de un Padre –Sira Dios– que se vale de los U’wa.

Así, resulta evidente que aún desde lenguajes similares que validan los derechos étnicos y la interculturalidad se habla de cosas distintas porque el trasfondo del tema es fundamentalmente político. Entonces, ¿cómo entender y validar al “otro y lo otro”, no aniquilarlo quitándole su derecho a la palabra, cuando esa palabra no se constituye en un vehículo de comunicación, porque además de vocablos distintos tiene representaciones distintas del mundo y sus relaciones sociales?

Pueda ser que el Estado no crea que por ser el U’wa un caso paradigmático, deba tercamente a toda costa vencer su resistencia, con la idea de hacerlo paradigmático para debilitar los procesos de resistencia indígena y dar a las aspiraciones de otros pueblos una lección clara de quién manda aquí.

*Este artículo es una versión editada de un texto original publicado en el Periódico Actualidad Étnica.