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| 8/15/2006 12:00:00 AM

Primer tropiezo del Gobierno por privatización de Ecopetrol

Aunque este martes, el gobierno se empleó a fondo en su primera explicación detallada sobre la propuesta de modernización de la entidad, no convenció al Congreso. ¿Qué sigue ahora?

El gobierno nacional no pudo convencer este martes al Senado sobre la necesidad de privatizar el 20 por ciento de Ecopetrol y terminó enredado a la hora de exponer los supuestos beneficios de la transacción en dos debates ante la Comisión Quinta y la plenaria de la corporación.

La propuesta del presidente Álvaro Uribe pretende entregar a manos privadas la quinta parte de la entidad más grande del país, con el argumento de que Ecopetrol necesita más recursos para aumentar su capacidad de búsqueda de crudo y garantizar su rentabilidad. Para que ello sea posible es necesario modificar también su estructura y garantizar su independencia financiera, administrativa y presupuestal.
 
Actualmente Ecopetrol no puede solicitar créditos porque sus pasivos reducirían la capacidad de endeudamiento de la Nación.
Esa condición de empresa con cero deudas y su potencial de rentabilidad tienen desde hace tres años a los conocedores del tema petrolero a la espera de una venta accionaria. Sin embargo, el Congreso debe autorizar primero los cambios a la estructura de la entidad y allí es donde el gobierno comenzó a tener problemas esta semana.

La oposición, minoritaria tanto en Cámara como en Senado, tiene razones ideológicas para oponerse al cambio. Según el senador Jorge Robledo, la privatización no es el único camino para inyectarle recursos a la estatal petrolera. “El gobierno fácilmente podría poner un aviso en el New York Times pidiendo inversionistas para Ecopetrol y al día siguiente tendría una fila de banqueros interesados en el negocio, a quienes no les importaría que el Fondo Monetario Internacional se ponga bravo con ellos. El problema es que al presidente Uribe si le preocupa lo que piense el Fondo y por eso está siguiendo al pie de la letra su cartilla de privatizaciones”, señaló.

Pero hay otros congresistas de la bancada de gobierno cuya reticencia a la reforma tendría intereses más políticos. Entre ellos están los miembros de Cambio Radical, del senador Germán Vargas Lleras, cuyo distanciamiento de Uribe quedó en evidencia hace una semana en plena posesión presidencial.

Luis Carlos Torres, vocero de Cambio Radical en la comisión quinta de Senado, señaló que en vez de vender la empresa lo conveniente es crear un fondo nacional para la exploración y explotación de petróleo. Manuel Guillermo Mora, vocero del partido de la U, también pidió un fondo para la exploración petrolera, mientras que el senador Hugo Serrano, reconocida autoridad en la materia, recordó que la naturaleza jurídica de la empresa no necesariamente es sinónimo de éxito en su gestión.

La posición del gobierno

Para el presidente de Ecopetrol, Isaac Yanovich, el problema es sencillo. Colombia necesita garantizar su autosuficiencia en materia de hidrocarburos y si no hace cambios estructurales en la entidad para buscar nuevas reservas el país se quedará con el orgullo de tener una empresa estatal pero quebrada.

Según Yanovich, la política petrolera colombiana tampoco estará en riesgo, pues seguirá en manos de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), creada por Uribe en 2003 cuando comenzaron las reformas a la entidad. Ese año la USO realizó un paro que obligó al Ejecutivo a suscribir un documento en el que se comprometía a no privatizar Ecopetrol. Algunos congresistas creen que ese fue un gol de Uribe, porque cumplió su palabra hasta finalizar el gobierno, pero el 25 de julio, ya reelecto para un nuevo mandato, anunció su intención de poner en venta las acciones de la empresa.

En 2005 Ecopetrol registró utilidades netas por 3,2 billones de pesos y tuvo ingresos operacionales cercanos a los 15 billones de pesos. Su boyante situación económica permitió que sus 6.000 empleados tuvieran un régimen salarial especial y convirtió a la empresa en la “vaca lechera” del gobierno de turno desde mediados del siglo XX. La empresa está obligada a transferir ganancias a la Nación, pero no puede endeudarse para invertir más y multiplicarlas.

De aprobarse la privatización, la empresa recibiría recursos por dos vías: la venta de sus acciones y el endeudamiento al que tenga derecho con su nueva condición de empresa mixta o privada. De paso, podría competir en igualdad de condiciones con las demás petroleras y dejará de regirse por la ley de contratación estatal.

Otras dudas

Para los congresistas de oposición, el que ese camino sea viable no significa que sea el más conveniente para la entidad. Y para demostrarlo acudieron a las palabras del propio presidente Uribe, quien en entrevista con Dinero, en 2001, reconoció que en la venta de ISA el Estado recibiría unos $300.000 millones en vez de los $737.000 millones que valía. “Nos han vendido el cuento de que las multinacionales compran entidades quebradas para volverlas rentables y eso no es cierto. Lo que un inversionista busca es comprar las empresas rentables para quedarse con sus ganancias. Y eso es lo que va a pasar con Ecopetrol”, agregó el senador Gustavo Petro.

Otro punto cuestionado por los congresistas en los debates de este martes fue la falta de claridad sobre la forma como será calculado el valor de la entidad. Uno sería su costo con el crudo a U$75 por barril (precio actual) y otro si baja a U$50. Para el partido Liberal, lo correcto hubiera sido calcular primero el valor de la entidad y luego sí ponerla en venta, pero la volatilidad del precio del petróleo dificulta esta operación. Para el senador Serrano, no queda claro por qué el gobierno tiene interés de vender la entidad justo cuando el negocio del petróleo está dando mayores riquezas.

También generó dudas fue la afirmación de que sólo se venderá la quinta parte de la empresa, debido a que son pocos los inversionistas que arriesgan sus capitales en un país como Colombia si no se les garantiza el control de la entidad en la que compran.

Mientras algunos congresistas hasta ahora entienden por qué el gobierno se esforzó más que de costumbre para garantizar sus mayorías en las comisiones quintas (encargadas de la política petrolera), algunos de los aliados del presidente ya mostraron la intención de hacer valer su voto en tan importante tema. En conclusión, aunque el debate apenas comienza, por lo visto hoy en el Congreso el Gobierno no la tiene fácil.
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