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| 10/26/2006 12:00:00 AM

Procuraduría acusa a militares por la masacre de Jamundí

La decisión del Ministerio Público de abrir el proceso involucra a 30 militares del batallón de alta montaña por la matanza de 10 policías y un civil en el corregimiento de Potrerito, Valle, el 22 de mayo.

Los involucrados serán investigados por homicidio agravado y empleo ilegal de la fuerza pública. Aunque desde el principio se tuvo evidencia de las irregularidades en la actuación de los miembros del Ejército y también se les está siguiendo un proceso penal, la decisión involucra también a dos policías.
 
El pronunciamiento se da luego de varios meses de indagaciones e investigaciones de una comisión disciplinaria creada para el caso que, en su momento, lo mostró como uno más de “fuego amigo”. Dicha comisión está conformada por las procuradurías delegadas para la Policía Nacional, la delegada para las Fuerzas Militares y la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales.
 
La Procuraduría constató que hay serias inconsistencias en las razones por las cuales los militares estaban en la zona. Según la Procuraduría, “no es claro si lo que se pretendía era evitar era un secuestro, proteger la infraestructura eléctrica o realizar un registro y control del área”.
 
Además, falta aclarar las condiciones en las que se dio el operativo militar del 22 de mayo. Ese día murieron fusilados siete policías de la Dijín, tres de la Unidad de Hidrocarburos y un civil, quien era informante en la zona rural del corregimiento de Potrerito en Jamundí, Valle. Los miembros del batallón de Alta Montaña llegaron al lugar donde la Dijín buscaba una caleta con 100 kilos de cocaína, en el hogar siquiátrico Mi Casita.
 
El coronel Bayron Carvajal y el mayor Carlos Lozano, quienes estaban a cargo del batallón, tendrán que responder no sólo por homicidio agravado –cargo por le que serán investigados los otros militares–, sino por empleo ilegal de la fuerza pública.
 
Pero la investigación también incluye al mayor de la Policía Eliécer Camacho Jiménez y a la subintendente Diana Bianey Marulanda Carmona, ambos de la Dijín. Los dos serán investigados por irregularidades cometidas en el proceso de autorización del operativo que adelantaban los policías en Potrerito.
 
Para el ministerio público, la Dijín no cumplió “con los presupuestos mínimos de seguridad”. En el momento, están investigando la posible inexistencia de una orden de procedimiento, pues la que hay podría haber sido dada luego del operativo y tendría una firma falsa.

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