Procuraduría pide aplazar Pila

A pesar de que el Ministerio de la Protección insiste en implementar el pago de seguridad social de los trabajadores independientes por medio de la Planilla Integrada de Liquidación y Aportes (Pila), la Procuraduría insistió este lunes que se suspenda su operación. (ver documento).

El ente de control halló tres razones para pedir tal suspensión. Primero, le está generando una carga económica adicional a los usuarios “cuando éstos, en virtud de la ley de seguridad social, no pueden tener otra carga económica diferente a la cotización o aporte al sistema en la cobertura de cada riesgo”, según dice en el documento enviado al ministro de la Protección Social, Diego Palacio.

La Procuraduría se refiere en este punto a que el uso de la Pila requiere que los aportantes tengan cuenta bancaria. Eso ya genera un costo adicional, porque los bancos suelen cobrar por sus servicios. Pero, además, el uso de la planilla integrada permite que quienes reciben los aportes puedan cobrar una tarifa por la transacción. Y ese cobro recae actualmente sobre los usuarios.

El pasado viernes el ministro Palacio acordó  que dicho costo lo asumieran las EPS y los fondos de pensiones. Pero durante todo julio, los usuarios deberan pagar cerca de 2.900 pesos adicionales en las ventanillas donde hagan sus aportes.

La segunda razón con la que la Procuraduría justifica su petición de suspender la Pila es porque prevé “una cadena de corrupción y de irregularidades”. Ese vaticinio se debe a que el Ministerio no tiene mecanismos para controlar a los tramitadores que, sin ser autorizados, cobren por diligenciar los pagos de los usuarios.

Y el tercer motivo es que la Pila creó una figura de aportante que la Procuraduría no encontró en ninguna ley colombiana. Se refiere a la categoría ‘pago por terceros’, que aparece en el formulario. Esta, según el Ministerio, aplica cuando una persona hace aportes por otra. El fiel ejemplo sería el del hijo que le paga la salud a su mamá. Pero ese tipo de usuario, de acuerdo con la Procuraduría, no se describe en norma alguna.

El ministro Palacio no debe encontrar nada nuevo en este documento que le escribe el ente de control. Desde el 26 de septiembre de 2007 hasta ahora, la Procuraduría ha advertido en cinco ocasiones sobre las fallas de la Pila y ha solicitado el aplazamiento de su implementación.

Sin embargo, horas antes de que se conociera el documento de la procuraduría, la Presidencia emitió un balance en el que asegura que la Pila ha facilitado el incremento de los recursos para “beneficiar a las poblaciones más vulnerables del país” por medio del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) y el Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena).

Desde 2005, cuando se empezó a implementar la Pila para que las empresas hicieran sus pagos de parafiscales, el Icbf ha recibido 200 mil millones de pesos adicionales. Y el Sena pasó de recibir 890 mil millones en 2006 a 996 mil millones de pesos en 2007.

Una larga historia de reparos

El año pasado la Procuraduría emitió un concepto en el que reconoció las fortalezas del sistema como la facilidad operativa, el control a la evasión y la posibilidad de tener una base de datos fieles de los aportantes. Pero fueron más las críticas que encontró y se las comunicó al Ministro. Sin embargo, este no rectificó y la Pila se implementó.

Aquel 26 de septiembre, la Procuraduría llamó la atención sobre la ausencia de un sistema de control y vigilancia de los llamados operadores del sistema, que son los bancos y las cajas de compensación familiar. Como están las cosas, ellos pueden literalmente tratar a los usuarios a su antojo sin que éstos tengan dónde denunciar posibles irregularidades, malos tratos o abusos.

Además, criticó que el mecanismo para diligenciar la planilla fuera internet, porque no cualquier colombiano tiene acceso a este medio y que hacer el trámite con la asesoría de algún empleado de un banco o una caja de compensación, iba a crear congestiones y largas filas. El pronóstico ocurrió tal cual en las últimas semanas.

La Procuraduría también se había mostrado preocupada por “la carencia de mecanismos de control que garanticen la entrega de información” a las EPS y los fondos de pensiones el mismo día en que el usuario hiciera su aporte. De hecho, hizo un experimento. El 8 de julio del año pasado, le solicitó al Seguro Social la información de los cotizantes que en aquel momento hubieran pagado por medio de la Pila. Pero cuatro días después, el 12 de julio, no la tenían.

Y las críticas fueron más. También se había observado la falta de capacidad técnica del sistema para no colapsar cuando el millón de trabajadores independientes que hay en el país fueran a hacer sus aportes.

A todas esas fallas se le ha hecho caso omiso. La Pila está operando y, sobre la marcha, se han tratado de corregir algunas fallas que, en últimas, menoscaban el bolsillo de la gente. Una de las situaciones más críticas en este sentido es la que han tenido que soportar los trabajadores independientes que reciben al mes un salario mínimo o menos. Por ahora, ellos están obligados a pagar salud y pensiones. Y deben hacerlo mientras se aprueba una ley que les quita la obligación de hacer los aportes de pensión. Mientras eso ocurre, el ministro Palacio sentenció que “deberían hacer el esfuerzo de pagar ambas” porque “eso es lo que ordena la Ley 100”.