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| 10/12/2006 12:00:00 AM

Prueba para Juliana

Un mes después de conocerse la noticia de supuestos montajes de atentados por parte de un grupo de militares, la Procuraduría abrió investigación formal contra seis de ellos.

El Ministerio Público investigará al mayor Javier Efrén Hermida Benavides y al capitán Luis Gerardo Barrero Calderón, integrantes de la jefatura de inteligencia y contrainteligencia del Comando General de las Fuerzas Militares. Los dos oficiales asistieron este miércoles a un debate sobre el tema en la Comisión Segunda del Senado.

Disciplinariamente también se investigará al coronel Horacio Arbeláez Sarmiento, director de la Central de Inteligencia Conjunta; al coronel Juan Carlos Forero Linares, director administrativo, al capitán Saulo Antonio Neira, oficial de control de Gastos Reservados; y al coronel Juan Carlos Estévez Pinzón, comandante del Batallón de Infantería N.o 38 Miguel Antonio Caro.

Tanto Hermida y Barrero están señalados de ‘armar’ un atentado de las Farc, ocurrido en Bogotá el pasado mes de agosto, y montar al menos siete allanamientos falsos en donde en teoría se hallaron explosivos que pertenecían a las Farc, acciones que para la Procuraduría, son faltas que tienen el carácter de “graves y gravísimas”.

Al jefe de ambos, el coronel Arbeláez, se le investigará ya que “pudo tener conocimiento de los hechos que se le imputan; además porque pese a las informaciones oficiales sobre la no confiabilidad de los datos entregados por Lidia Alape Manrique, alias “Jessica”, cancelaron dineros por la información suministrada por ella”. Dichas imputaciones también recaen sobre Forero y Neira. Además, al coronel Estevez, se le investigará por las inconsistencias en la incautación de una camioneta con explosivos en el municipio de Sibaté.

Adicional a esto, el ente de control buscará establecer la veracidad de desmovilizaciones de miembros de grupos subversivos que, al parecer, también fueron un montaje.

Todas estas averiguaciones estarán a cargo de una comisión especial conformada por la Procuraduría Delegada para las Fuerzas Militares y la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales, esta última que ordenó la práctica de nuevas pruebas.
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