Sábado, 10 de diciembre de 2016

| 2005/01/23 00:00

¿Qué esperar en 2005?

Análisis de Pablo Enciso sobre política, economía, conflicto armado y relaciones internacionales en el año que comienza.

a será la intención, unir los diversos intereses y ambiciones de los opositores al gobierno, bajo una sola bandera o un candidato único, parece en principio una misión imposible. a será la intención, unir los diversos intereses y ambiciones de los opositores al gobierno, bajo una sola bandera o un candidato único, parece en principio una misión imposible. a será la intención, unir los diversos intereses y ambiciones de los opositores al gobierno, bajo una sola bandera o un candidato único, parece en principio una misión imposible. SUBIR

La macro y la microeconomíaa será la intención, unir los diversos intereses y ambiciones de los opositores al gobierno, bajo una sola bandera o un candidato único, parece en principio una misión imposible. SUBIR

La macro y la microeconomía

La precaria situación de las finanzas públicas y la caída del componente económico del referendo han obligado al gobierno a tomar medidas drásticas que tienen un efecto directo en el bolsillo de las clases baja y media de la población. La aplicación del IVA a algunos productos de consumo masivo, el incremento de los combustibles, la paulatina eliminación del subsidio a los servicios básicos, etc., son, entre otras, medidas que se han adoptado y que están revestidas de una enorme impopularidad. Consciente de ello, el Congreso propició la caída de la reforma tributaria en diciembre de 2004, forzando al ejecutivo a asumir el costo político.

Encuestas recientes muestran que el tema de la seguridad, que figuraba al tope de la lista de asuntos importantes para los colombianos, ha sido superado por otras "preocupaciones", relacionadas mayormente con factores como el costo de vida y el empleo. Estadísticas de fuentes diferentes indican que el porcentaje de población en Colombia que vive bajo índices de marginalidad se ha incrementado y que la pobreza ha crecido en los últimos años. Los estratos 1, 2, y 3, los de más bajos recursos, concentran cerca del 60% de la población. El deterioro de la calidad de vida y el alto índice de desempleo, entre otros factores, han producido un palpable deterioro de las condiciones de seguridad en algunas regiones como el Eje Cafetero, Cauca y el Valle del Cauca (en particular en la capital Cali), en contravía con lo que pasa en la mayoría del país.

El reto del gobierno es de envergadura: propiciar el crecimiento de la economía; controlar el déficit fiscal; invertir en lo social, tratando de no afectar más el bolsillo de la población de menos recursos; disminuir las tasas de desempleo; revertir la reevaluación del peso; en general, progresar de manera evidente en otros ámbitos además del tema de la seguridad.

Los altos índices de desempleo, más medidas impopulares, y en general la situación socioeconómica, pueden a mediano plazo convertirse en el talón de Aquiles del gobierno y en campo abonado para propuestas políticas de corte populista. Si el apretón fiscal se profundiza, el descontento de las clases menos favorecidas se convertirá en el caballo de batalla de los partidos y grupos políticos de oposición a la actual administración, que podrían plantearle desde esta plataforma, un reto importante en las urnas a la reelección de Uribe Vélez. La victoria del Polo Democrático Independiente en Bogotá, en cierto sentido es un ejemplo de este escenario hipotético. a será la intención, unir los diversos intereses y ambiciones de los opositores al gobierno, bajo una sola bandera o un candidato único, parece en principio una misión imposible. SUBIR

La macro y la microeconomía

La precaria situación de las finanzas públicas y la caída del componente económico del referendo han obligado al gobierno a tomar medidas drásticas que tienen un efecto directo en el bolsillo de las clases baja y media de la población. La aplicación del IVA a algunos productos de consumo masivo, el incremento de los combustibles, la paulatina eliminación del subsidio a los servicios básicos, etc., son, entre otras, medidas que se han adoptado y que están revestidas de una enorme impopularidad. Consciente de ello, el Congreso propició la caída de la reforma tributaria en diciembre de 2004, forzando al ejecutivo a asumir el costo político.

Encuestas recientes muestran que el tema de la seguridad, que figuraba al tope de la lista de asuntos importantes para los colombianos, ha sido superado por otras "preocupaciones", relacionadas mayormente con factores como el costo de vida y el empleo. Estadísticas de fuentes diferentes indican que el porcentaje de población en Colombia que vive bajo índices de marginalidad se ha incrementado y que la pobreza ha crecido en los últimos años. Los estratos 1, 2, y 3, los de más bajos recursos, concentran cerca del 60% de la población. El deterioro de la calidad de vida y el alto índice de desempleo, entre otros factores, han producido un palpable deterioro de las condiciones de seguridad en algunas regiones como el Eje Cafetero, Cauca y el Valle del Cauca (en particular en la capital Cali), en contravía con lo que pasa en la mayoría del país.

El reto del gobierno es de envergadura: propiciar el crecimiento de la economía; controlar el déficit fiscal; invertir en lo social, tratando de no afectar más el bolsillo de la población de menos recursos; disminuir las tasas de desempleo; revertir la reevaluación del peso; en general, progresar de manera evidente en otros ámbitos además del tema de la seguridad.

Los altos índices de desempleo, más medidas impopulares, y en general la situación socioeconómica, pueden a mediano plazo convertirse en el talón de Aquiles del gobierno y en campo abonado para propuestas políticas de corte populista. Si el apretón fiscal se profundiza, el descontento de las clases menos favorecidas se convertirá en el caballo de batalla de los partidos y grupos políticos de oposición a la actual administración, que podrían plantearle desde esta plataforma, un reto importante en las urnas a la reelección de Uribe Vélez. La victoria del Polo Democrático Independiente en Bogotá, en cierto sentido es un ejemplo de este escenario hipotético. a será la intención, unir los diversos intereses y ambiciones de los opositores al gobierno, bajo una sola bandera o un candidato único, parece en principio una misión imposible. SUBIR

La macro y la microeconomía

La precaria situación de las finanzas públicas y la caída del componente económico del referendo han obligado al gobierno a tomar medidas drásticas que tienen un efecto directo en el bolsillo de las clases baja y media de la población. La aplicación del IVA a algunos productos de consumo masivo, el incremento de los combustibles, la paulatina eliminación del subsidio a los servicios básicos, etc., son, entre otras, medidas que se han adoptado y que están revestidas de una enorme impopularidad. Consciente de ello, el Congreso propició la caída de la reforma tributaria en diciembre de 2004, forzando al ejecutivo a asumir el costo político.

Encuestas recientes muestran que el tema de la seguridad, que figuraba al tope de la lista de asuntos importantes para los colombianos, ha sido superado por otras "preocupaciones", relacionadas mayormente con factores como el costo de vida y el empleo. Estadísticas de fuentes diferentes indican que el porcentaje de población en Colombia que vive bajo índices de marginalidad se ha incrementado y que la pobreza ha crecido en los últimos años. Los estratos 1, 2, y 3, los de más bajos recursos, concentran cerca del 60% de la población. El deterioro de la calidad de vida y el alto índice de desempleo, entre otros factores, han producido un palpable deterioro de las condiciones de seguridad en algunas regiones como el Eje Cafetero, Cauca y el Valle del Cauca (en particular en la capital Cali), en contravía con lo que pasa en la mayoría del país.

El reto del gobierno es de envergadura: propiciar el crecimiento de la economía; controlar el déficit fiscal; invertir en lo social, tratando de no afectar más el bolsillo de la población de menos recursos; disminuir las tasas de desempleo; revertir la reevaluación del peso; en general, progresar de manera evidente en otros ámbitos además del tema de la seguridad.

Los altos índices de desempleo, más medidas impopulares, y en general la situación socioeconómica, pueden a mediano plazo convertirse en el talón de Aquiles del gobierno y en campo abonado para propuestas políticas de corte populista. Si el apretón fiscal se profundiza, el descontento de las clases menos favorecidas se convertirá en el caballo de batalla de los partidos y grupos políticos de oposición a la actual administración, que podrían plantearle desde esta plataforma, un reto importante en las urnas a la reelección de Uribe Vélez. La victoria del Polo Democrático Independiente en Bogotá, en cierto sentido es un ejemplo de este escenario hipotético. SUBIR

La política de Seguridad Democrática y la capacidad de la Fuerza Pública
a será la intención, unir los diversos intereses y ambiciones de los opositores al gobierno, bajo una sola bandera o un candidato único, parece en principio una misión imposible. SUBIR

La macro y la microeconomía

La precaria situación de las finanzas públicas y la caída del componente económico del referendo han obligado al gobierno a tomar medidas drásticas que tienen un efecto directo en el bolsillo de las clases baja y media de la población. La aplicación del IVA a algunos productos de consumo masivo, el incremento de los combustibles, la paulatina eliminación del subsidio a los servicios básicos, etc., son, entre otras, medidas que se han adoptado y que están revestidas de una enorme impopularidad. Consciente de ello, el Congreso propició la caída de la reforma tributaria en diciembre de 2004, forzando al ejecutivo a asumir el costo político.

Encuestas recientes muestran que el tema de la seguridad, que figuraba al tope de la lista de asuntos importantes para los colombianos, ha sido superado por otras "preocupaciones", relacionadas mayormente con factores como el costo de vida y el empleo. Estadísticas de fuentes diferentes indican que el porcentaje de población en Colombia que vive bajo índices de marginalidad se ha incrementado y que la pobreza ha crecido en los últimos años. Los estratos 1, 2, y 3, los de más bajos recursos, concentran cerca del 60% de la población. El deterioro de la calidad de vida y el alto índice de desempleo, entre otros factores, han producido un palpable deterioro de las condiciones de seguridad en algunas regiones como el Eje Cafetero, Cauca y el Valle del Cauca (en particular en la capital Cali), en contravía con lo que pasa en la mayoría del país.

El reto del gobierno es de envergadura: propiciar el crecimiento de la economía; controlar el déficit fiscal; invertir en lo social, tratando de no afectar más el bolsillo de la población de menos recursos; disminuir las tasas de desempleo; revertir la reevaluación del peso; en general, progresar de manera evidente en otros ámbitos además del tema de la seguridad.

Los altos índices de desempleo, más medidas impopulares, y en general la situación socioeconómica, pueden a mediano plazo convertirse en el talón de Aquiles del gobierno y en campo abonado para propuestas políticas de corte populista. Si el apretón fiscal se profundiza, el descontento de las clases menos favorecidas se convertirá en el caballo de batalla de los partidos y grupos políticos de oposición a la actual administración, que podrían plantearle desde esta plataforma, un reto importante en las urnas a la reelección de Uribe Vélez. La victoria del Polo Democrático Independiente en Bogotá, en cierto sentido es un ejemplo de este escenario hipotético. SUBIR

La política de Seguridad Democrática y la capacidad de la Fuerza Pública


Para 2005 el incremento del pie de fuerza continuará. El gobierno anunció la activación durante este año de tres nuevas Brigadas Móviles, otro Batallón de Alta Montaña y ocho escuadrones de carabineros adicionales. Según estimados del Ministerio de Defensa, el pie de fuerza alcanzará en 2005 una cifra cercana a los 374.125 efectivos (cerca de 16.000 hombres más, en comparación con 2004).

Las Fuerzas Armadas han contado durante los últimos dos años con el respaldo irrestricto del poder ejecutivo y una decisión política firme en términos de cómo se debe abordar el conflicto interno y combatir a los actores asociados al mismo. Más importante aún, ésta determinación no parece susceptible de cambiar a mediano plazo. Además, con la reelección de George Bush, el gobierno de Uribe ha asegurado prácticamente el apoyo económico de Estados Unidos a la política de seguridad democrática, por varios años más. Aporte que ha sido sin duda clave en términos de logística, entrenamiento y asesoría para las Fuerzas Armadas.
La mejoría sustancial de la capacidad operacional de la Fuerza Pública ha permitido neutralizar múltiples acciones de la subversión y la delincuencia común, y como resultado, varias variables de criminalidad muestran reducciones estadísticas notorias, en algunas regiones más que en otras.

En cuanto a la capacidad de la Fuerza Pública, no todas son de cal. A pesar de los cambios positivos incorporados a la estrategia operacional, la Fuerza Pública continúa evidenciando limitaciones delicadas en varios aspectos, entre ellos, en el orden logístico y administrativo. En la medida que el Plan Patriota se interna en la selva, las líneas de abastecimiento se alargan y la logística se hace cada vez más un factor determinante. A pesar del crecimiento de la capacidad de transporte aéreo, aún no hay suficientes helicópteros, combustible, etc., y esto tiene un efecto en el suministro oportuno de provisiones y otros apoyos importantes para mantener la inercia de las operaciones y la moral de los miembros de la Fuerza Pública.

Por otra parte, el fenómeno de la corrupción sigue siendo una fuente de preocupación, en la medida que crece el pie de fuerza, las Fuerzas Armadas tendrán que hacer un esfuerzo adicional para lograr que los estándares éticos y morales se mantengan. Son múltiples los casos recientes en los cuales miembros de las instituciones castrenses se han visto vinculados a grupos paramilitares, a bandas de delincuencia común y organizada, e incluso a la venta de munición para los grupos irregulares.

Presupuestalmente hablando existen también dudas razonables sobre la capacidad del Estado colombiano para sostener adecuadamente, a mediano y largo plazo, el creciente aparato militar y de Policía, sin que esto termine por afectar otros rubros importantes del gasto público. Hasta las mismas Fuerzas Armadas reconocen que la estrategia de seguridad necesita ser complementada por la presencia efectiva del Estado en las zonas recuperadas, so pena de que el esfuerzo sea, a mediano plazo, inútil. a será la intención, unir los diversos intereses y ambiciones de los opositores al gobierno, bajo una sola bandera o un candidato único, parece en principio una misión imposible. SUBIR

La macro y la microeconomía

La precaria situación de las finanzas públicas y la caída del componente económico del referendo han obligado al gobierno a tomar medidas drásticas que tienen un efecto directo en el bolsillo de las clases baja y media de la población. La aplicación del IVA a algunos productos de consumo masivo, el incremento de los combustibles, la paulatina eliminación del subsidio a los servicios básicos, etc., son, entre otras, medidas que se han adoptado y que están revestidas de una enorme impopularidad. Consciente de ello, el Congreso propició la caída de la reforma tributaria en diciembre de 2004, forzando al ejecutivo a asumir el costo político.

Encuestas recientes muestran que el tema de la seguridad, que figuraba al tope de la lista de asuntos importantes para los colombianos, ha sido superado por otras "preocupaciones", relacionadas mayormente con factores como el costo de vida y el empleo. Estadísticas de fuentes diferentes indican que el porcentaje de población en Colombia que vive bajo índices de marginalidad se ha incrementado y que la pobreza ha crecido en los últimos años. Los estratos 1, 2, y 3, los de más bajos recursos, concentran cerca del 60% de la población. El deterioro de la calidad de vida y el alto índice de desempleo, entre otros factores, han producido un palpable deterioro de las condiciones de seguridad en algunas regiones como el Eje Cafetero, Cauca y el Valle del Cauca (en particular en la capital Cali), en contravía con lo que pasa en la mayoría del país.

El reto del gobierno es de envergadura: propiciar el crecimiento de la economía; controlar el déficit fiscal; invertir en lo social, tratando de no afectar más el bolsillo de la población de menos recursos; disminuir las tasas de desempleo; revertir la reevaluación del peso; en general, progresar de manera evidente en otros ámbitos además del tema de la seguridad.

Los altos índices de desempleo, más medidas impopulares, y en general la situación socioeconómica, pueden a mediano plazo convertirse en el talón de Aquiles del gobierno y en campo abonado para propuestas políticas de corte populista. Si el apretón fiscal se profundiza, el descontento de las clases menos favorecidas se convertirá en el caballo de batalla de los partidos y grupos políticos de oposición a la actual administración, que podrían plantearle desde esta plataforma, un reto importante en las urnas a la reelección de Uribe Vélez. La victoria del Polo Democrático Independiente en Bogotá, en cierto sentido es un ejemplo de este escenario hipotético. SUBIR

La política de Seguridad Democrática y la capacidad de la Fuerza Pública


Para 2005 el incremento del pie de fuerza continuará. El gobierno anunció la activación durante este año de tres nuevas Brigadas Móviles, otro Batallón de Alta Montaña y ocho escuadrones de carabineros adicionales. Según estimados del Ministerio de Defensa, el pie de fuerza alcanzará en 2005 una cifra cercana a los 374.125 efectivos (cerca de 16.000 hombres más, en comparación con 2004).

Las Fuerzas Armadas han contado durante los últimos dos años con el respaldo irrestricto del poder ejecutivo y una decisión política firme en términos de cómo se debe abordar el conflicto interno y combatir a los actores asociados al mismo. Más importante aún, ésta determinación no parece susceptible de cambiar a mediano plazo. Además, con la reelección de George Bush, el gobierno de Uribe ha asegurado prácticamente el apoyo económico de Estados Unidos a la política de seguridad democrática, por varios años más. Aporte que ha sido sin duda clave en términos de logística, entrenamiento y asesoría para las Fuerzas Armadas.
La mejoría sustancial de la capacidad operacional de la Fuerza Pública ha permitido neutralizar múltiples acciones de la subversión y la delincuencia común, y como resultado, varias variables de criminalidad muestran reducciones estadísticas notorias, en algunas regiones más que en otras.

En cuanto a la capacidad de la Fuerza Pública, no todas son de cal. A pesar de los cambios positivos incorporados a la estrategia operacional, la Fuerza Pública continúa evidenciando limitaciones delicadas en varios aspectos, entre ellos, en el orden logístico y administrativo. En la medida que el Plan Patriota se interna en la selva, las líneas de abastecimiento se alargan y la logística se hace cada vez más un factor determinante. A pesar del crecimiento de la capacidad de transporte aéreo, aún no hay suficientes helicópteros, combustible, etc., y esto tiene un efecto en el suministro oportuno de provisiones y otros apoyos importantes para mantener la inercia de las operaciones y la moral de los miembros de la Fuerza Pública.

Por otra parte, el fenómeno de la corrupción sigue siendo una fuente de preocupación, en la medida que crece el pie de fuerza, las Fuerzas Armadas tendrán que hacer un esfuerzo adicional para lograr que los estándares éticos y morales se mantengan. Son múltiples los casos recientes en los cuales miembros de las instituciones castrenses se han visto vinculados a grupos paramilitares, a bandas de delincuencia común y organizada, e incluso a la venta de munición para los grupos irregulares.

Presupuestalmente hablando existen también dudas razonables sobre la capacidad del Estado colombiano para sostener adecuadamente, a mediano y largo plazo, el creciente aparato militar y de Policía, sin que esto termine por afectar otros rubros importantes del gasto público. Hasta las mismas Fuerzas Armadas reconocen que la estrategia de seguridad necesita ser complementada por la presencia efectiva del Estado en las zonas recuperadas, so pena de que el esfuerzo sea, a mediano plazo, inútil. a será la intención, unir los diversos intereses y ambiciones de los opositores al gobierno, bajo una sola bandera o un candidato único, parece en principio una misión imposible. SUBIR

La macro y la microeconomía

La precaria situación de las finanzas públicas y la caída del componente económico del referendo han obligado al gobierno a tomar medidas drásticas que tienen un efecto directo en el bolsillo de las clases baja y media de la población. La aplicación del IVA a algunos productos de consumo masivo, el incremento de los combustibles, la paulatina eliminación del subsidio a los servicios básicos, etc., son, entre otras, medidas que se han adoptado y que están revestidas de una enorme impopularidad. Consciente de ello, el Congreso propició la caída de la reforma tributaria en diciembre de 2004, forzando al ejecutivo a asumir el costo político.

Encuestas recientes muestran que el tema de la seguridad, que figuraba al tope de la lista de asuntos importantes para los colombianos, ha sido superado por otras "preocupaciones", relacionadas mayormente con factores como el costo de vida y el empleo. Estadísticas de fuentes diferentes indican que el porcentaje de población en Colombia que vive bajo índices de marginalidad se ha incrementado y que la pobreza ha crecido en los últimos años. Los estratos 1, 2, y 3, los de más bajos recursos, concentran cerca del 60% de la población. El deterioro de la calidad de vida y el alto índice de desempleo, entre otros factores, han producido un palpable deterioro de las condiciones de seguridad en algunas regiones como el Eje Cafetero, Cauca y el Valle del Cauca (en particular en la capital Cali), en contravía con lo que pasa en la mayoría del país.

El reto del gobierno es de envergadura: propiciar el crecimiento de la economía; controlar el déficit fiscal; invertir en lo social, tratando de no afectar más el bolsillo de la población de menos recursos; disminuir las tasas de desempleo; revertir la reevaluación del peso; en general, progresar de manera evidente en otros ámbitos además del tema de la seguridad.

Los altos índices de desempleo, más medidas impopulares, y en general la situación socioeconómica, pueden a mediano plazo convertirse en el talón de Aquiles del gobierno y en campo abonado para propuestas políticas de corte populista. Si el apretón fiscal se profundiza, el descontento de las clases menos favorecidas se convertirá en el caballo de batalla de los partidos y grupos políticos de oposición a la actual administración, que podrían plantearle desde esta plataforma, un reto importante en las urnas a la reelección de Uribe Vélez. La victoria del Polo Democrático Independiente en Bogotá, en cierto sentido es un ejemplo de este escenario hipotético. SUBIR

La política de Seguridad Democrática y la capacidad de la Fuerza Pública


Para 2005 el incremento del pie de fuerza continuará. El gobierno anunció la activación durante este año de tres nuevas Brigadas Móviles, otro Batallón de Alta Montaña y ocho escuadrones de carabineros adicionales. Según estimados del Ministerio de Defensa, el pie de fuerza alcanzará en 2005 una cifra cercana a los 374.125 efectivos (cerca de 16.000 hombres más, en comparación con 2004).

Las Fuerzas Armadas han contado durante los últimos dos años con el respaldo irrestricto del poder ejecutivo y una decisión política firme en términos de cómo se debe abordar el conflicto interno y combatir a los actores asociados al mismo. Más importante aún, ésta determinación no parece susceptible de cambiar a mediano plazo. Además, con la reelección de George Bush, el gobierno de Uribe ha asegurado prácticamente el apoyo económico de Estados Unidos a la política de seguridad democrática, por varios años más. Aporte que ha sido sin duda clave en términos de logística, entrenamiento y asesoría para las Fuerzas Armadas.
La mejoría sustancial de la capacidad operacional de la Fuerza Pública ha permitido neutralizar múltiples acciones de la subversión y la delincuencia común, y como resultado, varias variables de criminalidad muestran reducciones estadísticas notorias, en algunas regiones más que en otras.

En cuanto a la capacidad de la Fuerza Pública, no todas son de cal. A pesar de los cambios positivos incorporados a la estrategia operacional, la Fuerza Pública continúa evidenciando limitaciones delicadas en varios aspectos, entre ellos, en el orden logístico y administrativo. En la medida que el Plan Patriota se interna en la selva, las líneas de abastecimiento se alargan y la logística se hace cada vez más un factor determinante. A pesar del crecimiento de la capacidad de transporte aéreo, aún no hay suficientes helicópteros, combustible, etc., y esto tiene un efecto en el suministro oportuno de provisiones y otros apoyos importantes para mantener la inercia de las operaciones y la moral de los miembros de la Fuerza Pública.

Por otra parte, el fenómeno de la corrupción sigue siendo una fuente de preocupación, en la medida que crece el pie de fuerza, las Fuerzas Armadas tendrán que hacer un esfuerzo adicional para lograr que los estándares éticos y morales se mantengan. Son múltiples los casos recientes en los cuales miembros de las instituciones castrenses se han visto vinculados a grupos paramilitares, a bandas de delincuencia común y organizada, e incluso a la venta de munición para los grupos irregulares.

Presupuestalmente hablando existen también dudas razonables sobre la capacidad del Estado colombiano para sostener adecuadamente, a mediano y largo plazo, el creciente aparato militar y de Policía, sin que esto termine por afectar otros rubros importantes del gasto público. Hasta las mismas Fuerzas Armadas reconocen que la estrategia de seguridad necesita ser complementada por la presencia efectiva del Estado en las zonas recuperadas, so pena de que el esfuerzo sea, a mediano plazo, inútil. SUBIR

La capacidad de los grupos armados de izquierda
a será la intención, unir los diversos intereses y ambiciones de los opositores al gobierno, bajo una sola bandera o un candidato único, parece en principio una misión imposible. SUBIR

La macro y la microeconomía

La precaria situación de las finanzas públicas y la caída del componente económico del referendo han obligado al gobierno a tomar medidas drásticas que tienen un efecto directo en el bolsillo de las clases baja y media de la población. La aplicación del IVA a algunos productos de consumo masivo, el incremento de los combustibles, la paulatina eliminación del subsidio a los servicios básicos, etc., son, entre otras, medidas que se han adoptado y que están revestidas de una enorme impopularidad. Consciente de ello, el Congreso propició la caída de la reforma tributaria en diciembre de 2004, forzando al ejecutivo a asumir el costo político.

Encuestas recientes muestran que el tema de la seguridad, que figuraba al tope de la lista de asuntos importantes para los colombianos, ha sido superado por otras "preocupaciones", relacionadas mayormente con factores como el costo de vida y el empleo. Estadísticas de fuentes diferentes indican que el porcentaje de población en Colombia que vive bajo índices de marginalidad se ha incrementado y que la pobreza ha crecido en los últimos años. Los estratos 1, 2, y 3, los de más bajos recursos, concentran cerca del 60% de la población. El deterioro de la calidad de vida y el alto índice de desempleo, entre otros factores, han producido un palpable deterioro de las condiciones de seguridad en algunas regiones como el Eje Cafetero, Cauca y el Valle del Cauca (en particular en la capital Cali), en contravía con lo que pasa en la mayoría del país.

El reto del gobierno es de envergadura: propiciar el crecimiento de la economía; controlar el déficit fiscal; invertir en lo social, tratando de no afectar más el bolsillo de la población de menos recursos; disminuir las tasas de desempleo; revertir la reevaluación del peso; en general, progresar de manera evidente en otros ámbitos además del tema de la seguridad.

Los altos índices de desempleo, más medidas impopulares, y en general la situación socioeconómica, pueden a mediano plazo convertirse en el talón de Aquiles del gobierno y en campo abonado para propuestas políticas de corte populista. Si el apretón fiscal se profundiza, el descontento de las clases menos favorecidas se convertirá en el caballo de batalla de los partidos y grupos políticos de oposición a la actual administración, que podrían plantearle desde esta plataforma, un reto importante en las urnas a la reelección de Uribe Vélez. La victoria del Polo Democrático Independiente en Bogotá, en cierto sentido es un ejemplo de este escenario hipotético. SUBIR

La política de Seguridad Democrática y la capacidad de la Fuerza Pública


Para 2005 el incremento del pie de fuerza continuará. El gobierno anunció la activación durante este año de tres nuevas Brigadas Móviles, otro Batallón de Alta Montaña y ocho escuadrones de carabineros adicionales. Según estimados del Ministerio de Defensa, el pie de fuerza alcanzará en 2005 una cifra cercana a los 374.125 efectivos (cerca de 16.000 hombres más, en comparación con 2004).

Las Fuerzas Armadas han contado durante los últimos dos años con el respaldo irrestricto del poder ejecutivo y una decisión política firme en términos de cómo se debe abordar el conflicto interno y combatir a los actores asociados al mismo. Más importante aún, ésta determinación no parece susceptible de cambiar a mediano plazo. Además, con la reelección de George Bush, el gobierno de Uribe ha asegurado prácticamente el apoyo económico de Estados Unidos a la política de seguridad democrática, por varios años más. Aporte que ha sido sin duda clave en términos de logística, entrenamiento y asesoría para las Fuerzas Armadas.
La mejoría sustancial de la capacidad operacional de la Fuerza Pública ha permitido neutralizar múltiples acciones de la subversión y la delincuencia común, y como resultado, varias variables de criminalidad muestran reducciones estadísticas notorias, en algunas regiones más que en otras.

En cuanto a la capacidad de la Fuerza Pública, no todas son de cal. A pesar de los cambios positivos incorporados a la estrategia operacional, la Fuerza Pública continúa evidenciando limitaciones delicadas en varios aspectos, entre ellos, en el orden logístico y administrativo. En la medida que el Plan Patriota se interna en la selva, las líneas de abastecimiento se alargan y la logística se hace cada vez más un factor determinante. A pesar del crecimiento de la capacidad de transporte aéreo, aún no hay suficientes helicópteros, combustible, etc., y esto tiene un efecto en el suministro oportuno de provisiones y otros apoyos importantes para mantener la inercia de las operaciones y la moral de los miembros de la Fuerza Pública.

Por otra parte, el fenómeno de la corrupción sigue siendo una fuente de preocupación, en la medida que crece el pie de fuerza, las Fuerzas Armadas tendrán que hacer un esfuerzo adicional para lograr que los estándares éticos y morales se mantengan. Son múltiples los casos recientes en los cuales miembros de las instituciones castrenses se han visto vinculados a grupos paramilitares, a bandas de delincuencia común y organizada, e incluso a la venta de munición para los grupos irregulares.

Presupuestalmente hablando existen también dudas razonables sobre la capacidad del Estado colombiano para sostener adecuadamente, a mediano y largo plazo, el creciente aparato militar y de Policía, sin que esto termine por afectar otros rubros importantes del gasto público. Hasta las mismas Fuerzas Armadas reconocen que la estrategia de seguridad necesita ser complementada por la presencia efectiva del Estado en las zonas recuperadas, so pena de que el esfuerzo sea, a mediano plazo, inútil. SUBIR

La capacidad de los grupos armados de izquierda


Si el modus vivendi de la clase política colombiana estaría "en riesgo" con la posible prolongación del gobierno de Uribe Vélez, la situación puede ser aún más dramática para los grupos armados de izquierda. La política de Seguridad Democrática ha logrado plantearle un reto sin antecedentes a las guerrillas colombianas, a pesar de algunos traspiés, como la caída del Estatuto antiterrorista.

Sin duda alguna, durante los dos últimos años la capacidad de los grupos subversivos ha sido mermada de manera palpable. Sin embargo cabe anotar, como ya se indicó, que esta situación se ha dado en unas regiones más que en otras, y que en esencia, las Farc y el Eln conservan parte importante de su estructura operacional. Un estudio reciente de la Rand Corporation, orientado en parte a estimar la capacidad de diferentes grupos terroristas en el mundo, define dos tipos de elementos (organization and operational tools), alrededor de los cuales en su concepto es factible medir la capacidad terrorista de una organización. Entre los elementos de orden organizacional (organizational tools) están: ideología, liderazgo, sistema de reclutamiento y publicidad; y entre los elementos operacionales (operational tools) están: comando y control, armas, entrenamiento, espacio operacional, contrainteligencia, inteligencia y dinero.

Es quizá factible decir, que en aspectos como sistemas de reclutamiento, espacio operacional y en particular contrainteligencia, la política de seguridad democrática ha logrado afectar, en ciertas regiones de manera significativa, la capacidad de los grupos irregulares, a través de estrategias puntuales como el incremento del pie de fuerza, la cobertura con Policía de casi la totalidad de los municipios, la ubicación de batallones de alta montaña en corredores de movilidad de la subversión, las recompensas y los informantes, etc.

Sin embargo el avance no parece tan claro con respecto a otros de los elementos antes citados. La máxima jerarquía política y militar de las Farc está bajo la presión del Plan Patriota, pero sigue prácticamente intacta (liderazgo y comando y control) . A pesar de la disminución de las áreas cultivadas, el negocio del narcotráfico sigue boyante, razón por la cual, la posibilidad de adquirir o renovar armamento y elementos logísticos de combate para los frentes y cuadrillas no es un problema (dinero, armamento, entrenamiento y capacidad de hacer inteligencia).

En los primeros meses de 2005 la guerrilla también estará a la expectativa del fallo de la Corte Constitucional para redefinir sus estrategias. Si el fallo es favorable a la reelección de Uribe será entonces imperativo para los grupos armados el salir paulatinamente del repliegue estratégico, para golpear con la mayor fuerza posible el mayor activo de su gestión: la credibilidad de la política de seguridad democrática. Ante el escenario de la aprobación por parte de la Corte del proyecto de reelección y ante la posibilidad de la prolongación del gobierno de Uribe Vélez, el conflicto interno podría escalar y alcanzar nuevos límites de barbarie. La extradición de 'Trinidad', el caso Granda, son solo algunos de los episodios que indican la radicalización de las posiciones. a será la intención, unir los diversos intereses y ambiciones de los opositores al gobierno, bajo una sola bandera o un candidato único, parece en principio una misión imposible. SUBIR

La macro y la microeconomía

La precaria situación de las finanzas públicas y la caída del componente económico del referendo han obligado al gobierno a tomar medidas drásticas que tienen un efecto directo en el bolsillo de las clases baja y media de la población. La aplicación del IVA a algunos productos de consumo masivo, el incremento de los combustibles, la paulatina eliminación del subsidio a los servicios básicos, etc., son, entre otras, medidas que se han adoptado y que están revestidas de una enorme impopularidad. Consciente de ello, el Congreso propició la caída de la reforma tributaria en diciembre de 2004, forzando al ejecutivo a asumir el costo político.

Encuestas recientes muestran que el tema de la seguridad, que figuraba al tope de la lista de asuntos importantes para los colombianos, ha sido superado por otras "preocupaciones", relacionadas mayormente con factores como el costo de vida y el empleo. Estadísticas de fuentes diferentes indican que el porcentaje de población en Colombia que vive bajo índices de marginalidad se ha incrementado y que la pobreza ha crecido en los últimos años. Los estratos 1, 2, y 3, los de más bajos recursos, concentran cerca del 60% de la población. El deterioro de la calidad de vida y el alto índice de desempleo, entre otros factores, han producido un palpable deterioro de las condiciones de seguridad en algunas regiones como el Eje Cafetero, Cauca y el Valle del Cauca (en particular en la capital Cali), en contravía con lo que pasa en la mayoría del país.

El reto del gobierno es de envergadura: propiciar el crecimiento de la economía; controlar el déficit fiscal; invertir en lo social, tratando de no afectar más el bolsillo de la población de menos recursos; disminuir las tasas de desempleo; revertir la reevaluación del peso; en general, progresar de manera evidente en otros ámbitos además del tema de la seguridad.

Los altos índices de desempleo, más medidas impopulares, y en general la situación socioeconómica, pueden a mediano plazo convertirse en el talón de Aquiles del gobierno y en campo abonado para propuestas políticas de corte populista. Si el apretón fiscal se profundiza, el descontento de las clases menos favorecidas se convertirá en el caballo de batalla de los partidos y grupos políticos de oposición a la actual administración, que podrían plantearle desde esta plataforma, un reto importante en las urnas a la reelección de Uribe Vélez. La victoria del Polo Democrático Independiente en Bogotá, en cierto sentido es un ejemplo de este escenario hipotético. SUBIR

La política de Seguridad Democrática y la capacidad de la Fuerza Pública


Para 2005 el incremento del pie de fuerza continuará. El gobierno anunció la activación durante este año de tres nuevas Brigadas Móviles, otro Batallón de Alta Montaña y ocho escuadrones de carabineros adicionales. Según estimados del Ministerio de Defensa, el pie de fuerza alcanzará en 2005 una cifra cercana a los 374.125 efectivos (cerca de 16.000 hombres más, en comparación con 2004).

Las Fuerzas Armadas han contado durante los últimos dos años con el respaldo irrestricto del poder ejecutivo y una decisión política firme en términos de cómo se debe abordar el conflicto interno y combatir a los actores asociados al mismo. Más importante aún, ésta determinación no parece susceptible de cambiar a mediano plazo. Además, con la reelección de George Bush, el gobierno de Uribe ha asegurado prácticamente el apoyo económico de Estados Unidos a la política de seguridad democrática, por varios años más. Aporte que ha sido sin duda clave en términos de logística, entrenamiento y asesoría para las Fuerzas Armadas.
La mejoría sustancial de la capacidad operacional de la Fuerza Pública ha permitido neutralizar múltiples acciones de la subversión y la delincuencia común, y como resultado, varias variables de criminalidad muestran reducciones estadísticas notorias, en algunas regiones más que en otras.

En cuanto a la capacidad de la Fuerza Pública, no todas son de cal. A pesar de los cambios positivos incorporados a la estrategia operacional, la Fuerza Pública continúa evidenciando limitaciones delicadas en varios aspectos, entre ellos, en el orden logístico y administrativo. En la medida que el Plan Patriota se interna en la selva, las líneas de abastecimiento se alargan y la logística se hace cada vez más un factor determinante. A pesar del crecimiento de la capacidad de transporte aéreo, aún no hay suficientes helicópteros, combustible, etc., y esto tiene un efecto en el suministro oportuno de provisiones y otros apoyos importantes para mantener la inercia de las operaciones y la moral de los miembros de la Fuerza Pública.

Por otra parte, el fenómeno de la corrupción sigue siendo una fuente de preocupación, en la medida que crece el pie de fuerza, las Fuerzas Armadas tendrán que hacer un esfuerzo adicional para lograr que los estándares éticos y morales se mantengan. Son múltiples los casos recientes en los cuales miembros de las instituciones castrenses se han visto vinculados a grupos paramilitares, a bandas de delincuencia común y organizada, e incluso a la venta de munición para los grupos irregulares.

Presupuestalmente hablando existen también dudas razonables sobre la capacidad del Estado colombiano para sostener adecuadamente, a mediano y largo plazo, el creciente aparato militar y de Policía, sin que esto termine por afectar otros rubros importantes del gasto público. Hasta las mismas Fuerzas Armadas reconocen que la estrategia de seguridad necesita ser complementada por la presencia efectiva del Estado en las zonas recuperadas, so pena de que el esfuerzo sea, a mediano plazo, inútil. SUBIR

La capacidad de los grupos armados de izquierda


Si el modus vivendi de la clase política colombiana estaría "en riesgo" con la posible prolongación del gobierno de Uribe Vélez, la situación puede ser aún más dramática para los grupos armados de izquierda. La política de Seguridad Democrática ha logrado plantearle un reto sin antecedentes a las guerrillas colombianas, a pesar de algunos traspiés, como la caída del Estatuto antiterrorista.

Sin duda alguna, durante los dos últimos años la capacidad de los grupos subversivos ha sido mermada de manera palpable. Sin embargo cabe anotar, como ya se indicó, que esta situación se ha dado en unas regiones más que en otras, y que en esencia, las Farc y el Eln conservan parte importante de su estructura operacional. Un estudio reciente de la Rand Corporation, orientado en parte a estimar la capacidad de diferentes grupos terroristas en el mundo, define dos tipos de elementos (organization and operational tools), alrededor de los cuales en su concepto es factible medir la capacidad terrorista de una organización. Entre los elementos de orden organizacional (organizational tools) están: ideología, liderazgo, sistema de reclutamiento y publicidad; y entre los elementos operacionales (operational tools) están: comando y control, armas, entrenamiento, espacio operacional, contrainteligencia, inteligencia y dinero.

Es quizá factible decir, que en aspectos como sistemas de reclutamiento, espacio operacional y en particular contrainteligencia, la política de seguridad democrática ha logrado afectar, en ciertas regiones de manera significativa, la capacidad de los grupos irregulares, a través de estrategias puntuales como el incremento del pie de fuerza, la cobertura con Policía de casi la totalidad de los municipios, la ubicación de batallones de alta montaña en corredores de movilidad de la subversión, las recompensas y los informantes, etc.

Sin embargo el avance no parece tan claro con respecto a otros de los elementos antes citados. La máxima jerarquía política y militar de las Farc está bajo la presión del Plan Patriota, pero sigue prácticamente intacta (liderazgo y comando y control) . A pesar de la disminución de las áreas cultivadas, el negocio del narcotráfico sigue boyante, razón por la cual, la posibilidad de adquirir o renovar armamento y elementos logísticos de combate para los frentes y cuadrillas no es un problema (dinero, armamento, entrenamiento y capacidad de hacer inteligencia).

En los primeros meses de 2005 la guerrilla también estará a la expectativa del fallo de la Corte Constitucional para redefinir sus estrategias. Si el fallo es favorable a la reelección de Uribe será entonces imperativo para los grupos armados el salir paulatinamente del repliegue estratégico, para golpear con la mayor fuerza posible el mayor activo de su gestión: la credibilidad de la política de seguridad democrática. Ante el escenario de la aprobación por parte de la Corte del proyecto de reelección y ante la posibilidad de la prolongación del gobierno de Uribe Vélez, el conflicto interno podría escalar y alcanzar nuevos límites de barbarie. La extradición de 'Trinidad', el caso Granda, son solo algunos de los episodios que indican la radicalización de las posiciones. a será la intención, unir los diversos intereses y ambiciones de los opositores al gobierno, bajo una sola bandera o un candidato único, parece en principio una misión imposible. SUBIR

La macro y la microeconomía

La precaria situación de las finanzas públicas y la caída del componente económico del referendo han obligado al gobierno a tomar medidas drásticas que tienen un efecto directo en el bolsillo de las clases baja y media de la población. La aplicación del IVA a algunos productos de consumo masivo, el incremento de los combustibles, la paulatina eliminación del subsidio a los servicios básicos, etc., son, entre otras, medidas que se han adoptado y que están revestidas de una enorme impopularidad. Consciente de ello, el Congreso propició la caída de la reforma tributaria en diciembre de 2004, forzando al ejecutivo a asumir el costo político.

Encuestas recientes muestran que el tema de la seguridad, que figuraba al tope de la lista de asuntos importantes para los colombianos, ha sido superado por otras "preocupaciones", relacionadas mayormente con factores como el costo de vida y el empleo. Estadísticas de fuentes diferentes indican que el porcentaje de población en Colombia que vive bajo índices de marginalidad se ha incrementado y que la pobreza ha crecido en los últimos años. Los estratos 1, 2, y 3, los de más bajos recursos, concentran cerca del 60% de la población. El deterioro de la calidad de vida y el alto índice de desempleo, entre otros factores, han producido un palpable deterioro de las condiciones de seguridad en algunas regiones como el Eje Cafetero, Cauca y el Valle del Cauca (en particular en la capital Cali), en contravía con lo que pasa en la mayoría del país.

El reto del gobierno es de envergadura: propiciar el crecimiento de la economía; controlar el déficit fiscal; invertir en lo social, tratando de no afectar más el bolsillo de la población de menos recursos; disminuir las tasas de desempleo; revertir la reevaluación del peso; en general, progresar de manera evidente en otros ámbitos además del tema de la seguridad.

Los altos índices de desempleo, más medidas impopulares, y en general la situación socioeconómica, pueden a mediano plazo convertirse en el talón de Aquiles del gobierno y en campo abonado para propuestas políticas de corte populista. Si el apretón fiscal se profundiza, el descontento de las clases menos favorecidas se convertirá en el caballo de batalla de los partidos y grupos políticos de oposición a la actual administración, que podrían plantearle desde esta plataforma, un reto importante en las urnas a la reelección de Uribe Vélez. La victoria del Polo Democrático Independiente en Bogotá, en cierto sentido es un ejemplo de este escenario hipotético. SUBIR

La política de Seguridad Democrática y la capacidad de la Fuerza Pública


Para 2005 el incremento del pie de fuerza continuará. El gobierno anunció la activación durante este año de tres nuevas Brigadas Móviles, otro Batallón de Alta Montaña y ocho escuadrones de carabineros adicionales. Según estimados del Ministerio de Defensa, el pie de fuerza alcanzará en 2005 una cifra cercana a los 374.125 efectivos (cerca de 16.000 hombres más, en comparación con 2004).

Las Fuerzas Armadas han contado durante los últimos dos años con el respaldo irrestricto del poder ejecutivo y una decisión política firme en términos de cómo se debe abordar el conflicto interno y combatir a los actores asociados al mismo. Más importante aún, ésta determinación no parece susceptible de cambiar a mediano plazo. Además, con la reelección de George Bush, el gobierno de Uribe ha asegurado prácticamente el apoyo económico de Estados Unidos a la política de seguridad democrática, por varios años más. Aporte que ha sido sin duda clave en términos de logística, entrenamiento y asesoría para las Fuerzas Armadas.
La mejoría sustancial de la capacidad operacional de la Fuerza Pública ha permitido neutralizar múltiples acciones de la subversión y la delincuencia común, y como resultado, varias variables de criminalidad muestran reducciones estadísticas notorias, en algunas regiones más que en otras.

En cuanto a la capacidad de la Fuerza Pública, no todas son de cal. A pesar de los cambios positivos incorporados a la estrategia operacional, la Fuerza Pública continúa evidenciando limitaciones delicadas en varios aspectos, entre ellos, en el orden logístico y administrativo. En la medida que el Plan Patriota se interna en la selva, las líneas de abastecimiento se alargan y la logística se hace cada vez más un factor determinante. A pesar del crecimiento de la capacidad de transporte aéreo, aún no hay suficientes helicópteros, combustible, etc., y esto tiene un efecto en el suministro oportuno de provisiones y otros apoyos importantes para mantener la inercia de las operaciones y la moral de los miembros de la Fuerza Pública.

Por otra parte, el fenómeno de la corrupción sigue siendo una fuente de preocupación, en la medida que crece el pie de fuerza, las Fuerzas Armadas tendrán que hacer un esfuerzo adicional para lograr que los estándares éticos y morales se mantengan. Son múltiples los casos recientes en los cuales miembros de las instituciones castrenses se han visto vinculados a grupos paramilitares, a bandas de delincuencia común y organizada, e incluso a la venta de munición para los grupos irregulares.

Presupuestalmente hablando existen también dudas razonables sobre la capacidad del Estado colombiano para sostener adecuadamente, a mediano y largo plazo, el creciente aparato militar y de Policía, sin que esto termine por afectar otros rubros importantes del gasto público. Hasta las mismas Fuerzas Armadas reconocen que la estrategia de seguridad necesita ser complementada por la presencia efectiva del Estado en las zonas recuperadas, so pena de que el esfuerzo sea, a mediano plazo, inútil. SUBIR

La capacidad de los grupos armados de izquierda


Si el modus vivendi de la clase política colombiana estaría "en riesgo" con la posible prolongación del gobierno de Uribe Vélez, la situación puede ser aún más dramática para los grupos armados de izquierda. La política de Seguridad Democrática ha logrado plantearle un reto sin antecedentes a las guerrillas colombianas, a pesar de algunos traspiés, como la caída del Estatuto antiterrorista.

Sin duda alguna, durante los dos últimos años la capacidad de los grupos subversivos ha sido mermada de manera palpable. Sin embargo cabe anotar, como ya se indicó, que esta situación se ha dado en unas regiones más que en otras, y que en esencia, las Farc y el Eln conservan parte importante de su estructura operacional. Un estudio reciente de la Rand Corporation, orientado en parte a estimar la capacidad de diferentes grupos terroristas en el mundo, define dos tipos de elementos (organization and operational tools), alrededor de los cuales en su concepto es factible medir la capacidad terrorista de una organización. Entre los elementos de orden organizacional (organizational tools) están: ideología, liderazgo, sistema de reclutamiento y publicidad; y entre los elementos operacionales (operational tools) están: comando y control, armas, entrenamiento, espacio operacional, contrainteligencia, inteligencia y dinero.

Es quizá factible decir, que en aspectos como sistemas de reclutamiento, espacio operacional y en particular contrainteligencia, la política de seguridad democrática ha logrado afectar, en ciertas regiones de manera significativa, la capacidad de los grupos irregulares, a través de estrategias puntuales como el incremento del pie de fuerza, la cobertura con Policía de casi la totalidad de los municipios, la ubicación de batallones de alta montaña en corredores de movilidad de la subversión, las recompensas y los informantes, etc.

Sin embargo el avance no parece tan claro con respecto a otros de los elementos antes citados. La máxima jerarquía política y militar de las Farc está bajo la presión del Plan Patriota, pero sigue prácticamente intacta (liderazgo y comando y control) . A pesar de la disminución de las áreas cultivadas, el negocio del narcotráfico sigue boyante, razón por la cual, la posibilidad de adquirir o renovar armamento y elementos logísticos de combate para los frentes y cuadrillas no es un problema (dinero, armamento, entrenamiento y capacidad de hacer inteligencia).

En los primeros meses de 2005 la guerrilla también estará a la expectativa del fallo de la Corte Constitucional para redefinir sus estrategias. Si el fallo es favorable a la reelección de Uribe será entonces imperativo para los grupos armados el salir paulatinamente del repliegue estratégico, para golpear con la mayor fuerza posible el mayor activo de su gestión: la credibilidad de la política de seguridad democrática. Ante el escenario de la aprobación por parte de la Corte del proyecto de reelección y ante la posibilidad de la prolongación del gobierno de Uribe Vélez, el conflicto interno podría escalar y alcanzar nuevos límites de barbarie. La extradición de 'Trinidad', el caso Granda, son solo algunos de los episodios que indican la radicalización de las posiciones. SUBIR

La desmovilización de las Autodefensas
a será la intención, unir los diversos intereses y ambiciones de los opositores al gobierno, bajo una sola bandera o un candidato único, parece en principio una misión imposible. SUBIR

La macro y la microeconomía

La precaria situación de las finanzas públicas y la caída del componente económico del referendo han obligado al gobierno a tomar medidas drásticas que tienen un efecto directo en el bolsillo de las clases baja y media de la población. La aplicación del IVA a algunos productos de consumo masivo, el incremento de los combustibles, la paulatina eliminación del subsidio a los servicios básicos, etc., son, entre otras, medidas que se han adoptado y que están revestidas de una enorme impopularidad. Consciente de ello, el Congreso propició la caída de la reforma tributaria en diciembre de 2004, forzando al ejecutivo a asumir el costo político.

Encuestas recientes muestran que el tema de la seguridad, que figuraba al tope de la lista de asuntos importantes para los colombianos, ha sido superado por otras "preocupaciones", relacionadas mayormente con factores como el costo de vida y el empleo. Estadísticas de fuentes diferentes indican que el porcentaje de población en Colombia que vive bajo índices de marginalidad se ha incrementado y que la pobreza ha crecido en los últimos años. Los estratos 1, 2, y 3, los de más bajos recursos, concentran cerca del 60% de la población. El deterioro de la calidad de vida y el alto índice de desempleo, entre otros factores, han producido un palpable deterioro de las condiciones de seguridad en algunas regiones como el Eje Cafetero, Cauca y el Valle del Cauca (en particular en la capital Cali), en contravía con lo que pasa en la mayoría del país.

El reto del gobierno es de envergadura: propiciar el crecimiento de la economía; controlar el déficit fiscal; invertir en lo social, tratando de no afectar más el bolsillo de la población de menos recursos; disminuir las tasas de desempleo; revertir la reevaluación del peso; en general, progresar de manera evidente en otros ámbitos además del tema de la seguridad.

Los altos índices de desempleo, más medidas impopulares, y en general la situación socioeconómica, pueden a mediano plazo convertirse en el talón de Aquiles del gobierno y en campo abonado para propuestas políticas de corte populista. Si el apretón fiscal se profundiza, el descontento de las clases menos favorecidas se convertirá en el caballo de batalla de los partidos y grupos políticos de oposición a la actual administración, que podrían plantearle desde esta plataforma, un reto importante en las urnas a la reelección de Uribe Vélez. La victoria del Polo Democrático Independiente en Bogotá, en cierto sentido es un ejemplo de este escenario hipotético. SUBIR

La política de Seguridad Democrática y la capacidad de la Fuerza Pública


Para 2005 el incremento del pie de fuerza continuará. El gobierno anunció la activación durante este año de tres nuevas Brigadas Móviles, otro Batallón de Alta Montaña y ocho escuadrones de carabineros adicionales. Según estimados del Ministerio de Defensa, el pie de fuerza alcanzará en 2005 una cifra cercana a los 374.125 efectivos (cerca de 16.000 hombres más, en comparación con 2004).

Las Fuerzas Armadas han contado durante los últimos dos años con el respaldo irrestricto del poder ejecutivo y una decisión política firme en términos de cómo se debe abordar el conflicto interno y combatir a los actores asociados al mismo. Más importante aún, ésta determinación no parece susceptible de cambiar a mediano plazo. Además, con la reelección de George Bush, el gobierno de Uribe ha asegurado prácticamente el apoyo económico de Estados Unidos a la política de seguridad democrática, por varios años más. Aporte que ha sido sin duda clave en términos de logística, entrenamiento y asesoría para las Fuerzas Armadas.
La mejoría sustancial de la capacidad operacional de la Fuerza Pública ha permitido neutralizar múltiples acciones de la subversión y la delincuencia común, y como resultado, varias variables de criminalidad muestran reducciones estadísticas notorias, en algunas regiones más que en otras.

En cuanto a la capacidad de la Fuerza Pública, no todas son de cal. A pesar de los cambios positivos incorporados a la estrategia operacional, la Fuerza Pública continúa evidenciando limitaciones delicadas en varios aspectos, entre ellos, en el orden logístico y administrativo. En la medida que el Plan Patriota se interna en la selva, las líneas de abastecimiento se alargan y la logística se hace cada vez más un factor determinante. A pesar del crecimiento de la capacidad de transporte aéreo, aún no hay suficientes helicópteros, combustible, etc., y esto tiene un efecto en el suministro oportuno de provisiones y otros apoyos importantes para mantener la inercia de las operaciones y la moral de los miembros de la Fuerza Pública.

Por otra parte, el fenómeno de la corrupción sigue siendo una fuente de preocupación, en la medida que crece el pie de fuerza, las Fuerzas Armadas tendrán que hacer un esfuerzo adicional para lograr que los estándares éticos y morales se mantengan. Son múltiples los casos recientes en los cuales miembros de las instituciones castrenses se han visto vinculados a grupos paramilitares, a bandas de delincuencia común y organizada, e incluso a la venta de munición para los grupos irregulares.

Presupuestalmente hablando existen también dudas razonables sobre la capacidad del Estado colombiano para sostener adecuadamente, a mediano y largo plazo, el creciente aparato militar y de Policía, sin que esto termine por afectar otros rubros importantes del gasto público. Hasta las mismas Fuerzas Armadas reconocen que la estrategia de seguridad necesita ser complementada por la presencia efectiva del Estado en las zonas recuperadas, so pena de que el esfuerzo sea, a mediano plazo, inútil. SUBIR

La capacidad de los grupos armados de izquierda


Si el modus vivendi de la clase política colombiana estaría "en riesgo" con la posible prolongación del gobierno de Uribe Vélez, la situación puede ser aún más dramática para los grupos armados de izquierda. La política de Seguridad Democrática ha logrado plantearle un reto sin antecedentes a las guerrillas colombianas, a pesar de algunos traspiés, como la caída del Estatuto antiterrorista.

Sin duda alguna, durante los dos últimos años la capacidad de los grupos subversivos ha sido mermada de manera palpable. Sin embargo cabe anotar, como ya se indicó, que esta situación se ha dado en unas regiones más que en otras, y que en esencia, las Farc y el Eln conservan parte importante de su estructura operacional. Un estudio reciente de la Rand Corporation, orientado en parte a estimar la capacidad de diferentes grupos terroristas en el mundo, define dos tipos de elementos (organization and operational tools), alrededor de los cuales en su concepto es factible medir la capacidad terrorista de una organización. Entre los elementos de orden organizacional (organizational tools) están: ideología, liderazgo, sistema de reclutamiento y publicidad; y entre los elementos operacionales (operational tools) están: comando y control, armas, entrenamiento, espacio operacional, contrainteligencia, inteligencia y dinero.

Es quizá factible decir, que en aspectos como sistemas de reclutamiento, espacio operacional y en particular contrainteligencia, la política de seguridad democrática ha logrado afectar, en ciertas regiones de manera significativa, la capacidad de los grupos irregulares, a través de estrategias puntuales como el incremento del pie de fuerza, la cobertura con Policía de casi la totalidad de los municipios, la ubicación de batallones de alta montaña en corredores de movilidad de la subversión, las recompensas y los informantes, etc.

Sin embargo el avance no parece tan claro con respecto a otros de los elementos antes citados. La máxima jerarquía política y militar de las Farc está bajo la presión del Plan Patriota, pero sigue prácticamente intacta (liderazgo y comando y control) . A pesar de la disminución de las áreas cultivadas, el negocio del narcotráfico sigue boyante, razón por la cual, la posibilidad de adquirir o renovar armamento y elementos logísticos de combate para los frentes y cuadrillas no es un problema (dinero, armamento, entrenamiento y capacidad de hacer inteligencia).

En los primeros meses de 2005 la guerrilla también estará a la expectativa del fallo de la Corte Constitucional para redefinir sus estrategias. Si el fallo es favorable a la reelección de Uribe será entonces imperativo para los grupos armados el salir paulatinamente del repliegue estratégico, para golpear con la mayor fuerza posible el mayor activo de su gestión: la credibilidad de la política de seguridad democrática. Ante el escenario de la aprobación por parte de la Corte del proyecto de reelección y ante la posibilidad de la prolongación del gobierno de Uribe Vélez, el conflicto interno podría escalar y alcanzar nuevos límites de barbarie. La extradición de 'Trinidad', el caso Granda, son solo algunos de los episodios que indican la radicalización de las posiciones. SUBIR

La desmovilización de las Autodefensas


Durante el 2004 varios bloques de los grupos paramilitares entregaron sus armas. Según algunas fuentes, en esta primera fase del proceso de negociación cerca de 3.500 hombres se reincorporarán a la vida civil. Las desmovilizaciones más importantes se produjeron en regiones de influencia de esas organizaciones en los departamentos de Norte de Santander, Antioquia y Cundinamarca.

El nuevo año inició con la entrega de armas por parte de 900 hombres más, pertenecientes a grupos de autodefensas de Córdoba, y según el programa acordado entre el gobierno y los comandantes del Estado Mayor Negociador, a corto y mediano plazo deberá completarse la entrega de ocho bloques, incluyendo grupos de otros departamentos como Casanare, Nariño, Arauca, y Valle del Cauca.

El proceso avanza aceleradamente, sin embargo, paradójicamente, nadie sabe aún realmente hacia dónde va, ni cuáles puedan ser sus efectos. El gobierno, tratando de darle mayor credibilidad a la negociación, impulsa apresuradamente el estudio en sesiones extras del Congreso del proyecto de justicia, verdad y reparación, que busca proveer un marco jurídico para el proceso que evite, entre otras cosas, la percepción de impunidad que critican entidades como Human Right Watch.
En términos generales el escepticismo predomina en torno a las consecuencias reales del proceso. ¿Se están entregando los que son? ¿Es definitiva la dejación de las armas? Hechos recientes, en los cuales han sido asesinadas un número importante de personas en municipios próximos a regiones escenario de la desmovilización, como Norte de Santander y Arauca, dan cuenta de la intención de los grupos subversivos en el sentido de tratar de retomar el control de dichas zonas.

En la práctica existen además dudas razonablemente fundamentadas, sobre la capacidad del Estado para ejercer el monopolio de la fuerza en las áreas donde estas organizaciones se están desmovilizando, y en ellas, a mediano plazo, la situación podría deteriorarse y los riesgos podrían incrementarse.
No es tampoco claro el futuro de los paramilitares desmovilizados. Hechos también recientes indican que tras la entrega de las armas, muchos de estos hombres han vuelto a incurrir en actividades criminales, sólo algunas semanas después de su publicitada "reinserción a la vida civil". a será la intención, unir los diversos intereses y ambiciones de los opositores al gobierno, bajo una sola bandera o un candidato único, parece en principio una misión imposible. SUBIR

La macro y la microeconomía

La precaria situación de las finanzas públicas y la caída del componente económico del referendo han obligado al gobierno a tomar medidas drásticas que tienen un efecto directo en el bolsillo de las clases baja y media de la población. La aplicación del IVA a algunos productos de consumo masivo, el incremento de los combustibles, la paulatina eliminación del subsidio a los servicios básicos, etc., son, entre otras, medidas que se han adoptado y que están revestidas de una enorme impopularidad. Consciente de ello, el Congreso propició la caída de la reforma tributaria en diciembre de 2004, forzando al ejecutivo a asumir el costo político.

Encuestas recientes muestran que el tema de la seguridad, que figuraba al tope de la lista de asuntos importantes para los colombianos, ha sido superado por otras "preocupaciones", relacionadas mayormente con factores como el costo de vida y el empleo. Estadísticas de fuentes diferentes indican que el porcentaje de población en Colombia que vive bajo índices de marginalidad se ha incrementado y que la pobreza ha crecido en los últimos años. Los estratos 1, 2, y 3, los de más bajos recursos, concentran cerca del 60% de la población. El deterioro de la calidad de vida y el alto índice de desempleo, entre otros factores, han producido un palpable deterioro de las condiciones de seguridad en algunas regiones como el Eje Cafetero, Cauca y el Valle del Cauca (en particular en la capital Cali), en contravía con lo que pasa en la mayoría del país.

El reto del gobierno es de envergadura: propiciar el crecimiento de la economía; controlar el déficit fiscal; invertir en lo social, tratando de no afectar más el bolsillo de la población de menos recursos; disminuir las tasas de desempleo; revertir la reevaluación del peso; en general, progresar de manera evidente en otros ámbitos además del tema de la seguridad.

Los altos índices de desempleo, más medidas impopulares, y en general la situación socioeconómica, pueden a mediano plazo convertirse en el talón de Aquiles del gobierno y en campo abonado para propuestas políticas de corte populista. Si el apretón fiscal se profundiza, el descontento de las clases menos favorecidas se convertirá en el caballo de batalla de los partidos y grupos políticos de oposición a la actual administración, que podrían plantearle desde esta plataforma, un reto importante en las urnas a la reelección de Uribe Vélez. La victoria del Polo Democrático Independiente en Bogotá, en cierto sentido es un ejemplo de este escenario hipotético. SUBIR

La política de Seguridad Democrática y la capacidad de la Fuerza Pública


Para 2005 el incremento del pie de fuerza continuará. El gobierno anunció la activación durante este año de tres nuevas Brigadas Móviles, otro Batallón de Alta Montaña y ocho escuadrones de carabineros adicionales. Según estimados del Ministerio de Defensa, el pie de fuerza alcanzará en 2005 una cifra cercana a los 374.125 efectivos (cerca de 16.000 hombres más, en comparación con 2004).

Las Fuerzas Armadas han contado durante los últimos dos años con el respaldo irrestricto del poder ejecutivo y una decisión política firme en términos de cómo se debe abordar el conflicto interno y combatir a los actores asociados al mismo. Más importante aún, ésta determinación no parece susceptible de cambiar a mediano plazo. Además, con la reelección de George Bush, el gobierno de Uribe ha asegurado prácticamente el apoyo económico de Estados Unidos a la política de seguridad democrática, por varios años más. Aporte que ha sido sin duda clave en términos de logística, entrenamiento y asesoría para las Fuerzas Armadas.
La mejoría sustancial de la capacidad operacional de la Fuerza Pública ha permitido neutralizar múltiples acciones de la subversión y la delincuencia común, y como resultado, varias variables de criminalidad muestran reducciones estadísticas notorias, en algunas regiones más que en otras.

En cuanto a la capacidad de la Fuerza Pública, no todas son de cal. A pesar de los cambios positivos incorporados a la estrategia operacional, la Fuerza Pública continúa evidenciando limitaciones delicadas en varios aspectos, entre ellos, en el orden logístico y administrativo. En la medida que el Plan Patriota se interna en la selva, las líneas de abastecimiento se alargan y la logística se hace cada vez más un factor determinante. A pesar del crecimiento de la capacidad de transporte aéreo, aún no hay suficientes helicópteros, combustible, etc., y esto tiene un efecto en el suministro oportuno de provisiones y otros apoyos importantes para mantener la inercia de las operaciones y la moral de los miembros de la Fuerza Pública.

Por otra parte, el fenómeno de la corrupción sigue siendo una fuente de preocupación, en la medida que crece el pie de fuerza, las Fuerzas Armadas tendrán que hacer un esfuerzo adicional para lograr que los estándares éticos y morales se mantengan. Son múltiples los casos recientes en los cuales miembros de las instituciones castrenses se han visto vinculados a grupos paramilitares, a bandas de delincuencia común y organizada, e incluso a la venta de munición para los grupos irregulares.

Presupuestalmente hablando existen también dudas razonables sobre la capacidad del Estado colombiano para sostener adecuadamente, a mediano y largo plazo, el creciente aparato militar y de Policía, sin que esto termine por afectar otros rubros importantes del gasto público. Hasta las mismas Fuerzas Armadas reconocen que la estrategia de seguridad necesita ser complementada por la presencia efectiva del Estado en las zonas recuperadas, so pena de que el esfuerzo sea, a mediano plazo, inútil. SUBIR

La capacidad de los grupos armados de izquierda


Si el modus vivendi de la clase política colombiana estaría "en riesgo" con la posible prolongación del gobierno de Uribe Vélez, la situación puede ser aún más dramática para los grupos armados de izquierda. La política de Seguridad Democrática ha logrado plantearle un reto sin antecedentes a las guerrillas colombianas, a pesar de algunos traspiés, como la caída del Estatuto antiterrorista.

Sin duda alguna, durante los dos últimos años la capacidad de los grupos subversivos ha sido mermada de manera palpable. Sin embargo cabe anotar, como ya se indicó, que esta situación se ha dado en unas regiones más que en otras, y que en esencia, las Farc y el Eln conservan parte importante de su estructura operacional. Un estudio reciente de la Rand Corporation, orientado en parte a estimar la capacidad de diferentes grupos terroristas en el mundo, define dos tipos de elementos (organization and operational tools), alrededor de los cuales en su concepto es factible medir la capacidad terrorista de una organización. Entre los elementos de orden organizacional (organizational tools) están: ideología, liderazgo, sistema de reclutamiento y publicidad; y entre los elementos operacionales (operational tools) están: comando y control, armas, entrenamiento, espacio operacional, contrainteligencia, inteligencia y dinero.

Es quizá factible decir, que en aspectos como sistemas de reclutamiento, espacio operacional y en particular contrainteligencia, la política de seguridad democrática ha logrado afectar, en ciertas regiones de manera significativa, la capacidad de los grupos irregulares, a través de estrategias puntuales como el incremento del pie de fuerza, la cobertura con Policía de casi la totalidad de los municipios, la ubicación de batallones de alta montaña en corredores de movilidad de la subversión, las recompensas y los informantes, etc.

Sin embargo el avance no parece tan claro con respecto a otros de los elementos antes citados. La máxima jerarquía política y militar de las Farc está bajo la presión del Plan Patriota, pero sigue prácticamente intacta (liderazgo y comando y control) . A pesar de la disminución de las áreas cultivadas, el negocio del narcotráfico sigue boyante, razón por la cual, la posibilidad de adquirir o renovar armamento y elementos logísticos de combate para los frentes y cuadrillas no es un problema (dinero, armamento, entrenamiento y capacidad de hacer inteligencia).

En los primeros meses de 2005 la guerrilla también estará a la expectativa del fallo de la Corte Constitucional para redefinir sus estrategias. Si el fallo es favorable a la reelección de Uribe será entonces imperativo para los grupos armados el salir paulatinamente del repliegue estratégico, para golpear con la mayor fuerza posible el mayor activo de su gestión: la credibilidad de la política de seguridad democrática. Ante el escenario de la aprobación por parte de la Corte del proyecto de reelección y ante la posibilidad de la prolongación del gobierno de Uribe Vélez, el conflicto interno podría escalar y alcanzar nuevos límites de barbarie. La extradición de 'Trinidad', el caso Granda, son solo algunos de los episodios que indican la radicalización de las posiciones. SUBIR

La desmovilización de las Autodefensas


Durante el 2004 varios bloques de los grupos paramilitares entregaron sus armas. Según algunas fuentes, en esta primera fase del proceso de negociación cerca de 3.500 hombres se reincorporarán a la vida civil. Las desmovilizaciones más importantes se produjeron en regiones de influencia de esas organizaciones en los departamentos de Norte de Santander, Antioquia y Cundinamarca.

El nuevo año inició con la entrega de armas por parte de 900 hombres más, pertenecientes a grupos de autodefensas de Córdoba, y según el programa acordado entre el gobierno y los comandantes del Estado Mayor Negociador, a corto y mediano plazo deberá completarse la entrega de ocho bloques, incluyendo grupos de otros departamentos como Casanare, Nariño, Arauca, y Valle del Cauca.

El proceso avanza aceleradamente, sin embargo, paradójicamente, nadie sabe aún realmente hacia dónde va, ni cuáles puedan ser sus efectos. El gobierno, tratando de darle mayor credibilidad a la negociación, impulsa apresuradamente el estudio en sesiones extras del Congreso del proyecto de justicia, verdad y reparación, que busca proveer un marco jurídico para el proceso que evite, entre otras cosas, la percepción de impunidad que critican entidades como Human Right Watch.
En términos generales el escepticismo predomina en torno a las consecuencias reales del proceso. ¿Se están entregando los que son? ¿Es definitiva la dejación de las armas? Hechos recientes, en los cuales han sido asesinadas un número importante de personas en municipios próximos a regiones escenario de la desmovilización, como Norte de Santander y Arauca, dan cuenta de la intención de los grupos subversivos en el sentido de tratar de retomar el control de dichas zonas.

En la práctica existen además dudas razonablemente fundamentadas, sobre la capacidad del Estado para ejercer el monopolio de la fuerza en las áreas donde estas organizaciones se están desmovilizando, y en ellas, a mediano plazo, la situación podría deteriorarse y los riesgos podrían incrementarse.
No es tampoco claro el futuro de los paramilitares desmovilizados. Hechos también recientes indican que tras la entrega de las armas, muchos de estos hombres han vuelto a incurrir en actividades criminales, sólo algunas semanas después de su publicitada "reinserción a la vida civil". a será la intención, unir los diversos intereses y ambiciones de los opositores al gobierno, bajo una sola bandera o un candidato único, parece en principio una misión imposible. SUBIR

La macro y la microeconomía

La precaria situación de las finanzas públicas y la caída del componente económico del referendo han obligado al gobierno a tomar medidas drásticas que tienen un efecto directo en el bolsillo de las clases baja y media de la población. La aplicación del IVA a algunos productos de consumo masivo, el incremento de los combustibles, la paulatina eliminación del subsidio a los servicios básicos, etc., son, entre otras, medidas que se han adoptado y que están revestidas de una enorme impopularidad. Consciente de ello, el Congreso propició la caída de la reforma tributaria en diciembre de 2004, forzando al ejecutivo a asumir el costo político.

Encuestas recientes muestran que el tema de la seguridad, que figuraba al tope de la lista de asuntos importantes para los colombianos, ha sido superado por otras "preocupaciones", relacionadas mayormente con factores como el costo de vida y el empleo. Estadísticas de fuentes diferentes indican que el porcentaje de población en Colombia que vive bajo índices de marginalidad se ha incrementado y que la pobreza ha crecido en los últimos años. Los estratos 1, 2, y 3, los de más bajos recursos, concentran cerca del 60% de la población. El deterioro de la calidad de vida y el alto índice de desempleo, entre otros factores, han producido un palpable deterioro de las condiciones de seguridad en algunas regiones como el Eje Cafetero, Cauca y el Valle del Cauca (en particular en la capital Cali), en contravía con lo que pasa en la mayoría del país.

El reto del gobierno es de envergadura: propiciar el crecimiento de la economía; controlar el déficit fiscal; invertir en lo social, tratando de no afectar más el bolsillo de la población de menos recursos; disminuir las tasas de desempleo; revertir la reevaluación del peso; en general, progresar de manera evidente en otros ámbitos además del tema de la seguridad.

Los altos índices de desempleo, más medidas impopulares, y en general la situación socioeconómica, pueden a mediano plazo convertirse en el talón de Aquiles del gobierno y en campo abonado para propuestas políticas de corte populista. Si el apretón fiscal se profundiza, el descontento de las clases menos favorecidas se convertirá en el caballo de batalla de los partidos y grupos políticos de oposición a la actual administración, que podrían plantearle desde esta plataforma, un reto importante en las urnas a la reelección de Uribe Vélez. La victoria del Polo Democrático Independiente en Bogotá, en cierto sentido es un ejemplo de este escenario hipotético. SUBIR

La política de Seguridad Democrática y la capacidad de la Fuerza Pública


Para 2005 el incremento del pie de fuerza continuará. El gobierno anunció la activación durante este año de tres nuevas Brigadas Móviles, otro Batallón de Alta Montaña y ocho escuadrones de carabineros adicionales. Según estimados del Ministerio de Defensa, el pie de fuerza alcanzará en 2005 una cifra cercana a los 374.125 efectivos (cerca de 16.000 hombres más, en comparación con 2004).

Las Fuerzas Armadas han contado durante los últimos dos años con el respaldo irrestricto del poder ejecutivo y una decisión política firme en términos de cómo se debe abordar el conflicto interno y combatir a los actores asociados al mismo. Más importante aún, ésta determinación no parece susceptible de cambiar a mediano plazo. Además, con la reelección de George Bush, el gobierno de Uribe ha asegurado prácticamente el apoyo económico de Estados Unidos a la política de seguridad democrática, por varios años más. Aporte que ha sido sin duda clave en términos de logística, entrenamiento y asesoría para las Fuerzas Armadas.
La mejoría sustancial de la capacidad operacional de la Fuerza Pública ha permitido neutralizar múltiples acciones de la subversión y la delincuencia común, y como resultado, varias variables de criminalidad muestran reducciones estadísticas notorias, en algunas regiones más que en otras.

En cuanto a la capacidad de la Fuerza Pública, no todas son de cal. A pesar de los cambios positivos incorporados a la estrategia operacional, la Fuerza Pública continúa evidenciando limitaciones delicadas en varios aspectos, entre ellos, en el orden logístico y administrativo. En la medida que el Plan Patriota se interna en la selva, las líneas de abastecimiento se alargan y la logística se hace cada vez más un factor determinante. A pesar del crecimiento de la capacidad de transporte aéreo, aún no hay suficientes helicópteros, combustible, etc., y esto tiene un efecto en el suministro oportuno de provisiones y otros apoyos importantes para mantener la inercia de las operaciones y la moral de los miembros de la Fuerza Pública.

Por otra parte, el fenómeno de la corrupción sigue siendo una fuente de preocupación, en la medida que crece el pie de fuerza, las Fuerzas Armadas tendrán que hacer un esfuerzo adicional para lograr que los estándares éticos y morales se mantengan. Son múltiples los casos recientes en los cuales miembros de las instituciones castrenses se han visto vinculados a grupos paramilitares, a bandas de delincuencia común y organizada, e incluso a la venta de munición para los grupos irregulares.

Presupuestalmente hablando existen también dudas razonables sobre la capacidad del Estado colombiano para sostener adecuadamente, a mediano y largo plazo, el creciente aparato militar y de Policía, sin que esto termine por afectar otros rubros importantes del gasto público. Hasta las mismas Fuerzas Armadas reconocen que la estrategia de seguridad necesita ser complementada por la presencia efectiva del Estado en las zonas recuperadas, so pena de que el esfuerzo sea, a mediano plazo, inútil. SUBIR

La capacidad de los grupos armados de izquierda


Si el modus vivendi de la clase política colombiana estaría "en riesgo" con la posible prolongación del gobierno de Uribe Vélez, la situación puede ser aún más dramática para los grupos armados de izquierda. La política de Seguridad Democrática ha logrado plantearle un reto sin antecedentes a las guerrillas colombianas, a pesar de algunos traspiés, como la caída del Estatuto antiterrorista.

Sin duda alguna, durante los dos últimos años la capacidad de los grupos subversivos ha sido mermada de manera palpable. Sin embargo cabe anotar, como ya se indicó, que esta situación se ha dado en unas regiones más que en otras, y que en esencia, las Farc y el Eln conservan parte importante de su estructura operacional. Un estudio reciente de la Rand Corporation, orientado en parte a estimar la capacidad de diferentes grupos terroristas en el mundo, define dos tipos de elementos (organization and operational tools), alrededor de los cuales en su concepto es factible medir la capacidad terrorista de una organización. Entre los elementos de orden organizacional (organizational tools) están: ideología, liderazgo, sistema de reclutamiento y publicidad; y entre los elementos operacionales (operational tools) están: comando y control, armas, entrenamiento, espacio operacional, contrainteligencia, inteligencia y dinero.

Es quizá factible decir, que en aspectos como sistemas de reclutamiento, espacio operacional y en particular contrainteligencia, la política de seguridad democrática ha logrado afectar, en ciertas regiones de manera significativa, la capacidad de los grupos irregulares, a través de estrategias puntuales como el incremento del pie de fuerza, la cobertura con Policía de casi la totalidad de los municipios, la ubicación de batallones de alta montaña en corredores de movilidad de la subversión, las recompensas y los informantes, etc.

Sin embargo el avance no parece tan claro con respecto a otros de los elementos antes citados. La máxima jerarquía política y militar de las Farc está bajo la presión del Plan Patriota, pero sigue prácticamente intacta (liderazgo y comando y control) . A pesar de la disminución de las áreas cultivadas, el negocio del narcotráfico sigue boyante, razón por la cual, la posibilidad de adquirir o renovar armamento y elementos logísticos de combate para los frentes y cuadrillas no es un problema (dinero, armamento, entrenamiento y capacidad de hacer inteligencia).

En los primeros meses de 2005 la guerrilla también estará a la expectativa del fallo de la Corte Constitucional para redefinir sus estrategias. Si el fallo es favorable a la reelección de Uribe será entonces imperativo para los grupos armados el salir paulatinamente del repliegue estratégico, para golpear con la mayor fuerza posible el mayor activo de su gestión: la credibilidad de la política de seguridad democrática. Ante el escenario de la aprobación por parte de la Corte del proyecto de reelección y ante la posibilidad de la prolongación del gobierno de Uribe Vélez, el conflicto interno podría escalar y alcanzar nuevos límites de barbarie. La extradición de 'Trinidad', el caso Granda, son solo algunos de los episodios que indican la radicalización de las posiciones. SUBIR

La desmovilización de las Autodefensas


Durante el 2004 varios bloques de los grupos paramilitares entregaron sus armas. Según algunas fuentes, en esta primera fase del proceso de negociación cerca de 3.500 hombres se reincorporarán a la vida civil. Las desmovilizaciones más importantes se produjeron en regiones de influencia de esas organizaciones en los departamentos de Norte de Santander, Antioquia y Cundinamarca.

El nuevo año inició con la entrega de armas por parte de 900 hombres más, pertenecientes a grupos de autodefensas de Córdoba, y según el programa acordado entre el gobierno y los comandantes del Estado Mayor Negociador, a corto y mediano plazo deberá completarse la entrega de ocho bloques, incluyendo grupos de otros departamentos como Casanare, Nariño, Arauca, y Valle del Cauca.

El proceso avanza aceleradamente, sin embargo, paradójicamente, nadie sabe aún realmente hacia dónde va, ni cuáles puedan ser sus efectos. El gobierno, tratando de darle mayor credibilidad a la negociación, impulsa apresuradamente el estudio en sesiones extras del Congreso del proyecto de justicia, verdad y reparación, que busca proveer un marco jurídico para el proceso que evite, entre otras cosas, la percepción de impunidad que critican entidades como Human Right Watch.
En términos generales el escepticismo predomina en torno a las consecuencias reales del proceso. ¿Se están entregando los que son? ¿Es definitiva la dejación de las armas? Hechos recientes, en los cuales han sido asesinadas un número importante de personas en municipios próximos a regiones escenario de la desmovilización, como Norte de Santander y Arauca, dan cuenta de la intención de los grupos subversivos en el sentido de tratar de retomar el control de dichas zonas.

En la práctica existen además dudas razonablemente fundamentadas, sobre la capacidad del Estado para ejercer el monopolio de la fuerza en las áreas donde estas organizaciones se están desmovilizando, y en ellas, a mediano plazo, la situación podría deteriorarse y los riesgos podrían incrementarse.
No es tampoco claro el futuro de los paramilitares desmovilizados. Hechos también recientes indican que tras la entrega de las armas, muchos de estos hombres han vuelto a incurrir en actividades criminales, sólo algunas semanas después de su publicitada "reinserción a la vida civil". SUBIR

El manejo de las relaciones exteriores
a será la intención, unir los diversos intereses y ambiciones de los opositores al gobierno, bajo una sola bandera o un candidato único, parece en principio una misión imposible. SUBIR

La macro y la microeconomía

La precaria situación de las finanzas públicas y la caída del componente económico del referendo han obligado al gobierno a tomar medidas drásticas que tienen un efecto directo en el bolsillo de las clases baja y media de la población. La aplicación del IVA a algunos productos de consumo masivo, el incremento de los combustibles, la paulatina eliminación del subsidio a los servicios básicos, etc., son, entre otras, medidas que se han adoptado y que están revestidas de una enorme impopularidad. Consciente de ello, el Congreso propició la caída de la reforma tributaria en diciembre de 2004, forzando al ejecutivo a asumir el costo político.

Encuestas recientes muestran que el tema de la seguridad, que figuraba al tope de la lista de asuntos importantes para los colombianos, ha sido superado por otras "preocupaciones", relacionadas mayormente con factores como el costo de vida y el empleo. Estadísticas de fuentes diferentes indican que el porcentaje de población en Colombia que vive bajo índices de marginalidad se ha incrementado y que la pobreza ha crecido en los últimos años. Los estratos 1, 2, y 3, los de más bajos recursos, concentran cerca del 60% de la población. El deterioro de la calidad de vida y el alto índice de desempleo, entre otros factores, han producido un palpable deterioro de las condiciones de seguridad en algunas regiones como el Eje Cafetero, Cauca y el Valle del Cauca (en particular en la capital Cali), en contravía con lo que pasa en la mayoría del país.

El reto del gobierno es de envergadura: propiciar el crecimiento de la economía; controlar el déficit fiscal; invertir en lo social, tratando de no afectar más el bolsillo de la población de menos recursos; disminuir las tasas de desempleo; revertir la reevaluación del peso; en general, progresar de manera evidente en otros ámbitos además del tema de la seguridad.

Los altos índices de desempleo, más medidas impopulares, y en general la situación socioeconómica, pueden a mediano plazo convertirse en el talón de Aquiles del gobierno y en campo abonado para propuestas políticas de corte populista. Si el apretón fiscal se profundiza, el descontento de las clases menos favorecidas se convertirá en el caballo de batalla de los partidos y grupos políticos de oposición a la actual administración, que podrían plantearle desde esta plataforma, un reto importante en las urnas a la reelección de Uribe Vélez. La victoria del Polo Democrático Independiente en Bogotá, en cierto sentido es un ejemplo de este escenario hipotético. SUBIR

La política de Seguridad Democrática y la capacidad de la Fuerza Pública


Para 2005 el incremento del pie de fuerza continuará. El gobierno anunció la activación durante este año de tres nuevas Brigadas Móviles, otro Batallón de Alta Montaña y ocho escuadrones de carabineros adicionales. Según estimados del Ministerio de Defensa, el pie de fuerza alcanzará en 2005 una cifra cercana a los 374.125 efectivos (cerca de 16.000 hombres más, en comparación con 2004).

Las Fuerzas Armadas han contado durante los últimos dos años con el respaldo irrestricto del poder ejecutivo y una decisión política firme en términos de cómo se debe abordar el conflicto interno y combatir a los actores asociados al mismo. Más importante aún, ésta determinación no parece susceptible de cambiar a mediano plazo. Además, con la reelección de George Bush, el gobierno de Uribe ha asegurado prácticamente el apoyo económico de Estados Unidos a la política de seguridad democrática, por varios años más. Aporte que ha sido sin duda clave en términos de logística, entrenamiento y asesoría para las Fuerzas Armadas.
La mejoría sustancial de la capacidad operacional de la Fuerza Pública ha permitido neutralizar múltiples acciones de la subversión y la delincuencia común, y como resultado, varias variables de criminalidad muestran reducciones estadísticas notorias, en algunas regiones más que en otras.

En cuanto a la capacidad de la Fuerza Pública, no todas son de cal. A pesar de los cambios positivos incorporados a la estrategia operacional, la Fuerza Pública continúa evidenciando limitaciones delicadas en varios aspectos, entre ellos, en el orden logístico y administrativo. En la medida que el Plan Patriota se interna en la selva, las líneas de abastecimiento se alargan y la logística se hace cada vez más un factor determinante. A pesar del crecimiento de la capacidad de transporte aéreo, aún no hay suficientes helicópteros, combustible, etc., y esto tiene un efecto en el suministro oportuno de provisiones y otros apoyos importantes para mantener la inercia de las operaciones y la moral de los miembros de la Fuerza Pública.

Por otra parte, el fenómeno de la corrupción sigue siendo una fuente de preocupación, en la medida que crece el pie de fuerza, las Fuerzas Armadas tendrán que hacer un esfuerzo adicional para lograr que los estándares éticos y morales se mantengan. Son múltiples los casos recientes en los cuales miembros de las instituciones castrenses se han visto vinculados a grupos paramilitares, a bandas de delincuencia común y organizada, e incluso a la venta de munición para los grupos irregulares.

Presupuestalmente hablando existen también dudas razonables sobre la capacidad del Estado colombiano para sostener adecuadamente, a mediano y largo plazo, el creciente aparato militar y de Policía, sin que esto termine por afectar otros rubros importantes del gasto público. Hasta las mismas Fuerzas Armadas reconocen que la estrategia de seguridad necesita ser complementada por la presencia efectiva del Estado en las zonas recuperadas, so pena de que el esfuerzo sea, a mediano plazo, inútil. SUBIR

La capacidad de los grupos armados de izquierda


Si el modus vivendi de la clase política colombiana estaría "en riesgo" con la posible prolongación del gobierno de Uribe Vélez, la situación puede ser aún más dramática para los grupos armados de izquierda. La política de Seguridad Democrática ha logrado plantearle un reto sin antecedentes a las guerrillas colombianas, a pesar de algunos traspiés, como la caída del Estatuto antiterrorista.

Sin duda alguna, durante los dos últimos años la capacidad de los grupos subversivos ha sido mermada de manera palpable. Sin embargo cabe anotar, como ya se indicó, que esta situación se ha dado en unas regiones más que en otras, y que en esencia, las Farc y el Eln conservan parte importante de su estructura operacional. Un estudio reciente de la Rand Corporation, orientado en parte a estimar la capacidad de diferentes grupos terroristas en el mundo, define dos tipos de elementos (organization and operational tools), alrededor de los cuales en su concepto es factible medir la capacidad terrorista de una organización. Entre los elementos de orden organizacional (organizational tools) están: ideología, liderazgo, sistema de reclutamiento y publicidad; y entre los elementos operacionales (operational tools) están: comando y control, armas, entrenamiento, espacio operacional, contrainteligencia, inteligencia y dinero.

Es quizá factible decir, que en aspectos como sistemas de reclutamiento, espacio operacional y en particular contrainteligencia, la política de seguridad democrática ha logrado afectar, en ciertas regiones de manera significativa, la capacidad de los grupos irregulares, a través de estrategias puntuales como el incremento del pie de fuerza, la cobertura con Policía de casi la totalidad de los municipios, la ubicación de batallones de alta montaña en corredores de movilidad de la subversión, las recompensas y los informantes, etc.

Sin embargo el avance no parece tan claro con respecto a otros de los elementos antes citados. La máxima jerarquía política y militar de las Farc está bajo la presión del Plan Patriota, pero sigue prácticamente intacta (liderazgo y comando y control) . A pesar de la disminución de las áreas cultivadas, el negocio del narcotráfico sigue boyante, razón por la cual, la posibilidad de adquirir o renovar armamento y elementos logísticos de combate para los frentes y cuadrillas no es un problema (dinero, armamento, entrenamiento y capacidad de hacer inteligencia).

En los primeros meses de 2005 la guerrilla también estará a la expectativa del fallo de la Corte Constitucional para redefinir sus estrategias. Si el fallo es favorable a la reelección de Uribe será entonces imperativo para los grupos armados el salir paulatinamente del repliegue estratégico, para golpear con la mayor fuerza posible el mayor activo de su gestión: la credibilidad de la política de seguridad democrática. Ante el escenario de la aprobación por parte de la Corte del proyecto de reelección y ante la posibilidad de la prolongación del gobierno de Uribe Vélez, el conflicto interno podría escalar y alcanzar nuevos límites de barbarie. La extradición de 'Trinidad', el caso Granda, son solo algunos de los episodios que indican la radicalización de las posiciones. SUBIR

La desmovilización de las Autodefensas


Durante el 2004 varios bloques de los grupos paramilitares entregaron sus armas. Según algunas fuentes, en esta primera fase del proceso de negociación cerca de 3.500 hombres se reincorporarán a la vida civil. Las desmovilizaciones más importantes se produjeron en regiones de influencia de esas organizaciones en los departamentos de Norte de Santander, Antioquia y Cundinamarca.

El nuevo año inició con la entrega de armas por parte de 900 hombres más, pertenecientes a grupos de autodefensas de Córdoba, y según el programa acordado entre el gobierno y los comandantes del Estado Mayor Negociador, a corto y mediano plazo deberá completarse la entrega de ocho bloques, incluyendo grupos de otros departamentos como Casanare, Nariño, Arauca, y Valle del Cauca.

El proceso avanza aceleradamente, sin embargo, paradójicamente, nadie sabe aún realmente hacia dónde va, ni cuáles puedan ser sus efectos. El gobierno, tratando de darle mayor credibilidad a la negociación, impulsa apresuradamente el estudio en sesiones extras del Congreso del proyecto de justicia, verdad y reparación, que busca proveer un marco jurídico para el proceso que evite, entre otras cosas, la percepción de impunidad que critican entidades como Human Right Watch.
En términos generales el escepticismo predomina en torno a las consecuencias reales del proceso. ¿Se están entregando los que son? ¿Es definitiva la dejación de las armas? Hechos recientes, en los cuales han sido asesinadas un número importante de personas en municipios próximos a regiones escenario de la desmovilización, como Norte de Santander y Arauca, dan cuenta de la intención de los grupos subversivos en el sentido de tratar de retomar el control de dichas zonas.

En la práctica existen además dudas razonablemente fundamentadas, sobre la capacidad del Estado para ejercer el monopolio de la fuerza en las áreas donde estas organizaciones se están desmovilizando, y en ellas, a mediano plazo, la situación podría deteriorarse y los riesgos podrían incrementarse.
No es tampoco claro el futuro de los paramilitares desmovilizados. Hechos también recientes indican que tras la entrega de las armas, muchos de estos hombres han vuelto a incurrir en actividades criminales, sólo algunas semanas después de su publicitada "reinserción a la vida civil". SUBIR

El manejo de las relaciones exteriores


Las relaciones de Colombia con su principal aliado, Estados Unidos, van viento en popa. La empatía entre los líderes de ambos países es evidente y en este sentido la reelección de Bush fue sin duda una buena noticia para el gobierno colombiano.

El asunto es a otro precio en materia de las relaciones con varios países de Europa. No en vano 2005 comienza con una inusualmente "larga" gira del presidente Uribe por el viejo Continente, en donde a pesar del esfuerzo diplomático, aún el gobierno de Colombia es percibido por algunos países como autoritario y poco "amigo" de temas como los Derechos Humanos. La batalla contra el poder de lobbie de importantes ONG será intensa y los resultados no están garantizados. Los postulados verticales del presidente Uribe con respecto al manejo del conflicto interno, compartidos por la gran mayoría de la población en Colombia, son percibidos de otra manera al otro lado del Atlántico, especialmente en aquellos países con gobiernos de tendencia socialista.

La mayor fuente de preocupación y tensión en esta materia, a corto y mediano plazo está, sin embargo, al otro lado de la frontera. Los repetidos y frecuentes roces diplomáticos entre Colombia y Venezuela, solo hacen evidente la enorme distancia ideológica que existe entre ambos gobiernos. Una realidad difícil de cambiar a pesar de los discursos, reuniones bilaterales, proyectos conjuntos, etc. Existe y persistirá una profunda y mutua desconfianza que previsiblemente será el origen de nuevos y más frecuentes choques, que podrían en algún momento tener efectos muy delicados en temas como el intercambio económico entre ambos países. a será la intención, unir los diversos intereses y ambiciones de los opositores al gobierno, bajo una sola bandera o un candidato único, parece en principio una misión imposible. SUBIR

La macro y la microeconomía

La precaria situación de las finanzas públicas y la caída del componente económico del referendo han obligado al gobierno a tomar medidas drásticas que tienen un efecto directo en el bolsillo de las clases baja y media de la población. La aplicación del IVA a algunos productos de consumo masivo, el incremento de los combustibles, la paulatina eliminación del subsidio a los servicios básicos, etc., son, entre otras, medidas que se han adoptado y que están revestidas de una enorme impopularidad. Consciente de ello, el Congreso propició la caída de la reforma tributaria en diciembre de 2004, forzando al ejecutivo a asumir el costo político.

Encuestas recientes muestran que el tema de la seguridad, que figuraba al tope de la lista de asuntos importantes para los colombianos, ha sido superado por otras "preocupaciones", relacionadas mayormente con factores como el costo de vida y el empleo. Estadísticas de fuentes diferentes indican que el porcentaje de población en Colombia que vive bajo índices de marginalidad se ha incrementado y que la pobreza ha crecido en los últimos años. Los estratos 1, 2, y 3, los de más bajos recursos, concentran cerca del 60% de la población. El deterioro de la calidad de vida y el alto índice de desempleo, entre otros factores, han producido un palpable deterioro de las condiciones de seguridad en algunas regiones como el Eje Cafetero, Cauca y el Valle del Cauca (en particular en la capital Cali), en contravía con lo que pasa en la mayoría del país.

El reto del gobierno es de envergadura: propiciar el crecimiento de la economía; controlar el déficit fiscal; invertir en lo social, tratando de no afectar más el bolsillo de la población de menos recursos; disminuir las tasas de desempleo; revertir la reevaluación del peso; en general, progresar de manera evidente en otros ámbitos además del tema de la seguridad.

Los altos índices de desempleo, más medidas impopulares, y en general la situación socioeconómica, pueden a mediano plazo convertirse en el talón de Aquiles del gobierno y en campo abonado para propuestas políticas de corte populista. Si el apretón fiscal se profundiza, el descontento de las clases menos favorecidas se convertirá en el caballo de batalla de los partidos y grupos políticos de oposición a la actual administración, que podrían plantearle desde esta plataforma, un reto importante en las urnas a la reelección de Uribe Vélez. La victoria del Polo Democrático Independiente en Bogotá, en cierto sentido es un ejemplo de este escenario hipotético. SUBIR

La política de Seguridad Democrática y la capacidad de la Fuerza Pública


Para 2005 el incremento del pie de fuerza continuará. El gobierno anunció la activación durante este año de tres nuevas Brigadas Móviles, otro Batallón de Alta Montaña y ocho escuadrones de carabineros adicionales. Según estimados del Ministerio de Defensa, el pie de fuerza alcanzará en 2005 una cifra cercana a los 374.125 efectivos (cerca de 16.000 hombres más, en comparación con 2004).

Las Fuerzas Armadas han contado durante los últimos dos años con el respaldo irrestricto del poder ejecutivo y una decisión política firme en términos de cómo se debe abordar el conflicto interno y combatir a los actores asociados al mismo. Más importante aún, ésta determinación no parece susceptible de cambiar a mediano plazo. Además, con la reelección de George Bush, el gobierno de Uribe ha asegurado prácticamente el apoyo económico de Estados Unidos a la política de seguridad democrática, por varios años más. Aporte que ha sido sin duda clave en términos de logística, entrenamiento y asesoría para las Fuerzas Armadas.
La mejoría sustancial de la capacidad operacional de la Fuerza Pública ha permitido neutralizar múltiples acciones de la subversión y la delincuencia común, y como resultado, varias variables de criminalidad muestran reducciones estadísticas notorias, en algunas regiones más que en otras.

En cuanto a la capacidad de la Fuerza Pública, no todas son de cal. A pesar de los cambios positivos incorporados a la estrategia operacional, la Fuerza Pública continúa evidenciando limitaciones delicadas en varios aspectos, entre ellos, en el orden logístico y administrativo. En la medida que el Plan Patriota se interna en la selva, las líneas de abastecimiento se alargan y la logística se hace cada vez más un factor determinante. A pesar del crecimiento de la capacidad de transporte aéreo, aún no hay suficientes helicópteros, combustible, etc., y esto tiene un efecto en el suministro oportuno de provisiones y otros apoyos importantes para mantener la inercia de las operaciones y la moral de los miembros de la Fuerza Pública.

Por otra parte, el fenómeno de la corrupción sigue siendo una fuente de preocupación, en la medida que crece el pie de fuerza, las Fuerzas Armadas tendrán que hacer un esfuerzo adicional para lograr que los estándares éticos y morales se mantengan. Son múltiples los casos recientes en los cuales miembros de las instituciones castrenses se han visto vinculados a grupos paramilitares, a bandas de delincuencia común y organizada, e incluso a la venta de munición para los grupos irregulares.

Presupuestalmente hablando existen también dudas razonables sobre la capacidad del Estado colombiano para sostener adecuadamente, a mediano y largo plazo, el creciente aparato militar y de Policía, sin que esto termine por afectar otros rubros importantes del gasto público. Hasta las mismas Fuerzas Armadas reconocen que la estrategia de seguridad necesita ser complementada por la presencia efectiva del Estado en las zonas recuperadas, so pena de que el esfuerzo sea, a mediano plazo, inútil. SUBIR

La capacidad de los grupos armados de izquierda


Si el modus vivendi de la clase política colombiana estaría "en riesgo" con la posible prolongación del gobierno de Uribe Vélez, la situación puede ser aún más dramática para los grupos armados de izquierda. La política de Seguridad Democrática ha logrado plantearle un reto sin antecedentes a las guerrillas colombianas, a pesar de algunos traspiés, como la caída del Estatuto antiterrorista.

Sin duda alguna, durante los dos últimos años la capacidad de los grupos subversivos ha sido mermada de manera palpable. Sin embargo cabe anotar, como ya se indicó, que esta situación se ha dado en unas regiones más que en otras, y que en esencia, las Farc y el Eln conservan parte importante de su estructura operacional. Un estudio reciente de la Rand Corporation, orientado en parte a estimar la capacidad de diferentes grupos terroristas en el mundo, define dos tipos de elementos (organization and operational tools), alrededor de los cuales en su concepto es factible medir la capacidad terrorista de una organización. Entre los elementos de orden organizacional (organizational tools) están: ideología, liderazgo, sistema de reclutamiento y publicidad; y entre los elementos operacionales (operational tools) están: comando y control, armas, entrenamiento, espacio operacional, contrainteligencia, inteligencia y dinero.

Es quizá factible decir, que en aspectos como sistemas de reclutamiento, espacio operacional y en particular contrainteligencia, la política de seguridad democrática ha logrado afectar, en ciertas regiones de manera significativa, la capacidad de los grupos irregulares, a través de estrategias puntuales como el incremento del pie de fuerza, la cobertura con Policía de casi la totalidad de los municipios, la ubicación de batallones de alta montaña en corredores de movilidad de la subversión, las recompensas y los informantes, etc.

Sin embargo el avance no parece tan claro con respecto a otros de los elementos antes citados. La máxima jerarquía política y militar de las Farc está bajo la presión del Plan Patriota, pero sigue prácticamente intacta (liderazgo y comando y control) . A pesar de la disminución de las áreas cultivadas, el negocio del narcotráfico sigue boyante, razón por la cual, la posibilidad de adquirir o renovar armamento y elementos logísticos de combate para los frentes y cuadrillas no es un problema (dinero, armamento, entrenamiento y capacidad de hacer inteligencia).

En los primeros meses de 2005 la guerrilla también estará a la expectativa del fallo de la Corte Constitucional para redefinir sus estrategias. Si el fallo es favorable a la reelección de Uribe será entonces imperativo para los grupos armados el salir paulatinamente del repliegue estratégico, para golpear con la mayor fuerza posible el mayor activo de su gestión: la credibilidad de la política de seguridad democrática. Ante el escenario de la aprobación por parte de la Corte del proyecto de reelección y ante la posibilidad de la prolongación del gobierno de Uribe Vélez, el conflicto interno podría escalar y alcanzar nuevos límites de barbarie. La extradición de 'Trinidad', el caso Granda, son solo algunos de los episodios que indican la radicalización de las posiciones. SUBIR

La desmovilización de las Autodefensas


Durante el 2004 varios bloques de los grupos paramilitares entregaron sus armas. Según algunas fuentes, en esta primera fase del proceso de negociación cerca de 3.500 hombres se reincorporarán a la vida civil. Las desmovilizaciones más importantes se produjeron en regiones de influencia de esas organizaciones en los departamentos de Norte de Santander, Antioquia y Cundinamarca.

El nuevo año inició con la entrega de armas por parte de 900 hombres más, pertenecientes a grupos de autodefensas de Córdoba, y según el programa acordado entre el gobierno y los comandantes del Estado Mayor Negociador, a corto y mediano plazo deberá completarse la entrega de ocho bloques, incluyendo grupos de otros departamentos como Casanare, Nariño, Arauca, y Valle del Cauca.

El proceso avanza aceleradamente, sin embargo, paradójicamente, nadie sabe aún realmente hacia dónde va, ni cuáles puedan ser sus efectos. El gobierno, tratando de darle mayor credibilidad a la negociación, impulsa apresuradamente el estudio en sesiones extras del Congreso del proyecto de justicia, verdad y reparación, que busca proveer un marco jurídico para el proceso que evite, entre otras cosas, la percepción de impunidad que critican entidades como Human Right Watch.
En términos generales el escepticismo predomina en torno a las consecuencias reales del proceso. ¿Se están entregando los que son? ¿Es definitiva la dejación de las armas? Hechos recientes, en los cuales han sido asesinadas un número importante de personas en municipios próximos a regiones escenario de la desmovilización, como Norte de Santander y Arauca, dan cuenta de la intención de los grupos subversivos en el sentido de tratar de retomar el control de dichas zonas.

En la práctica existen además dudas razonablemente fundamentadas, sobre la capacidad del Estado para ejercer el monopolio de la fuerza en las áreas donde estas organizaciones se están desmovilizando, y en ellas, a mediano plazo, la situación podría deteriorarse y los riesgos podrían incrementarse.
No es tampoco claro el futuro de los paramilitares desmovilizados. Hechos también recientes indican que tras la entrega de las armas, muchos de estos hombres han vuelto a incurrir en actividades criminales, sólo algunas semanas después de su publicitada "reinserción a la vida civil". SUBIR

El manejo de las relaciones exteriores


Las relaciones de Colombia con su principal aliado, Estados Unidos, van viento en popa. La empatía entre los líderes de ambos países es evidente y en este sentido la reelección de Bush fue sin duda una buena noticia para el gobierno colombiano.

El asunto es a otro precio en materia de las relaciones con varios países de Europa. No en vano 2005 comienza con una inusualmente "larga" gira del presidente Uribe por el viejo Continente, en donde a pesar del esfuerzo diplomático, aún el gobierno de Colombia es percibido por algunos países como autoritario y poco "amigo" de temas como los Derechos Humanos. La batalla contra el poder de lobbie de importantes ONG será intensa y los resultados no están garantizados. Los postulados verticales del presidente Uribe con respecto al manejo del conflicto interno, compartidos por la gran mayoría de la población en Colombia, son percibidos de otra manera al otro lado del Atlántico, especialmente en aquellos países con gobiernos de tendencia socialista.

La mayor fuente de preocupación y tensión en esta materia, a corto y mediano plazo está, sin embargo, al otro lado de la frontera. Los repetidos y frecuentes roces diplomáticos entre Colombia y Venezuela, solo hacen evidente la enorme distancia ideológica que existe entre ambos gobiernos. Una realidad difícil de cambiar a pesar de los discursos, reuniones bilaterales, proyectos conjuntos, etc. Existe y persistirá una profunda y mutua desconfianza que previsiblemente será el origen de nuevos y más frecuentes choques, que podrían en algún momento tener efectos muy delicados en temas como el intercambio económico entre ambos países.

¿Tiene algo que decir? Comente

Para comentar este artículo usted debe ser un usuario registrado.