Sábado, 10 de diciembre de 2016

| 2008/07/22 00:00

¿Qué hacer para que los inhabilitados no ganen las elecciones?

La reforma política y electoral que presentará el gobierno al Congreso deberá impedir que candidatos inhabilitados se presenten a elecciones, para que no se vuelvan a presentar casos como el de Cota en donde hubo 4 alcaldes encargados, mientras hubo una nueva elección.

Para este año están programadas en la Registraduría, doce elecciones atípicas de las cuales tres son por que les elegidos están inhabilitados para ejercer su cargo.

Pasados nueve meses desde las elecciones regionales, el pasado 20 de julio volvió a elegirse el alcalde de Cota, Cundinamarca. Durante este tiempo, este municipio tuvo cuatro alcaldes encargados. La razón: el alcalde que fue elegido en octubre de 2007, Néstor González, quien ya había sido alcalde de Cota, se posesionó en su cargo a pesar de estar inhabilitado.

La manía de algunos funcionarios públicos de presentarse a elecciones a pesar de estar inhabilitados demuestra una debilidad del sistema electoral que no ha podido corregirse. Está en juego el erario público y el correcto funcionamiento de la administración, entre otras cosas. La reforma política y electoral que el gobierno presentará en los próximos días al Congreso contempla la posibilidad de que se evite la candidatura de un inhabilitado. ¿Podrá la reforma política impedir que este caso se vuelva a repetir?

La historia de Cota

El 20 de julio pasado en el municipio de Cota, fue elegido Néstor Guitarrero, del Polo Democrático, como el nuevo alcalde con 1.844 votos. Como una “jornada democrática que combinó elecciones con marchas por la paz”, calificó la Registraduría la elección ‘atípica’ de su nuevo alcalde. En los comicios participaron 6.830 personas de 12.991 ciudadanos que estaban habilitados para votar.

Desde el primero de enero, día en que se posesionaron los alcaldes del país, Cota tuvo cuatro alcaldes provisionales: Daniel Garay, (del 23 de enero al 19 de marzo); Ricardo López (del 19 de marzo al 25 de junio) y Pedro Pablo Suárez (del 25 de junio al 20 de julio).

Cota eligió a su alcalde de manera excepcional, porque Néstor González quien fue el elegido para ese cargo por segunda vez en 2007, se posesionó en enero de este año a pesar de estar impedido por un fallo penal condenatorio en su contra. La razón de la condena: en 2006 un juzgado de Funza demostró que González abusó de su autoridad presionando a funcionarios del municipio para que renunciaran y destituyéndolos, durante su primer período como alcalde.

Sin embargo, la decisión no sólo fue ratificada por la Sala Penal del Tribunal Superior de Cundinamarca, sino que aumentó su condena de 10 meses de inhabilidad a 12 años. Consecuentemente la Procuraduría lo destituyó al considerar que incurrió “en una falta gravísima” y la Gobernación de Cundinamarca convocó a elecciones en el municipio.

¿Qué hacer?

La historia de la Alcaldía de Cota pone en evidencia una debilidad del sistema electoral: No hay un mecanismo que evite la participación de candidatos inhabilitados en las elecciones ni que salgan elegidos.

Para este año están programadas en la Registraduría, doce elecciones atípicas de las cuales tres son por razones semejantes a las de Cota. Pero la cantidad de elecciones de esta categoría puede aumentar si hay otras destituciones.

En el mes de mayo, ya se hizo una elección atípica de alcalde en San Calixto, Norte de Santander, porque Said Sánchez López, quien ganó en los comicios, no se presentó a la posesión por estar inhabilitado. La Corte Suprema de Justicia condenó a Sánchez por peculado, apropiación y falsedad ideológica de documento público.

Para el 3 de agosto está programada otra elección atípica, en el municipio de Hatonuevo, Guajira. José de Jesús Ortiz, quien ya había sido alcalde de éste municipio, ganó las elecciones de octubre del 2007. Sin embargo, en diciembre del mismo año la Procuraduría lo destituyó e inhabilitó durante diez años para ejercer cargos debido a una contratación ilegal.

En enero de este año el alcalde electo no se posesionó al cargo argumentando una incapacidad médica y Olaris Marisol Conrado, fue nombrada alcaldesa encargada. Debido a las prolongadas “incapacidades”, Conrado continuó en el cargo, hasta que el gobernador de la Guajira, Jorge Pérez, decidió convocar, a través de un decreto, a nuevas elecciones.

Estos hechos son motivo de sobrecostos para la nación, desgaste para las instancias judiciales e inestabilidad en el funcionamiento de las instituciones para las cuales fueron elegidos estos candidatos. Las administraciones encargadas, retrasan o adelantan sin un control adecuado, la inversión en los proyectos municipales previendo que en cualquier momento serán reemplazadas. En el caso de Hatonuevo, por ejemplo, hay denuncias de que la alcaldesa encargada presuntamente ha hecho contrataciones irregulares.

La llamada Comisión de Notables que está asesorando al gobierno para presentar una reforma política al Congreso, contempla en uno de sus puntos la posibilidad de darle más dientes al Consejo Nacional Electoral (CNE) para que pueda impedir la inscripción de las candidaturas de quienes están inhabilitados. De esta manera el organismo podría negar preventivamente la inscripción de candidatos inhabilitados.

La Registraduría actualmente no tiene facultades para impedir el acceso de un ciudadano a una candidatura. En abril, cuando se empezó a debatir la reforma electoral que radicó en el Congreso la senadora Nancy Patricia Gutiérrez,  el Registrador sugirió que una persona solo podría ser inhabilitada “preventivamente”, en caso de que ya exista un fallo jurídico en su contra que evidencie una inhabilidad notoria. De lo contrario, los despachos judiciales se llenarían de tutelas reclamando el derecho a ser elegido.

Una salida que podría disminuir la inscripción de candidaturas de inhabilitados para ejercer los cargos, según una fuente consultada por Semana.com, es la penalización de esta conducta. De esta manera ciudadanos que tienen una inhabilidad para ejercer cargos públicos por haberse apropiado de recursos del Estado o por haber hecho una contratación ilegal, lo pensarían dos veces antes de volver a presentarse en una candidatura y posesionarse en un cargo para seguir aprovechándose del mismo.

Sin embargo, como no existe hasta ahora el mecanismo para evitar que personas, como González, el ex alcalde de Cota, vuelvan a la gesta electoral a pesar de su inhabilidad, lo mejor es que la ciudadanía, como ha dicho la Procuraduría, “no bote su voto”. Es decir que se cerciore de la calidad de su candidato y de su condición jurídica antes de sufragar.


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