¿Qué podrá hacer la Comisión de Reajuste Institucional creada por el gobierno?

Tras el hundimiento del proyecto que buscaba sancionar a los partidos que dejaron colar políticos con vínculos no santos con los grupos paramilitares, este miércoles, el gobierno hizo pública la lista de los notables encargados de formular una nueva propuesta de Reforma Política que será presentada al Legislativo el próximo 20 de julio. 

Los integrantes del equipo que el gobierno ha bautizado ‘Comisión de Reajuste Institucional’, serán: el ex ministro de hacienda, Hugo Palacio Mejía; el ex ministro de Gobierno, Humberto de la Calle Lombana ; el ex magistrado de la Corte Constitucional, Eduardo Montealegre; la ex magistrada del Consejo de estado, Doli Pedraza de Arenas; el ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Ignacio Jaramillo; la ex senadora , Vivian Morales y el rector de la Universidad Sergio Arboleda, Rodrigo Noguera Calderón. 

El Ministro del Interior, Carlos Holguín, indicó que la Comisión cumpliría con la tarea de encontrar “ alternativas para la responsabilidad de los partidos, para el blindaje de los partidos frente a los embates de organizaciones criminales que quieran de esa manera influir esa política". Según él, las discusiones de los miembros de la Comisión, estarán al margen de intereses políticos y se concentrarán en aspectos académicos. Holguín explicó que los notables tendrían en cuenta las propuestas de todos los partidos y buscarían llegar a un consenso.

La iniciativa de crear este equipo se fraguó el pasado mes de abril, cuando parecía que la Reforma Política sucumbiría en el sexto debate, en la plenaria de la Cámara de Representantes. En ese entonces, el gobierno anunció que crearía la Comisión cuyo propósito, dijo el presidente Álvaro Uribe, en transmisión televisiva el 20 de ese mes, era “estudiar asuntos relacionados con reformas políticas y de justicia”. El gobierno, también acordó con sus bancadas impulsar el proyecto de ley de reforma electoral que presentó Nancy Patricia Gutiérrez, “para fortalecer la transparencia en la competencia democrática”.

Inmediatamente afloraron los cuestionamientos, pues trascendió que la Comisión, entre otras cosas, estudiaría la posible creación de un tribunal especial para juzgar a altos dignatarios. Voceros de partidos de oposición sentaron su rechazo a la iniciativa por considerar que iba en contra de la separación de poderes del Estado.

Juan Fernando Cristo, senador del partido Liberal dijo que la propuesta era "una barbaridad, un atropello al Estado de Derecho, a la división de poderes y una intromisión descarada en las tareas de la Corte Suprema". El Presidente del Polo, Carlos Gaviria Díaz añadió: “es cuestionable que el presidente Uribe empiece a influir en la órbita de la Corte Suprema”.

La Rama Judicial también expresó su rechazo a la iniciativa, por considerar que la creación de un tribunal para juzgar a altos funcionarios era un embate a su independencia. En un comunicado de prensa el presidente del Consejo Superior de la Judicatura, Hernando Torres Corredor, señaló: “las reglas de juego, la competencia, la investigación y las sanciones no deben ser modificadas obedeciendo a criterios coyunturales. No deben depender de los sujetos a los que se les aplica. El respeto por las reglas de juego es expresión genuina de la seguridad jurídica”. De esta manera aludió a la intención de crear un tribunal que pudiera meterse en el terreno de la Corte.

¿Hay razones para tanta preocupación?

La preocupación no es exagerada, pues en este período legislativo que está a punto de llegar a su fin, quedó demostrado que las mayorías en el Congreso fueron incapaces de asumir la responsabilidad política de sancionar a los partidos con miembros incursos en el escándalo de la parapolítica.

Sectores de la sociedad civil reclamaron a los congresistas aprobar las sanciones incluidas en la Reforma Política, y tuvieron eco en la oposición. Sin embargo, la bancada del gobierno hizo todo lo que estuvo a su alcance para que el proyecto no prosperara. Argumentó que las sanciones eran extremas y que el gobierno no podía perder sus mayorías en el Legislativo porque se quedaría sin gobernabilidad.

A partir del 20 de julio, el debate sobre el destino de la parapolítica estará en primer plano. Lo que está en juego es el futuro de los procesos de políticos que se aliaron con grupos armados ilegales, para beneficiarse políticamente o constreñir a los ciudadanos con violencia, apropiarse de dineros del Estado; o en algunos casos, hasta para salvaguardar rutas del narcotráfico.

El senador del Polo, Gustavo Petro, fue escéptico respecto al trabajo que pueda hacer la Comisión de notables. En entrevista con Semana.com, el senador dijo que la intención de la reforma propuesta por la Comisión serviría para “desmontar la Constitución de 1991.Una contrarreforma para tocar temas de justicia que tienen que ver con la Corte y que estará más ligada al tema del favorecimiento de la reelección”. Dijo que una vez deslegitimado el Congreso, por no ser capaz de autoregularse, el Ejecutivo arremetería contra la Justicia.

Pero la preocupación no sólo proviene de los sectores de oposición. La senadora Marta Lucía Ramírez también dejó ver su temor respecto al futuro de la democracia, y las dudas que tiene frente a un nuevo intento de reforma política. En un comunicado dijo: “lo único que queda claro ahora que la reforma se ha hundido – entre otras razones, porque algunos de los integrantes de la comisión se declararon impedidos para su trámite – es que cualquier otro intento de reforma política que se vaya a tramitar después del 20 de julio, se tropezará de nuevo con los mismos obstáculos de los impedimentos, aspecto que pone en tela de juicio la capacidad y voluntad del Congreso actual para llevar a cabo las reformas necesarias”.

El grupo de comisionados tendrá una difícil tarea, pues la propuesta de reforma política que formule no podrá ser indulgente con los congresistas cuestionados por sus vínculos con grupos ilegales, si lo que se trata es de sacar del descrédito al Congreso. Tendrá que poner de acuerdo a los partidos en la propuesta para que no se hunda como ya ocurrió. Y, aunque el gobierno ha dicho que no actúa con un interés político particular, es de esperar que haga lo posible porque la reforma que emerja lo beneficie, pues finalmente fue el que nombró la Comisión.