¿Quién denunciará la corrupción?

Carlos Castaño, Manuel Marulanda y Nicolás Rodríguez Bautista, alias Gabino, están dentro del grupo de predadores de la libertad de prensa en el mundo. Sin embargo, si se estudian los casos de ataques contra la prensa en Colombia de los últimos años, habría también que incluir como predadoras las mafias de corrupción. Las investigaciones que realiza la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip) sobre agresiones contra la prensa colombiana así lo demuestran.Según la información recogida por la Flip, en 2002 tres periodistas fueron asesinados. Dos de ellos, Orlando Sierra de La Patria de Manizales y Mario Prada de Horizonte Sabanero de Barrancabermeja, venían haciendo denuncias de corrupción antes de su muerte. En 2003, cinco periodistas fueron asesinados en razón de su oficio; cuatro de ellos denunciaban en sus programas o se encontraban investigando casos de corrupción. Jaime Rengifo, periodista de la Guajira, era reconocido por denunciar a través de la emisora y del periódico El Guajiro Quincenario la corrupción política y la delincuencia que operaba en la región. El 29 de abril fue asesinado por un sicario. Según lo manifestaron sus compañeros de trabajo, en las últimas emisiones el periodista había denunciado con nombre propio a los corruptos y había solicitado a las autoridades que adelantaran las investigaciones. Tres disparos le quitaron la vida a Guillermo Bravo, periodista de Neiva y a William Soto, reportero de Buenaventura. El primero llevaba dedicado 20 años al tema económico y antes de su muerte investigaba irregularidades en un contrato de la Gobernación para la distribución de licores. El segundo cumpliría 16 años de denunciar casos de corrupción administrativa en sus programas radiales. Días antes de su muerte había hecho pública la existencia de un fraude electoral en el que habrían participado algunos miembros de instituciones públicas del municipio. Por su parte, José Emeterio Rivas, de 44 años, dirigía el programa de radio Las fuerzas vivas en la emisora Calor Estéreo de Barrancabermeja. Era reconocido por denunciar la corrupción administrativa de la región y por mantener una fuerte polémica con el alcalde del municipio. El domingo 6 de abril de 2003, Rivas fue asesinado a 30 km de Barrancabermeja. El alcalde de Barrancabermeja, Julio César Ardila, junto con dos secretarios de la Alcaldía fueron capturados como posibles autores intelectuales del hecho. En diciembre, el alcalde fue liberado y desvinculado del proceso por el asesinato de Rivas. En el caso de periodistas amenazados se entrevé una tendencia similar. 55 reporteros recibieron amenazas en 2003. Aunque resulta difícil en la mayoría de los casos determinar el autor, las investigaciones realizadas por la Flip arrojan indicios de que en muchos casos existe una posible alianza entre las mafias de la corrupción y los actores armados del conflicto (guerrilla y paramilitares) para silenciar a la prensa. El 2 de marzo, dos individuos llegaron a la casa de un periodista en horas de la noche para exigirle que no publicara información sobre el Concejo municipal. El reportero había informado sobre malos manejos y el posible tráfico de influencias en dicha entidad, argumentando que favorecía los intereses de varias empresas. El 12 de marzo, el periodista fue secuestrado por paramilitares y liberado por la policía. Tres días después salió del país exiliado. Preocupa además que la mayoría de esos crímenes, como viene sucediendo desde años atrás, queden en la impunidad. Los secuestradores del periodista arriba mencionado están a punto de ser liberados, al parecer por falta de pruebas, aunque hayan sido capturados en flagrancia. No hay personas detenidas por los asesinatos de Guillermo Bravo y de Jaime Rengifo, y en el caso de José Emeterio Rivas, uno de los capturados fue desvinculado de la investigación y dejado en libertad. ¿Si no se captura a los autores materiales de estos crímenes, cómo esperar que se capture a los autores intelectuales? Las muertes y amenazas contra estos periodistas no afecta sólo a sus familias, sino a toda la sociedad. La Flip ha podido constatar que para no recibir represalias, los periodistas prefieren limitar su agenda informativa; muchos han dejado de informar sobre el tema de corrupción. El efecto directo: los casos de políticos que han desfalcado al Estado, que han comprometido partidas, votos o que han robado el dinero de los colombianos quedarán sin ser denunciados públicamente. Poco a poco, la función de la prensa de ser veedores de lo público desaparecerá y los lectores, radioescuchas o televidentes no sabremos lo que realmente pasa en nuestro país. Directora Fundación para la Libertad de Prensa