Sábado, 10 de diciembre de 2016

| 2007/02/28 00:00

¿Quién manda a quién?

Los medios de comunicación y los jueces están de pelea aunque, en el fondo, están de acuerdo. ¿Por qué lo hacen? Análisis de SEMANA.COM

Ilustración: Javier de la Torre / SEMANA

¿Se desató una guerra fría entre los medios de comunicación y el poder judicial? Un juez de Barranquilla a finales de enero le prohibió al periódico El Heraldo publicar información sobre la empresa Métodos y Sistemas. Días atrás el diario había publicado un informe sobre presuntos vínculos de la empresa con grupos paramilitares, lo que impulsó a la compañía a presentar una tutela contra el periódico por considerar que con la información se violaba su derecho a la honra y al buen nombre. En otro episodio un juez de San Andrés les prohibió a un periódico y cinco emisoras radiales divulgar información sobre un proceso relacionado con un desfalco en la Empresa de Energía Eléctrica Archipiélago Power & Ligth. Y en otro más la columnista de El Tiempo, Salud Hernández-Mora, publicó un artículo de un párrafo en el que se niega a hacer una rectificación decretada por un juez.
 
¿Qué está pasando? ¿Enfrentamiento de poderes? ¿Desacato de los medios a la justicia? ¿Manipulación de los jueces contra la libertad de expresión? Los periodistas, desde su orilla, defienden el derecho a la libertad. Los jueces argumentan que las decisiones judiciales son para acatarlas. Ambos tienen razón, y, en realidad, ninguno está en desacuerdo con el punto de vista del otro. Entonces ¿por qué pelean?
Los últimos acontecimientos generaron un editorial publicado en simultánea por los 31 periódicos afiliados a Andiarios, en el que se manifestó la preocupación de que la vía judicial se estuviera convirtiendo en una modalidad de restricción a la libertad de prensa y al derecho a la información. La pregunta alteró a los jueces y las altas Cortes enviaron una carta en la que calificaban de inadmisibles los llamados a la desobediencia de las decisiones judiciales.
 
Pero ni el editorial ni ninguna de las columnas de opinión que cuestionaron la carta se pueden considerar un llamado al desacato de fallos judiciales. Los medios de comunicación no defienden la posición de que la libertad de prensa es absoluta, y coinciden en respaldar la institucionalidad. Pero se han despertado alarmas en el sentido de que los jueces pueden llegar a desconocer, o a darle una interpretación limitada, al artículo 20 de la Constitución que prohíbe cualquier tipo de censura y a la vez menciona la responsabilidad social de los medios.
 
Hasta mediados de la década del 90, la Corte Constitucional defendía una posición preferente para el derecho al buen nombre, la imagen y la intimidad por encima del derecho a la información. Pero la jurisprudencia se fue ajustando al espíritu de la Constitución y puso a la libertad de prensa como derecho supremo ya que constituye un pilar de la democracia: si no hay libertad de prensa no se puede informar abiertamente, lo que le resta herramientas a los ciudadanos para decidir, poniendo así en riesgo otros derechos. Este concepto ha sido la guía de todos los fallos de la Corte.
 
Lo anterior define con claridad las fronteras entre la libertad y la responsabilidad: los periodistas deben estar dispuestos a que la información que emitan tenga un control, pero éste debe ser posterior a su publicación y no anterior a ella. Rectificar, es una obligación. Censurar está prohibido.
 
La libertad de expresión coexiste constitucionalmente con otros derechos como el del buen nombre y la intimidad de las personas, y, mientras aspectos de la vida privada de alguien no afecte a los ciudadanos, su intimidad y su buen nombre serán intocables. Si un periodista no respeta ese principio, o afecta el buen nombre de una persona o institución por cuenta de información falsa, las sanciones de los jueces son la medida justa para proteger esos derechos y los medios deben estar dispuestos a la rectificación.
 
La preocupación que manifestaron los medios en el editorial que alteró a los jueces no cuestiona que la libertad de prensa implique responsabilidades, sino que la justicia se pueda manipular para impedir la labor fiscalizadora de la prensa. “Preocupa que la tendencia de los jueces a desconocer la jurisprudencia de las altas Cortes, especialmente en las regiones, responda a presiones de la gente que tiene el poder”, dice Nora Sanín, directora de Andiarios.
 
En su dura carta, las altas Cortes les pidieron a los medios de comunicación un acto de contrición. Consideran que al editorial publicado en los 31 periódicos afiliados a Andiarios –y que SEMANA también publicó en su página web a manera de respaldo– faltó autocrítica. Los periodistas se equivocan, la premura del tiempo los puede inducir a errores, y en la carrera por la ‘chiva’ pueden cometer excesos. La ley protege a los ciudadanos frente a ellos.
 
El papel de los medios no es juzgar ni condenar. Su misión es aportar datos útiles, documentados, de utilidad para sus audiencias. También pueden servirle a la justicia para investigar, cuando considera que hay violaciones a la ley. En teoría no hay intereses en conflicto entre la justicia y el periodismo, porque comparten concepciones similares.
 
Pero hay métodos que los medios de otros países han puesto en práctica, por decisión propia, para blindar su trabajo de posibles errores. Los departamentos de fact chekers norteamericanos, por ejemplo, se dedican a verificar los datos que aparecen en los artículos o columnas antes de que sean publicados. Y en esa relación también hay instrumentos para evitar que el trabajo de los jueces se desvíe y se convierta en instrumento para silenciar la información.
 
Si las fronteras están bien delimitadas, como lo hacen la Constitución y las leyes, no hay lugar para una guerra fría. Ni, mucho menos, para que llegue a calentarse.

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