Sábado, 21 de enero de 2017

| 2008/07/22 00:00

¿Quién será el nuevo Defensor del Pueblo?

La Defensoría del Pueblo es una entidad demasiado importante para los colombianos como para que la elección de su director se haga de manera poco transparente y poco informada. Análisis de Daniel Bonilla* especial para Semana.com

Volmar Pérez es el actual Defensor del Pueblo, quien deberá ser reemplazado en los próximos días Foto: Juan Carlos Sierra

El período legal de cuatro años de Volmar Pérez, el Defensor del pueblo, se vencerá el primero de septiembre próximo. El presidente Uribe, por tanto, deberá enviar pronto una terna a la Cámara de Representantes, para que esta corporación elija a la nueva cabeza de la defensoría. El Presidente deberá mandar la lista con sus tres candidatos dentro de los quince días siguientes a la instalación del periodo legislativo que se inicia el 20 de julio. La Cámara deberá tomar una decisión en agosto, de manera que el elegido pueda posesionarse el primero de septiembre, para cumplir así con los mandatos de la ley 24 de 1992.

La Defensoría del pueblo hace parte del Ministerio Público, y cumple un papel fundamental en un Estado como el colombiano: la defensa y promoción de los derechos humanos. Para cumplir con este objetivo, la Defensoría dispone de cuatro herramientas: emitir opiniones, informes y recomendaciones sobre la situación de los derechos humanos en el país, presentar directamente proyectos de ley ante el Congreso, operar la defensoría pública de manera que se garantice el derecho de defensa de las personas que no tienen dinero para pagar un abogado e interponer acciones y recursos (tutela, acciones populares y habeas corpus) para la defensa de los derechos ciudadanos.

Dado que la Defensoría no tiene la facultad de sancionar disciplinaria o penalmente a los violadores de derechos humanos, y por tanto no tiene tantos “dientes” como podría ser deseable, el papel de esta institución frente a las graves y diarias violaciones de los derechos fundamentales de los colombianos gira en torno a dos ejes: por un lado, llamar la atención de la comunidad política sobre estas violaciones, proponer soluciones y articular estrategias para que no vuelvan a ocurrir; por el otro, intentar movilizar a las autoridades públicas que pueden evitar o neutralizar tales transgresiones.

Las tareas de defender ante los tribunales los derechos de personas de bajos recursos económicos, presentar proyectos de ley relacionados con su mandato y hacer uso de acciones constitucionales para la defensa de los derechos de los colombianos son, sin duda alguna, de gran importancia. No obstante, estas herramientas son insuficientes ante la cotidiana avalancha de violaciones de los derechos humanos en Colombia. Estos instrumentos permiten atacar un problema particular, el acceso a la justicia, o dependen de las decisiones de terceros, los tribunales o el Congreso, que usualmente tardan mucho tiempo en fijar una posición frente a las propuestas o pretensiones promovidas por la Defensoría. De igual forma, estas decisiones dependen de la capacidad de convocatoria que tenga esta entidad, esto es, del peso político que le sea reconocido.

Por esta razón, en la Defensoría, más que en cualquier otra institución pública de esta envergadura, resulta fundamental la persona que la lidera. El Defensor es la cabeza visible de una entidad que depende como ninguna otra de su capacidad de convocatoria, movilización, crítica y persuasión para cumplir sus objetivos. Es evidente que en los departamentos y municipios, la Defensoría y sus funcionarios tienen la potestad de actuar, y lo hacen de manera constante y valiente, frente a las violaciones de derechos humanos que son pan de cada día en sus jurisdicciones. Sin embargo, los grandes temas nacionales, los procesos de paz, el funcionamiento de la administración de justicia y el desplazamiento interno, por ejemplo, son de competencia de la autoridad máxima de la institución.

Los rumores sobre quiénes harán parte de la terna de la que se escogerá al nuevo Defensor del pueblo han empezado a circular entre políticos, periodistas y activistas sociales. Se dice que personas cercanas al Partido Conservador podrían hacer parte del grupo de candidatos que el Presidente enviaría a la Cámara de Representantes. En los corrillos políticos se dice también con gran insistencia que Volmar Pérez estaría interesado en continuar en la Defensoría, que el gobierno lo incluiría en la terna, y que el Congreso lo reelegiría con facilidad. Es conocido que Pérez es cuota conservadora, parte de la coalición uribista en el Congreso, y que la Defensoría es una entidad atractiva desde el punto de vista burocrático.

Si es cierto que el actual Defensor quiere ser reelegido, sería fundamental que los colombianos, y, en particular, los representantes a la Cámara, sopesaran los costos y beneficios que tiene para la estructura estatal el reelegir a un Defensor del Pueblo – así se concluya que el candidato a la reelección hizo un buen trabajo. Del mismo modo, deberían ponderar el precio institucional que se paga cuando se articula una “terna de uno”, esto es, una terna en la cual hay un candidato que antes de la votación ya lleva ganada la partida.

No hay que olvidar el debate que generó la inclusión del secretario jurídico de la presidencia en la última terna para elegir un magistrado de la Corte Constitucional, así como la erosión de su legitimidad y el desgaste que generó para el tribunal. Temas como la independencia de la entidad y el sistema de frenos y contrapesos del Estado colombiano se ponen en juego en este tipo de situaciones.

Del mismo modo, si Pérez está verdaderamente interesado en ser reelegido, debería someter su trabajo a una evaluación pública. Los colombianos en general, y los representantes a la Cámara, en especial, deberíamos evaluar la labor hecha por la Defensoría durante los últimos años para determinar si esta administración debe o no continuar.

Deberíamos ver cuáles acciones ha emprendido la Defensoría frente al proceso de paz con los paramilitares, cómo ha articulado y seguido la ley de justicia y paz, cómo ha sido su atención a las víctimas del conflicto armado, cómo ha vigilado el trato que el Estado ha dado a los desplazados, qué ha dicho sobre el estatuto antiterrorista, cuál ha sido la calidad del servicio prestado por los defensores públicos, entre otros.

Ahora bien, la trayectoria y capacidades de los otros miembros de la terna deberían también ser objeto de discusión pública. Los candidatos deberían, entre otras cosas, exponer a los ciudadanos las directrices que guiarían a la Defensoría durante su mandato, y la relación entre su recorrido profesional y el trabajo que realiza esta institución.

No parece difícil que la Cámara de Representantes, las universidades, los medios de comunicación o las organizaciones sociales trabajen en la estructuración de audiencias públicas, seminarios o debates donde los candidatos a Defensor del Pueblo expongan el trabajo realizado, o las ideas que proponen para orientar esta institución si son elegidos. La Defensoría del Pueblo es una entidad demasiado importante para los colombianos como para que la elección de su director se haga de manera poco transparente y poco informada.

Coletilla: Este tema será discutido con mayor amplitud en la página de la comunidad virtual Injusticias de Mi Semana.com. El Grupo de Derecho de Interés Público aceptó la invitación hecha por Semana.com para coordinar esta comunidad y lo hará en asocio con profesores de la facultad de derecho de la Universidad EAFIT de Medellín e ICESI de Cali. Invito a los lectores que visiten la página que se inaugurará el próximo miércoles 23 de julio.



* Daniel Bonilla es profesor de la facultad de derecho de la Universidad de los Andes y director del Grupo de Derecho de Interés Público de la misma universidad.

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