Sábado, 10 de diciembre de 2016

| 2007/01/25 00:00

Reclutamiento de menores: otro de los crímenes que tendrán que confesar los paramilitares

Reclutar o vincular menores en los grupos armados es un delito de lesa humanidad. No se sabe a ciencia cierta cuántos miles de niños soldados hay en el país, lo que si es claro es que este es el momento para que sobre este crimen no caiga un velo de impunidad. Reportaje.

Miles de niños han llegado a los grupos armados, pero unos pocos cientos han contado con su suerte: salir de las AUC e ingresar al programa del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf).

“Yo me fui voluntariamente porque tenía problemas en el pueblo... tenía problemas con la guerrilla, entonces no sabía para donde coger y la única solución era meterme en algún lado para evitar que me pasara algo”. El caso de Luis*, de 19 años, desvinculado de las AUC, demuestra el grado de vulnerabilidad de los jóvenes en el conflicto que se vive en el país.
 
Aunque él ya cumplió la mayoría de edad, ingresó a las filas paramilitares antes de los 18 años. Su caso en un delito por el que tendrían que responder los comandantes del bloque al que pertenecía, que hoy están desmovilizados. Aun más si se tiene en cuenta que muy seguramente él no era el único menor de su grupo, ni de la región, pues alguno de los integrantes de ese grupo guerrillero con el que tenía problemas podría tener su misma edad.
 
Como Luis, miles de niños han llegado a los grupos armados, pero unos pocos cientos han contado con su suerte: salir de las AUC e ingresar al programa del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf).
 
Fue allí, en el Icbf, donde se encontró su testimonio, uno de los 329 recogidos por la Defensoría del Pueblo en su informe Caracterización de los niños, niñas y adolescentes desvinculados de los grupos armados ilegales.
 
Este documento es el primer estudio que da cuenta de la situación de los menores de edad en los grupos armados en Colombia, una realidad a voces, pero que ha pasado por alto en medio de los cientos de crímenes y vejaciones que estos han cometido en el país a lo largo de los años.
 
Según Arnoldo Quiroz, procurador delegado para el menor y la familia, el 40 por ciento de los menores reclutados pertenecía a las autodefensas. Si se hace el cálculo con la cifra más optimista, que habla de 6.000 en la guerra, 2.400 muchachos estuvieron en este grupo armado. Pero de los 31.671 ‘paras’ que dejaron las armas en las desmovilizaciones masivas, sólo 263 eran menores de edad, según datos de la Procuraduría General de la Nación.
 
Una cifra bastante menor a la que manejan los distintos organismos que manejan el tema. De hecho, la ONG Human Rights Watch afirma que hay unos 11.000, tanto en los grupos guerrilleros como en los paramilitares.
 
La pregunta es, entonces: ¿qué pasó con los, como mínimo, 2.137 muchachos que estaban en las filas de las AUC?  Un funcionario de una de las organizaciones que les hizo seguimiento y vigilancia a las desmovilizaciones en todo el país relató con estupor cómo, tres días antes de la entrega colectiva del Bloque Tolima de las Autodefensas, en octubre de 2005, aparecieron más de 20 jóvenes en el municipio de Ambalema. No hubo necesidad de preguntarles de dónde venían. Era evidente, ellos hacían parte del bloque que se desmovilizaría a los pocos días en el mismo municipio.

Este caso no fue el único, según parece, lo mismo ocurrió en las desmovilizaciones de otros bloques de las AUC. Gracias a que las autoridades respectivas estaban pendientes de la inmediata desmovilización, cada grupo de muchachos fue remitido al programa del Bienestar Familiar. De este modo, para septiembre de 2005, de los 525 niños y niñas a cargo del ICBF, el 23 por ciento pertenecía a las AUC.
 
Pero como ellos no están en las listas de paramilitares desmovilizados y reintegrados colectivamente a la vida civil, no los cubren los beneficios de reubicación ni de ayuda económica para proyectos productivos.
 
Los niños invisibles


Los otros que nunca podrán acceder a los beneficios del proceso de desmovilización son los niños que ni siquiera aparecieron en grupos antes de las desmovilizaciones. Maria Cristina Hurtado, defensora delegada para la niñez, juventud y mujer, confía en que “los niños fueron mandados para sus casas, a donde sus familias”. Sin embargo, “esto no sólo los vuelve invisibles en el proceso que se está viviendo en el país, también los pone en una situación de alto riesgo, en lo que tiene que ver con su seguridad y la readaptación a la vida que llevaban”.

Y es que si un joven sale de la guerrilla o de las autodefensas, ya sea porque es capturado por el Ejército o la Policía, porque se entrega o porque se escapa de su grupo, tiene el derecho de entrar al programa de resocialización del ICBF, nunca a un centro de reeducación o cárcel de menores, como se le conocía antes. Ahora mucho menos tienen por que asumir, él o ella y su familia, el peso que implica haber pertenecido a uno de estos grupos armados sin ningún tipo de ayuda.
 
Por eso, Hurtado no duda en afirmar que en todo este proceso “se está dando un trato desigual a los menores desvinculados”. No sólo por los beneficios a los que no accederán al no ser contados dentro de los desmovilizados, sino porque a ellos no los cubren los beneficios de la Ley de Justicia y Paz.
 
Aunque estos muchachos pudieron haber cometido delitos graves durante su estada en el grupo armado, sobre todas las cosas son víctimas. Así lo dictan tanto el derecho internacional como una sentencia de la Corte Constitucional.
 
Bajo este precepto constitucional se han guiado los jueces y los fiscales que han llevado los casos de menores en los grupos armados. Desde 1999, año en que los menores empezaron a ser judicializados por su pertenencia a los grupos armados, se han adelantado 705 procesos y, de estos, en 500 se ha dado cesación de procedimiento, “es decir que ha primado el papel de víctima del menor y se pone en consideración el contexto que llevó al muchacho a ingresar al grupo armado y a cometer el delito”, explica Quiroz.
 
Verdad, justicia y reparación: los jefes ‘paras’ deben responder
Estos muchachos son a la vez víctimas y victimarios, en ellos se encierra mejor que en nadie el círculo vicioso de la guerra. Por esta doble distinción, se convierten en víctimas de segunda categoría. No hay una política clara en el manejo de los menores desvinculados como víctimas y la necesidad que tienen ellos de que se haga justicia en sus casos.
 
Que los jefes ‘paras’ confiesen haber reclutado niños en sus filas se ve lejano. Para algunos es porque ellos no consideran esto un delito, y para otros, la razón es que sí lo saben. No sólo eso, sino que tienen tan claro que es un crimen de lesa humanidad y que pueden ser juzgados por las cortes internacionales, que por eso nunca los incluyeron en las listas colectivas de los hombres a su cargo que dejaron las armas.
 
Si cada uno de los jefes ‘paras’ tiene que responder por masacres, asesinatos selectivos, secuestros, desapariciones, vínculos con el narcotráfico y por sus lazos con grandes personalidades regionales y nacionales, las probabilidades de que a ellos les quede tiempo de responder por los niños combatientes son mínimas.
 
“Ahí es donde tendrá que hacer su papel la Fiscalía”, insiste la defensora para la niñez, “luego de la confesión de los ‘paras’, los investigadores tendrán que revisar e investigar qué fue lo que no dijeron”, entonces podrían perder los beneficios de la Ley de Justicia y Paz.
 
Para asegurar la justicia esquiva, el Ministerio Público presentó en febrero del año pasado una denuncia penal ante la oficina de derechos humanos de la Fiscalía por el delito de reclutamiento de menores. Los acusados son tanto las autodefensas como la guerrilla. Dicha denuncia está en proceso de investigación y las pruebas presentadas son las contundentes declaraciones de los 705 niños judicializados por pertenecer a uno de estos grupos.
 
Por eso los defensores de derechos humanos esperan que este tema no pase de agache, que los comandantes confiesen, como tienen que hacer con el resto de sus crímenes. De lo contrario, esperan que las abundantes pruebas de que tanto ellos como los guerrilleros usan a los menores en sus filas surtan efecto.
 
*nombre ficticio

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