Sábado, 10 de diciembre de 2016

| 2007/04/30 00:00

Relaciones peligrosas

Los vínculos entre empresarios, guerrillas y 'paras' han sido frecuentes durante el conflicto. ¿Qué hacer con las empresas que han tenido esos nexos? Análisis de la Fundación Ideas para la Paz

Relaciones peligrosas

En julio de 2004, la multinacional bananera Chiquita Brands vendió su filial en Colombia, CI Banadex, a pérdida. La razón: pagos sistemáticos que la empresa hizo a grupos paramilitares entre 1997 y 2004, que sumaron 1.7 millones de dólares, y el embrollo legal que enfrentaría en cortes de Estados Unidos por “financiar a terroristas”. La empresa dice que estos y otros pagos que hicieron en el pasado a las FARC y al ELN en Urabá tuvieron el propósito de proteger a sus empleados. Fuera de los pagos, Chiquita estuvo involucrada en el 2001 en el tráfico de 3400 fusiles AK-47 y municiones que llegaron en el barco Otterloo desde Nicaragua a Urabá y que fortalecieron el arsenal de las AUC.

Pese a estar todavía en etapa de investigación, el caso de Drummond es parecido, solo que la demanda, también en cortes de Estados Unidos pero bajo las leyes Alien Torts Claims Act (ATCA) y Torture Victims Protection Act (TVPA), aún sin resolverse, no es por pagos a paramilitares per se. La demanda es por los asesinatos en 2001 de Valmore Locarno Rodríguez, Víctor Hugo Orcasita y Gustavo Soler Mora, directivos de Sintramienergética. Los familiares de los sindicalistas, quienes interpusieron la demanda, argumentan que la Drummond, específicamente su presidente Augusto Jiménez, instigó los asesinatos. Lo que supone que la Drummond tenía vínculos con paramilitares.

La extorsión, sin embargo, no ha sido una práctica exclusiva de los paramilitares. Durante investigaciones académicas sobre los costos del conflicto armado para el sector privado realizadas en el 2005 y el 2006, la FIP encontró que pequeños comerciantes, agricultores y transportadores en el Huila eran acosados por las FARC, quienes no solo les exigían pagos periódicos. Además, una libreta de las FARC decomisada por la Fuerza Pública en febrero en San Vicente del Caguán tenía referenciada una lista de campesinos y pequeños empresarios extorsionados por el grupo guerrillero. Las víctimas aparentemente pagaron 8 mil millones.

Estos casos suscitan varias reflexiones sobre las reglas del juego para las empresas cuando se encuentran con circunstancias difíciles. ¿Justifica la protección de una empresa y de sus empleados el pago sistemático de dinero a las guerrillas y a los paramilitares? ¿Cuál es la responsabilidad de una empresa con la violación de derechos humanos por parte de sus contratistas de seguridad y de la Fuerza Pública que recibe su apoyo? ¿Debe dársele el mismo trato a un campesino o pequeño comerciante que paga extorsión que a una empresa grande que puede acceder a convenios con la Fuerza Pública? ¿Qué hacer con los “financiadores” o “colaboradores” de un grupo armado ilegal en medio de una negociación de paz?

Pensar en las reglas requiere tener en cuenta los siguientes puntos. La extorsión puede ser más generalizada de lo que estiman las cifras oficiales y las encuestas académicas. Esto se deduce de las finanzas y las estrategias de los grupos armados. El ELN siempre ha señalado su distancia con las drogas, lo que deja al secuestro y a la extorsión como sus principales entradas, y es posible que las FARC obtengan alrededor del 40% de sus ingresos de la extorsión. Las confesiones recientes de los paramilitares desmovilizados muestran que la extorsión era una actividad muy frecuente, así en términos absolutos el dinero de las drogas fuera de mayor peso en su caso. Y si bien es cierto que en el Estado existe una política contra la “extorsión y el secuestro extorsivo” y que las capacidades para combatirlo han sido mejoradas, el porcentaje de denuncia sigue siendo mínimo.

La tendencia internacional es de endurecimiento frente a la conducta de las empresas. Primero, la creciente aceptación de la idea de que las empresas, multinacionales y domésticas, pueden y deben “hacer más” en materia de promoción y respeto de los derechos humanos, entre otros siguiendo el principio de “no hacer daño” especialmente en zonas de conflicto armado y gobernabilidad frágil. Hay códigos de conducta y estándares, y se ha fortalecido la noción de “complicidad” por vínculos indirectos en violaciones a los derechos humanos (*).

El segundo proceso que ha elevado los estándares para las empresas es la mayor atención política y legal al combate contra el terrorismo después de los ataques de septiembre 11 de 2001. El Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo, adoptado por la Asamblea General de Las Naciones Unidas en 1999 y la resolución 1373 de 2001 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas han servido para impulsar el desarrollo legal anti-terrorista a nivel global y sentar normas más estrictas para las empresas.

¿Qué significa esto?

· El sub-reporte es indicio de que las leyes no han logrado su propósito de evitar la extorsión. La ley pretende castigar principalmente al extorsionador sin alienar al extorsionado, y al mismo tiempo lograr que las autoridades tengan suficiente información sobre cuándo y dónde ocurre la extorsión.
· El tamaño de las empresas importa. Es un hecho que los más vulnerables a la extorsión son los negocios pequeños y medianos.
· No siempre es clara la distinción entre víctimas y victimarios. Por ejemplo, tanto el caso de la multinacional Chiquita, como el de los pequeños comerciantes en el Huila, indican que la extorsión deriva en vínculos difíciles entre empresas, guerrillas y paramilitares.
· Clarificar las reglas es crucial en la actual coyuntura. La primera es que Colombia ha diferencia de otros países con conflictos armados tiene un sector privado robusto e instituciones democráticas. Esto representa tanto retos como oportunidades. Los retos: el instrumento de justicia transicional que se ha creado para el tránsito de la guerra a la paz, la Ley de Justicia y Paz, tiene vacíos. Además, el cambio en la balanza de poder entre republicanos y demócratas en Estados Unidos, hace aún más relevante que Colombia tenga una respuesta seria a este problema.
· Una segunda razón es el panorama del posconflicto. En el caso de Colombia, el surgimiento de bandas emergentes involucradas en extorsión y tráficos ilegales presagia que el abuso de la economía legal y en particular la extorsión están para quedarse por largo rato. El riesgo para las empresas es alto.
· Finalmente, la construcción de paz duradera tendrá que pasar por la consolidación de las instituciones democráticas, mayor desarrollo económico en las regiones, donde el conflicto ha encontrado más asidero. Ésta es la reconstrucción.

(*) La Fundación Ideas para la Paz, junto con empresas colombianas y multinacionales, ha venido facilitando el proceso de adopción de las Guías Colombia. Estas son un código de conducta hecho por colombianos e inspirado en los Principios Voluntarios en Seguridad y Derechos Humanos. Ver más detalles en:
http://www.ideaspaz.org/new_site/secciones/sector_empresarial/codigosdeconducta.htm

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