Miércoles, 7 de diciembre de 2016

| 2008/07/08 00:00

Se han devuelto muy pocas tierras: Misión de la Oea

En su más reciente informe, la Misión que acompaña el proceso de desmovilización de los paramilitares alerta sobre el incumplimiento de los postulados a Justicia y Paz para entregar sus bienes.

Se han devuelto muy pocas tierras: Misión de la Oea

La Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la OEA (Mapp) entregó hace pocos días su décimo primer informe sobre la desmovilización de las Auc, en el que constatan que persisten y han crecido muchos de los problemas que ya habían detectado en informes anteriores: la existencia de bandas armadas emergentes que asechan fuertemente en departamentos como Magdalena, Cesar y Norte de Santander; la conformación de grupos delincuenciales en función del narcotráfico por parte de desmovilizados; el asesinato de al menos 820 reinsertados, según la Policía Nacional; la desprotección de las víctimas, quienes además no se les están devolviendo las tierras.

Es la primera vez que un informe de la Mapp-Oea trata el tema de las tierras, y señala que son pocos los ex paramilitares involucrados en Justicia y Paz que han entregado tierras, como se comprometieron al ingresar a ese proceso judicial especial que les da la oportunidad de rebajas de penas por colaboración con la justicia. Hasta ahora el Fondo de Reparación a las Víctimas ha recibido bienes debidamente identificados, individualizados y saneados de tan sólo 12 postulados por un valor de poco más de 8 mil 160 millones de pesos. .

Sobre ese tema, a la Misión le preocupa que no se hayan puesto en marcha las llamadas Comisiones Regionales para la Restitución de Bienes. Según explica el mismo informe “estas comisiones son las responsables de propiciar los trámites relacionados con las reclamaciones sobre propiedad y tenencia de bienes, siendo éste uno de los principales problemas que afrontan las víctimas”.


Desarme y rearme

La Mapp admite que con el desarme de miles de sus miembros, el paramilitarismo se ha debilitado, pero advierte que en algunas regiones la organización paramilitar que quedó se ha puesto al servicio del narcotráfico y en otras, se ha aliado con las guerrillas como por ejemplo, en el límite de los departamentos del Cauca y Nariño con el Eln y el sur del Bolívar con las Farc.

El informe también denuncia las amenazas de las “Águilas Negras” a organizaciones sociales, defensores de derechos humanos y el cuerpo diplomático de embajadas como la de Suecia, España, Canadá, Noruega, Venezuela, Ecuador, Bolivia y Argentina, en Bogotá.

Dice la OEA, en cabeza Sergio Caramagna, director de la Misión, que ante la presión de la Fuerza Pública los grupos armados ilegales intentan impedir a toda costa que se recuperen territorios robados y se restablezca la institucionalidad. Así, han asesinado autoridades judiciales, policías y militares en Santa Marta, Valledupar y Cúcuta.

A finales del año pasado, en Nariño, la organización armada “Nueva Generación”, , asesinó cinco campesinos en el municipio de Leyva, dos de ellos integrantes de la Red de Justicia Comunitaria. La agrupación ilegal también atacó la estación de policía del municipio de Policarpa. “La situación de orden público en este departamento merece especial atención, particularmente, la grave afectación que produce sobre la población civil y sobre varias instituciones”, dice la Mapp.

Otra de las preocupaciones recurrentes de la OEA es la desaparición de jóvenes que luego figuran como N.N. en los reportes de muertos en combate. “La Misión conoce de procesos judiciales abiertos por la Fiscalía para esclarecer este tipo de hechos en los departamentos de Sucre y Córdoba. La Mapp ha recibido (...) alertas sobre situaciones similares en otros municipios como Puerto Berrío y Segovia (Antioquia). Así mismo, en el departamento de Casanare, algunos desmovilizados y la misma población, han expresado su preocupación porque han sido objeto de acciones que afectan su seguridad”.

Los logros

No todas son malas noticias en la informe de la Mapp-Oea. Según éste, el Estado colombiano ha dado pasos importantes para la protección de la población y la reconstrucción del tejido social de las comunidades afectadas por la presencia paramilitar. Así mismo las autoridades colombianas han respondido con presencia institucional para garantizarle la seguridad de las comunidades que participan en el proceso de aplicación de la Ley de Justicia y Paz.

En este sentido, el organismo destaca la reducción de los índices de violencia en las áreas de influencia paramilitar y el desarrollo de los mecanismos de una justicia transicional.

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