Domingo, 11 de diciembre de 2016

| 2007/07/31 00:00

Se inicia el ‘round’ en el Congreso para decidir si los paramilitares son sediciosos o no

Después del huracán que despertó la decisión de la Corte Suprema de Justicia al decir que ‘paras’ no son delincuentes políticos, el debate entra al terreno de los legisladores. Estos deben definir si modifican las leyes para que los desmovilizados reciban indulto y puedan ejercer cargos públicos. Voces en pro y en contra.

En el Congreso, las diferentes bancadas discutirán si la sedición aplica o no para los paramilitares.

Tal y como lo había prometido el presidente Álvaro Uribe, su gobierno le presentará al Congreso un proyecto para hacer que el delito de sedición se aplique a los paramilitares desmovilizados.

En la página en internet de la Presidencia está publicado el borrador con el texto que haría los cambios en las leyes para permitir que los ‘paras’ puedan obtener este beneficio.

A los críticos les preocupa que de esta manera los paras puedan recibir indulto y aspirar a cargos públicos. Esos son los beneficios que reciben quienes se consideran delincuentes políticos. Precisamente, la Corte Suprema de Justicia consideró la semana pasada que ninguno de los paramilitares puede recibir tales prebendas porque sus actos son de delincuentes comunes. La razón es que, según sentenciaron, esos grupos no se alzaron en contra del Estado para defenderlo. Sino que, por el contrario, tomaron las armas para beneficiarse individualmente.

Sin embargo, el gobierno considera que el éxito del proceso de paz que se realiza con los paramilitares necesita que ellos reciban esos beneficios. Por eso, sugiere dos cambios en las leyes.

La propuesta

Quiere modificar el artículo 468 del Código Penal, que define el delito de sedición. Además, propone agregar un artículo a la ley 1106 de 2006 para que ese delito se pueda extender a los paramilitares desmovilizados que no hayan participado en delitos atroces como homicidio, secuestro o desaparición y que no hayan traficado con drogas.

Según el texto, como está planteado, serán penalizados “quienes, mediante el empleo de
las armas, constituyan grupos ilegales con la pretensión de sustituir a la fuerza pública para resistir o confrontar a grupos armados organizados al margen de la ley que realizan conductas constitutivas de rebelión”.

Sobre los parapolíticos, el ministro del Interior, Carlos Holguín, ha manifestado que “se excluye de cualquier beneficio a quienes a través de esas conductas accedan a un cargo público, o a quienes durante la realización de esas conductas han ejercido alguna función pública”.

Así lo plantea un parágrafo que se le adicionaría al artículo 468 del código penal. Allí consta que el delito de sedición no se les aplicará “a quienes se beneficien de estas conductas para acceder a la función pública o tengan la calidad de servidor público
durante su realización”.

Esa es la propuesta que el ministro Holguín, le presentará esta semana al Congreso, luego de leer y considerar los comentarios que deseen hacer quienes visiten la página de la Presidencia en internet.

‘Paras’, satisfechos

Así se busca llenar lo que el Alto Comisionado para la Paz considera como un vacío jurídico, toda vez que hay 19 mil paramilitares desmovilizados pendientes de definir su situación.

Con la decisión de la Corte, ellos quedarían en el limbo y con posibilidad de ser capturados y procesados como delincuentes comunes sin beneficios jurídicos, pese a que se acogieron a un proceso de desmovilización. Según Ernesto Báez, vocero de los ‘paras’, en 2002, cuando se iniciaron las conversaciones, el gobierno les dijo que los tomaría como delincuentes políticos, para darles esas garantías.

Por eso, los paramilitares decidieron dejar de asistir a las versiones libres la semana pasada. Pero este domingo, luego de conocer la propuesta que contempla el Gobierno, decidieron reanudar el compromiso que habían adquirido con la justicia dentro del proceso de paz.

“El proyecto de ley sometido al escrutinio de la opinión en la página de internet de la Presidencia de la República contribuye al fortalecimiento de las condiciones de igualdad y seguridad jurídicas que reclaman más de 31.000 desmovilizados voluntarios de las autodefensas campesinas”, dijeron los ‘paras’ en un comunicado y anunciaron que volverán a las versiones libres.

Aquella decisión la tomaron los líderes de la organización gracias a la satisfacción que les produjo la propuesta que el Presidente preparó para que la discuta el Congreso, pese a que no los cobija.

Esa será la propuesta que el Congreso debe discutir. El gobierno opina que debe hacerlo pronto, para no torpedear el proceso de paz con los paramilitares.

Empezó el debate

Antes de empezar a debatirla, algunos partidos ya mostraron sus posiciones. Por parte de la oposición, inicialmente hubo rechazo, pues consideran que desde la cárcel de Itagüí, los ex ‘paras’ están metiendo la mano en la agenda legislativa. Aquella percepción se deduce de que con sus decisiones, están haciendo cambiar las normas y encarrilando la actividad del Congreso, más aún si el Gobierno considera que las modificaciones son urgentes.

Ya se reconoció que es inminente discutir el tema. Pero en el ambiente continúa el temor de las modificaciones que pueda tener esa propuesta inicial durante los debates en las comisiones primeras de Senado y Cámara, pues hay congresistas que se verían afectados por las decisiones que se tomen.

Para saber cómo afrontar la discusión, cada partido prepara sus argumentos. El senador liberal Juan Fernando Cristo dice que habrá que aprovechar la oportunidad de la crisis para “replantear el proceso en términos generales y no sólo para reformar un artículo”, dice.

Eso quiere decir que, para él, sería bueno aprovechar este momento para discutir más el tema de las víctimas. “Es claro que no se ha conseguido la verdad, la justicia está en deuda y la reparación, embolatada. Es paradójico que cuando las víctimas reclaman no las ha escuchado y en este momento, todos estamos marchando al son de los paramilitares”, comenta.

“Hay que buscar otras fórmulas”

Los liberales consideraron que, sin duda, hay que buscar fórmulas jurídicas que permitan solucionar el problema “si es que lo hay, porque no estamos seguros de que exista”, comenta Cristo. Insiste en que no hay que considerar el tema del delito político para los paramilitares, porque, “definitivamente, no lo hay”.

Por eso, les gusta la fórmula propuesta por el procurador Edgardo Maya en cuanto a que para los desmovilizados no aplica el delito de sedición, pero sí se podría buscar una alternativa para suspenderles provisionalmente los procesos penales.

Eso implicaría otorgarles un período de prueba de tres años después de que firmen un compromiso de no intervenir en política.

Y es que el tema de que los desmovilizados sigan participando en asuntos políticos genera preocupaciones. “Como está la propuesta, podría suceder que los ex ‘paras’ paguen las penas por sus delitos y luego vuelvan a participar en cargos públicos”, teme Cristo.

El Polo Democrático también tiene una posición. “No compartimos la iniciativa porque tiene no sólo el propósito de resolver el problema de 19 mil desmovilizados, sino que quiere que le den esa posibilidad a los parlamentarios que han sido acusados de parapolítica y a los comandantes paramilitares”, dice el senador Jaime Dussán, del Polo Democrático.

Argumenta que, aunque la propuesta inicial es enfática en que eso no sucederá, dentro del debate ésta puede cambiar totalmente.

“Indiscutiblemente, no compartimos que ellos tengan sedición porque no se alzaron en armas contra el Estado, sino a favor del mismo”, comenta Dussán. Y coincide con Cristo en que si hay un tema al que debe ponérsele atención en el Congreso es al de las víctimas, y no tanto al de los victimarios.

El presidente del Polo, Carlos Gaviria, también enfatizó en que su colectividad es conciente en que en un proceso de paz “hay que sacrificar mucho de la justicia”, y señaló que lo que no se puede distorsionar “es la realidad”.

Por eso, asegura que “Si se les quiere conceder beneficios por ese delito habrá que buscar un mecanismo para que a ese delito se asocien beneficios como los que el Presidente quiere para ellos”.

Por su parte, la coalición de Gobierno prefiere guardar prudencia. Todo está sobre la mesa para que se dé el debate a un proyecto que, sin duda, es crucial para el proceso de desmovilización de los ‘paras’.

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