Miércoles, 7 de diciembre de 2016

| 2003/07/21 00:00

Se necesita un Congreso joven

En la próxima legislatura el programa presidencial Colombia Joven presentará un acto legislativo con el cual se busca bajar la edad requerida para ser congresista, requisito que en la actualidad es de 30 años para el Senado y 25 para la Cámara, y unificarlo en 22 años. Nicolás Uribe, director del programa, escribe sobre la iniciativa.

Se necesita un Congreso joven

El pasado 4 de julio, Día Nacional de la Juventud, El programa presidencial Colombia Joven, reveló al país la intención de presentar en la legislatura que comienza este 20 de julio un proyecto de acto legislativo que busca unificar y reducir la edad requerida para que los jóvenes puedan aspirar a ser parte del Congreso de Colombia. En la actualidad, es necesario tener 30 años para aspirar al Senado y 25 años para la Cámara de Representantes. El proyecto, que será presentado, busca que el Congreso reforme los artículos 172 y 177 de la Constitución Nacional en el sentido de establecer como requisito para poder aspirar a las dos corporaciones legislativas la edad de 22 años.

El proyecto de acto legislativo tiene fundamentos de variada naturaleza. En primer lugar es consecuente con la realidad colombiana. Colombia es un país de jóvenes, cerca de 53 por ciento de la población colombiana es menor de 25 años y el porcentaje de personas menores de 29 años dentro del censo electoral, calculado en 23 millones de personas aproximadamente, llega al 43.49 por ciento, es decir, casi 10 millones de votantes. En letra menuda, esto significa que a pesar de que los jóvenes son un potencial muy grande en términos de electores y por ello permanentemente son buscados por los políticos, tienen sin embargo proscrita la posibilidad de ser elegidos.

En segundo lugar, vale decir que la abstención es un comportamiento generalizado en la población colombiana, aunque con mayor énfasis en el segmento joven (18-29 años). Sin embargo ello tiene una explicación que no es otra que la poca identificación y confianza que tiene este grupo poblacional con las personas a elegir. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Juventud (2000), 65,5 por ciento de las personas que no votan, se abstienen de hacerlo por esta razón. La inexistencia forzada de candidatos que reflejen la situación juvenil y que por tanto sean los "candidatos de los jóvenes" es una consecuencia de las restricciones actuales que desmotiva la participación y estigmatiza la política como una actividad de adultos, completamente desentendida de la problemática y la realidad juvenil.

En tercer lugar, la reforma constitucional propuesta también pone a tono nuestras instituciones con las del mundo entero. En Europa se exige como edad promedio 18,5 años para poder hacer parte del Parlamento Europeo y en América Latina, 53 por ciento de los países exigen menos de 25 años para hacer parte de las cámaras legislativas.

En cuarto lugar, dar la oportunidad a los jóvenes de competir en igualdad de condiciones a los adultos fortalece los movimientos y partidos políticos. Hoy en día, los jóvenes son llamados a participar en su condición de electores. Poco o nada son tenidos en cuenta en sus apreciaciones y aportes programáticos. Esto es una consecuencia, no de la incapacidad de la juventud sino de su imposibilidad de presentarse como alternativa, al poder aspirar en igualdad de condiciones a las cámaras legislativas. Los jóvenes, grupo mayoritario de la población, por lo tanto no participan ni cumplen su función de dinamizadores de los procesos políticos en los partidos.

En quinto lugar, la reforma promete dar alcance a nuestros principios constitucionales y supone la realización del Estado Social de Derecho mediante el reconocimiento de la pluralidad, la democracia y la participación, como principios fundantes de la República. Nuestra Constitución consagró la participación como un derecho fundamental y en consecuencia plasmó en su espíritu y en su articulado la democracia participativa, buscando que todo ciudadano pudiese ocuparse de la actividad pública, interviniendo mediante el voto o directamente mediante su participación en la actividad política y en la toma de decisiones que afectan a su comunidad. La juventud, a través de esta reforma, podrá hacer tangible el espíritu de la Carta.

En sexto lugar, tratados internacionales como la Convención Americana de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que fueron aprobados por el Congreso de la República mediante la Ley 74 de 1968, establecen que todo ciudadano tiene el derecho a elegir y a ser elegido, al mismo tiempo que debe existir la posibilidad para que todos los ciudadanos, puedan tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su país.

Estos, y muchos más argumentos sustentan la propuesta que además concreta demandas de los jóvenes de toda Colombia en relación con sus posibilidades de participar e incidir realmente en la formulación de políticas nacionales inclusivas en relación con la juventud.

No olvidemos, por último, que los jóvenes en el mundo entero tienen un papel fundamental de relevo generacional de las sociedades, y en nuestro medio, esto se convierte a través de una propuesta como la que aquí se discute, en una oportunidad de singular importancia a la que podríamos denominar como la institucionalización del cambio.

* Director programa presidencial Colombia Joven

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