Viernes, 9 de diciembre de 2016

| 2005/08/14 00:00

"Se le pide demasiado a la justicia criminal"

SEMANA.COM entrevistó a Jaime Malamud-Goti, arquitecto de los juicios a los generales argentinos acusados de delitos atroces en 1985, quien participa esta semana en el diálogo mayor de la Universidad del Rosario sobre el conflicto colombiano y la paz a la luz de experiencias internacionales.

Jaime Malamud-Goti, doctor en derecho de la Universidad de Buenos Aires, fue secretario de Estado del presidente Raúl Alfonsín y uno de los dos principales arquitectos de los juicios a los generales argentinos acusados de delitos atroces. En 1987, como fiscal, llevó ante la Corte Suprema las acciones contra generales y almirantes. Ha escrito libros en torno al proceso de transición argentino como 'Game without end, state terror and the politics of justice', y numerosos artículos y es uno de los invitados al Diálogo Mayor de la Universidad del Rosario sobre experiencias internacionales de paz en relación con la memoria, la justicia y la verdad. SEMANA.COM lo entrevistó.

SEMANA.COM: ¿Cuál era la posición de la mayoría de argentinos respecto a los militares y funcionarios que participaron en las violaciones masivas de derechos humanos?

Jaime Malamud-Goti: Es muy difícil responder a esta pregunta en términos generales. En Argentina, la cacería de brujas de izquierda de las épocas pre-militar y militar fue explicada por muchos como una reacción explicable a las acciones que aquellos despertaron a un monstruo y que, de una manera o de otra, tenían merecido su castigo. "Por algo habrá sido" era el comentario habitual frente a la noticia de la desaparición o el asesinato de alguien. Los juicios modificaron esta actitud. En alguna medida, permitieron la sanción de una historia oficial dotada de una mayor moralidad: la condena de la violencia. En este período fueron los militares quienes pasaron a encarnar el mal. De esta manera, la nueva versión simplificó la historia. Afuera de la nueva versión de la brutalidad y la injusticia quedaban ahora los grupos insurgentes de izquierda más autoritarios y todas las otras alas de la ultra-derecha que protagonizaron también la violencia generalizada.

SEMANA.COM: ¿En qué terminaron los juicios?

J.M.: Los juicios terminaron con dos leyes que prohibían nuevos procesamientos, y otra que exoneraba de responsabilidad a los oficiales debajo del rango de general: Punto Final y Obediencia Debida. Yo patrociné la primera porque el proceso de las acciones judiciales era interminable y los criterios de los tribunales exhibían una gran disparidad. Ahora, con un nuevo gobierno populista -una tradición muy arraigada en Argentina-, se re-inician estos juicios.

SEMANA.COM: ¿Cambió con el tiempo la percepción de estos juicios?

J.M.: Entre 1984 y 1988 fueron muchos los que apoyaron los juicios, pero no sin contradicciones. El apoyo a estos juicios fue, por parte de muchos, compatible con la elección de funcionarios que habían pertenecido al régimen militar. Algunos de ellos se habían destacado por su particular crueldad.

En los 90, el país estuvo volcado a otras preocupaciones como lo fueron la modernización estatal, la privatización de la economía. En esta época, la actitud general respecto de los juicios fue de gran desinterés. Con el fracaso del modelo económico de los 90 y, en especial, con la estruendosa caída de un gobierno conservador en 2001, renació el tema de las culpas por los abusos de los 70. Esta es la encrucijada en la que la Argentina está ubicada en el momento. Aunque hay quienes piensan que volver atrás no es lo mejor que puede pasar y que los tribunales quedarán desbordados por los nuevos juicios. El desborde al que me refiero no es sólo administrativo, sino también institucional. Cuando los conflictos que se ventilan son intensos y profundos, el intento de elucidación de la verdad judicial tiende a diluir la escasa autoridad de los tribunales: la credibilidad de los jueces.

SEMANA.COM: ¿En qué contexto se adoptaron las leyes de Obediencia debida y Punto final?

J.M.: Las leyes de Punto Final y de Obediencia debida fueron la respuesta a un gran desorden institucional. La ley de Punto Final fue también la respuesta a la falta de consenso judicial respecto de quienes debían ser castigados y quienes no. No hubo acuerdo sobre estas cuestiones y poca gente supo cuál fue el criterio que condujo a la cárcel a algunos generales. Los juicios eran lentos. Algunos jueces pasaban meses antes de decidir procesar a algún sospechoso. Otros opinaron que no había delincuentes, sino hombres en estado de necesidad. Hay abogados que ignoran la naturaleza de las condenas de miembros de las juntas militares: cuáles fueron los delitos que justificaron las sentencias y en qué clase de prueba se apoyaron estas. Si bien hubo cierta comprensión respecto de la necesidad de poner fin a esta situación confusa, el descontento respondió al deficiente manejo político del tema. La última de las leyes pareció resultar -y de hecho lo fue en cierta medida- de la coerción ejercida por rebeldes militares sobre el Presidente. El presidente Alfonsín aceptó conferenciar con un coronel rebelde en su cuartel de campaña para terminar por enviar al poco tiempo el proyecto de Obediencia Debida. De esta manera, lo que debió ser la consecuencia de una política de derechos humanos que incluía procesos limitados -no pueden serlo de otra manera- terminó por adoptar todas las apariencias de una gran claudicación. Esto irritó a millones de argentinos. Pero la irritación quedó pronto en el trasfondo. La nueva movida destinada a la reapertura de los juicios fue consecuencia de una escalada de indignación. Hoy, la gente evoca una vez más las leyes como obstructoras de un proceso no resuelto.

SEMANA.COM: Ha sorprendido la decisión de la Corte Suprema argentina de revivir los juicios para imponer sanciones a militares indultados. ¿Cuál fue la reacción del gobierno de Kichner al respecto?

J.M.: La reacción del gobierno fue marcadamente entusiasta. No podía ser de otra manera. Fue el propio Presidente quien, desde el principio de su mandato, propuso como política central que los criminales debían ser juzgados, y la verdad, conocida. Desde el comienzo de esta movida gubernamental, se desarrollaron las tesis más estrafalarias sobre las razones para anular la ley: desde que la coerción empleada había coartado la voluntad legislativa hasta la interpretación adoptada por la Corte Suprema, según la cual los nuevos tratados internacionales en materia de derechos humanos suprimen la solución de las amnistías.

SEMANA.COM: ¿Cuál es su posición al respecto?

J.M.: Yo creo que esto atenta contra los principios de que no hay crimen sin ley previa y de que el tiempo para juzgar y condenar ya quedó atrás. Las bondades de inculpar judicialmente tienen un tiempo de vida útil. Después del 58, las cárceles se vaciaron de los condenados en Nuremberg. Con el caso Demjanjuk, la Corte Suprema de Israel terminó con los criminales del Holocausto. Después de la etapa de la justicia penal, es necesario contar con una verdad más amplia que aquella de culpables e inocentes que surge de juicios a militares.

SEMANA.COM: ¿Cómo sería esa verdad más amplia?

J.M.: Esta verdad no puede dejar de lado la falta de institucionalidad en Argentina y la forma como la violencia política llegó a ser muy generalizada por parte de izquierda y de derecha. Hubo cómplices con diferente grado de responsabilidad, hubo indiferencia y hubo deliberada ignorancia. Todo esto debe formar parte de la verdad oficial y esta verdad oficial sólo puede surgir de un amplio debate que por ahora brilla por su ausencia. Esta verdad, de la que depende la toma de conciencia de una amplia responsabilidad ciudadana, no puede surgir de los estrados de un tribunal donde hay uno o varios culpables y una o varias víctimas inocentes. Esto, como un sube-y-baja en el cual, cuanto más culpable es el culpable, más inocente llega a ser el inocente.

SEMANA.COM: ¿Cree que los procesos efectivamente se reabrirán?

J.M.: No creo que el entusiasmo oficial esté destinado a durar en el tiempo. Los candidatos una vez más no se van a resignar a ser enjuiciados. El proceso es demasiado unilateral para ser percibido como justo. Un país no puede quedarse atascado -absorto- en su pasado porque esto empantana a la sociedad. Una escalada del conflicto entre la derecha y la izquierda es inevitable. Los jueces van a emitir opiniones incompatibles una con otras y la percepción de la justicia requiere cierta integridad que los jueces argentinos están lejos de estar en condiciones de ofrecer. Los nuevos juicios van a complicar el panorama político aun más.

SEMANA.COM: ¿Qué tan necesarias son la justicia y la reparación? ¿Es posible el perdón sin la confesión del responsable del daño?

J.M.: No creo ni en el papel propiamente retributivo de los procesos y las condenas penales ni en su rol disuasivo respecto de futuros y potenciales criminales. Se puede pensar que es bueno, quizá esencial, que cada uno termine por obtener el premio o el castigo que se merece. Esta es la tesis retribucionista: a cada uno de acuerdo con sus merecimientos. Pensar en el merecimiento de cada uno sin la existencia de un orden aceptado que indique qué, cuánto y a quién, resulta irreal. Cuanto menos legitimidad tenga un sistema, mas alejado de la realidad estará el ideal retribucionista.

SEMANA.COM: ¿Y en el efecto disuasorio de las penas sí cree?

J.M.: La idea disuasoria también resulta ilusoria. La noción de que una pena futura va a inhibirnos de ejecutar ciertos actos en el futuro da por supuesto que estos actos no fueron apoyados por grupos e instituciones. Ninguna pena eventual y futura puede ser contrapeso suficiente respecto del estímulo para realizar el acto criminal encarnado en la voz del grupo de camaradas, superiores, amigos y colegas que rodean a un agente. Ellos proveen un fuerte estímulo para hacer "lo mismo". Estos estímulos superan la fuerza disuasiva de una condena criminal que es sólo probable y remota en el tiempo. Por esta razón, no veo mucho sentido en castigar con base en el ideal retribucionista ni en la expectativa disuasoria.

SEMANA.COM: ¿Les ve algún valor a las condenas?

J.M.: Sí. Creo que los juicios y las condenas sirven la causa del robustecimiento de una comunidad pluralista e inclusiva. La condena de algunos criminales que actúan desde grandes organizaciones impacta sobre los que han sufrido los abusos en carne propia. Les dicen que tienen razón, que el agente se valió de medios injustificables y que el destino de la víctima no nació en deficiencias o errores suyos, sino de las motivaciones e intenciones del agente que el tribunal condena. Esta condena tiende a integrar a estas víctimas, a reconocer su dignidad y a aplacar el sentimiento de insignificancia que trae consigo verse transformado en objeto de la violencia de otro individuo. Pero, para cumplir con su misión política y moral, la condena que establece todo esto tiene que ser aceptada por una mayoría suficientemente amplia dentro de la comunidad.

SEMANA.COM: ¿Cómo se logra esa aceptación?

J.M.: Esto exige ejercer considerable prudencia en la cuantificación y la selección de los casos a juzgar. De hecho, este fue el tema en los juicios desde Nuremberg y Tokio hasta Bosnia y Sudáfrica: cómo dignificar a las víctimas y allanar el terreno para su incorporación a la comunidad sin saturar y desbordar a las instituciones. Lo último atenta contra la credibilidad institucional y, con esto, contra la utilidad (política y moral) de las mismas condenas criminales. Además, la condena criminal es más contundente que la civil. Es probable que esto sea así porque el juicio penal no admite tonalidades: se es culpable o se es inocente. Su verdad es, como el final de un cuento, mas clara. Estos contrastes hacen que la historia que se escribe como consecuencia de los juicios penales sea más simple, más incompleta, pero más seductora en un principio.

SEMANA.COM: ¿Ha logrado Argentina reparar el pasado y reconciliarse?

J.M.: Lo máximo que ha ocurrido en Argentina es que, gracias a los juicios de los 80, un amplio sector ha llegado a aceptar que hubo un manejo desenfrenado de la violencia y que esta violencia es inaceptable, cualesquiera sean sus fines. No ha sucedido mucho más porque no ha existido un debate sobre la violencia política en Argentina: sobre la intolerancia, la ausencia de instituciones y de una fuerte definición de los derechos de los ciudadanos por parte de los tribunales. El proceso institucional posdictatorial es débil y es vacilante. Sistemas informales de acusaciones por parte de grupos callejeros reemplazan las voces de los jueces. Estos grupos sindican al culpable de algún hecho público resonante -empezando por los abusos del proceso militar-, rodean la residencia de quien inculpan y pintan leyendas en la fachada. Esto se llama "escrache". Es cierto que, en nombre del "escrache" no ha habido ni linchamientos ni escenas de venganza colectiva, no ha habido siquiera actos de significativa violencia física. Pero sí hay una crisis creciente de credibilidad porque no hay debate. Sólo demostraciones de alto tono emocional y acusaciones que no pueden ser contestadas. Frente a esto no hay defensa posible y las emociones retributivas están sueltas por el aire, fuera de control.

La respuesta, entonces, es que no ha habido reconciliación. Pero con el agregado de que ninguna comunidad repara plenamente su pasado ni llega a reconciliarse, salvo que lo último quiera decir sólo que es necesario vivir juntos de la mejor manera posible. Agrego a esto que la falta de proyectos políticos creativos y la ausencia de una autoridad -especialmente la judicial- impulsa a los argentinos a aferrarse al pasado y a intentar paliar allí el malestar general. Esta es una mala situación.

SEMANA.COM: En Colombia se lleva a cabo un proceso de negociación con los paramilitares. ¿Qué le recomendaría usted al gobierno?

J.M.: El caso colombiano es fascinante y, por lo que yo sé, también muy original. Yo no creo que los juicios sancionen una verdad irreemplazable y sí creo, en cambio, que esta verdad es sobre-simplificadora: la causa de los males radica en el culpable. Hay quienes piensan que es necesario -o al menos conveniente- complementar juicios con otras formas de sancionar la verdad, como debates, comisiones de verdad orientadas a grandes hechos históricos. Por mi parte, creo que estos procesos neutralizan las verdades que emanan de los procesos.

Lo opuesto, por supuesto, es válido también. La razón de ser es que la verdad de los juicios es la inculpación: remueve de nuestro foco de atención aquello que no es la actividad del culpable. Esto incluye a todos los otros actores cuya actividad sería -de acuerdo con criterios históricos más amplios- también importante para entender el pasado y el presente. El origen de los paramilitares no puede ser considerado con independencia de los otros grandes conflictos en Colombia: un Estado con imperio limitado y sectores colocados tradicionalmente al margen de la autoridad de las instituciones oficiales.

Es cierto que los juicios sancionan verdades que, en el futuro inmediato, facilitan la incorporación a la comunidad central de sectores alejados de esta: la condena judicial absuelve a quien cae fuera de su dictado y a quienes purgan sus acciones después de cumplir un castigo. Esto es bueno, pero muy limitado en el tiempo y muy limitado en relación con el público que terminará por aceptar esta resolución del conflicto. En lo demás, sería absurdo intentar abordar el tema de la justicia más allá de una concepción robusta del fortalecimiento del sistema republicano en Colombia.

SEMANA.COM: No parece tener muchas ilusiones respecto de la justicia

J.M.: La justicia es, en general, un recurso muy limitado. Es mucho más limitado aun donde la violencia ha causado grandes estragos y los actores políticos son muy numerosos. La paradoja es que la justicia tiende a resultar menos posible allí donde más se necesita de ella. Pero esta es una paradoja con la que debemos aprender a convivir. Es cierto que acuerdos como este corren el riesgo de proteger grupos en lugar de propender a su desmantelamiento. Es un tema delicado. No es cierto, en cambio, que la limitación de la justicia penal propenda por sí misma a este estado de cosas, sino que ella misma es, con suma frecuencia, la expresión de cómo se presenta el estado de cosas en cuestión.

SEMANA.COM: ¿Podría darnos un ejemplo?

J.M.: En la medida en que ciertos sectores simpatizantes de los paramilitares: hacendados, campesinos, adviertan que se trata de procesos reveladores de la verdad, los juicios van a aclarar el panorama respecto de la población en general porque podrán brindarle una nueva historia oficial. Esto no es posible, sin embargo, cuando los juicios son muchos y muy severos. La falta de uniformidad de criterios será percibida como el reino de la injusticia y esto sólo puede complicar las cosas aun más. Esto no quiere decir que un monitoreo constante del desarme de grupos paramilitares no afiance la autoridad de las instituciones oficiales y que esto no propenda a consolidar la paz. Juicios, si es posible, pero muy limitados. Creo que es hora de advertir que, universalmente, se le ha pedido demasiado a la justicia criminal.

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