Viernes, 9 de diciembre de 2016

| 2007/08/10 00:00

Según la ONIC, el Estado es el principal causante de violaciones a los derechos de los indígenas

En la semana de celebración de las minorías étnicas la Corte Interamericana de Derechos Humanos reveló la condena al Estado colombiano por la ejecución extrajudicial de un líder indígena.

En el Chorro de Quevedo los indígenas purificaron sus bastones de mando, como un acto simbólico. Foto: Cortesía Actualidad indígena. Fundación Hemerá.

Desplazamiento, confinamiento, acoso y exclusión son algunas de las violaciones a los derechos que les toca enfrentar a los pueblos indígenas. Debido a la grave situación que atraviesan, celebran la semana de las minorías étnicas y este 9 de agosto, el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, como un gesto de resistencia.

Esta semana, casualmente, se conoció el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que condenó al Estado colombiano por la violación a los derechos a la vida, a la libertad personal, a la integridad personal y a la protección y garantías judiciales de Germán Escué. Este líder indígena habría sido ejecutado extrajudicialmente por integrantes del ejército, en 1.988.

Por eso la celebración estuvo acompañada de protestas pacíficas que buscaron denunciar la desprotección por parte del Estado. Con actos simbólicos, 600 indígenas recorrieron las calles y lugares emblemáticos de Bogotá, llegaron de distintas regiones con el objetivo de hacer notorias sus demandas y su presencia.

En la celebración de su día visitaron al Congreso. Allí hablaron de sus propuestas y denunciaron la grave situación por la que atraviesan. “Si bien existen leyes, hay unas que van en detrimento de los pueblos indígenas y otras que no se cumplen”, dijo Luis Evelis Andrade, presidente de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC)

Dar a conocer las problemáticas por las que atraviesan debido al conflicto armado y proponer un sistema legal alternativo que rija al interior de sus comunidades, fueron las metas que se trazaron en su visita. Todo, en aras de hacer respetar su derecho de autonomía. Esta es la segunda fase de una movilización que empezó desde el mes pasado cuando arribaron más de 2 mil indígenas del departamento del Cauca.

En Colombia hay 1.738.884 indígenas repartidos en 84 grupos étnicos del país. Son una minoría que representa el 3.4% de la población colombiana, según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).

Este grupo de la población colombiana es de los más afectados por el conflicto armado en Colombia. En cercanías a sus territorios se encuentran grupos armados ilegales, que los han obligado a desplazarse, o a confinarse, en algunos casos. Además, ellos manifiestan las constantes violaciones a sus derechos por parte de la fuerza pública cuando hace presencia.

Muestra de ello fue lo ocurrido la noche del lunes 1 de febrero de 1.988 un grupo de militares irrumpieron en la casa de la familia Escué, en la vereda Vitoyó, Cauca. Con golpes y amenazas preguntaron por Germán. Luego de preguntarle por las “armas”, que supuestamente tenía escondidas, y ante la imposibilidad de encontrar alguna evidencia se lo llevaron y lo ejecutaron.

Casi veinte años tuvieron que pasar para que en este caso se encontrara culpable al Estado que deberá pagar en el término de un año, una suma de 232 mil dólares por los daños causados a la familia. Pero no sólo deberá reparar económicamente a la familia, sino que también tendrá que indemnizar con 40 mil dólares a la comunidad paez de Jambaló, en Cauca, debido a que Escué era un líder indígena muy importante para su comunidad.

Este hecho sienta un precedente para las comunidades indígenas. Es la primera vez que el Estado deberá reparar a una familia y a una comunidad indígena. Esto sucedió luego de un incansable esfuerzo por que se hiciera justicia, al punto de que se tuvo que acudir a una corte internacional. “Aquí queda demostrado que el Estado ha cometido crímenes contra los derechos de los pueblos indígenas y que no es capaz de resolver las violaciones a los derechos de los indígenas”, señaló Andrade.

En un informe presentado por la ONIC, entre enero y agosto del presente año se reportaron casi 17 mil casos de violaciones a sus derechos, entre las cuales la amenaza ha sido la más recurrente con 7.922 casos. Casos de homicidio reportaron 36, entre los cuáles 28 fue de líderes de sus comunidades.

La mayor parte de estas violaciones registradas se le imputan al Estado. Según el informe, el 38% de las violaciones a los derechos humanos fue responsabilidad de este, 11% de la guerrilla y 10 % de los paramilitares.

A esto se suma la falta de políticas que protejan a esta población. A pesar de que a partir de la Constitución de 1991, los pueblos indígenas gozan de representatividad y reconocimiento, Colombia todavía no cuenta con una legislación consecuente con la protección de sus derechos. Antes bien, las organizaciones indígenas se quejan de que las políticas de desarrollo para los territorios rurales van en detrimento de sus derechos.

Estos pueblos en algunos resguardos cuentan con títulos coloniales. Sin embargo, el recién aprobado Estatuto Rural concede la posibilidad de igualar títulos de propiedad si alguien lleva explotando un territorio más de cinco años. Las organizaciones indígenas en todo Colombia coinciden en que esto arremete contra la protección de sus territorios. “Es una verdadera crisis humanitaria la que vivimos en todo el territorio”, dijo Andrade.

La división de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior registra un total de 710 resguardos en el territorio nacional, con una extensión aproximada de 34 millones de hectáreas. Esto indica que legalmente ellos serían los dueños de casi el 30 % del territorio. Pero debido a la apropiación ilegal de sus territorios por parte de grupos armados para la explotación de cultivos ilícitos, muchos de ellos se han desplazado a las ciudades a vivir en condiciones de mendicidad.

Otra razón que argumentan, los afectará, es que los resguardos no podrán sanearse donde haya intereses de explotación de territorios con fines de “desarrollo”. Esto quiere decir que donde las grandes industrias decidan ejecutar proyectos de extracción de recursos o explotación, en territorios que pertenecen a estos pueblos, lo podrán hacer. De esta manera se ve amenazada, no solamente la preservación de la identidad de estos pueblos, sino su trabajo de protección al medio ambiente.

Según la WWF Adena, en Colombia se ha perdido el 30 % de los bosques nativos que en un tiempo cubrían el 80 % del territorio nacional. El 40% del bosque que queda se sitúa en territorios afro colombianos e indígenas.

Por eso la celebración de su día no podía hacerse sin una búsqueda de llamar la atención sobre los problemas que ellos consideran neurálgicos para lograr una pervivencia a pesar de las circunstancias e increpar al Estado: “Hoy no sólo los invitamos a observar un proceso de paz y desmovilización con nuestros victimarios, sino también a apoyar, acompañar e invertir mayores recursos en la reparación integral, la verdad y la justicia, para las víctimas”, manifestó Andrade.


La iniciativa del Ejército

Debido a la preocupación que suscita la situación de las etnias colombianas, las Fuerzas Armadas decidieron crear la Oficina de Asuntos Indígenas. El objetivo es poder capacitar a los militares en materia de diversidad y cuidado de estos pueblos .

La iniciativa contiene un plan de orientación con la cual el Ejército busca que se reconozcan los derechos de los pueblos indígenas para no incurrir en atropellos.
“La idea es que las Fuerzas Militares conozcan sobre los pueblos indígenas para que respeten sus costumbres, leyes, resguardos y territorios sagrados”, dijo Fanny Romero, asesora de la Oficina de Asuntos indígenas.

Con esto también pretenden acercarse a las comunidades para poder ganarse su confianza. A través de medios de comunicación y talleres de instrucción, buscan llegar a los lugares donde hay población indígena.

“Desde el punto de vista formal es bueno”, dijo Andrade. Sin embargo, las organizaciones indígenas están a la expectativa de que esto funcione en términos reales, pues hasta ahora la presencia militar no les ha garantizado su protección. Porque según la ONIC, son los principales causantes de violaciones a sus derechos.

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