Segundo jalón de orejas al gobierno por actuaciones irregulares durante la campaña electoral

El gobierno de Álvaro Uribe recibió en menos de una semana dos jalones de orejas por actuaciones irregulares durante la campaña electoral en contra de sus adversarios. Y los autores de las reprimendas han sido dos de los organismos de control más serios y respetados del país: la Corte Constitucional y la Procuraduría General de la Nación.

Primero fue la Corte que le ordenó a la gerencia de la campaña, que en ese momento ejercía Fabio Echeverri Correa –uno de los escuderos más poderosos de Uribe–, rectificar una cuña que atentó contra el buen nombre y la honra de los familiares y sobrevivientes de la Unión Patriótica (ver artículo anexo).

Y ahora el llamado de atención viene de la Procuraduría que elevó pliego de cargos contra el comisionado de Paz, Luis Carlos Restrepo, por el lamentable episodio en el que se afirmó desde la Casa de Nariño que el entonces candidato Rafael Pardo tenía una alianza con las Farc para evitar la reelección.

Esta historia empezó el 17 de enero pasado cuando de manera sorpresiva Juan Manuel Santos –entonces presidente del partido de La U– dijo en una rueda de prensa que tenía una información en el sentido de que Pardo había hecho un acuerdo con las Farc para unir fuerzas.

“El gobierno recibió una información en donde se decía que el senador Rafael Pardo le había hecho una propuesta a las Farc de un acuerdo humanitario despejando los municipios de Pradera y de Florida y que los invitaba a que se unieran a las fuerzas de oposición en contra del presidente Uribe en las próximas elecciones, porque si el presidente Uribe ganaba las próximas elecciones se perpetuaría en el poder”, aseguró Santos ante la sorpresa general.

Pardo en ese momento era uno de los más sólidos aspirantes a la Presidencia entre otras razones, por su brillante trabajo en el Senado, por su alta formación académica, su seriedad intelectual y sus conocimientos en el manejo del orden público. Precisamente, como ministro de Defensa había combatido con fortaleza a esta guerrilla al ordenar el asalto a Casa Verde, histórico bastión de la insurgencia.
Naturalmente, las acusaciones de Santos produjeron un escándalo en el país. Diversos sectores rechazaron las insinuaciones y le pidieron al gobierno presentar las pruebas.

Uribe guardó silencio por unos días pero sus funcionarios continuaron divulgando la versión. Así, el 19 de enero el comisionado Restrepo informó: “Supe el día 2 de enero de 2006 de una propuesta que habría sido enviada por el senador Pardo a las Farc, la que según información recibida, iba consignada en un CD. De este hecho tiene conocimiento y es testigo directo un familiar de una de las personas secuestradas, cuyo nombre no hago público por no poner en riesgo la seguridad de la persona que se encuentra retenida. En dicha propuesta se habla de las consecuencias que se derivarían de un triunfo en las elecciones de marzo de las listas de los seguidores del presidente Uribe, pues en tal caso, y reproduzco las palabras que escuché, ‘habría Uribe para mucho rato’. Por tal motivo era urgente concertar una cita entre el senador y las Farc para analizar la posibilidad de una acción conjunta.
Entonces el país entró en un debate si Pardo mentía o no y si si sería cierto que él había hecho un acuerdo con las Farc. En los espacios radiales muchas personas llamaron para expresar su indignación con Pardo y a las redacciones de los medios impresos llegaron cientos de mensajes reprobando su comportamiento pues como era posible que se aliara con actores armados ilegales. Es decir, el daño contra el candidato presidencial ya estaba hecho.

Posteriormente, el presidente Uribe anunció una rectificación que en realidad no fue tal sino que se dejó la duda con el argumento de que por seguridad nacional no se podía revelar el nombre de los testigos que había suministrado la versión. “Acabo de tener una última conversación con el alto comisionado, doctor Luis Carlos Restrepo, él me dice que el gobierno no puede revelar los nombres de los testigos, por el interés superior del país en la paz y en el acuerdo humanitario. En consecuencia el gobierno no puede probar las declaraciones contra el senador Pardo. En virtud de lo anterior, el gobierno se retracta de esas declaraciones, le ofrece disculpas públicas al senador Pardo, por mi conducto directamente, y tratará el tema con él en privado”, dijo Uribe.

Pasaron las elecciones y el asunto cayó en el olvido. Sin embargo, este martes lo revivió la Procuraduría con su decisión. El Ministerio Público considera que Restrepo repitió, publicó y publicitó una “presunta imputación deshonrosa” en contra de Pardo. A lo cual Restrepo responde que él fue “el primer sorprendido” cuando vio en la televisión a Santos acusar de esa manera a Pardo.

Restrepo contó que él sí escuchó las versiones de lo que estaba haciendo Pardo y que en su condición de comisionado de Paz fue y se las transmitió al presidente Uribe pero que él no tuvo nada que ver con el comunicado expedido por la Casa de Nariño. “Rafael Pardo ha propuesto a las Farc una acción política en contra del Presidente de la República”, decía el comunicado de Palacio.