Senadores Maloof y Araújo se declararon inocentes por ‘parapolítica’; siguen Pimiento y Vives

Dos de los pesos pesados del uribismo en el Congreso rindieron indagatoria este martes ante la Corte Suprema de Justicia, que los investiga por vínculos con las autodefensas. Lo senadores Dieb Maloof (de Colombia Viva) y Álvaro Araújo (de Alas Equipo Colombia) negaron ante el tribunal que sus campañas al Congreso se hubieran beneficiado con el accionar de los grupos de autodefensas que operan en Atlántico y Cesar, respectivamente, en especial por Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40.

Los dos legisladores aparecen mencionados en el computador decomisado a alias Don Antonio (hombre de confianza de Jorge 40) y en las declaraciones de Rafael García (ex jefe de informática del DAS, hoy preso por nexos con las AUC) como beneficiarios del fraude orquestado por las autodefensas en las elecciones de Congreso de 2002. Ambos desmintieron las acusaciones ante los magistrados que los indagaron, pero sólo Maloof accedió a hablar con la prensa después de la diligencia, situación que aprovechó para decir que no “generalizará acusaciones” y que sólo se defenderá de las sindicaciones contra él y su campaña.

La diligencia, que duró más de 12 horas, le será practicada este miércoles a los también senadores Mauricio Pimiento (Partido de la U) y Luis Eduardo Vives (Convergencia Ciudadana) igualmente acusados de concierto para delinquir. Un día después serán llamados los representantes Alfonso Campo y Jorge Luis Caballero, quienes completan el grupo de los seis legisladores citados desde la semana pasada a indagatoria por el escándalo de ‘parapolítica’ que ya tiene tras las rejas a tres congresistas de Sucre: Álvaro García, Jairo Merlano y Erik Morris. En estos últimos tres casos el testigo estrella es Jairo Castillo Peralta, un ex paramilitar que decidió contar desde el exilio los vínculos entre las autodefensas y los políticos de ese departamento. El proceso contra Merlano fue remitido a la Fiscalía porque éste renunció al fuero especial de congresista, que según él no el daba las garantías necesarias.

Al caso también están vinculados los ex gobernadores Miguel Nule y Álvaro Arana. A éste último la Fiscalía le dictó orden de captura el martes por considerar que existen indicios que demostrarían que pagó 120 millones de pesos por el asesinato del ex alcalde de El Roble (Sucre), Tito Díaz, quien en pleno consejo comunal le suplicó en vano al presidente Álvaro Uribe que lo protegiera de los políticos que lo querían matar.

Mientas el proceso avanza, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Yesid Ramírez, le salió al pasó a la filtración de informes que buscan comprometer a ese tribunal con el capo italiano Giorgio Sale, quien ocupa las primeras planas de los medios nacionales debido al descubrimiento de sus relaciones con el ex presidente del Consejo Superior de la Judicatura, José Alfredo Escobar. Aunque Ramírez no hizo comentarios sobre el caso de Escobar (quien pertenece a otro tribunal independiente de la Corte que él preside) aseguró que la filtración de informes sobre las visitas de Sale a la Corte Suprema y sus reuniones con algunos magistrados pretende restarle credibilidad al proceso que se sigue contra los congresistas por la parapolítica.

Según Ramírez, Sale sí asistió a algunos eventos en los que estaban presentes varios miembros de la Corte, pero no fue invitado por ellos ni tuvo relación alguna con los mismos. Incluso aseguró que las visitas del capo al Palacio de Justicia, sede de la Corte, se debe a que el tribunal sigue un proceso contra él, pero no a que se la haya dado un trato preferencial. Mencionó en concreto el caso del magistrado Gustavo Gnecco, quien habría sido inútilmente abordado por Sale en busca de información sobre su proceso.
Ramírez también se mostró preocupado por las denuncias sobre presiones contra la Corte, interferencias a los computadores del órgano judicial (en busca de filtraciones de información) y amenazas contra los testigos e investigadores que siguen el caso de los nexos entre ‘paras’ y políticos.

Esta es la hoja de vida del grupo de seis congresistas citados para rendir indagatoria esta semana en la Corte Suprema.

Álvaro Araújo

Su vinculación al escándalo por para-política es una de las que más han impactado en la opinión, pues además de ser muy cercano al presidente Álvaro Uribe, es hermano de la canciller María Consuelo Araújo, quien dijo esta semana ante el Congreso que no renuncia al cargo pese a las presiones de la oposición. Araújo es también sobrino político del procurador Edgardo Maya Villazón y primo del magistrado de la Corte Constitucional Jaime Araújo y el gobernador de Cesar, Hernando Molina.

Como presintiendo lo que vendría, Araújo reconoció hace una semana que asistió a una reunión con alias ‘Jorge 40’ y que su hermano Sergio se reunió varias veces con el ex jefe paramilitar con autorización del gobierno. Aunque su versión fue corroborada esta semana por el comisionado de Paz, Luis Carlos Restrepo, Araújo ya había desatado una tormenta política en el uribismo al declarar que si lo investigaban a él, saldría salpicado el gobierno.

Llegó a la Cámara de Representantes en 1994 con 18.151 votos y en 2002 pasó al Senado con más de 79.000 en las elecciones en que –según Rafael García– ocurrió el fraude electoral orquestado por los paramilitares. En 2006 obtuvo la votación más alta de Alas-Equipo Colombia, partido que logró cinco curules para el Senado y del cual es cofundador. Sus mayores fortines electorales son Cesar y Magdalena, en donde tiene ubicadas a sus cuotas políticas

Aunque siempre ha estado en la comisión quinta (de asuntos energéticos), sus propuestas más sonadas han sido sobre temas de seguridad. En noviembre de 2003 pidió al Congreso permitir que los paramilitares desmovilizados fueran recibidos en la Fuerza Pública. Y en la discusión de la Ley de Justicia y Paz radicó un artículo que permitía a los paramilitares quedarse con el 20 por ciento de sus bienes ilegales cuando finalizara el proceso de paz, iniciativa que no fue aprobada.

Dieb Maloof

Su presentación ante la Corte para rendir versión libre en el proceso por la para-política no evitó que lo llamaran a indagatoria por el delito de concierto para delinquir agravado. Sin embargo, el senador barranquillero dice que está tranquilo y asegura que demostrará su inocencia.

Desde el año pasado, Maloof ha sido señalado como beneficiario de la repartición electoral de las autodefensas en la Costa Atlántica, versión que llegó a Bogotá en plena campaña de 2006 y que significó su expulsión del partido de La U por solicitud del presidente Álvaro Uribe. Según las informaciones que recibió el Presidente, Maloof habría participado en reuniones con el ex jefe para ‘Jorge 40’ .

Días después, SEMANA divulgó una conversación de chat incluida en el computador de ‘Jorge 40’ en la que Édgar Ignacio Fierro Flórez (‘Don Antonio’), mano derecha del ex jefe del Bloque Norte de las AUC, y Carlos Mario García Ávila (‘Gonzalo’), jefe político del mismo, hablaban sobre la repartición de apoyos para las elecciones de Congreso.
Llegó al Congreso como suplente de Édgar Perea y en 2002 logró el 80 por ciento de su votación en zonas de influencia paramilitar de la Costa Atlántica. Cuatro años después, ante la expulsión del uribismo, revivió la personería de Colombia Viva y logró mantenerse en el Senado, en donde es ponente de la reforma a la Ley 100. Tuvo cuotas políticas en el Incoder, y su esposa, Shaida Habib, es directora del Instituto Distrital de Seguridad en Barranquilla.

Mauricio Pimiento

Fue el único de los seis congresistas llamados esta semana a indagatoria que dio la cara desde el momento en que se conoció la noticia. Tan pronto fue notificado, indicó a la prensa que se sometía a la decisión de la Corte Suprema de Justicia y renunciaba a la condición de ponente del proyecto de reforma a la justicia, que promueve cambios en ese tribunal. También le pidió al partido de La U que lo suspenda mientras se defiende de las acusaciones en su contra.

Pimiento asegura que en una región como Cesar es muy difícil hacer política sin cruzarse por el camino a algún jefe paramilitar, pero que eso no significa que tenga relación con grupos armados o que su campaña haya sido financiada por ellos.

Es uno de los congresistas de provincia más influyentes del país y más cercanos al presidente Uribe. Ex gobernador de su departamento y defensor de la negociación con las autodefensas desde la comisión primera del Senado, Pimiento logró mantenerse en el Congreso al conseguir la décima votación más alta del partido de La U durante las elecciones de 2006. De los 52.000 votos que obtuvo, 17.000 fueron en su departamento y 11.000 en La Guajira, dos de los entes territoriales en los que, según Rafael García, las elecciones eran controladas desde hacía cuatro años por el ex jefe paramilitar ‘Jorge 40’.

Jorge Luis Caballero

También fue llamado a indagatoria por concierto para delinquir agravado. La Corte le preguntará por tres temas: ¿Por qué nombró al comandante ‘Rubén’ de las AUC en su UTL del Congreso (información obtenida del computador de ‘Jorge 40’), ¿cómo explica la concentración de votos que obtuvo en las zonas de influencia paramilitar en 2002 (acusación de Rafael García) y cuál fue su participación en la cumbre paramilitar de Curumaní (Cesar) convocada por ‘Jorge 40’ para planear la distribución de votos de la Costa Atlántica en las elecciones de Congreso de 2006.

Aunque todos estos hallazgos fueron obtenidos este año, Caballero ya había sido acusado públicamente por el entonces representante Gustavo Petro de tener vínculos con las autodefensas. El señalamiento ocurrió durante un debate sobre paramilitarismo realizado el 16 de mayo de 2005 en el Congreso. En dicha reunión, Petro señaló que los tentáculos del paramilitarismo en la región no involucraban exclusivamente a Caballero, y salpicó a la mayoría de congresistas de Magdalena y Sucre. Desde entonces se ha defendido argumentando que su alta votación en Magdalena se debe a la labor social que realizó como gobernador.

A comienzos de 2006, Caballero volvió al centro del huracán cuando fue expulsado del uribismo por vínculos con las autodefensas. En ese momento hacía parte de la lista de Cambio Radical del senador Germán Vargas Lleras, quien lo notificó públicamente de que ya no era bienvenido en su bancada. Pese a la ‘purga’, logró mantenerse en la Cámara de Representantes al presentarse por el partido Apertura Liberal, del desinvestido representante Miguel Ángel Flórez. Integra la comisión primera, desde la cual defendió en el cuatrienio anterior temas como la Ley de Justicia y Paz y la reelección presidencial.

Luis Eduardo Vives Lacouture

Fue salpicado por Rafael García desde el 22 de noviembre de este año en una declaración en la que lo señala de tener nexos con los paramilitares de Magdalena y beneficiarse políticamente de sus presiones a los votantes de la zona para obtener una curul en las elecciones de Senado de 2002.

Es integrante de una de las castas políticas más poderosas de la Costa Atlántica y sobrino del controvertido ex senador José Ignacio, Nacho, Vives, quien promovió sonados debates contra la extradición y figura como lobbista de los narcos de los años 80 en el libro Los jinetes de la cocaína, que destapó la infiltración de las mafias del narcotráfico en la política colombiana.

En enero de 2006, menos de dos meses antes de las elecciones de Congreso, Vives fue uno de los tres congresistas expulsados del partido de La U por supuestos vínculos con paramilitares. Tras ese impasse se inscribió en la lista de Convergencia Ciudadana (del senador Luis Alberto Gil) y se mantuvo en el Congreso con 58.000 votos. Pertenece a la comisión tercera del Senado, encargada de los temas económicos.

Alfonso Campo Escobar

Su vinculación al caso obedece a algunos indicios sobre reuniones con jefes paramilitares de Magdalena y a dudas sobre la conformación de sus listas a la Cámara de Representantes por el Partido Conservador.

Respecto al primer caso, García, condenado por vínculos con los paramilitares, asegura que Campo también fue beneficiado con la repartición electoral decretada por las autodefensas. El ex jefe de informática del DAS aseguró en su declaración ante la Fiscalía que durante 2002 los paramilitares hicieron un complot destinado a favorecer a los candidatos de sus afectos en las elecciones de Congreso. “Los municipios del sur deberían votar por (...) Alfonso Campo a la Cámara”, señaló en su indagatoria. En una nueva declaración rendida el 22 de noviembre, García volvió a mencionar a 10 congresistas y ex congresistas a los que el ex jefe paramilitar ‘Jorge 40’ habría ayudado, y entre ellos incluyó a Campo.

Ante esta situación, Campo decidió presentarse voluntariamente a la Corte para que le recibieran versión libre sobre el tema, pero cinco días después de declarar, fue llamado a indagatoria por concierto para delinquir agravado.

Las dudas sobre la conformación de su lista tienen que ver con su decisión de incluir como segundo renglón a Juan Barrera, hijo de ‘Chepe’ Barrera, el temido jefe paramilitar que operaba al sur del departamento, desde la zona del Plato hasta la depresión mompoxina. En esa región Campo obtuvo elevados niveles de votación que coinciden con las zonas de presencia paramilitar.