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Un niño de San Andrés con la bandera de Colombia durante el 20 de Julio en la tradicional ceremonia de la Fiesta de Independencia nacional. FOTO: DANIEL REINA/SEMANA

RELACIONES EXTERIORES

Sentencia del Tribunal de La Haya: “Las islas San Andrés, Providencia y Santa Catalina son de Colombia”

La Corte Internacional de Justicia de La Haya dijo hoy jueves que la soberanía del país sobre las tres islas no está en discusión. Sin embargo, determinó que sí es competente para decidir la frontera marítima entre los dos países. Colombia y Nicaragua deben sentarse ahora en la mesa para resolver esta situación.

César Paredes
13 de diciembre de 2007

Para los expertos en derecho marítimo internacional fue un fallo salomónico. La Corte Internacional de Justicia de La Haya determinó hoy jueves que la soberanía de Colombia sobre las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina no está en discusión porque el tratado de 1928 entre Colombia y Nicaragua ya resolvió “la cuestión”. Sin embargo, dictaminó que los dos países deben sentarse para resolver su delimitación marítima. Este proceso, según prevén los expertos, puede tardarse años debido a la complejidad en el nuevo derecho marítimo para definir los límites.

“La CIJ considera que el tratado de 1928 entre Colombia y Nicaragua resolvió la cuestión de la soberanía de las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina (...) y que por tanto, no puede ser competente en este punto”, declaró hoy el tribunal en su decisión, comunicada tras seis meses de deliberaciones.

“Sin embargo, la Corte considera que es competente en el diferendo relativo a la soberanía de las otras formaciones marítimas reivindicadas por las partes y sobre el diferendo relativo a la delimitación marítima entre ellas”, agregó el tribunal, presidido por la británica Rosalía Higgins.

El fallo se produjo cuando en ambos países se vivía una situación diametralmente opuesta. Colombia lo esperó “sin preocupación” porque tenía la certeza de que la soberanía sobre el archipiélago “desde hace 200 años”, como lo expresó el miércoles el canciller Fernando Araújo.

Para Colombia los reclamos de Nicaragua no procedían porque el tema fue zanjado por un tratado en 1928. Pero además en 1948, 14 países latinoamericanos, incluyendo Nicaragua, firmaron el llamado Pacto de Bogotá en el que Colombia incluyó una cláusula afirmando que con ese pacto se solucionaban los asuntos irresueltos entre los países signatarios, recordó Araújo.

En cambio, en Managua la situación era de provocación. El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, había invitado al ejército nicaragüense, “si bien carece de la fortaleza del colombiano” a “estar preparado”. Igualmente, Ortega había señalado que el presidente Uribe “debía aceptar la competencia de la Corte sobre la disputa por el archipiélago de San Andrés y Providencia, a 775 kilómetros al noroeste de Colombia y a 220 kilómetros de la costa de Nicaragua”.

Colombia en la víspera había respondido que la situación era tranquila. El comandante de la infantería de marina de Colombia, brigadier general Fernando Ortiz, había afirmado que no había recibido instrucciones de reforzar la presencia castrense en los islotes, donde tradicionalmente mantiene un contingente de cerca de una docena de militares.
 
Desde hacía décadas, Nicaragua reclamaba la soberanía sobre unos 50.000 kilómetros cuadrados de territorio en el Mar Caribe, que comprende las islas de San Andrés, Providencia y varios islotes.

Las autoridades de Nicaragua sostienen que las islas le pertenecían porque fueron indebidamente cedidas a Colombia en el Tratado Bárcenas-Esguerra de 1928, cuando el país estaba ocupado militarmente por Estados Unidos. Colombia alegó el debido respeto a los tratados internacionales que fijan límites. En un hecho que hoy el Tribunal le dio la razón.
 
Una semana complicada

Antes del fallo de hoy en La Haya, las cosas en materia internacional no pintaban bien para Colombia. Aquí están los antecedentes.
 
Las relaciones diplomáticas de Colombia en los últimos días pasan por una racha de desencuentros, sobre todo con sus países vecinos. El hecho más reciente es el que acaba de suscitarse ad portas de la decisión de la Corte Internacional de Justicia con sede en La Haya sobre su competencia para juzgar el diferendo territorial entre Colombia y Nicaragua en el mar Caribe.

El presidente nicaragüense, Daniel Ortega, calificó la política colombiana de “imperialista” y “expansionista” en el Caribe y advirtió al Ejército de su país que debe estar preparado para un posible enfrentamiento bélico. El canciller colombiano Fernando Araújo ha sostenido que esta Corte internacional no tiene jurisdicción sobre el tema y respondió que Colombia no contempla escenarios de conflictos internacionales ya que el Ejército está concentrado en el conflicto interno y que “la posición de Colombia no es de fuerza sino jurídica”.

El litigio comenzó cuando en 2001 Nicaragua entabló una demanda en la cual reclama 50.000 kilómetros cuadrados en el Caribe, dentro de los cuales están incluidas la islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina y los cayos Roncador, Serrana, Serranilla y Quitasueño. Este territorio es de gran importancia turística, cultural y políticamente para Colombia. La situación durante años se mantuvo en calma y el archipiélago era visto como una de las riquezas paisajísticas del país, sin embargo, las discrepancias aumentaron tras conocerse que hay proyectos de explotación petrolera en la región.

Una historia de propiedad. Este archipiélago, en 1803 se integró al Virreinato de la Nueva Granada. Luego de la independencia, en 1822 se consiguió su adhesión a la Gran Colombia y el mismo año se izó la bandera colombiana por primera vez en ese territorio. En 1928 se confirmó a través del Tratado Esguerra-Bárcenas entre Colombia y Nicaragua que confirmó la soberanía del primero en este territorio. No obstante Managua argumenta que por esa época Nicaragua estaba bajo una ocupación militar estadounidense, y por tanto, no tiene validez. El embajador de Nicaragua en Holanda, Carlos José Argüello Gómez, definió la política colombiana en esta materia como una 'provocación' y puso como ejemplo el hecho de que el presidente Uribe decidiera celebrar el 20 de julio en San Andrés, lo que desde Bogotá fue expresado como un mensaje de soberanía.

Estas diferencias se hacen ahora presentes justo cuando las relaciones de Colombia con otros vecinos no están bien.

¿Qué pasa con la diplomacia?

Colombia atraviesa por una crisis diplomática con las naciones hermanas. Al tema de Nicaragua se suma la reciente ruptura de buenas relaciones con Venezuela, luego de que el presidente Uribe decidiera de manera abrupta sacar de la intermediación por el acuerdo humanitario al presidente Hugo Chávez. Aunque Uribe ha dicho que las relaciones se deben recomponer por los canales diplomáticos, en las últimas horas el mandatario venezolano anunció que rompería las relaciones comerciales con Colombia.

Llevar a la práctica esta amenaza puede repercutir en un gran costo económico para los dos países. Venezuela en caso de incumplir los acuerdos pactados tendría sanciones económicas y su abastecimiento al recurrir a otros países aumentaría sus costos, mientras que Colombia se privaría de tener al segundo socio más importante después de Estados Unidos para la compra de sus productos.

Por otro lado, el pasado 12 de noviembre, el ministro de Defensa de Ecuador, Wellington Sandoval, afirmó que su país limitaba “al norte con las Farc y con el ELN”. Así manifestó su descontento con el ejercicio de la soberanía colombiana. Los problemas en este punto de la frontera tiene que ver con tres elementos básicamente: el desplazamiento de población colombiana hacia el país vecino, las incursiones que unas veces son por grupos armados ilegales y otras por fuerzas militares y la aspersión aérea con glifosato.

De esta situación de las relaciones internacionales de Colombia se deduce a simple vista que en buena medida las directrices de la política exterior de este país está atravesada por la necesidad de resolver el conflicto armado. Incluso, aunque en apariencia la relación con Nicaragua se ve amenazada por un problema limítrofe, el trasfondo es político, y se enmarca en una coyuntura de características particulares donde la situación interna del país determina sus relaciones. Veamos por qué:

“En el nivel hemisférico hay una tendencia a la polarización. Por un lado Estados Unidos desconoce los organismos internacionales para el ejercicio de su política exterior e intenta manejarla de manera unilateral queriendo consolidar su hegemonía en la zona. Por otro, países con gobiernos de izquierda hacen un contrapeso importante y cuestionan la política expansionista norteamericana”, explicó a Semana.com la analista internacional Sandra Borda.

En ese contexto Colombia ha expresado su alianza incondicional con Estados Unidos. Sin embargo esta alianza no es nueva, sino que tradicionalmente los gobiernos, salvo algunas excepciones en que se ha buscado balancear las relaciones, han privilegiado su relación con este país. “Lo que pasa es que en el nuevo escenario internacional, no sólo en el hemisferio sino en el nivel mundial, es más difícil balancear esta relación, pues Estados Unidos proyecta una imagen expansionista agresiva. En otras palabras Colombia está aliada con ‘los malos del paseo’”, dijo Borda.

La manera que Colombia maneja sus relaciones exteriores tiene costos y beneficios, que a la hora de hacer un balance deberían ser los que se tengan en cuenta para dirigir la política exterior.

Para Borda el principal beneficio que se consigue de la relación es la ayuda económica y militar que Estados Unidos presta a Colombia: “Este gobierno le apuesta a una confrontación frontal a la guerrilla, y como cree que puede hacerlo, es lógico que busque un aliado que pueda ayudarle con armas, infraestructura, inteligencia militar y dinero. De lo contrario no podría pelear esta guerra interna”. La analista también argumenta que en el conflicto con Nicaragua también podría sacar un resultado favorable de esa alianza.

No obstante todo no es favorable. La posición de Colombia en ese contexto de polarización, cobra su cuota más alta con los países vecinos cuya tendencia de gobierno es de izquierda. El mayor costo es que el país sufre una relegación histórica ya que el contrapeso de la izquierda ha aumentado recientemente. “La posición de Colombia genera un rechazo que se manifiesta en un alejamiento del hemisferio cada vez más evidente”, dice Borda.

Hay que mirar esos costos y beneficios, si vale la pena, si se justifica. Lo ideal sería volver a equilibrar la balanza de las relaciones, si se quiere dirimir los roces con los países vecinos.“Hay que bajarle el tono a la confrontación si se quiere mantener el control”, concluyó Borda.