Jueves, 8 de diciembre de 2016

| 2006/10/11 00:00

Sexo, Congreso y partidos

El paso del proyecto de los derechos patrimoniales de las parejas del mismo sexo es una buena excusa para mirar el funcionamiento del Congreso. Análisis de Juan Felipe Cardona Cárdenas*

Sexo, Congreso y partidos

En medio de un acalorado debate, en el que no faltaron las referencias bíblicas y filosóficas, la plenaria del Senado aprobó ayer en segundo debate el proyecto 130 de 2005, que busca reconocer los derechos patrimoniales de las parejas del mismo sexo.

Aunque el resultado final, 49 votos a favor y 40 en contra, ratificó que el proyecto contaba con el apoyo mayoritario en el Senado, se vivieron momentos tensos que hicieron sospechar que los opositores a la iniciativa, repitiendo la estrategia usada la semana pasada, pensaban disolver el quórum para evitar que la votación se llevara a cabo.
 
Paradójicamente, fue el mismo autor del proyecto, el senador Álvaro Araújo, de Alas Equipo Colombia, quien complicó el debate: el parlamentario, buscando incluir dentro del texto algunas observaciones hechas por los opositores de la iniciativa, presentó una proposición aditiva al artículo primero del proyecto, razón por la cual el senador liberal Héctor Elí Rojas solicitó a la mesa directiva un receso de dos horas para poder estudiar la adición, receso que de haberse permitido, sin duda habría dificultado la posterior conformación del quórum.

Casi de inmediato, sectores de Cambio Radical, del Partido Conservador y de MIRA, secundaron la propuesta del senador Rojas e incluso sugirieron demandar el proyecto por supuestos vicios de trámite, alegando que la adición propuesta obligaba a que la iniciativa comenzara de nuevo su trámite en la Comisión primera.
 
Aunque los senadores Araújo y Gustavo Petro (PDA) insistieron en que el nuevo texto surgió de los debates en plenaria y que no cambiaba sustancialmente el proyecto original, razón por la cual no tenía que ser devuelto a Comisión, todo indicaba que los opositores usarían estos argumentos para torpedear la votación.

Ante la complicada situación, el senador Araújo retiró la proposición aditiva, lo que permitió que la mesa directiva, presidida por la senadora Dilian Francisca Toro, diera por terminado el debate y procediera inmediatamente a llamar a votación nominal.

¿Funcionaron las bancadas?

Tal como se esperaba, fueron pocos los partidos que lograron que la totalidad de sus miembros votaran cohesionadamente el proyecto. La división más marcada se presentó en el interior de Alas Equipo Colombia, donde la decisión mayoritaria de apoyar el proyecto se vio afectada por el voto negativo de los senadores Óscar Darío Pérez y Óscar Suárez, hecho paradójico, si se tiene en cuenta que el autor del proyecto es a la vez el principal líder de la colectividad.
 
El Polo Democrático Alternativo, otro de los partidos que se contaban como respaldo incondicional del proyecto, no logró persuadir al senador Jesús Bernal Amorocho para que actuara en bancada, y este finalmente dio su voto por el no.

Cambio Radical, partido que en época de campaña se mostró en contra de este tipo de iniciativas a favor de la población LGBT, en gran medida por la presión de líderes provenientes de la Iglesia cristiana como la senadora Claudia Rodríguez de Castellanos, se sorprendió al ver que dos de sus senadores, Arturo Char y Juan Carlos Restrepo, se apartaron de la decisión mayoritaria y apoyaron el proyecto.
 
Lo mismo ocurrió en Convergencia Ciudadana, colectividad en la que dos de sus siete senadores votaron a favor de los derechos patrimoniales para las parejas del mismo sexo: Luis Alberto Gil y Samuel Arrieta.

La gran sorpresa se presentó en el Conservatismo, partido que a pesar de ser uno de los opositores más radicales del proyecto, vio cómo tres de sus parlamentarios lo votaron afirmativamente: Ubeimar Delgado, Luis Humberto Gómez Gallo y William Montes. El otro partido tradicional, el Liberal, tampoco pudo evitar que dos de sus senadores, apartándose de la decisión de la bancada, emitieran su voto negativo frente al proyecto: Jesús Ignacio García y Héctor Elí Rojas.

El Partido de la U no fue ajeno a esta división. Aunque 13 de sus 20 senadores apoyaron el proyecto, tal como se había decidido internamente, cuatro alegaron objeción de conciencia para intentar tratar de hundirlo: Luis Élmer Arenas, Jairo Clopatofsky, Manuel Enríquez Rosero y Martha Lucía Ramírez.

Sólo cinco partidos actuaron en su totalidad como una bancada cohesionada: Colombia Viva y MIRA, opositores del proyecto, y ASI, AICO y Colombia Democrática, apoyándolo. Sin embargo, hay que tener en cuenta que 13 parlamentarios no se hicieron presentes en el recinto del Senado en el momento de llevarse a cabo la votación: Bernabé Celis, David Char, Nancy Patricia Gutiérrez y Germán Vargas Lleras, de Cambio Radical; Miguel Alfonso de la Espriella, de Colombia Democrática; Juan Carlos Martínez, de Convergencia Ciudadana; Juan Manuel Corzo, del Partido Conservador; Carlos Ferro, Aurelio Iragorri y Adriana Gutiérrez, del Partido de la U; y Germán Aguirre, Luis Fernando Duque y Hugo Serrano, del Partido Liberal.

Aunque esta votación ha desatado voces de desaprobación y pesimismo frente a la Ley de Bancadas, por no impedir efectivamente que un congresista vote en contra de la decisión de su partido, lo cierto es que para ser un tema tan polémico y espinoso como lo es el relacionado con los derechos de la población LGBT en Colombia, las bancadas funcionaron bastante bien; al fin y al cabo, tan solo 16 de los 102 senadores –15,6%– se apartaron de la decisión mayoritaria de sus respectivos partidos.

Aunque no hay duda de que figuras como la objeción de conciencia pueden afectar negativamente la disciplina en el interior de los partidos, al convertirse en excusa para actuar individualmente, son mucho más peligrosas y preocupantes las otras figuras establecidas en la Ley de Bancadas como excepciones para el trabajo cohesionado, las cuales son bastante abstractas y generales: por conveniencia política, por conveniencia de trámite legislativo, o por controversia regional en el caso de la Cámara de Representantes.
 
*Juan Felipe Cardona Cárdenas, investigador del programa Congreso Visible, de la Universidad de los Andes.

 

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