Sábado, 10 de diciembre de 2016

| 2008/05/16 00:00

Shock al San Juan de Dios

Un fallo de la Corte Constitucional ordenó a la nación a responder por la liquidación que hizo de la entidad en 1999, lo que podría costarle 1 billón de pesos. Trabajadores quedaron desconcertados con el fallo.

Hospital San Juan de Dios. Foto: Guillermo Torres

En un fallo sin antecedentes, la Corte Constitucional acaba de propinarle un fuerte shock eléctrico al desaparecido hospital San Juan de Dios de Bogotá, al determinar en un fallo que el Gobierno Nacional y en menor medida, la gobernación de Cundinamarca y Bogotá, deberán responder por las obligaciones pensionales y prestacionales de los empleados de esa institución, estimadas en cerca de un billón de pesos.

El San Juan de Dios era el hospital universitario y público más importante que tenía Bogotá, pues con más de 400 años de existencia, 540 camas, de las cuales 80 estaban en urgencias y con un altísimo grado de complejidad, era el centro médico más importante del centro del país.

Debido a la expedición de la Ley 100 de 1993, que transformó el sistema de salud, los hospitales públicos fueron puestos, de la noche a la mañana, a competir en igualdad de condiciones con los privados. Como el San Juan de Dios y otros más tenían una gigantesca carga pensional, atrasos económicos y tecnológicos, empezaron a perder pacientes y por ende, ingresos.

Desde 1994 el centro asistencial, fundado en 1564 por el arzobispo de Bogotá, fray Juan de los Barrios y Toledo, empezó a tener problemas financieros, que se fueron acrecentando hasta que en 1999 el gobierno del presidente Andrés Pastrana ordenó, en medio de polémicas por su legalidad, la liquidación de la Fundación San Juan de Dios, bajo la que estaban los hospitales de San Juan de Dios (La Hortúa), el Materno Infantil, el Instituto Inmunológico y el Centro de Estudios en Administración en Salud.

Ese hecho fue el que estudió la Corte, pues escudándose en la idea de que el Hospital era una Fundación privada y en vista de que la Constitución de 1991 y la Ley 100 de 1993 le impedía seguir girándole recursos para su funcionamiento, el gobierno decidió liquidar la entidad.

Los trabajadores, cuya liquidación quedó bajo la responsabilidad de los exiguos recursos que tenía el San Juan de Dios, demandaron en varias oportunidades al Estado, alegando que históricamente había mantenido la entidad y que incluso el ministerio de Salud, al tenerlo intervenido por más de 15 años, había sido el responsable de su suerte.

Tras muchas protestas y frente al hueco que creaba en la salud de Bogotá, se pudo mantener abierto el Materno Infantil y escindirlo de la Fundación, pero en el 2000, el San Juan de Dios atendió a su último paciente. Un grupo importante de los 1.500 empleados se negaron al cierre, muchos siguieron asistiendo al centro y otros más terminaron viviendo en las instalaciones médicas frente a la imposibilidad de seguir pagando sus gastos diarios.

Precisamente lo que determina el fallo de la Corte es que la nación, en corresponsabilidad de Cundinamarca y Bogotá, deberán responder por las obligaciones pensionales y prestacionales hasta octubre de 2001.

La determinación de esa fecha generó insatisfacción y rechazo del fallo por parte de los empleados del San Juan, quienes alegan que la Corte no tiene facultales patronales, y si bien la unidad hospitalaria se cerró en 1999. Ellos consideran que sus derechos como empleados continúan vigentes hasta hoy.

Ahora, tras el largo y polémico fallo, es claro que se deberán pagar las obligaciones, pero también se despeja la posibilidad de que el centro asistencial pueda abrirse de nuevo, ya que antes el distrito capital y la Universidad Nacional lo habían tratado de hacer, pero fracasaron debido al pleito pensional.

Finalmente, la Corte le ordena a la Beneficencia de Cundinamarca y a la Gobernación recuperar las instalaciones de la clínica y sus bienes, que fueron tomadas por los empleados.


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