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| 7/14/2008 12:00:00 AM

“¿Si los desmovilizados son sólo delincuentes comunes, de qué proceso de paz estamos hablando?”: Caramagna

El jefe de la Misión de la OEA para acompañar el proceso de desmovilización paramilitar, Sergio Caramagna, dice, entre otras cosas, que es necesario resolver la situación legal de los 19 mil ex paramilitares. Rescató lo mejor del proceso de Justicia y Paz, pero advirtió sobre los riesgos.

Sergio Caramagna no ha dado muchas entrevistas desde que llegó a Colombia hace cinco años, cuando el Secretario General de la OEA, César Gaviria, le encomendó la difícil misión de acompañar, seguir y evaluar el desarrollo del inédito proceso que había emprendido Colombia para conseguir la desmovilización y desarme de los paramilitares.
 
Optó por una estrategia que busca mayor efectividad como facilitador de los procesos y como garante de los derechos de las víctimas, que alto perfil. Y le ha rendido frutos. La entidad que dirige,  la Misión de la OEA de Acompañamiento al Proceso de Desmovilización y Desarme de las Autodefensas Unidas de Colombia, más conocida como MAPP-OEA,  con un equipo de 120 personas distribuidas en Bogotá y ocho regionales, es reconocida hoy por víctimas, fiscales de Justicia y Paz, comisionados, y defensores, entre otros actores de este proceso.
 
Muchos de ellos aseguran que esta Misión ha sido clave, pues les ha dado confianza a las víctimas para que se animen a participar, ha servido de garantía a miles de funcionarios valientes, empeñados en desmotar la amenaza paramilitar, y ha provisto al país de una mirada externa, que le ayuda a identificar los riesgos, pero también a valorar los logros.
 
Días después de que la MAPP-OEA había entregado su informe número 11 sobre la evolución del proceso con las Auc y cuando la Ley de Justicia y Paz está a punto de cumplir tres años, María Teresa Ronderos y Andrea Peña de Semana.com hablaron con Caramagna, en una franca y larga conversación en la cual destacó lo mejor del proceso y lo que aún falta por resolver. Estos son los principales apartes.
 
 
Semana.com: Después del seguimiento en terreno por casi cinco años que ha realizado su Misión al proceso de desmovilización y desarme de las AUC, ¿cree que ha valido la pena?

Sergio Caramagna: Definitivamente sí. Abrió los espacios y las oportunidades para que la sociedad colombiana se conozca a sí misma, se conecte con su gente y para saber lo que aconteció en estos años terribles de presencia paramilitar. El proceso ha llevado a miles de víctimas no sólo a encontrar a sus seres queridos desaparecidos, a comenzar a conocer la verdad, sino incluso, muchos se han reconocido como víctimas porque ni siquiera eran conscientes de esta condición; la violencia era parte de su cotidianidad. La calidad humana de colombianos y colombianas que hemos encontrado entre la gente del común, entre los funcionarios de las regiones, es impresionante. Y además se está haciendo un esfuerzo titánico de justicia. La Ley de Justicia y Paz ha incentivado a decenas de paramilitares, sobre todo los mandos medios, a confesar delitos que nunca se habían investigado ni esclarecido.


S: Pero la visión de algunos organismos internacionales es más pesimista…

S.C.: A Colombia muchas veces le están exigiendo demasiado, sin tener en cuenta lo sucedido en otro procesos. En Bosnia se juzgaron 90 criminales de guerra. Después de la Segunda Guerra Mundial, en la que hubo millones de muertos, apenas se jugaron a 150 jefes nazis. ¡Aquí se está intentando juzgar a más de 3.000!

S: ¿Y cuáles cree que son los obstáculos que enfrenta hoy este proceso?

S.C.: Para las diferentes instituciones involucradas, Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, Procuraduría, Fiscalía, Defensoría, Acción Social, etc., ha sido un reto lograr articularse para realizar las actividades relacionadas con el proceso de Justicia y Paz. El Comité Interinstitucional que se creó para coordinar acciones se reúne con cierta periodicidad, pero aún así se repiten tareas. También, en las regiones a veces hace falta trabajar más en la articulación entre las distintas entidades entre sí y entre estas, y el nivel nacional.

S: ¿Qué tan grave es que no se le haya resuelto la situación jurídica de 19.000 de los 31.000 desmovilizados?

S.C.: Es un problema urgente de resolver. Al ser considerados como delincuentes comunes, según lo han interpretado distintas entidades basadas en un fallo de la Corte Suprema de Justicia, los deja desprotegidos frente a las ofertas de bandas delictivas para que vuelvan a delinquir. Ellos son ex integrantes de una organización armada en proceso de reinserción civil, que abandonaron las armas como producto de un acuerdo político. ¿Si fueran sólo delincuentes, entonces de cuál proceso de paz estamos hablando? ¿Para qué una misión de acompañamiento? ¿Para acompañar delincuentes comunes? Podría quedar en tela de juicio incluso, el derecho de las víctimas. Es necesario que las entidades de justicia se pongan de acuerdo y busquen una solución.

S: En el informe de ustedes que entregaron la semana pasada, señalan otra preocupación grave frente al proceso: están matando a muchos reinsertados… ¿por qué los matan?

S.C.: Hasta abril de 2008 la Policía Nacional registraba la muerte de 860 desmovilizados, todas víctimas de homicidio. A algunos, porque volvieron a delinquir y al estar inmersos en ese mundo caen en disputas internas. Muchos otros porque se han negado a formar parte de las bandas emergentes que les han dicho que vuelvan a las andadas. En Córdoba, Barranquilla, Cesar, el Magdalena Medio y en Urabá han sido muertos desmovilizados que se negaron a hacer parte de las bandas emergentes y de otros grupos similares. Otros casos, merecen, a nuestro juicio, una investigación más a fondo. Debería ahondarse en la posible responsabilidad de miembros de la Fuerza Pública en algunos sitios puntuales del territorio. Por suerte, estas investigaciones están en curso y ya están arrojando resultados importantes.

S: ¿Son esas bandas, nuevos paramilitares?

S.C.: A veces, desde Bogotá, se le da demasiada importancia a los rótulos, y sin conocer, se especula sobre esto. Lo mismo que se especula sobre qué quieren las víctimas sin haber hablado con una sola de ellas. Hay de todo. La gente muchas veces identifica a los mismos que estaban antes, y que no se desmovilizaron. Pero la diferencia es que las bandas de ahora están, por lo general, dedicadas sólo al narcotráfico y al delito y que, al contrario de los “señores de la guerra” de antes, con vínculos con políticos y empresarios locales, buscan pasar desapercibidos. Además ya no hay político o empresario que quiera verse relacionado con esas bandas, pues corre el riesgo de perder toda credibilidad. Las elecciones de 2007 mostraron, que por lo menos en algunos departamentos, la gente rechazó a quienes percibía como amigos de paramilitares. Además las bandas emergentes no tienen comportamientos contrainsurgentes, quizás con la excepción de Nariño. Es más, en muchos lugares, como el Bajo Cauca, Urabá, Catatumbo, Llanos Orientales, sus jefes están haciendo negocios con la guerrilla. Y si va al límite entre Cauca y Nariño, le será difícil distinguir entre los del Eln y los Rastrojos.


S: ¿Usted cree que la fuerza pública ha hecho bien su trabajo para detener estas bandas?
S.C.: Parte de la propaganda que vendieron los paramilitares es que cuando ellos se desmovilizaran, iban a venir los guerrilleros a recuperar los vacíos dejados. Eso no sucedió. Es el Estado, con Ejército, con Policía, el que ha llenado el vacío en gran parte del país. Hoy, por ejemplo, la gente del Catatumbo, en Tibú, La Gabarra, Las Mercedes respira otro ambiente. Ya no viven con el miedo de antes. Cada vez la Fuerza Pública está haciendo un trabajo más cercano a la gente. Por ejemplo, cuando vimos que en las cifras del 2007, un alto porcentaje de los miembros de las bandas emergentes dados de baja por la Fuerza Pública eran NN, hicimos sonar la alarma. Se dedicaron a mejorar y este año apenas el 10 por ciento lo son, los demás están identificados. Así mismo, se sacó una directiva que prohibió que la Fuerza Pública incorporara desmovilizados a las redes de cooperantes, pues vimos que esto los estaba devolviendo al conflicto.


S: ¿También ustedes señalan en el informe preocupación con la seguridad de las víctimas?
S.C.:
El Estado colombiano ha hecho esfuerzos para garantizar su protección. Es importante que se hayan asignado casi 18 mil millones de pesos a la Policía para la protección de víctimas y comunidades que le corresponden a dicha institución. De todas formas, hay zonas en las que las víctimas todavía tienen temor de hablar y no denuncian los hechos que conocen. Es innegable que hay zonas donde las bandas de delincuentes tienen mucho poder como en el Bajo Cauca antioqueño, en San Martín, Cesar; en el Sur de Bolívar, en la Costa Pacífica nariñense en Puerto Asís, Putumayo, entre otros.

S: ¿Usted cree que la extradición a 14 líderes paramilitares dejará a muchas víctimas sin saber la verdad y sin reparación?

S.C.: Mire, sumamos los delitos confesados por los 14 extraditados y entre todos sumaban poco más de 2.000. Gran parte de la verdad la conocen las segundas y terceras líneas porque ellos cometieron los delitos con sus propias manos y saben exactamente cómo y dónde fue y a quiénes persiguieron y fueron sus víctimas. La Fiscalía aún tiene un trabajo grande para que las víctimas, que estaban asistiendo a las versiones libres, lo sigan haciendo y sepan ahora a cuáles de estas diligencias deben ir.

S: ¿Qué hay de la restitución de tierras y la entrega de bienes a las víctimas?

S.C.: Es un tema difícil. Hasta el momento se han entregado e identificado bienes por un valor 8 mil 160 millones de pesos. Eso decimos en el informe del Secretario General. Nosotros hacemos una verificación en el tema de tierras en término generales y en ese sentido nos preocupa enormemente este tema en términos de las reparaciones y la verdad.

S: ¿Cuál cree usted ha sido el aporte de la MAPP-OEA en este proceso?

S.C.: Sería mejor que fueran los colombianos y colombianas y sus instituciones los que juzgaran nuestro desempeño. Pero, en términos generales, creo que siendo esta la primera experiencia que tiene Colombia de un organismo internacional con un mandato de largo plazo como veedor y acompañante de un proceso de paz, hemos tratado se ser un mecanismo de confianza para todos los actores involucrados. En especial para las víctimas, quienes nos han dicho muchas veces que no se sienten solas porque hemos podido tener la flexibilidad necesaria, aún con poca gente, para acompañarlas en sus gestiones, en las audiencias, escuchar sus miedos, sus esperanzas.

S: ¿Un nuevo reto para la MAPP-OEA?

S.C.: Haremos mucho énfasis en la vinculación con víctimas y comunidades, donde la línea divisoria es casi imperceptible. Si las víctimas visualizan a la Mapp como una entidad de apoyo y de confianza, estaremos en el buen camino. También trabajaremos mucho en apoyo a la aplicación de la ley de Justicia y Paz. Creo que lo fundamental es fortalecer el trabajo de los fiscales en los territorios cruciales. Apoyar a la Unidad de Justicia y Paz y lograr mecanismos de confianza para que todas las instituciones tengan una mayor articulación.
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