Sábado, 25 de octubre de 2014

| 2008/02/14 00:00

¿Sí es tan segura la cárcel de Itagüí?

Dentro del penal de máxima seguridad se encontraron once millones de pesos, un arma y una granada. Aunque los ex paras desmovilizados rechazan las acusaciones en su contra, son pruebas de que hay quienes siguen delinquiendo.

Iván Roberto Duque, 'Ernesto Báez', podría ser extraditado si la justicia norteamericana lo solicita.

La estadía de los paramilitares en la cárcel de máxima seguridad de Itagüí, Antioquia, no deja de ser un dolor de cabeza para las autoridades penitenciarias. En este momento las visitas conyugales están suspendidas. También se incautaron los celulares permitidos, se relevó toda la guardia y se prohibió la salida de la prisión de los internos que cumplen trabajos afuera. El Inpec tomó estas medidas generales mientras investiga quiénes son los responsables de haber ingresado armas y dinero al penal.

En la mañana del miércoles de esta semana tuvo lugar un operativo sorpresa por parte del Grupo de Reacción Inmediata del Inpec, pues tenían la sospecha de que iban a encontrar elementos prohibidos.

“Teníamos indicios de que algo anómalo estaba pasando en el patio 1, donde se encuentran los jefes de autodefensas que están en el proceso de justicia y paz, explicó el director del Inpec, el general en retiro Eduardo Morales Beltrán, a Semana.com. Llevamos un grupo especializado para inspeccionar exhaustivamente celda por celda”.

Sus sospechas no eran infundadas. En un corredor contiguo al pabellón donde se encuentran detenidos los ex jefes paramilitares, como Ramiro Vanoy (Cuco Vanoy), Iván Roberto Duque (Ernesto Báez), Rodrigo Tovar Pupo (Jorge 40), los revisores encontraron un libro que les pareció extraño. Por dentro no tenía páginas: era una caja donde guardaban una pistola 9 milímetros. También se encontró una granada de fragmentación y 11 millones 490 mil pesos de pesos.

El gobierno reaccionó inmediatamente y advirtió que los responsables serían excluidos de los beneficios que les otorga la Ley de Justicia y Paz. La dirección del Inpec puso la investigación en manos de la Fiscalía 125 de Medellín y espera a que en un plazo de 72 horas se encuentren a los responsables entre los que estarían miembros de la guardia.

El vocero de las AUC, apodado ‘Ernesto Báez’, dijo que 9.5 millones de pesos del total pertenecían a un fondo común de los paras que utilizan para pagar servicios dentro de la cárcel. El resto se encontró en las demás caletas de los presos. Hecho que demuestra que los desmovilizados manejan dinero en efectivo, lo que está prohibido dentro del penal. Según el coronel (r) Leonardo Ortiz, subdirector general del Inpec, así el dinero de los ex paramilitares hubiera sido usado para lo que argumentó Báez, es una infracción a las normas.

Báez, que en el momento de las negociaciones con el gobierno fue el vocero político y se llegó a considerar el sucesor de Carlos Castaño, no es requerido por ningún tribunal en otro país. No obstante, el embajador de Estados Unidos en Colombia, William Brownfield, en diálogo con Caracol Radio, dijo que no descartaba la posibilidad de que su gobierno solicite su extradición en los próximos días.

Si no es extraditado y se le quitan los beneficios de la Ley de Justicia y Paz, Báez sería procesado por la justicia ordinaria. Su condena podría ser de 13 años de cárcel, pues la Fiscalía lo relaciona con el asesinato del periodista Emeterio Rivas y otras cinco personas.

A los señalamientos los desmovilizados de las AUC respondieron con un comunicado en el que contradicen las acusaciones que se les imputa. Argumentan que la publicación del video del operativo fue tendencioso y que el arma y la granada no fueron encontradas en el pabellón de Justicia y Paz, sino en el área aledaña a la cual otros reclusos tienen acceso.

Antecedentes

No es la primera vez que se encuentran pruebas de que los ex jefes paras presos en Itagüí violan la ley. El año pasado la revista Semana reveló que desde la prisión de Itagüí jefes paramilitares estaban ordenando asesinatos, coordinaban negociaciones ilegales (narcotráfico principalmente) y rearmaban ejércitos.

Entonces la noticia derivó en el despido de la cúpula de la Dirección de Inteligencia de la Policía (Dipol), pues el gobierno le dio más importancia al hecho de que este personal estuviera filtrando información que a lo que estaba ocurriendo en el penal. Meses más tarde, varios de los jefes paramilitares fueron reubicados en otras cárceles. El gobierno amenazó con sacar a los responsables de la Ley de Justicia y Paz y extraditar a quienes tuvieran un proceso pendiente en Estados Unidos. Ninguno de esto anuncios se cumplieron.

¿Y la extradición?

La orden de extradición de varios de los jefes paramilitares está aprobada por la Corte Suprema de Justicia, y es el Presidente quien tiene la última palabra sobre si extraditarlos o no. Pero no necesariamente saldrían peor librados si el gobierno decide extraditarlos. Si lo hace muy probablemente sería por sus vínculos con el narcotráfico. Una vez enviados a Estados Unidos podrían negociar rebajas de penas a cambio de colaboración con la justicia y salir relativamente rápido de la cárcel.

Si se quedan en Colombia, en cambio, el magistrado de Justicia y Paz que eventualmente dicte su sentencia, podría llegar a quitarles los beneficios de la Ley 975 que les daría un máximo de ocho años de cárcel, y los puede pasar a la justicia ordinaria donde muchos enfrentan condenas por decenas de años.

La diferencia es que si los envían a Estados Unidos jamás pagarían por los crímenes de lesa humanidad cometidos en Colombia.

La orden de extradición de varios de los jefes paramilitares está aprobada por la Corte Suprema de Justicia, y es el Presidente quien tiene la última palabra sobre si extraditarlos o no. Pero no necesariamente saldrían peor librados si el gobierno decide extraditarlos. Si lo hace muy probablemente sería por sus vínculos con el narcotráfico. Una vez enviados a Estados Unidos podrían negociar rebajas de penas a cambio de colaboración con la justicia y salir relativamente rápido de la cárcel.

Si se quedan en Colombia, en cambio, el magistrado de Justicia y Paz que eventualmente dicte su sentencia, podría llegar a quitarles los beneficios de la Ley 975 que les daría un máximo de ocho años de cárcel, y los puede pasar a la justicia ordinaria donde muchos enfrentan condenas por decenas de años.

La diferencia es que si los envían a Estados Unidos jamás pagarían por los crímenes de lesa humanidad cometidos en Colombia.





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