Sicarios enredan al amo del licor en Antioquia

El martes 13 de marzo, la suerte le cambió radicalmente a Alirio de Jesús Rendón Hurtado, apodado el ‘Cebollero’. Hasta ese momento, era conocido en Antioquia por haber pacificado la convulsionada plaza mayorista de Itagüí, que abastece a gran parte del Valle del Aburrá. Este vendedor de cebolla, ajo y papaya, lideró la privatización de la central de abastos, ayudó a organizar a los vendedores en cooperativas, a erradicar a ladrones y extorsionistas y hoy es la más importante cabeza visible de 5.000 comerciantes que mueven a diario unos 250.000 millones de pesos.

Esa alianza entre comerciantes también le ha permitido participar de la distribución de productos de la Fábrica de Licores de Antioquia (FLA), a la que, según él mismo dice, la mayorista le compra más de la mitad de su producción anual: 25 millones de botellas de ron y aguardiente, unos 180.000 millones de pesos.

Pero ese día, tras la llegada de 26 fiscales de la Unidad de Derechos Humanos de Bogotá y de más de un centenar de agentes de la Dijín, el ‘Cebollero’ pasó a ser un fugitivo. En la redada cayeron 21 miembros de las bandas La Unión y Calatrava, y aunque Rendón encabezaba la lista, las autoridades no pudieron dar con su paradero. Tampoco fue localizado Carlos Alberto Gutiérrez, ‘Maco’, gerente de una de las comercializadoras de licores, miembro del departamento de seguridad que la Superintendencia de Vigilancia le aprobó a Rendón desde hace siete años, y señalado jefe militar de la supuesta organización criminal del ‘Cebollero’.

“Es una injusticia, no me han dado ni siquiera la oportunidad de defenderme”, les dijo Rendón a dos periodistas de la alianza de medios que llegaron hasta el lugar donde se refugia, confiado en que una tutela le obligue a la Fiscalía a revocar la captura y a escucharlo en versión libre.

“Si don Alirio se presenta a indagatoria lo dejan preso, porque no le están respetando ni la presunción de inocencia”, dice José Abad Zuleta Cano, uno de sus abogados.

Rendón asegura que puede desbaratar los testimonios en su contra, que atribuye a una posible retaliación debido a su predominio en los negocios con la FLA, a venganzas de los más de 150 extorsionistas y secuestradores que ha ayudado a capturar en los alrededores de la mayorista o a un montaje por parte de prestamistas usureros a los que les declaró la guerra en septiembre pasado (ver recuadro).
“No hemos dejado que ningún delincuente entre a esta plaza”, dice. Y por eso, también aclara, que no se explica por qué el jefe paramilitar Carlos Castaño lo mencionó a él como testigo del secuestro de Carlos Humberto Valencia Guizao, asesor jurídico de Castaño, ocurrido en uno de los locales de la plaza mayorista.

Rendón entró al negocio del licor en 2001 a través de Sumerca, empresa de la que era socio. Pero la firma Licoantioquia, hasta entonces principal distribuidora de la FLA, empezó a quejarse de que Sumerca recibía mayores descuentos sin tener garantías sólidas. El entonces gobernador de Antioquia, Guillermo Gaviria, dijo que Licoantioquia había convertido a Sumerca en la excusa para incumplir el contrato y por eso le decretó la caducidad. Luego vinieron investigaciones penales, por venta ilegal de licor, y fiscales, por presunto detrimento patrimonial. Lo paradójico es que ambas empresas sostienen pleitos millonarios con la FLA. Licoantioquia reclama daños y perjuicios superiores a los 65.000 millones y Rendón dice que a Sumerca le deben 3.000 millones de pesos.

El ‘Cebollero’ y sus socios lograron quedarse con buena parte de la distribución y venta del licor a través de diferentes empresas y cooperativas, como Comercializadora Los Balcones, los Estanquillo, los Estancos Oficiales (del que su hijo tiene 50 por ciento) y de la Cooperativa Multiactiva de Santa Rosa de Osos CBA, o Centro de Bienestar del Anciano. Esta última, en llave con la Alianza Mayorista (Alima) dice distribuir el 90 por ciento del licor de la FLA en Antioquia: unos 450.000 millones de pesos.

A pesar de su éxito en este renglón, el comerciante desmiente la versión según la cual su gremio es uno de los aspirantes a comprar la fábrica: “Eso lo tendrá que hacer una multinacional, a mí no me alcanzaría ni para comprar el 1 por ciento”. Pero admite que el abogado que asesora jurídicamente a la Gobernación en este y en otros temas, Luis Alfonso Bravo, lo ha asesorado a él en varios casos: “En 2000 nos ayudó en la privatización de la plaza, que pasó de manos del municipio a las de los comerciantes. Incluso yo le conté hace poco el problema en el que estoy y la injusticia que están cometiendo”.

El gerente de la Licorera, Javier Hurtado, aseguró que si bien sabía que Alirio Rendón participaba en las empresas que distribuyen sus productos, desconocía la orden de captura en su contra.

Bravo, por su parte, admitió haberle dado asesoría a Mayoristas Unidos, en el tema de la privatización de la plaza, y a Rendón, en temas laborales y de propiedad horizontal. Y si bien admitió conocer “la dificultad penal” por la que pasa Rendón, dijo que no lo contó en la Gobernación porque, por ética, no mezcla los asuntos de sus clientes.

Por ahora, algunos bancos le empezaron a cerrar las puertas al comerciante y hasta la Policía le devolvió a la mayorista las dos motos que le donó al CAI para ayudar en la seguridad de la zona.