Viernes, 9 de diciembre de 2016

| 2006/07/11 00:00

Suerte de pensionados

El Estado pierde anualmente más de 8.000 millones de pesos por culpa de las tutelas que permiten que los secretarios del Congreso obtengan pensiones más altas que las de los senadores.

Suerte de pensionados

Las directivas del Fondo de Previsión Social del Congreso descubrieron una nueva modalidad del llamado “carrusel de pensiones” en la corporación. Según una investigación interna, más de 200 funcionarios, ex funcionarios y ex congresistas conservan pensiones superiores a 20 millones de pesos gracias a tutelas fraudulentas. Dichas pensiones le valen al Estado 8.000 millones de pesos anuales.

Según Diana Margarita Ojeda, directora del Fondo de Previsión Social del Congreso, cuando los funcionarios son informados de que su pensión será reliquidada, acuden a la tutela para evitar que ello ocurra, alegando que se les están violando sus derechos fundamentales. Si el juez concede la tutela, el Congreso puede tardar hasta dos años en la apelación ante la instancia superior y mientras tanto tiene que seguirle pagando al funcionario en cuestión.

El error más común en la liquidación de estas pensiones es la concesión de privilegios exclusivos de los congresistas (algunos de ellos ya inexistentes) a los funcionarios de la corporación. Así, por ejemplo, a algunos ex empleados del Congreso la tutela les permitió seguir con pensiones equivalentes al 75% del sueldo devengado durante el último año, incluidos los viáticos y gastos de representación. Dicho beneficio no existe para los funcionarios del Congreso, mientras que para los legisladores estuvo vigente hasta 1993, cuando entró a regir la ley 100 de pensiones. Esas ayudas le sirven a un empleado del Congreso para pensionarse con más de 20 millones de pesos mensuales, mientras que sus jefes –los congresistas- reciben de 15 a 18 millones.

La investigación también señala que más de 30 empleados del Congreso (secretarios, asesores, y directores jurídicos) se hicieron pasar por congresistas para aumentar sus mesadas. Otros alegaron tener prebendas que una ley de hace 119 años les concedía a los parlamentarios y que fue abolida con la Constitución de 1991. La mayoría de los senadores y representantes menores de 60 años tienen el mismo régimen que el resto de los colombianos.

“Los abusos por cuenta de este tipo de tutelas son de enorme costo para el erario. Ya descubrimos que quienes más incurren en esta conducta son los funcionarios de planta y algunos ex congresistas de fugaz paso por la corporación. El problema está en que mientras no se produzca una decisión diferente en los tribunales, hay que cumplir las tutelas y pagarle a estas personas”, dijo la directora del Fondo de Previsión Social del Congreso. Ojeda tiene la certeza de que al final de estos procesos las pensiones exageradas serán disminuidas, pero sabe que los dineros ya desembolsados no se podrán recuperar.

Lo mismo cree el senador Óscar Iván Zuluaga, experto en pensiones. Para él, “el ejemplo más claro nos lo dejó la doctrina sobre las pensiones exageradas de las universidades del país. El Ministerio de Hacienda se empleó a fondo para que las bajaran a sus justas proporciones hacia futuro. Pero hacia atrás nada se puede hacer. Como dicen por ahí, esa platica se perdió”.

Ante esta situación es más fácil entender por qué algunas personas se arriesgan a tramitar pensiones con documentación falsa o haciéndose pasar por congresistas: las mesadas que alcancen a recibir –que además están libres de impuestos- no serán devueltas al Estado así se les demuestre que fueron fraudulentamente obtenidas.

Por casos como esos la directora del Fondo demandó ante el Tribunal Administrativo de de Cundinamarca las pensiones de seis ex funcionarios del Congreso, que costaban 900 millones de pesos anuales. Tras ganar el caso, ordenó su reliquidación.

Entre las jubilaciones reliquidadas está la del ex secretario de la Comisión Cuarta de la Cámara, Silverio Salcedo, quien hasta hace dos meses recibía una mesada de 22 millones de pesos, gracias a que su pensión fue liquidada con los privilegios de una vieja norma hecha para beneficiar a los senadores. Tras el ajuste, su pensión bajó a 17 millones de pesos.

También fueron afectados con la decisión Estanislao Rozo y Nohem Pinilla (secretarios de las comisiones tercera y cuarta del Senado) cuyas pensiones bajaron a 7 millones de pesos después de estar en 17 millones de pesos. En el segundo semestre de este año habrá otras 200 demandas contra pensiones millonarias.

¿Tiene algo que decir? Comente

Para comentar este artículo usted debe ser un usuario registrado.