Lunes, 16 de enero de 2017

| 2008/02/13 00:00

Suspenden convocatoria para adjudicar Carimagua

El Ministerio de Agricultura tomó la decisión después de que la Procuraduría solicitara suspender el proceso para entregar a empresarios el predio que estaba destinado a desplazados. Una comisión evaluará qué hacer con la finca.

Según el Ministerio de Agricultura, para empezar a producir en Carimagua se necesitan millonarias inversiones. Foto: Foto: Archivo Semana

¿Qué habría pasado si el Presidente de Colombia hubiera prometido a un grupo de empresarios, ante las cámaras de televisión, que les entregaría una gran finca de 17 mil hectáreas para desarrollar un proyecto empresarial de cultivos de palma, madera o caucho, pero años después de una larga espera de los industriales, el país se entera que en realidad se la va a dar a 800 familias de desplazados?

Es de esperar que los empresarios estarían indignados y se sentirían engañados. Aún si la decisión del gobierno tuviera un sustento razonable, como por ejemplo, que darle la tierra a los desplazados podría traer beneficios para muchas más personas que las de la idea inicial.

Bueno, pues eso pasó con el reciente escándalo de la finca Carimagua, pero al revés. El presidente Álvaro Uribe había dicho ante los medios de comunicación que ese terreno del Estado, ubicado entre el Meta y Vichada, sería entregado a desplazados y luego de tres años de espera de los desplazados por su tierra, se conoció de una convocatoria para que varias agroindustrias compitieran para ganarse el derecho de desarrollar en esa tierra cultivos de palma, madera o caucho.

El gobierno tiene sus razones. Primero, el predio no había sido entregado a ningún grupo de desplazados y no había mayores avances para dárselo. Segundo, el ministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias, piensa que arrendar tierras del Estado para que grandes empresarios cultiven y produzcan en ellas podría generar empleo, ganancias para los inversionistas e ingresos para el Estado.

“Eso no es ilegal”, dice Óscar Schroeder, secretario jurídico del Ministerio de Agricultura. Y argumenta que el procedimiento está permitido por la Ley 1152 de 2007, por la cual se dicta el Estatuto de Desarrollo Rural. En su artículo 21 habla de las funciones del Incoder y una de éstas es “adjudicar baldíos con vocación productiva a los particulares”.

La norma tiene muchos opositores que argumentan que sólo servirá para que la tierra siga concentrándose en unos pocos propietarios. Pero está vigente y el gobierno quiso hacer de la finca Carimagua el experimento para ver cómo se comporta el modelo de arrendar tierras del Estado a particulares.

Sin embargo, la gran duda es ¿por qué le dio al gobierno por experimentar su modelo de desarrollo en una finca que ya había prometido a las 800 familias sin tierra, víctimas de la violencia que las sacó de las suyas? ¿Por qué durante tanto tiempo nunca les dio el Estado razón del cambio de planes?

Según el Ministerio de Agricultura, el giro ocurrió porque se comprobó que para los desplazados sería muy difícil asentarse en Carimagua. Luego del anuncio público, descubrió que la finca quedaba lejos de la civilización, que las vías de acceso estaban deterioradas, que producir algo allí resultaría muy costoso y que la inyección de plata que habría qué hacer la tienen empresarios y no desplazados.

La historia de este vergonzoso capítulo empezó con un predio del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) de 22 mil hectáreas. Allí funcionaba un centro de investigación de Corpoica. En 2004, el entonces ministro de Agricultura, Carlos Gustavo Cano, le solicitó al ICA que le cediera el predio para darle vivienda a los desplazados. El ICA le entregó 17 mil hectáreas y le dejó cinco mil a Corpoica para que siguiera haciendo sus investigaciones allí.

Al cabo de tres años, el gobierno aún no había hecho entrega efectiva de un terreno en Carimagua a ningún desplazado. Entonces el Ministerio de Agricultura le pidió al ICA que cambiara la destinación del predio para arrendárselo a empresarios y éste aceptó. El Estatuto de Desarrollo Rural aprobado en 2007 les vino como anillo al dedo pues hizo posible la operación.

El gobierno abrió una convocatoria para que se hicieran ofertas de proyectos para desarrollar en ese predio durante 50 años. Seis empresas asistieron a una audiencia de aclaración de pliegos y otras cuatro viajaron hasta Carimagua para conocer el terreno. Según pudo constatar Semana.com, las empresas que visitaron la finca fueron constituidas hace varios años. Tres de éstas tienen dentro de sus objetos sociales el cultivo y procesamiento de palma, y la cuarta, una financiera está autorizada por su estatutos para comprar tierras.

Esta última, Estructuras en Finanzas S.A., pertenece la unión Temporal ganadora de la licitación para estudiar el ingreso del tercer canal privado de Televisión.

Luego de que el diario El Tiempo hiciera público el giro del gobierno, el procurador Edgardo Maya pidió que se suspendiera la oferta, que se cerraba el próximo 21 de febrero. Este miércoles 13 Minagricultura, en efecto, dio por terminada la convocatoria.

Lo más criticable de todo el episodio es quizás el maltrato a las familias desplazadas. Obviamente están tan indignadas por las promesas presidenciales que resultaron vacías y la falta de información, y se siente tan engañadas, como los empresarios se hubieran sentido sin la cosa hubiera sido al contrario. La diferencia es que los empresarios seguramente se hubieran defendida con una demanda, y en cambio los desplazados sólo les queda seguir esperando por una tierra.

Ahora, todo va al sitio de donde debió partir antes de comprometer el uso de la tierra: una comisión evaluará si es más conveniente entregarle la finca a desplazados o a empresarios y entregará sus conclusiones dentro de dos meses.

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