Tanto va el cántaro al agua...la Corte rompe su silencio

En la tarde del jueves, la Sala Penal de la Corte emitió un enérgico comunicado en respuesta a los ataques que ha recibido sobre la supuesta manipulación de testigos y pruebas en las investigaciones de la parapolítica. 
 
Pocas horas después, la Corte Suprema de Justicia en pleno emitió un segundo comunicado en un tono aún más categórico: "A ningún ciudadano, por afectado o mortificado que se encuentre por causa de las decisiones que adopten los jueces de la República y que recaigan sobre sus parientes, amigos, correligionarios o, en fin, respecto de personas con las que comparta un mismo ideario, le está permitido propagar infundios o aseveraciones tendenciosas enderezadas únicamente a desprestigiarlos"
 
En el último comunicado la Corte dijo además que si alguien consideraba que un funcionario judicial había faltado a su deber, debería ponerlas en conocimiento de autoridades competentes. En lo que parece una alusión a las declaraciones del presidente Álvaro Uribe de esta semana, cuando dijo que sabía de un congresista al que un miembro del Alto Tribunal le había pedido plata, la Corte advirtió que si se conoce de un delito y no se denuncia debidamente se corre el riesgo de incurrir en "faltas de diversa índole".
 
También con esta declaración presidencial y la del presidente del Congreso, Hernán Andrade, quien dijo que existía un "cartel de testigos" para enlodar a los congresistas, la Corte dijo que ve con preocupación "cómo de manera recurrente, sistemática e inclusive orquestada se deslizan malintencionada y engañosamente comentarios malsanos orientados exclusivamente a deslegitimar las investigaciones de los servidores judiciales o minar su credibilidad".
 
El comunicado de la mañana del jueves firmado éste por la Sala Penal, también respondió a las acusaciones que le hizo la senadora de Cambio Radical, Nancy Patricia Gutiérrez, cuando denunció que la Corte estaba llevando procesos contra congresistas sin contarles. En el comunicado, el ente judicial aseguró enfáticamente que no existen “radicados ocultos, ni procesos fantasmas”.
 
“Si con esas expresiones se quiere significar la llamada ‘investigación previa’, basta decir que a ellas siempre tiene acceso el Ministerio Público y esa denominación obedece, por vía general, a la falta de identificación del autor o autores de la conducta o a la necesidad de precisar previamente su carácter de comportamiento punible”, aclaró la Sala Penal de la Corte.

En una clara alusión a las críticas que han tildado a la Corte Suprema de manipular las investigaciones, la Sala Penal recordó que es competencia del organismo judicial hacer las pruebas y dirigir las investigaciones a fin de esclarecer los hechos: “la Constitución y la ley reservan a la Corte, desde su posición investigadora, la facultad de disponer la práctica de cuantas pruebas considere necesarias para el cabal esclarecimiento de los hechos y la identificación de sus autores y partícipes”.

La Sala Penal, al igual que la Corte en pleno, dijo que si había señalamientos contra algunos de sus miembros, la competencia para investigar y juzgar era de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, el juez natural de la Sala Penal, según la ley. La aclaración se deriva de las acusaciones contra el magistrado auxiliar, Iván Velásquez, que han sido ventiladas en los medios de comunicación, y que a juicio de algunos analistas lo único que pretenden es arrojar un manto de duda sobre la corporación e impedir que las investigaciones por parapolítica avancen.
 
El comunicado de la Corte en pleno va más allá de la denuncia y toma varias decisiones. La primera que no se dejará presionar para obtener la verdad y la reparación de las víctimas. 

Es de recordar que en el comunicado anterior, la Sala Penal  de la Corte había dicho que en dos ocasiones le pidió explicaciones al presidente Álvaro Uribe sobre la extradición a los Estados Unidos de los 14 jefes paramilitares, a los que se refirió como “un significativo número de violadores del Derecho Internacional Humanitario y los Derechos Humanos”. La razón: “tal determinación puso en riesgo las garantías para la continuación de la investigación y juzgamiento por las macro vulneraciones cometidas en Colombia y la colaboración eficaz con la justicia en aquellos asuntos de la llamada parapolítica a los que concurren como testigos”, suscribieron los magistrados de la Sala Penal.

La razón esgrimida por el gobierno para extraditar a estos paramilitares es que ellos incumplieron el compromiso de no delinquir desde la cárcel. Ante esta imputación la corporación reiteró su interés en saber si puede proseguir con las investigaciones en el marco de la Ley de Justicia y Paz. “Tanto más si se tiene en cuenta que la exclusión de los postulados en tales casos está reservada a las autoridades judiciales”, escribió.

La segunda decisión de la Corte es rechazar las agresiones de todo tipo y exigir respeto; la tercera, reafirmar que la Corte hace valer el debido proceso y la garantías de los procesados y repetir que no hay "procesos ocultos"; la cuarta, pedir a las autoridades de control que investiguen y verifiquen sus actuaciones y recuerda que desde el principio la Corte había pedido que organismos internacionales acompañaran el proceso de investigaciones de la parapolítica; y quinto, le pidió al Procurador investigar a quiénes le faltan el respeto a la Corte.
 
El sexto punto de su comunicado es quizás el más duro porque allí la Corte "pone en conocimiento de los órganos competenetes las interferencias que se vienen presentando por parte de otros poderes del Estado que dificultan el cumplmiento de sus deberes constitucionales y de los convenios internacionales".
 
Por último se refiere a la famosa frase del Presidente en la discusión sobre reforma a la justicia, en la que dijo que era necesario acabar con el "roscograma" de la Justicia. dice la Corte que está deacuerdo con que se investiguen las prácticas clientelistas, pero que sean en todas las ramas del poder público. Por último, respalda vigorosamente a la Sala Penal.
 
Los magistrados no sólo criticaron a los altos dignatarios del Estado que los han venido bombardeando con denuncias ambiguas y ataques a su dignidad, sino que también criticaron a los periodistas o columnistas por criticar las actuaciones de la Corte, algo que según varios observadores, es una equivocación. "La Corte no puede pretender que nadie la critique o que ningún periodista evalúie o comente sus actuaciones", dijo Rafael Merchán en el programa Hora 20 de Caracol Radio, el jueves en la noche.