“Tenemos una deuda con la democracia: sacar adelante la reforma política”

La crisis institucional que atraviesa el Congreso, derivada del escándalo de la parapolítica, ha convocado a medios de comunicación, representantes de la sociedad civil, académicos y a representantes del gobierno a debatir las fórmulas necesarias para sacar adelante una Reforma Política, que blinde las instituciones democráticas de los embates de las mafia, y fortalezca la democracia.

En conclusión todos están de acuerdo en que la reforma que deberá presentar el gobierno al Congreso en los próximos días deberá tener por objetivos: Desligar la criminalidad de la política, restituir la credibilidad en las instituciones democráticas, y mejorar su eficacia.

El problema es cómo. Dentro de los temas más importantes que se han discutido están las medidas que debe incluir la reforma para restablecer el equilibrio de poderes, que se afectó después de la primera reelección presidencial al aumentar la capacidad de incidencia del Ejecutivo en la conformación de otras instituciones del Estado. También están las sanciones a los partidos políticos por haber dejado filtrar miembros aliados con las mafias para obtener sus curules.

En la discusión de las sanciones, los participantes, entre los cuales estuvieron varios congresistas y la Comisión de Reajuste Institucional, se comprometieron públicamente, a través de un comunicado, a sacar avante la reforma, y llamaron a las diferentes instancias del Estado y de la ciudadanía a unirse en el mismo propósito:

“Acordar la reforma política que el país necesita es una prioridad y una deuda pendiente de las ramas del poder público y la ciudadanía con la democracia colombiana”, suscribieron.

En la discusión chocan dos líneas distintas de pensamiento. Por un lado, hay quienes consideran que la responsabilidad de los miembros de un partido es penal, individual e intransferible y que la única sanción para los partidos la deciden los electores en las urnas. Quienes defienden esta idea consideran que la sanción de la ‘silla vacía’, punto de la reforma que se archivó, es “populismo” y que busca quitarle las mayorías al gobernante.

Por el otro lado están quienes creen que el régimen de partidos requiere una reforma profunda que incluya responsabilidades y sanciones a los partidos y a sus miembros incursos en delitos. Los que asumen esta posición también reconocen la diferencia entre la responsabilidad judicial (penal, administrativa) individual y la responsabilidad política que recae sobre los partidos. Pues por un lado debe responder penalmente el político que cometió el delito, pero por otro, su partido también tiene que responsabilizarse políticamente por tenerlo entre sus filas.

Otro tema importante es el de la financiación de las campañas, que abre las preguntas: ¿Cómo evitar que a las campañas llegue dinero proveniente de actividades ilegales y cómo sacar los dineros ‘calientes’ de la política? Las propuestas más importantes han sido: incluir un sistema de financiación mixto (con dinero del Estado y de personas jurídicas) o de financiación netamente estatal.

Se discutió la necesidad de revisar otros temas como la posibilidad de una segunda reelección presidencial, la reforma a la justicia, descentralización, ordenamiento territorial, transferencias, regalías. Sin embargo, no hay un consenso entre los participantes, sobre si la reforma deberá incluir todos los temas o sólo los que se refieren a lo político y lo electoral.

¿Pero cómo se logrará sacar adelante la reforma política? La respuesta no es fácil pues el Congreso, diezmado y deslegitimado por las investigaciones de congresistas que se aliaron con las mafias para lograr sus curules, es el que deberá aprobar la reforma. Además varios partidos de oposición desconfían de la propuesta del gobierno pues vieron como éste hundió la reforma propuesta durante la legislatura anterior, que contemplaba la sanción de la ‘silla vacía’. Ya el Polo Democrático presentó una reforma política alternativa, y se espera que el Partido Liberal también presente la suya.