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| 4/25/2004 12:00:00 AM

Tiempos de inseguridad democrática

Una revisión cuidadosa de los pronunciamientos, las intenciones y las acciones del actual gobierno muestra que desde que Uribe asumió la Presidencia, en muchas ocasiones el Ejecutivo ha desconocido las bases sobre las que se fundamenta nuestro sistema político. La iniciativa de cambiar sobre la marcha las reglas de juego para reelegir a Uribe no es más que el caso más reciente. Su aprobación serviría para legitimar en el futuro otras iniciativas que también opten por desconocer los principios fundamentales de la democracia colombiana. Después de conocer las ventajas de vivir en una sociedad democrática en la que se han establecido, reconocido y respetado unas reglas de juego, en la que se ha promovido y asegurado la competencia electoral y en la que existen las garantías mínimas para el ejercicio de la oposición, ¿hoy en día quién quisiera que el país diera un giro hacia la dirección contraria? Aparentemente nadie. Aparentemente nadie estaría dispuesto a aceptar un cambio de reglas que implique un retroceso en términos de las conquistas alcanzadas en relación con el reconocimiento y el respeto de los valores y mecanismos sobre los que se fundamenta la existencia de un sistema político democrático como el nuestro. Aparentemente, insisto, porque aunque todavía seguimos celebrando con entusiasmo la llegada de lo que se denominó "la tercera ola democrática", hay indicios de que en países como el nuestro cada vez son más los sectores partidarios de adoptar medidas cuya aprobación significaría desconocer las reglas de juego y conduciría a una verdadera desinstitucionalización cuyas consecuencias tal vez no alcanzamos a vislumbrar. En la medida en que implica claramente el desconocimiento de las reglas de juego y el acomodamiento de estas a los intereses del gobernante de turno, la propuesta de la reelección presidencial inmediata es un caso en el que son desconocidas las bases sobre las que se fundamenta nuestro sistema político. Sin embargo, no es la primera vez que el gobierno del presidente Uribe adopta posiciones que contribuyen a la desinstitucionalización de las relaciones políticas. De hecho, una revisión cuidadosa de los pronunciamientos, las intenciones y las acciones del actual gobierno nos lleva a concluir que éste ha aprovechado la alta popularidad del presidente Uribe para personalizarlo todo en torno a su figura y que en ciertos momentos críticos se ha caracterizado por darle muy poca importancia a las reglas de juego. Desde hace varios años la incapacidad tanto del partido Liberal como del Conservador de recoger y canalizar las necesidades y las expectativas de los distintos sectores sociales que buscan ser representados ha producido un debilitamiento de las identidades partidistas. Por esta razón, que está asociada con el desprestigio de los partidos, muchos políticos -entre ellos el presidente Uribe- se han ganado la simpatía de la ciudadanía mediante la utilización de un discurso antipartidista. Valiéndose del desprestigio de los partidos políticos tradicionales y de la asociación que hace el país entre Horacio Serpa y el ex presidente Samper, Uribe se presentó a las elecciones presidenciales de 2002 como candidato disidente de su partido de origen: el Liberal -es decir, el mismo de su contrincante-; más adelante, amenazó con cerrar un Congreso legítimamente elegido y altamente renovado en comparación con el anterior si éste se negaba a aprobar su paquete de reformas; luego se escudó tras una supuesta lucha contra la corrupción y la politiquería para incluir todo tipo de temas en el proyecto de referendo e intentó sacarle provecho a su popularidad para que el pueblo colombiano apoyara su propuesta; de igual manera, infructuosamente trató de hundir una reforma constitucional de iniciativa legislativa en la que el Congreso proponía la reglamentación de algunos aspectos clave del ejercicio de la política; después de que el Congreso aprobó esta reforma se negó a aglutinar en un partido a las fuerzas políticas que lo apoyaban, rehusándose a dar un paso hacia la creación de un proyecto político estructurado en torno al establecimiento de compromisos de carácter programático con estas -una decisión que estimuló la nociva proliferación de partidos y movimientos políticos y que tiene que ver con la incapacidad de estos de cumplir con su función de aglomerar y de representar intereses-. En términos de la institucionalización de las relaciones políticas, el presidente Uribe desaprovechó la oportunidad de crear un proyecto político a largo plazo que no se articule en torno a su carismática figura sino a unas ideas claras en relación con aspectos como la estructura del Estado, el funcionamiento de la política, el manejo de la economía, la estrategia de seguridad, la política exterior, el sistema de justicia, las políticas culturales, los programas educativos y los ajustes que hay que hacer en todos estos campos para garantizar su buen funcionamiento. En síntesis, Uribe no aceptó el reto ni de pensar y plantearle al país un proyecto político capaz de aglomerar y de representar los intereses de quienes lo respaldan, ni de articular sus políticas de gobierno en torno al apoyo de una organización partidista que contribuyera a despersonalizar el debate público con el propósito de centrarlo más en el plano de la confrontación de los componentes fundamentales de los distintos programas políticos que compiten por atender las necesidades y expectativas de los diferentes sectores del país. Aunque el estilo de Uribe de no cambiar contratos y puestos por votos a favor de sus proyectos es innovador en el contexto político colombiano en la medida en que replantea unas relaciones políticas tradicionalmente caracterizadas por el uso de los recursos del Estado como medio para recompensar a la clase política por sus favores, es insostenible porque ha implicado el cierre de una interlocución con ésta que no necesariamente implica hacer concesiones pero que es fundamental para que el Ejecutivo pueda gobernar. El apoyo de los empresarios al referendo y a las reformas económicas del gobierno es el resultado de la sutileza con la que Uribe ha manejado sus relaciones con los gremios -de la cual dan fe los nombramientos del ex presidente de Fenalco, Sabas Pretelt, en el Ministerio del Interior y de Justicia, y de Jorge Alberto Uribe, ex presidente de la corredora de seguros Delima-Marsh, en el de Defensa-. Sin embargo, las dificultades que ha tenido últimamente el gobierno para sacar adelante su agenda legislativa y el estancamiento de ésta demuestran que con el apoyo popular y el de los empresarios no es suficiente para gobernar. La pregunta que plantea esta forma de manejar sus relaciones con la clase política es si el Presidente no es consciente de las consecuencias que puede tener, si es consciente de ellas y está dispuesto a asumirlas o si, por el contrario, considera que son irrelevantes. Hechos políticos recientes indican que el apoyo de la clase política también es un capital importante para la gobernabilidad y explican por qué el cierre de la interlocución con ésta no es una estrategia acertada. Algunos de ellos son la facilidad con la que el Ejecutivo consiguió mantener durante los meses iniciales de la primera legislatura la cohesión de su bancada en el Congreso y traducir el apoyo de ésta en la aprobación de su paquete de reformas, el fracaso del referendo y las dificultades que ha tenido el gobierno durante esta legislatura para que el Legislativo tramite y apruebe propuestas como la reglamentación del estatuto antiterrorista y el proyecto de alternatividad penal. Por otra parte, hay que aclarar que el alto índice de aceptación que tiene el Presidente entre la ciudadanía no puede ser el eje alrededor del cual gire la discusión sobre las fortalezas y las debilidades de su gestión. Al fin y al cabo la popularidad de las figuras públicas no se basa en opiniones sólidamente argumentadas sino, fundamentalmente, en impresiones vagas y en percepciones emotivas con respecto a lo que dejan ver en sus apariciones en público -las cuales, como todos sabemos, son preparadas cuidadosamente por los equipos de asesores de imagen-. Lo anterior se debe a que, en términos generales, los ciudadanos del común usualmente no tenemos acceso a la información que requerimos para construir un juicio concienzudo frente a muchos temas de los que a menudo oímos hablar porque forman parte de la agenda pública y, por consiguiente, con frecuencia tampoco contamos con un criterio sólido que nos brinde los elementos necesarios para comprender la complejidad de muchas de las situaciones que registran los medios masivos de comunicación -que constituyen nuestra mayor fuente de información-. Si, además, tenemos en cuenta que los sondeos de opinión que miden la aceptación de las figuras e instituciones públicas sólo se hacen en las grandes ciudades, es inadmisible seguir aceptando que la única fuente de legitimidad del gobierno es la popularidad del Presidente -como mediante astutos sofismas lo ha venido insinuando en sus columnas de opinión el ex ministro Fernando Londoño-. No cabe duda de que la aprobación de la reelección inmediata sentaría el precedente que en un futuro necesitaría cualquier gobernante para cambiar las reglas de juego para acomodarlas a sus intereses. Los partidarios de la reelección argumentan que cuatro años son muy poco para que un buen gobernante desarrolle todos sus planes y que el país cometería un gran error si le negara a Uribe la oportunidad de seguir llevándolo por el buen camino por el que lo ha encauzado hasta ahora. Sin embargo, el Presidente se ha apoyado en el argumento dado por el embajador de Estados Unidos, quien dijo que si el país le había dado a 'Tirofijo' cuarenta años en la guerrilla también debería darle a Uribe cuatro más en la Presidencia. Este argumento es tan astuta y retóricamente engañoso como los del ex ministro Londoño, que en una de sus primeras columnas en el periódico El Tiempo le atribuyó los grandes males del país a la imposibilidad de reelegir a los presidentes que han tenido un buen desempeño -aludiendo, como quien no quiere la cosa, a la necesidad de prolongar el mandato del presidente Uribe-. ¿Acaso la permanencia de 'Tirofijo' al mando de las Farc se debe a una decisión voluntaria del establecimiento y no a la incapacidad del Estado de resolver el conflicto armado mediante el ejercicio del monopolio de la fuerza o a través de las vías de la negociación? Como ya se dijo antes, la propuesta del Ejecutivo de cambiar las reglas de juego a mitad de camino mediante el impulso que le ha dado a la reelección de Uribe no es la primera vez que este gobierno promueve la desinstitucionalización de las relaciones políticas y desconoce el papel que juegan las instituciones democráticas en el desarrollo de estas. Sin embargo, la aprobación de esta iniciativa significaría el más grande atropello contra dichas instituciones en la medida en que implicaría el desconocimiento de estas y de los valores que las sustentan. En los sectores medios y altos cada vez son más las personas que promueven un cambio en las reglas de juego que permita la reelección del presidente Uribe. Esta posición cuenta con una aceptación y un apoyo particularmente importante entre los jóvenes pertenecientes a estos sectores, quienes parecen desconocer que el mundo no siempre ha sido como lo conocemos; que nuestros padres no tuvieron la fortuna de nacer en un mundo tan abierto y respetuoso con las diferencias como éste en el que nos ha tocado vivir hasta ahora; en fin, que nuestra sociedad ha vivido un proceso paulatino de formación y consolidación de una cultura democrática. No olvidemos que antes el voto era un derecho que sólo tenían los varones que sabían leer y escribir y cuyas riquezas estaban por encima de cierto monto; que las restricciones al voto se fueron desmontando a lo largo de los años hasta que en 1958 las mujeres pudieron votar por primera vez; que durante el periodo conocido como La Violencia los partidos políticos se aniquilaron sistemáticamente el uno al otro; que durante dicho periodo, en 1950, hubo unas elecciones con candidato único debido a la falta de garantías para la competencia política y para el ejercicio de la oposición; que para ponerle fin a la dictadura del general Rojas Pinilla sin que se recrudeciera la violencia partidista los líderes de los partidos acordaron la alternancia en el poder y la repartición equitativa de la burocracia estatal; que gracias a este acuerdo, conocido como el Frente Nacional, ninguna fuerza política distinta a los partidos Liberal y Conservador tuvo la oportunidad de acceder al poder -aunque la Anapo estuvo cerca de lograrlo-; que gracias a la Constitución de 1991 hoy en día tenemos nuevos mecanismos de participación ciudadana y de protección de los derechos ciudadanos; que gracias al desmonte del Frente Nacional fue posible que partidos y movimientos políticos de izquierda como el Polo Democrático se convirtieran en opciones políticamente viables en términos de posibilidades de acceso al poder; y, finalmente, que un cambio en las reglas de juego como el que promueve el gobierno para permitir la reelección del presidente Uribe produciría un retroceso significativo en la consolidación de nuestra democracia y podría ser un antecedente que legitimaría en el futuro otras iniciativas que también opten por desconocer los principios sobre los que se fundamenta nuestro sistema político. *Politólogo
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