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| 4/11/2007 12:00:00 AM

Tras la polémica por escandalosos incrementos, Contraloría afirma que ‘hubo trampa’ en avalúo catastral en Bogotá

Ante la denuncia, el alcalde Mayor pospone fecha de pago del impuesto predial. Retirado del cargo el director de Catastro, Hernando Maldonado. Los denuncias sobre irregularidades en el proceso de actualización catastral corresponden a 107 mil predios de la ciudad.

En el avalúo catastral que se hizo en Bogotá hubo trampas. Esa es la gran conclusión que resalta el contralor distrital, Óscar González, después de un extenso estudio que se le hizo al proceso.

La afirmación provocó un cisma en el distrito. El alcalde de Bogotá, Luis Eduardo Garzón retiró de inmediato del cargo al director de Catastro, Hernando Maldonado, ante las denuncias hechas sobre irregularidades en el proceso de actualización catastral en 107 mil predios de la ciudad.
 
El procedimiento de avalúo catastral está obligado por las leyes y su principal fin es obtener información certera sobre los terrenos y edificaciones que hay en una ciudad respecto a sus características físicas, jurídicas y económicas.

Aunque la idea con este tipo de encuestas es obtener información real sobre un territorio, en Bogotá se presentaron delicadas inconsistencias, según concluyó la Contraloría. Los hechos se presentaron en el proceso que se inició en 2006, cuando empezaron a actualizarse 755.000 predios.

La entidad decidió investigar el caso debido a denuncias que se presentaron sobre el proceso. En un principio, por ejemplo, hubo fuertes criticas de parte de los comerciantes que rechazaron los incrementos que en algunos casos fueron de hasta cifras superiores al 2.000 por ciento.

Los primero que resalta el detallado informe que se le envió al alcalde, Luis Eduardo Garzón, es que se presentó fraude por presunta falsedad de personal. Eso quiere decir que hubo personas que firmaron por otras en las actas de los avalúos.

Aquella conclusión se basa en declaraciones juramentadas donde las personas suplantadas aseguraron no haber visitado los casi 71.000 predios donde aparecen como supervisores.

César Clavijo, una de las personas que aparece como supuesto supervisor, declaró que “yo nunca he sido contratista de Catastro y tampoco he trabajado con empresas contratistas que tengan una vinculación directa con Catastro. Yo me enteré a principios de diciembre de 2006 de ese hecho porque compañeros de trabajo y estudio me comentaron que yo estaba figurando como supervisor de un contrato”.

Sobre esto, el contralor González dice que “eso quiere decir que hubo suplantación de personas y eso no genera confianza. Lo hizo un personal no idóneo, hay dudas. Ese es el problema en general”.

Fuera de eso, no hubo claridad en los contratos. La firma encargada de la ejecución del proceso fue el consorcio Actualización 2006. Ésta tuvo a su cargo la recopilación de datos de más de 452.000 predios. Para hacerlo, “utilizó una modalidad de contratación verbal de personal de apoyo al proyecto, que afectó ostensiblemente la calidad del producto. La situación pone en duda la probidad y confiabilidad del levantamiento catastral de aproximadamente 176.459 predios”, según quedó registrado en el extenso informe de la Contraloría.

González manifiesta que el estudio fue dispendioso porque no se tiene ningún soporte sobre las condiciones en que fueron contratadas esas personas. No hay información certera al respecto. Tampoco hubo pólizas de garantías.

Pero sí se conocieron contratos de personal. Lo malo fue que la Contraloría halló que no eran los profesionales idóneos para la supervisión del proceso, pues no tenían los conocimientos técnicos exigidos en los pliegos de condiciones. “Se puso en riesgo la calidad de los trabajos realizados en la verificación de la actualización catastral de 79.090 predios, aproximadamente”, reza en el informe.

Por si fuera poco, a los jefes de grupo se les entregaron sobrecargas de trabajo. La Contraloría considera que es imposible que una persona logre visitar la gran cantidad de predios que tenía bajo su supervisión en los tres meses que duró el contrato. “¿Es posible que en ese tiempo una sola persona haga reconocimiento de más de 30.000 predios?”, se pregunta ese organismo y define que eso le resta credibilidad al proceso.

Por todo eso, la Contraloría considera que hubo trampas. “Reclamamos que haya medidas que solucionen a fondo el problema para que se garantice la credibilidad en el avalúo. Ese proceso tiene que ser transparente”, dice González.

De ahí que se le haya enviado el reporte al Alcalde, para que se pronuncie al respecto en un tiempo de 10 días, que terminarán el 20 de abril. Pero él no fue el único que recibió las copias. También se le envió un paquete a la Fiscalía, para que investigue el caso porque “fuera de las trampas, hubo un delito: el de falsedad personal”, según explica el Contralor.

El funcionario dijo que, para saber qué pasará con el proceso de ahora en adelante, hay que esperar la decisión que tome la Alcaldía de tenerlo en cuenta o no para el cobro de los impuestos prediales. “La administración es libre de tomar sus decisiones. Pero que quede constancia de que en nuestra auditoría, encontramos que hubo trampa”.

La reacción del Alcalde Mayor fue inmediata. En primer lugar retiró del cargo a Maldonado y anunció que se posponía la fecha para el pago del impuesto predial en Bogotá. Además, Garzón anunció que llamó personalmente a la Fiscalía y a la Procuraduría para que investiguen posibles delitos. Igual dijo que si un organismo técnico concluye que hay fallas en los procedimientos, él revisará todas las decisiones para que en adelante no se presenten estos errores.

Si usted tiene preguntas sobre este tema envíenoslas a columnasdellector@semana.com. Semana se las trasladará a un experto y luego publicaremos las respuestas.

 

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