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| 11/14/2006 12:00:00 AM

Tras las rejas el congresista Erik Morris

El representante a la Cámara se entregó el martes en la segunda estación de Policía de Bogotá y será trasladado hoy a la cárcel La Picota, mientras que los dos senadores -García y Merlano- siguen prófugos. El Partido Liberal y el Polo Democrático exigen al presidente Uribe un pronunciamiento sobre el monumental escándalo, que compromete a los tres miembros de su bancada en el Congreso.

En medio de un operativo con aire de espectacularidad y cinco días después de que la Corte Suprema de Justicia le dictara orden de detención por vínculos con el paramilitarismo, el representante a la Cámara Erik Julio Morris se entregó este martes en la segunda estación de Policía de Bogotá. El congresista por Sucre llegó hasta el lugar acompañado por sus abogados y el defensor del pueblo, Vólmar Pérez, a quien pidió su mediación para garantizar su reclusión en un lugar “digno”.

Ex alcalde y ex gobernador de Sucre apareció a bordo del vehículo blindado que le asignó el Congreso y prefirió no hacer comentarios sobre su situación judicial. Los otros dos congresistas investigados, los senadores Álvaro García y Jairo Merlano, siguen prófugos de la Justicia. A través de familiares y abogados han hecho saber que están negociando las condiciones de su entrega. Incluso, no han vacilado en acudir a los malabares jurídicos. Merlano, por ejemplo, instauró una acción de tutela para evitar el carcelazo.

Morris está acusado por la Corte de organizar, promover, armar o financiar grupos paramilitares y de haber participado en una de las reuniones en las que el jefe paramilitar conocido como Jorge 40 repartió electoralmente la Costa Atlántica, en diciembre del año pasado.

Entre las pruebas que hay en su contra figuran los testimonios de Jairo García Peralta (ex chofer de varios de los implicados) quien asegura que Morris fue candidato favorecido con el fraude electoral de 1997 en Sucre, cuando enfrentaba a Edgar Martínez por la gobernación. Morris perdió las elecciones, dicen los testigos, pero al día siguiente apareció como ganador gracias a un fraude en San Onofre. Georgina Narváez, una maestra que sirvió de testigo electoral en esa oportunidad, descubrió las irregularidades y fue asesinada cuando las iba a denunciar. En el crimen de la educadora está comprometido el senador Álvaro García, padrino político de Morris.

Morris también aparece mencionado en el computador de Jorge 40, decomisado a alias Don Antonio, en el que figuran varias conversaciones que dan cuenta de recursos en efectivo y votos recaudados para su elección al Congreso.

El legislador fue llevado al búnker de la Fiscalía General, en donde pasó la  noche, y en la mañana de este miércoles se ultimaban los detalles para su traslado al pabellón de máxima seguridad de la cárcel La Picota.

Oposición pide pronunciamiento de Uribe

Ante el silencio guardado por el presidente Álvaro Uribe sobre el monumental escándalo que salpica a su bancada en el Congreso, los jefes de la oposición le pidieron que asuma una posición clara frente al tema y que expulse a los congresistas que apoyaron su campaña con ayuda de las mafias del paramilitarismo.

El pronunciamiento más enérgico lo hizo el jefe liberal César Gaviria, para quien Uribe es apenas un espectador frente a los escándalos pero no se atreve a asumir posiciones. Al término de un encuentro con los congresistas liberales Gaviria enfatizó que el país está ante un Uribe demasiado pasivo frente a la magnitud de los hechos y que extraña mucho al presidente enérgico que en otras oportunidades ha salido a pedir a los organismos de inteligencia que ayuden a aclarar lo ocurrido.

El tema del apoyo de los paramilitares al gobierno Uribe estuvo sobre el tapete desde su primera campaña presidencial e incluso fue objeto de roces con la prensa en la campaña reeleccionista en la que cinco congresistas fueron expulsados del uribismo por haber asistido a una de las reuniones de Jorge 40 con políticos de la Costa Atlántica.
Sin embargo, los congresistas purgados se las arreglaron para salir elegidos por otras listas en las votaciones para el Congreso que se posesionó el pasado 20 de julio. Ahora, cuando la Corte decidió jugársela a fondo en la investigación de los vínculos entre paras y políticos, hasta los congresistas más uribistas (como Gina Parody y Martha Lucía Ramírez) piden claridad sobre lo ocurrido y exigen que los implicados sean expulsados de la bancada de gobierno.

Para el Polo Democrático, el silencio de Uribe es “aterrador”. Según el senador Gustavo Petro, vocero de ese grupo político en el Congreso, “el presidente Álvaro Uribe está ante la oportunidad histórica de demostrarle al país que de verdad quiere liderar una lucha sin cuartel contra el paramilitarismo y para ello debe salir públicamente a expulsar de la coalición de gobierno a los congresistas vinculados con las autodefensas”.

El Polo también planteó la necesidad de lograr un acuerdo entre todos los partidos políticos para depurar sus listas de cara a las próximas elecciones regionales y sus bancadas en las actuales corporaciones y alcaldías. Petro exigió que el país debería crear una Comisión de la Verdad para establecer la responsabilidad de la clase política en el accionar de los paramilitares que sembraron de cadáveres a todos los rincones del país.

El presidente Uribe se ha limitado a decir que este “es un país de leyes” mientras su ministro del Interior, Carlos Holguín Sardi, ha aparecido en los medios de comunicación para decirle a los congresistas prófugos que como ciudadanos “honestos que son y han sido” deberían entregarse.

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