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| 7/19/2007 12:00:00 AM

Tras las rejas congresista Óscar Wilches por ‘parapolitica’

Con la entrega del legislador llanero, presionada por la orden de captura que pesaba en su contra, comienza el verdadero destape de la ‘parapolítica’ en Casanare. Ya son 14 los senadores y representantes presos por el caso.

A Óscar Leonidas Wilches se le volvió realidad el refrán popular según el cual todo lo que se le hace a los demás termina por devolverse. Hace apenas 14 meses, en medio de la algarabía por la campaña presidencial, Wilches logró ejercer la suficiente presión política para retirar a Andrés Rueda de la jefatura de campaña de Álvaro Uribe en Casanare. Lo acusó de nexos con los paramilitares y de causar mala imagen en la coalición de gobierno. Ahora es la justicia quien le endilga a Wilches los mismos delitos que él le achacó a Rueda. El carácter de ‘incómodo’ para el uribismo también se le devolvió.

Aunque el caso de Rueda fue muy sonado en su momento, el de Wilches tiene varios elementos que lo diferencian y lo hacen más grave. Su principal testigo de cargos no es un rival político, sino un ex jefe de las autodefensas. Carlos Guzmán Daza, alias Salomón, le dijo a la Fiscalía, en febrero de 2007, que el ahora congresista Óscar Wilches tomó parte en los acuerdos entre políticos y los paramilitares de alias Martín Llanos, uno de los comandantes que no se vincularon al proceso de desmovilización del gobierno. En principio la acusación no parecía muy sólida: “Proviene de un delincuente”, dijo el representante casanareño.

El tema se complicó cuando ‘Salomón’ amplió versión ante la Fiscalía y aseguró tener evidencias documentales y fílmicas contra los políticos de la zona. Basada en las pruebas que aportó el ex paramilitar, la Fiscalía ordenó la detención de seis alcaldes de Casanare y compulsó copias a la Corte Suprema de Justicia para que investigara a Wilches. Fue en ese momento cuando el congresista aceptó haberse visto una sola vez con Martín Llanos, supuestamente para pedirle que dejara de exigirle dinero como ‘vacuna’ por la posesión de su “pequeña finca”.

En plena efervescencia del escándalo por la ‘parapolítica’ en la Costa Atlántica, Wilches se defendió diciendo que en su región también hay problemas de seguridad muy graves y que él no se atrevió a denunciar las presiones de los grupos armados porque “hasta a los investigadores los terminan matando”.

Mientras en los pasillos del Congreso se hablaba sobre su cada vez más compleja situación judicial, Wilches se negó a renunciar a su curul porque no había orden de captura en su contra y porque se la estaba jugando a fondo para promover la candidatura de su esposa, Nelly Rocío Vargas, a la gobernación de Casanare, también por Cambio Radical. Sus esfuerzos fueron en vano porque en las últimas semanas el partido político decidió no llevar candidato propio para ese cargo.

Wilches tuvo que presentarse a versión libre ante la corte el 27 de abril y en dos horas expuso su defensa. Dijo que no le constaba que el paramilitarismo se hubiera tomado la región, que conoce a los alcaldes vinculados pero no tiene relación con ellos, que no recibió apoyo de las autodefensas para su campaña al Congreso y que no conoce a alias ‘Salomón’. Guardó silencio cuando se le preguntó si conocía a Martín Llanos.

Su versión no convenció a los magistrados, quienes lo llamaron a versión libre el 5 de junio y ordenaron su captura el miércoles 18 de julio. Un día después se presentó ante la justicia argumentando que no ha cometido ilícitos y que demostrará su inocencia. Su captura se convierte en el más duro golpe de la justicia contra la ‘parapolítica’ en los llanos orientales después de casi un año de enfocar esfuerzos hacia los departamentos del Mar Caribe.

Con su detención  ya son 14 los congresistas presos por el escándalo y uno más (el uribista Jorge Luis Caballero) está prófugo. Otros seis ex congresistas y dos gobernadores también están en prisión, mientras que un ex gobernador y un ex ministro huyen de la justicia. La ex Canciller, María Consuelo Araujo, perdió el puesto por la vinculación de su padre y hermano al escándalo y el ex director del Das, Jorge Noguera, está preso, también por vínculos con las autodefensas.
 

'No vio nada'

Uno de los argumentos de Wilches que más llamó la atención de la Corte fue aquel según el cual no se dio cuenta de que las AUC controlaran la maquinaria política de Casanare. Las pesquisas de las autoridades señalan que Martín Llanos impuso su régimen de terror en la zona desde 1998, año en que Wilches se convirtió en la gran figura pública del departamento, al ser el primer alcalde de Yopal elegido por voto popular. Para ese entonces tenía 28 años de edad y había acumulado gran caudal político tras llegar como adolescente de su natal Boyacá. Fue inspector de Policía de Yopal en 1985 y secretario de gobierno de la alcaldía en 1987.

Por aquella época tuvo sus primeros problemas con la justicia. Fue sancionado por la Procuraduría en dos oportunidades. La primera, por el despido de trabajadores públicos le causó una sanción de cinco días de sueldo. En la segunda, por contratos irregulares y fraccionados con una cooperativa de transportes, le valió 20 días de suspensión.

De alcalde pasó a gobernador y luego a congresista por Cambio Radical (2002), partido por el que fue reelegido en 2006. El 12 de noviembre de 2003 la sección quinta del Consejo de Estado anuló su elección como congresista por irregularidades en el escrutinio y la contabilización de votos, tras lo cual ordenó un nuevo conteo. La decisión se produjo luego de meses de investigación del llamado fraude electoral de los llanos.

Pese a su reconocido bajo perfil en la Cámara de Representantes alcanzó el apoyo político suficiente para hacerse a la vicepresidencia de la corporación en 2004. Pese a que ahora no ostenta cargos en la mesa directiva, Wilches es uno de los legisladores más influyentes en la bancada de la Media Colombia, integrada por los antiguos territorios nacionales y departamentos del sur del país. Sus influencias, sin embargo, no le sirvieron para evitar el ‘carcelazo’ que vive desde este jueves y que puede ser la base para nuevas medidas judiciales contra políticos de la región.


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