Jueves, 19 de enero de 2017

| 2003/08/18 00:00

Trasplante por decreto

La anunciada reforma al régimen legal de los trasplantes de órganos en Colombia ha causado preocupación. La exportación de tejidos y la presunción de donación son algunos aspectos controvertidos

La semana pasada se desató una fuerte polémica cuando se supo que el Ministerio de Protección Social planea hacer reformas al decreto 1546 de 1998 que contiene el régimen legal de los trasplantes de órganos en Colombia. En particular causó alarma la posibilidad de que los órganos y tejidos, donados por los colombianos, puedan ser exportados. Los funcionarios del ministerio han aclarado que esta situación sólo se daría en caso de obtenerse excedentes en Colombia, es decir, que solo se efectuarían cuando los pacientes colombianos que figuran en listas de espera para trasplantes pudieran ser atendidos. Pero no han logrado disipar la preocupación que ronda en los círculos especializados.

Mientras los medios de comunicación indagaban el texto final del proyecto, varios médicos de las unidades de trasplantes del país empezaron a mostrar su descontento. Se quejan de que teniendo la mayor experiencia en el tema, el ministerio no hizo una convocatoria suficiente para analizar todos los aspectos a tener en cuenta a la hora de hacer modificaciones esenciales.

Son varias las preocupaciones a partir de lo que se ha podido saber del proyecto. La primera tiene que ver con el delicado tema de la "Presunción de Donación". Esta norma establecería que "la donación se presume cuando una persona durante toda su vida se haya abstenido de ejercer el derecho que tiene de oponerse a que se le extraigan los órganos o tejidos después de la muerte. O cuando dentro de las seis horas siguientes a la muerte encefálica o antes de la necropsia, sus deudos no se opongan a la donación". Este es un tema muy sensible pues los familiares tienden a querer conservar el cuerpo de su ser amado incólume y pensar que puede ser despojado sin consultar su opinión causa un impacto. En torno a esto el doctor Fernando Arturo Girón, director ejecutivo de Davida, la entidad que coordina la Red Nacional de Trasplantes, aclara que es indispensable en lo posible, conseguir el consentimiento de los familiares del fallecido, porque de lo contrario "el efecto sería muy negativo para la cultura de donación que se ha querido implementar".

Otro de los tópicos que genera controversia gira en torno al tema de la exportación de tejidos. El artículo 11 del proyecto de decreto dice que la salida de estos se haría en situaciones de grave calamidad pública o atendiendo motivos de solidaridad nacional, previo concepto de la Red de Trasplantes, de que no se requieren para atención de pacientes nacionales. Aunque esta aclaración es válida quienes trabajan día a día en el tema de los trasplantes, consideran que "la información que se obtiene no es del todo fiel y no hay un órgano competente, con presupuesto del Estado, que pueda ejercer ese control estableciendo con seguridad que hay excedentes". Por otro lado, señala un especialista de Medellín que prefirió omitir su nombre. "este artículo abre una puerta a la exportación de órganos. Algo que con la imagen de los países subdesarrollados y la corrupción reinante, podría considerarse como tráfico y afectar la imagen ética del trabajo tanto de los médicos como de los hospitales colombianos "

Otro elemento que debería ser reconsiderado es el criterio que se usará para la distribución de los órganos donados. Sabiendo que no es el Estado quien promueve, como debería, la donación de órganos, hay un hecho irrefutable: algunas regiones han logrado una mejor respuesta de sus gentes en esta materia, porque han invertido esfuerzo, dinero y trabajo para crear una cultura de donación. En esa medida podría resultar inequitativo que una oficina central distribuyera por igual los órganos. "Obviamente no se trata de desestimular el fortalecimiento de los programas de trasplantes que están surgiendo, pero es contraproducente para las ciudades que más aportan órganos, que sus gentes deban esperar que otros se lleven la prioridad porque están primeros en la lista de espera, ya que en sus ciudades no donan . Esto además restaría el liderazgo a quienes se lo han ganado a puro pulso", terció Edison Duque, médico especialista en coordinación de trasplantes.

Así mismo, en el texto del proyecto no se ha planteado claramente el compromiso que asumirá el Ministerio en materia económica. "¿Acaso con la reforma el Ministerio de Protección liderará la promoción de la donación y entregará recursos para que la Red Nacional coordinadora de Trasplantes funcione como dice la letra?" se cuestiona otro especialista.

Y paralelamente surgen otras inquietudes como por ejemplo, ¿quién deberá sufragar los costos por cuidado del donante, la ablación quirúrgica del órgano, pruebas de laboratorio, preservación, transporte y almacenamiento?

En cuanto a la técnica legislativa, un concepto solicitado por la Corporación Davida al Area de Fundamentación Jurídica de la Facultad de Derecho de la Universidad de la Sabana, dirigida por la doctora Claudia Helena Forero, para precisar la constitucionalidad y la coherencia interna del mismo, arrojó una serie de elementos de forma y fondo que deberían revisarse para poder tener una ley clara.

Un aspecto se refiere a la definición concreta de los términos, que permitan una interpretación acertada. Por ejemplo se habla de obtención, extracción y rescate de órganos, tres cosas que aparentemente podrían tomarse por iguales pero que no significan lo mismo. También hace referencia a que las reformas al decreto han hecho que el texto tenga en su redacción aspectos propensos a interpretaciones equívocas, por lo que de alguna manera sugeriría redactarlo todo para hacerlo coherente.

Estos aspectos y otros, han hecho que un grupo de especialistas de varias ciudades, que realizan el 95 por ciento de los trasplantes del país, le haya hecho llegar una carta al ministro solicitándole que se detenga la firma del decreto y se le ventile donde debe, para hacerle las correcciones pertinentes. El doctor Luis Armando Caicedo, director de la Unidad de Trasplantes de Valle de Lilli de Cali, recuerda que para dictar el decreto de 1998 se reunieron todos los grupos y aportaron su experiencia a este, "que si no es perfecto es producto del consenso. Si algo requiere cualquier cosa en relación con la actividad de trasplantes es la transparencia. Hasta el momento en el tema de distribución de órganos hemos actuado con base a un pacto de caballeros. Si en una ciudad surge un órgano que no tienen a quien colocarlo lo ofrece a otro grupo de otra ciudad que también tengan trasplantes para que lo aprovechen. Los órganos donados son un valor social muy importante."

Frente a todo este debate el viceministro de Salud y Bienestar, doctor Juan Gonzalo López Casas, ha dicho que lo único que la reforma pretende es crear un ente que de verdad haga la coordinación de órganos y tejidos y que esté adscrito al Instituto

Nacional de Salud. "Queremos que este ente funcione, porque hemos recibido quejas de Davida que estamos analizando. No queremos que el decreto sea contaminado por intereses particulares, por eso nos hemos apoyado en un grupo de trasplantólogos. Además estamos recibiendo por e mail las sugerencias que nos envían de los distintos grupos de trasplantes para sopesarlas y ver que se puede aprovechar. Y finalmente, cuando el documento final esté acabado estaremos con el grupo de Medellín discutiéndolo" afirmó. Con respecto a la celeridad para la firma del documento aclaró que hace seis meses el ministerio esta estudiando la reforma.

Todo indica que la firma está cerca aunque aún no se conoce como quedará definitivamente el documento que modificará el decreto vigente. El futuro de los trasplantes de órganos en Colombia depende de ello.

*Corresponsal de SEMANA en Medellín

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