Turismo al parque

Uno de los esloganes más populares para promocionar a Colombia en el exterior asegura que es el lugar donde el Amazonas, los Andes y el Caribe se encuentran. Ese encuentro privilegiado se traduce en una biodiversidad que, en medio de la tragedia nacional, siempre ha sido motivo de orgullo.

Colombia tiene 49 parques naturales, desde nevados hasta selvas húmedas, dispersos en todo el país. Ocupan una décima parte del territorio colombiano y contienen una gran riqueza. De ahí, el debate que ha generado la concesión a particulares de algunos de los servicios de los parques naturales, los santuarios destinados a preservar esa riqueza.

Amacayacu, en lo profundo de la Amazonía, es el primero de los parques nacionales naturales donde se va a aplicar el esquema que pretende abrir nuevas posibilidades al turismo y ayudar a su sostenimiento.

Pero desde el momento en que se anunció que la firma Unión Temporal Concesión Amacayacu (una alianza entre Aviatur, la agencia de viajes más grande del país, y los hoteles Decameron) había resultado ganadora de la concesión, se han escuchado todo tipo de voces, bien sea celebrando la iniciativa o haciendo reparos a la participación privada.

Las reglas del juego

La concesión de ciertos servicios de los parques (cuyos lineamientos fueron fijados por el Conpes en julio del año pasado e incluyen hospedaje, restaurantes y algunos más sofisticados como el buceo) está enmarcada dentro de la política del gobierno de Álvaro Uribe de promocionar el turismo como una estrategia de empleo y desarrollo. Además llega de la mano con la percepción de que la seguridad ha mejorado en los últimos años.

A Amacayacu le seguirán algunos de los parques más bellos y famosos del país como Tayrona, el parque de Los Nevados, la isla de Gorgona y los santuarios de flora y fauna de Iguaque y Otún Quimbaya. "Priorizamos los parques donde ya había algo de infraestructura para minimizar el impacto", explica Julia Miranda, la directora de Parques Nacionales Naturales (PNN).

Las razones para el giro en la política son varias. Entre ellas, el limitado presupuesto de PNN, que no alcanza a cubrir los costos y se traduce en una mala infraestructura.

Precisamente, Amacayacu es un buen ejemplo. Durante 2004 le produjo a PNN ingresos de 11 millones de pesos por ecoturismo, mientras sus costos fueron de 91 millones. La alianza entre Aviatur y Decameron, por su parte, pagará 26 millones anuales o el 5,91 por ciento del total de los ingresos brutos percibidos en el año, además de estar obligada a hacer las inversiones necesarias (que se estiman en 80.000.000 de pesos para 2005) y asumir los riesgos. Adicionalmente, la mano de obra no calificada debe ser gente de la región, y todos los bienes pasan a ser propiedad de PNN al final de la concesión, que en todos los casos tienen una duración de 10 años.

Otra razón es la política de 'zapatero a tus zapatos'. La fortaleza de los funcionarios de PNN, que son en su mayoría biólogos y ecólogos, no es precisamente el ecoturismo, y muchas veces se veían obligados a coordinar detalles como la compra de toallas o papel higiénico para los visitantes.

La autorización parte del presupuesto de que los concesionarios van a ser mejores administradores que un Estado permanentemente en déficit. de tal manera que el ecoturismo deje de ser un tipo de turismo marginal y comience a promocionarse y posicionarse con decisión.

Los reparos

Sin embargo, no todos piensan que la concesión de los servicios ecoturísticos es la panacea. Por el contrario, hay quienes ven muchos peligros en el nuevo esquema.

"Por la situación del país se corren muchos riesgos. En medio del conflicto y la corrupción, cualquier adjudicación puede ser malinterpretada, por decir lo menos", manifestó a SEMANA.COM Julio Carrizosa, el gestor de la primera legislación sobre los recursos naturales en el país, quien se declara en oposición a la nueva política. "La misión de parques tiene que ver también con la recreación, y esta no puede ser puramente comercial", argumenta.

Algunos, como aseguró Alfredo Molano en El Espectador, lo consideran el primer paso para comenzar a privatizar los parques, algo que la directora de PNN niega rotundamente. "No es el parque lo que se da en concesión sino una estructura muy limitada y la explotación de los senderos, siempre bajo la supervisión nuestra. La jurisdicción de Parques Nacionales no se afecta en lo más mínimo", afirma Miranda.

El esquema de las concesiones se aplica en la mayoría de los países del mundo. Para utilizarlo en Colombia se estudiaron las experiencias de Costa Rica -considerada potencia en Ecoturismo-, México y Perú, entre otros.

"Esto no es nuevo", aseguró al ser consultado por SEMANA.COM Manuel Rodríguez, el primer ministro del Medio Ambiente, quien considera que es necesario que haya operadores distintos al gobierno, y que Colombia se había demorado en tomar la decisión. "Es acertado y audaz. Las concesiones se vienen dando de manera mediocre e informal en varios parques desde hace tiempo, y llama la atención que cuando no era pública y transparente nadie la cuestionó".

Para Rodríguez, la consideración fundamental es que la aplicación de las concesiones tiene que ser gradual, para ir aprendiendo y corrigiendo con la experiencia, y no se puede aplicar a todos los parques, comenzando porque algunos no serán atractivos para ningún operador, y no por eso deben ser olvidados.

Las claves

Dentro del debate ambientalista acerca del impacto de las concesiones, la seriedad de los estudios sobre la 'capacidad de carga' de los parques (la cantidad de visitantes y actividades que pueden recibir sin que el ecosistema se vea perjudicado) parece ser la clave.

Cada reserva es distinta. Algunos ecosistemas son más frágiles que otros. En algunos, el orden público no es un problema y en otros, los grupos armados son amos y señores. No es poco lo que está en juego; un error de cálculo puede suponer una grave amenaza para la ecología de un parque y un daño irreversible.

"Desconocemos en gran medida la capacidad de carga de los ecosistemas en los parques", advierte Margarita Marino de Botero, directora del Colegio Verde y ex directora del Inderena, quien acepta la idea pero con estrictos controles que aseguren que las prioridades ambientales se antepongan a las comerciales. "La gente de PNN es excepcionalmente buena, pero hay muchas presiones políticas que escapan a cualquier decisión de los técnicos", afirma.

En principio, la directora de PNN asegura que el proyecto de concesiones está 'blindado'. Tal como se establecieron las reglas de juego, los concesionarios están muy limitados y cualquier desarrollo adicional debe ser aprobado y contar con licencia ambiental, para lo cual, de acuerdo con PNN, los permisos se negarán u otorgarán con criterios estrictamente técnicos.

Si eso se cumple, y se fortalece la presencia del Estado en estas zonas, este podría ser el primer paso para explotar el potencial de la diversidad colombiana.

Sitios relacionados: www.parquesnacionales.gov.co