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| 2/2/2006 12:00:00 AM

Un buen comienzo

La erradicación masiva y manual de cultivos ilícitos emprendida con bombos y platillos en la Serranía de la Macarena y en la frontera con el Ecuador ha despertado el optimismo entre los opositores a la fumigación. ¿Hay razón para tanta alegría?

La masiva erradicación manual de 4.500 hectáreas de coca en la Serranía de la Macarena, en el Meta, y de otras tantas en Llorente y Tumaco, en Nariño, en Balboa, en el Cauca y en Otanche, en el occidente de Boyacá, constituye un triunfo para los ambientalistas que llevan años oponiéndose a que se fumigue con glifosato en todo lado, y especialmente en los parques naturales.

"El Gobierno reaccionó a las manifestaciones de los ambientalistas y es una sana decisión", dijo Eduardo Uribe, uno de los activistas más reconocidos en Colombia.

Los beneficios ambientales de la decisión de no fumigar en zonas protegidas es indudable. Por ejemplo, en La Macarena, donde existe un bosque húmedo tropical muy importante y una diversidad de fauna impresionante (siete especies de tigrillos, caimán llanero, ocho especies de micos, paujiles, dantas, guacamayas multicolores y venados sabaneros), la erradicación manual permitirá restaurar el área que ha sido destruida por la coca (el 0.7%), sin contaminar los importantes ríos que la atraviesan. "Esta intervención es importantísima porque frena la degradación", dijo a Semana.com Julia Miranda, directora de Parques Nacionales. "Contamos con plata de Holanda para restaurar el área afectada".

Igual de dispuestos a cooperar podrían estar otros países europeos que se han opuesto a la fumigación aérea financiada en gran parte con recursos del Plan Colombia aportados por Estados Unidos. Naciones Unidas están muy comprometidas en los proyectos de erradicación manual y países vecinos donde el tema del impacto de la fumigación sobre los pueblos de frontera se ha politizado, verán con buenos ojos este giro. En Ecuador, por ejemplo, donde hay un fuerte movimiento indigenista y ambientalista, el tema de la fumigación en la frontera fue llevado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, obligando al gobierno de Uribe a ordenar que en estas áreas 'sensibles' se arrancara la coca a mano.

En lo que tiene que ver con la guerra, la erradicación tiene unas ventajas y unas desventajas frente a la fumigación. Por un lado, es más lenta. Mientras que la Policía Antinarcóticos logra asperjar 2.600 hectáreas en un solo día con sus avionetas, en todo el año pasado el Gobierno logró erradicar a mano 30 mil hectáreas, lo cual facilitaría el traslado de cultivos a otra zona. Sin embargo, los erradicadores manuales logran acabar con el 100 por ciento del cultivo porque alcanzan las matas en los lotes más pequeños y camuflados bajo los árboles -la nueva técnica de los narcos- y destruyen los viveros para evitar la resiembra en el mismo sitio. La fumigación, en cambio, tiene un 60 por ciento de efectividad.

Pero quizás lo más importante, es que al generar un empleo alternativo para miles de campesinos que de otra manera se pondrían a cultivar coca, pone del lado del Estado a un grupo que se ha convertido en la principal base social de la guerrilla y que suele ver al Ejército como su enemigo.

Sin embargo, este nuevo énfasis en la erradicación manual está lejos de convertirse en un verdadero giro en la política antinarcóticos. "Es sólo un complemento a la aspersión aérea", dijo el coronel Henry Gamboa, encargado de la fumigación de cultivos ilícitos en la Policía Antinarcóticos. A pesar de sus ventajas, la erradicación manual representa un esfuerzo en coordinación logística y hombres de la Fuerza Pública impresionante. "Es la tarea más monumental y titánica de la historia de nuestra institución", dice convencido el general Jorge Daniel Castro, director de la Policía Nacional, quien dirige la operación Colombia Verde en la que 1.200 hombres suyos tuvieron que crear un anillo de seguridad en La Macarena, donde hoy la guerra está al rojo vivo, para proteger a los 950 erradicadores.

Prueba de ello es el primer ataque de guerrilleros de las Farc contra una de las bases de la Policía que se encarga de la seguridad de los erradicadores. En los hechos resultó herido un patrullero que tuvo que ser trasladado hasta el hospital de San José del Guaviare. 

"Es una gran responsabilidad de unas dimensiones descomunales", coincide el coronel Luis Antonio Coronado, comandante de la Cuarta División del Ejército y uno de los responsables de que la operación prospere. "Antes de la erradicación estábamos haciendo operaciones en el área para preparar la llegada de los erradicadores, y eso fue un trabajo arduo. Hoy tenemos un objetivo y es neutralizar las finanzas del Bloque Oriental, del estado mayor y de todas las cuadrillas de las Farc que mantienen el negocio del narcotráfico", asegura.

De esta manera, unidades del Ejército avanzan a pie para romper el cerco impuesto por las Farc; tres kilómetros atrás viene un frente de la Policía para marcar el primer anillo de seguridad, luego otro frente de la Policía y después el núcleo de erradicadores.

Coronado sostiene que en la periferia donde se realiza la erradicación manual hay mil soldados profesionales que llevan en entre 8 y 14 años en el Ejército. Ellos conocen bien las zonas de Puerto Toledo, Puerto Rico y Brisas del Cafre, lugares que siempre han estado acosados por la presencia de grupos ilegales. Los soldados, apoyados con fusiles, ametralladoras y morteros, pueden permanecer en el lugar hasta tres meses, y hoy están apoyados por cinco helicópteros Black Hawk del Ejército y la Fuerza Aérea, más ocho helicópteros MI, un Ranger y un Huey.

El sostenimiento de cada soldado vale unos 10 mil pesos en el día, lo que significa que, en una semana, se gastan 70 millones de pesos para mantener la tropa castrense. "El presupuesto no se incrementó porque hemos mantenido las operaciones de manera sostenida desde el pasado mes de abril, y tampoco quitamos refuerzos de ningún lado porque los hemos mantenido en la zona desde esa misma fecha", puntualizó el general Coronado.

Pero más allá de la magnitud de este esfuerzo, que sin duda vale la pena, es de esperar que este sea el comienzo de una verdadera discusión sobre la guerra contra las drogas, que según la Dirección Nacional de Estupefacientes le ha costado al país en la última década más de 7 billones de pesos, sin contar las vidas humanas, y no ha logrado bajar ni un dólar el precio de la cocaína en Estados Unidos ni acabar con el flagelo del narcotráfico.

Por eso es clave saber si la estrategia se quedará en erradicar o avanzará hacia una discusión de fondo sobre cómo manejar las zonas de la frontera agrícola y la población flotante que llega a cultivar la coca a falta de otras oportunidades como es el caso del Putumayo, donde el 70 por ciento de la gente no nació allí. "Si no se crean verdaderos mercados internos, la coca va a seguir", dice el investigador Gustavo Duncan, experto en el tema. También es importante atacar los intermediarios, que hasta el momento no se han tocado. "En el Putumayo, los paras controlan el comercio de la pasta básica en el Valle del Guamués, Caicedo, Puerto Asís y San Miguel, a pesar de que se proclama la presencia del Estado desde el 2000", afirma el experto en el tema Ricardo Vargas, director de Acción Andina. "Es muy difícil que una técnica como la erradicación manual resuelva el problema de la política". Pero es un buen comienzo.

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